Los ministros de la Corte Suprema, los magistrados del Tribunal Constitucional y los consejeros de la Judicatura invocaron sus derechos constitucionales y rechazaron la citación fiscal para declarar sobre una acusación por prolongación de funciones.
Las autoridades rechazaron la citación del fiscal Edward Mollinedo argumentando que esa autoridad no tiene competencia para convocarlos, por lo que el Ministerio Público suspendió todas las declaraciones.
Mollinedo abrió una investigación a raíz de la denuncia de los parlamentarios opositores Adrián Oliva y Luis Pedraza quienes acusaron al contralor general del Estado (CGE), Gabriel Herbas; el fiscal general del Estado, Mario Uribe, y otras autoridades del Órgano Judicial por los delitos de anticipación y prolongación de funciones.
Ayer, el ministro Ramiro Guerrero retornó de la ciudad de La Paz tras haber recibido una respuesta del fiscal Mollinedo al memorial planteado el viernes por cinco ministros de la Suprema y dos consejeros de la Judicatura.
Guerrero informó que en ese memorial, las autoridades del Poder Judicial argumentaron que Mollinedo no tiene la competencia para conocer este caso y mucho menos emitir citaciones a ministros y consejeros, puesto que fueron elegidos en cumplimiento a la Ley 003 del 2010 y el decreto presidencial número 432 del 17 de febrero.
«De acuerdo con la Constitución Política del Estado y la Ley de Juicio de Responsabilidades, nosotros gozamos de Caso de Corte, por lo que no podemos asistir a ninguna citación ni a ninguna notificación de un fiscal de materia, por eso presentamos el memorial el viernes por la tarde y ayer (por el lunes) fuimos notificados con la providencia del fiscal Mollinedo», afirmó Guerrero.
Asimismo, el ministro dijo a La Razón que el mandato que tienen es legal y también obligatorio, toda vez que ellos fueron nombrados hasta la posesión de las autoridades que sean elegidas por voto popular.