Según el artículo 27 de la Ley 2298, promulgada el 2001, todo interno recibirá de la administración penitenciaria «una alimentación de buena calidad, con valor nutritivo suficiente para el mantenimiento de su salud».
Sin embargo, los privados de libertad señalan que esta normativa se incumple con el prediario que lo consideran bajo. En el penal de San Pedro, por ejemplo, donde viven entre 1.500 y 1.700 reos (algunos incluso con sus familias), el bono alimenticio (prediario) no les alcanza para la cena. El té ni siquiera es considerado.
«Para el desayuno tenemos una marraqueta con sultana (cascarilla de café), té o café; algunas veces chocolate o mates. En el almuerzo tenemos una comida sólida, ya sea un estofado, saice o carne molida con papa y arroz. Es un solo plato. Cuando hay sopa la hacemos más cargada porque ya no hay segundo. Y para la cena ya no alcanza», explicó uno de los internos.
Opción. En los Centros de Orientación Femenina (COF) de Miraflores y Obrajes dicen tomar un desayuno con un pan, café, sultana o té. Para el almuerzo, un día caldo y otro día un segundo de arroz con huevo y en la tarde, un mate que, para ellas, «no abastece en nada». Indican que ya no les alcanza el dinero para la cena.
La condición es más extrema en Chonchocoro, en La Paz. «El prediario nos alcanza sólo para un almuerzo, que es una sopa de sémola, acompañada de un ají de fideo o, a lo mucho, lenteja. No tomamos desayuno. A veces hay sultana. No existe cena. Si tomáramos té o cena, nuestro almuerzo mermaría», explicó un delegado.
Según el director de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, hay cárceles en el interior del país en las que se maneja una olla común para los internos. Pero que hay otras en las que prefieren que el prediario se les pague en efectivo, como en el oriente. Mientras que los que mantienen a su familia se dedican a trabajar dentro del penal para ganar dinero extra. «Cada quien busca la forma de manejar la situación. Algunos tienen un proveedor de alimento completo como en la cárcel de mujeres de San Sebastián, Cochabamba, que compra los productos y elabora la comida», agregó.
En la mayoría de las cárceles, los internos no ven su prediario porque lo cobra el proveedor del Ministerio de Gobierno. El alimento lo entrega al «economato», un funcionario dependiente de Régimen Penitenciario, que distribuye los abarrotes en cada recinto para que los internos lo dispongan.
Incremento. Los internos de tres penales de La Paz, Chonchocoro y las cárceles de mujeres de Miraflores y Obrajes mantienen una huelga de hambre desde la última semana, para que se garantice los Bs 10.
Los reclusos están conscientes de que no se puede vivir sanamente con un plato de comida al día. «En las dietas se debería incluir frutas, pero nosotros ni las conocemos», replicó un reo de San Pedro.
Para la nutricionista Mónica Barreda, docente universitaria, el prediario de los presos apenas les alcanza para «cubrir un poco de su nutrición».
Sueiro dijo estar consciente de que el prediario es poco. «Lamentablemente es difícil que un preso viva con Bs 5,50. La cuantía es muy baja».
Por ello, llamó a las gobernaciones a aportar con recursos sobre la base de lo que el Gobierno se comprometió (un 20% más, es decir, llegar a los Bs 6,6) para cumplir con la Ley 3302 y la Constitución, que en su artículo 299, de competencias concurrentes a la seguridad ciudadana, establece la participación del Estado y las entidades territoriales autónomas.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, al referirse al aumento del prediario, indicó que era «una cuestión de consciencia» e instó a los gobernadores a respetar los derechos humanos de los presos. La gobernación de Santa Cruz replicó que ya aporta con más de Bs 3 millones al Ministerio de Gobierno y otras gobernaciones aducen falta de presupuesto y competencias.
Propuesta de impuesto
El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, propuso el establecimiento de un impuesto de Bs 1 por cada litro de cerveza vendida; un porcentaje de los impuestos que se recaudan en los juegos de azar; y de la monetización de los bienes incautados al narcotráfico para dirigirla a la seguridad ciudadana y al prediario de los internos de las cárceles.