A los problemas de infraestructura y sobrepoblación en el penal de San Pedro de La Paz también se sumó el tema de la salud de los privados de libertad, los cuales se pusieron en evidencia tras la última visita realizada por el Defensor del Pueblo y otras autoridades a dicho centro penitenciario.
«Además de los problemas de infraestructura, en una cárcel que tiene más de 100 años, tenemos un problema de enfermedad que es gravísimo, la propagación de enfermedades infecto-contagiosas. La tuberculosis, por ejemplo, sólo en lo que va del año, de enero a febrero, causó la muerte de cuatro personas», señaló, en base a los testimonios de la gente que alberga ese centro construido en 1895. «No se puede concebir cómo tenemos una cárcel en estas condiciones», dijo.
El delegado de los internos, Dante Escóbar, dijo que hasta mayo del 2010 un estudio médico estableció que más de 1.000 reos padecían tuberculosis. Añadió que un galeno debe atender a los más de 1.700 internos, lo que humanamente es imposible.
Villena señaló que el tema del hacinamiento se agudiza cuando hay algunos niños y esposas que viven con los reos. Quienes se llevan la peor parte son los niños. «Ya se han hecho intentos de trasladarlos a otro lugar, pero no entendemos las razones por qué se permite este tipo de cosas, cuando los padres podrían hacer otras gestiones o apoyar las iniciativas que se hicieron en el pasado para separarlos de ellos en el día o el tiempo necesario».
Villena visitó el centro de reclusión paceño junto a una comisión que incluía autoridades de Gobierno en calidad de «mediador», a pedido de los privados de libertad, quienes el martes fueron partícipes de un intento de motín, porque internos de la sección El Palmar hicieron un forado en el muro que da al sector Chonchocorito para usar los baños que allí tenían, porque los suyos están deteriorados.
«Estuvimos dialogando con varias personas y a mí me dieron la responsabilidad de ser el mediador y ha sido un honor serlo, porque efectivamente estamos hablando de una situación que prácticamente ha colapsado», dijo.
En el penal, por ahora tienen demanda en cuanto a infraestructura, arreglos y aumento del prediario. «¿Qué más debe pasar para que podamos tomar acciones en este tema? Es una situación que nos ha conmovido sobremanera», concluyó Villena.
Piden que se cumpla las leyes
Uno de los puntos que trataron los internos de San Pedro fue el de «cumplimiento de la ley para detención domiciliaria para privados de libertad enfermos y de la tercera edad», según el defensor Rolando Villena. Al diálogo con los reclusos asistieron la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez; el viceministro Marco Farfán y el director de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro.
150 jóvenes pasarán a un centro especial
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, indicó ayer que uno de los mecanismos inmediatos para resolver el problema del hacinamiento en el penal de San Pedro de La Paz consiste en trasladar a 150 jóvenes que se encuentran en este centro a uno que se inaugurará la próxima semana en cercanías de la localidad de Viacha.
Hay un déficit de infraestructura si se toma en cuenta la evolución y crecimiento de la población carcelaria en la última década, según la apreciación de Llorenti, quien afirmó que la situación se tornó preocupante durante los últimos cinco años.
Por ello, dijo que elaboran programas de mejoramiento con otras carteras de Estado. En ese marco, adelantó que el próximo 22 de febrero se hará la entrega de un centro piloto que albergará a jóvenes que actualmente guardan detención en el penal de San Pedro.
«Vamos a llevar a ese centro, de manera gradual, a 150 jóvenes que están en conflicto con la ley, que están en proceso. Es un penal modelo, con características únicas en la región, y que hace énfasis en la rehabilitación de los mismos», manifestó a La Razón.
Dicho penal juvenil, denominado Calahuma, se halla cerca de Viacha y debió haberse inaugurado en mayo del 2010. Sin embargo, pese al retraso, ahora vendría a paliar los problemas de San Pedro, que es uno de los más hacinados, donde el Ministro de Gobierno comprometió invertir «lo necesario» para que la lluvia, por ejemplo, no provoque daños en el alcantarillado y los demás servicios que causan molestia a los internos.