El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se acogió ayer al derecho al silencio en la audiencia por el proceso por desacato, planteado por el vicepresidente Álvaro García. La Fiscalía amplió la denuncia por uso indebido de influencias.
La autoridad asistió a la convocatoria fiscal para declarar en el proceso que inició García. «No he declarado hoy (ayer) porque no me voy a prestar a la manipulación política que se instrumentaliza a través de la utilización de la justicia», explicó.
La demanda fue planteada luego de que el Gobernador, en julio del 2010, pidiera al Vicepresidente que «empiece a construir cientos de cárceles con el dinero que le da el narcotráfico».
La investigación tiene como jurisdicción La Paz. La fiscal Ingrid Rodríguez se trasladó hasta la capital cruceña para tomar declaraciones a Costas, que se acogió al derecho al silencio.
La demanda fue ampliada, según la Fiscalía. «El Ministerio Público ha ampliado la denuncia del Vicepresidente del Estado Plurinacional por uso indebido de influencias, dentro del proceso por desacato», informó Rodríguez, quien es la cuarta fiscal en hacerse cargo del proceso.
Costas afirmó que la denuncia tiene un fin distractivo. «El Gobierno quiere utilizar temas desgastados para distraernos de un tema medular, como el narcotráfico», añadió. Insistió que en Bolivia operan mafias dedicadas a la ilícita actividad del narcotráfico, a las que debe combatirse en el marco de un esfuerzo común.