El desagravio pronunciado por periodistas y cinco instituciones que los aglutinan coincidió con la jornada en que el periodista John Arandia debía presentarse ante el fiscal Edward Mollinedo para revelar el origen del video donde se ve a Ignacio Villa Vargas, El Viejo, recibir dinero, supuestamente, en el caso Rózsa.
Ante la ausencia de Mollinedo, Arandia no declaró, pero los dirigentes que le acompañaron manifestaron su preocupación sobre el tema. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Pedro Glasinovic, expresó que aunque se desconocen las preguntas que planteará la Fiscalía a Arandia, se debe enfatizar en que «la Ley de Imprenta está vigente y su artículo 8 establece que el secreto de fuente es inviolable».
Horas antes, en conferencia de prensa, Glasinovic y los dirigentes de otras cuatro instituciones recordaron el riesgo que representa la citación del Ministerio Público para la libertad de expresión, derecho universal de toda sociedad.
El fiscal de la APLP, Antonio Vargas, reflexionó sobre la declaración del fiscal del caso Rózsa, Marcelo Soza, quien dijo que quienes recibieron el video «tendrán que dar la cara».
«No se trata de perseguir ni el sobre ni el soporte en el cual estaba el video, sino el acto de corrupción que está denunciando el video y en ese sentido estamos convencidos de que esto forma parte de una estrategia gubernamental de amedrentamiento a los periodistas, de amordazamiento a la opinión pública y obviamente de (poner) un límite al ejercicio de la libertad de expresión», dijo.
Enfatizó en que el artículo octavo de la Ley de Imprenta señala que el secreto de prensa es inviolable y que el artículo noveno establece que el editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo, sin requerimiento del juez competente (un tribunal de imprenta) es responsable como delincuente contra la fe pública conforme al Código Penal, «por tanto pareciera que el fiscal Soza y el asignado al caso del video desconocen la norma».
En representación de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan Javier Zeballos, dijo que, en este caso, los fiscales no «pueden llamar a periodistas a revelar la fuente de información porque la norma dice que el secreto de fuente es inviolable, lo que está en concordancia con toda norma internacional que establece que el periodista no puede revelar ni su fuente de información ni los apuntes de sus libretas, ni la documentación que obtenga para su trabajo».
En esa lógica, Raúl Novillo, dirigente de la Asociación Boliviana de Radiodifusoras (Asbora), sostuvo que la labor periodística es y debe ser de «excelencia, idónea; la Ley de Imprenta es una norma que nos exige un trabajo profesional».
También en conferencia de prensa, y ante la rueda de los medios, Iván Canelas, portavoz del Presidente, coincidió en que, en el marco de la Ley de Imprenta, un periodista puede considerar cuándo amerita conservar en secreto una fuente. «Si alguien tiene información que puede ayudar a resolver a esclarecer un hecho, voluntariamente puede hacerlo; en el caso de un periodista, si tiene una información y éste considera que debe proteger esa fuente debe hacerlo, no porque él quiera, sino porque eso está en el artículo 8 de la Ley de Imprenta y la Ley de Imprenta está vigente y hay que respetarla».
El jefe de Redacción del diario cruceño El Deber, Tuffi Aré, puso en relieve que el secreto de fuente «en vez de proteger al periodista lo que hace es proteger a la fuente, proteger al ciudadano común que no se atreve a denunciar algo porque teme sufrir un acto de represalia de parte de alguien poderoso. Por eso el ciudadano recurre a un periodista para denunciar».
Manifestaciones. La conmemoración de los 86 años de vigencia de la Ley de Imprenta movilizó a gremios y periodistas en diversas regiones del país. Así, la agencia Fides reportó que en Santa Cruz los afiliados a entidades sindicales se reunieron en la Plaza del Periodista en un acto para homenajear y reivindicar la importancia de dicha norma, «gracias a la cual se han podido conocer muchos casos de corrupción, defendiendo intereses públicos, no sólo en este gobierno», manifestó el dirigente cruceño Franz Arauz.
En Sucre, una marcha de periodistas recorrió la plaza 25 de Mayo exigiendo el respeto a la Ley de Imprenta, reconocida por la Constitución Política del Estado. Y en Potosí y Tarija, trabajadores de la prensa expresaron su preocupación en que acciones como las asumidas por la Fiscalía se constituyan en una mordaza, según reportes de Fides y Cadena A.
Asimismo, ante la probabilidad de que el oficialismo modifique la Ley de Imprenta, Glasinovic recordó que «todos los gobiernos han querido eliminar la Ley de Imprenta porque es una piedra en el zapato; precisamente el artículo octavo permite a los periodistas decirle a nuestro pueblo lo que está ocurriendo, son tantos los casos de corrupción que se han revelado gracias a que tenemos este artículo».