El fiscal Edward Mollinedo citó ayer a un periodista de Cadena A para que informe sobre el origen del video sobre Ignacio Villa Vargas, alias El Viejo. El fiscal del caso terrorismo, Marcelo Soza, hizo el mismo anuncio en una breve pausa en sus vacaciones.
«Los que han recepcionado este video, tengo entendido que son algunos periodistas, tendrán que dar la cara y declarar ante la Fiscalía cómo obtuvieron ese video», declaró Soza, quien además puso en duda la autenticidad del material.
En el video se observa la entrega de 31.500 dólares a El Viejo, quien era considerado testigo clave del caso terrorismo y luego pasó a ser un acusado. «Ésta es tu última platita. Esta tarde te están pasando a medidas cautelares, quieren que te detengan, por eso tienes que cruzar la frontera ahora, si no estás perdido», advierte la persona que entrega el dinero, identificado por varias fuentes y en distintos medios de comunicación como Carlos Núñez del Prado.
Luego se confirmó que Núñez del Prado fue director de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, secretario general del Defensor del Pueblo y Defensor de La Paz. Poco después de difundido el video, esta persona renunció a la Defensoría.
Ayer se confirmó que el fiscal Mollinedo convocó a diferentes periodistas a declarar. Hoy en la tarde lo hará John Arandia, de Cadena A. También se encuentran en la lista Alfredo Rada, Carlos Núñez del Prado, Edson Alí y el defensor, Rolando Villena.
«Realizaremos todos los actos tendientes a establecer la verdad de cómo habrían ocurrido estos hechos y establecer la identidad de las personas que participan», afirmó Mollinedo, quien tiene a su cargo el caso.
Soza, paralelamente, insistió en que su colega debe indagar sobre el origen del video y quiénes recepcionaron el documento para «identificar a las personas y establecer sanciones». «Una vez que tengamos a la persona quien ha armado este video, se va a llegar a los demás participantes de esto», insistió el fiscal.
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó el lunes que el contenido del documento pretende debilitar la investigación sobre el caso terrorismo, que concluyó con una imputación a 39 personas, entre ellas líderes cruceños como Branko Marinkovic y Guido Náyar.
El fiscal general, Mario Uribe, demandó que la investigación se agilice y se encamine en el marco de la legalidad. Se ha coordinado, afirmó, para que «esta investigación se lleve adelante bajo el principio de objetividad, legalidad y celeridad».
La senadora de oposición Centa Reck demandó formar una comisión especial para investigar este caso. «Tenemos que exigir una investigación equilibrada de este tema que tanto dolor está trayendo a Bolivia, además de tanta persecución», planteó.
Mientras que el senador del oficialismo Eugenio Rojas afirmó que esta alternativa está contemplada en las normas internas.
Soza anticipó que el video no incidirá en el proceso encaminado y que se perfila una segunda parte tendiente a identificar a los que financiaron al grupo de Eduardo Rózsa, abatido junto a Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, mientras que Mario Tadic y Elöt Tóásó fueron encarcelados.
«Esa prueba ilícita (el video) tendrá primero que ser lícita para hacerlo valer posteriormente. Caso contrario, no tiene ningún valor», insistió Soza en una primera declaración pública luego de difundido el contenido del material. Para ello, dijo que tendría que presentarse una denuncia formal con ese video.
Insistió en que es fundamental saber por qué aparece el video hoy y no antes de que concluya la etapa de investigación. «Para la Fiscalía, extraña esa situación, que recién aparezca el video», señaló la autoridad.
La diputada de oposición Norma Piérola anunció que citarán al representante del Ministerio Público para que informe sobre el caso. Un día antes, su correligionario, el diputado Luis Felipe Dorado, demandó la suspensión de Soza. El fiscal general, Mario Uribe, descartó esa posibilidad.
El caso Rózsa y el proceso
Fuerzas de élite de la Policía desarticularon el 16 de abril del 2009, en Santa Cruz, al grupo irregular comandado por Eduardo Rózsa, que fue abatido junto a Árpad Magyarosi y Michael Dwyer. Fueron capturados y encarcelados Mario Tadic y Elöt Tóásó. El Viejo, Ignacio Villa Vargas, fue considerado en una primera etapa como testigo clave; vinculó a varios líderes político-empresariales con el caso Rózsa. La Fiscalía imputó a 39 personas, entre ellas a Villa Vargas, quien desapareció. Se lo volvió a ver cuando se difundió un video en el que recibe dinero para huir.
UN pide al Defensor que renuncie
La diputada de Unidad Nacional (UN) Elizabeth Reyes pidió ayer, a nombre de su partido, la renuncia del defensor del Pueblo, Rolando Villena. «Unidad Nacional le pide al señor Villena, para poder devolver credibilidad, confianza y respeto a esta institución, su renuncia hasta que no haya claridad absoluta en el nexo que ha habido en este caso», sostuvo.
Afirmó que no se puede tener una Defensoría al servicio del Gobierno, y donde existan funcionarios que hayan tenido problemas, incluso con la justicia.
En la conferencia de prensa, la diputada distribuyó una hoja con los antecedentes de Carlos Fernando Núñez del Prado, donde se reporta que el ex funcionario de la Defensoría incluso estuvo recluido en el penal de San Pedro en la década de 1970, acusado de alzamiento armado y de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
«¿Cómo este señor con estos antecedentes pudo entrar y tener un cargo tan alto en la Defensoría? Unidad Nacional pide responsabilidad al señor Villena para enfrentar a la población y darle una explicación real para devolverle a la institución la certidumbre y la confianza que el pueblo necesita», señaló Reyes.
Núñez del Prado fue secretario general del Defensor del Pueblo y, posteriormente, asumió la titularidad de la Defensoría de La Paz. Poco después de revelarse el video, donde se lo vincula con la entrega de dinero a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, renunció y desapareció.
Para la diputada, Villena conocía que Núñez del Prado trabajó en el Ministerio de Gobierno, y añadió que no entiende cuáles son los nexos que ambas instituciones tienen. Lamentó que no se hayan aclarado los hechos que rodean al caso.