La audiencia conclusiva del caso terrorismo que se investiga desde abril de 2009 empezó este lunes en Cochabamba, entre las intervenciones de abogados e insultos de los imputados, informó Dennis Rodas, abogado del Ministerio de Gobierno.
«En la audiencia hemos tenido que soportar varias intervenciones de los abogados e insultos de los imputados. Al momento se han dictado resoluciones de declaración de rebeldía de cuatro personas que no se hicieron presentes, ahora tienen mandamientos de aprehensión», informó Rodas, según ANF
Entre los detenidos por este caso se encuentran Mario Tadic Astorga, Elöd Tóasó, Alcides Mendoza Masabi, Juan Carlos Guedes Bruno, Alejandro Gelafio Santistevan Stroebel, Roberto Justiniano Áñez, Zvonko Matkovic Ribera, Hugo Melquiades Vásquez e Ignacio Villa Vargas, entre otros.
Gary Prado, Celacio Santiesteban, Juan Pereira y Lucio Áñez son los imputados que tienen el mandamiento de aprehensión, informa ANF.
La audiencia conclusiva del caso terrorismo arrancó desde las 9.00 de hoy en el edificio antiguo de la Corte Superior de Distrito con fuerte resguardo policial.
Los medios de comunicación sólo realizan imágenes de apoyo y no hay contacto con los acusados.
A las afueras se explicó a los periodistas que es un caso delicado por lo que tiene existe la reserva y la correspondiente prohibición de las entrevistas.
La investigación se inició tras detectarse la existencia de un grupo de que tenían un plan terrorista y separatista desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En 15 de abril de 2009 la policía llegó al hotel las Américas donde se encontraban los cabecillas de la organización, entre los que murieron Eduardo Rózsa Flores. Además hay una treintena de personas acusada de ser parte de un grupo separatista.
El 15 de abril del 2009, efectivos de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis de la Policía (Utarc) abatieron a tiros a Rózsa, al rumano-húngaro Árpad Magyarosi y al irlandés Michael Dwyer, presuntos miembros de un grupo terrorista separatista.
Tras esa acción policial, se inició un proceso judicial destinado a identificar a los miembros de este grupo y a los financiadores.