El Ministro de Autonomías y los nueve gobernadores se constituirán en jueces de segunda instancia para resolver conflictos limítrofes a nivel departamental, en el primer caso, y municipal, en el segundo. La oposición advierte que se darán ‘fallos políticos’.
El proyecto de ley de Unidades Territoriales elaborado por el Gobierno y remitido a la Asamblea para su aprobación, es la que establece la nueva instancia de apelación y resolución que busca celeridad en los procesos administrativos y dilucidación del diferendo en la misma jurisdicción.
La directora de Límites del Ministerio de Autonomías, Elva Terceros, explicó que las primeras instancias para los trámites administrativos serán las direcciones de Límites y Organización Territorial que operarán a nivel departamental y central.
En el inciso III del artículo 21 de la propuesta prevé que, «El/a Gobernador/a, o el/a Ministro/a de Autonomías, según corresponda, son autoridad competente para conocer los recursos jerárquicos administrativos».
A diferencia de la iniciativa planteada, la aún vigente Ley de Unidades Políticas Territoriales (UPAs) refiere que «los procesos administrativos de creación, reposición o supresión de provincias, secciones de provincia y cantones, se iniciarán en primera instancia en la Prefectura del Departamento y el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación en apelación o revisión de oficio». Además, creó el Consejo de Asuntos Territoriales (CAT) como segunda instancia de apelación y de revisión de oficio, que será anulada.
La propuesta del Gobierno prevé que de agotarse la vía administrativa en los conflictos, éstos, en el caso de los municipales, deben dirimirse mediante un referéndum, mientras que los que tienen relación con los departamentos pasarán a la vía contencioso administrativa.
El diputado opositor y ex viceministro de Autonomías Fabián Yaksic consideró que «no es adecuado» otorgar al Ministro de Autonomías y a los gobernadores la potestad de resolver los conflictos de límites.
«Un gobernador y una autoridad electa va a tener que hacer consideraciones de tipo político. Ahí es donde se empiezan a entrampar los procesos», advirtió.
El experto en temas municipales Iván Arias calificó como ‘error’ el traspasar competencias de resolución a instancias departamentales, porque en el pasado se demostró que no tienen capacidad para hacerlo. En el caso del referéndum, dijo que la balanza se inclinará, obviamente, hacia poblaciones con mayor número de habitantes.
PROBLEMAS. Actualmente están pendientes de resolución al menos 100 conflictos, mientras que cada año se presentan otros 70 en promedio, según informes del Ministerio de Autonomías. El proceso de resolución de los diferendos se deberá adecuar a la nueva normativa, explicó la directora de Límites.
Los sectores involucrados en los líos tendrán la potestad de recusar a las autoridades encargadas de resolver sus problemas territoriales. De ser recusado un gobernador, se recurrirá a uno de sus colegas más próximos, mientras que en caso del ministro se apelará a otro ministro.
Terceros explicó que el principio de la propuesta de ley es agilizar los procesos administrativos y evitar costos a los involucrados al asentar la resolución de los conflictos en su jurisdicción, sin necesidad de llegar a La Paz, como en el pasado.
«Lo que se busca es que los procesos administrativos sean ágiles y no que se demoren entre siete u ocho años», sostuvo.
Uno de los últimos conflictos limítrofes se registró entre habitantes de zonas colindantes entre Potosí y Oruro. En la zona en conflicto se encuentra un reservorio de piedra caliza.
La Ley UPAs creó unidades a nivel de departamentos, provincias, sección de provincias y cantones. El proyecto eliminará los cantones e incorporará en la estructura a los municipios, al territorio indígena originario y a las regiones, como nuevas unidades territoriales.
El gobernador de Oruro, Santos Tito, informó que su región mantiene varios problemas de linderos. «Tenemos enormes dificultades en el tema de límites al interior del departamento, como también con otros hermanos departamentos».
La diputada Betty Tejada (MAS), presidenta de la Comisión de Autonomía, adelantó que la norma será tratada durante la semana y expresó su confianza en que la nueva ley resuelva definitivamente los conflictos sobre demarcaciones.
DETALLES DE LA LEY
Consejo
El artículo 8 del proyecto de ley establece la creación del Consejo de Coordinación Sectorial de Organización Territorial, constituyéndose en la instancia consultiva de proposición y concertación. Estará integrada por el Ministro de Autonomías y los gobernadores.
Secretaría Técnica
El artículo 11 refiere que la Dirección General de Límites (actualmente dependiente del Ministerio de Autonomías) se constituirá en la Secretaría Técnica del Consejo y participará de sus reuniones con derecho a voz.
Instancias técnicas
Cada gobierno departamental establecerá su instancia técnica de límites que se constituirá en el nivel operativo. Además, deberán constituirse en entidades públicas desconcentradas o descentralizadas.
Referéndum
El artículo 38 señala que una vez agotado el procedimiento administrativo, a solicitud de cualquiera de las partes el Ejecutivo solicitará a la Asamblea Legislativa la convocatoria a un referéndum en el área del conflicto. Ésta será dividida en tramos para la identificación de la población. El referéndum deberá ser ejecutado dentro del año de agotado el trámite y es vinculante.
Base poblacional
Se fijan bases poblacionales para la creación de departamentos, provincias, municipios y territorios indígena, originario campesino. Para departamentos, el mínimo es de 500 mil habitantes; regiones 150 mil; provincias 50 mil; municipios 10 mil, y los territorios indígenas deben tener 10 mil, 4 mil o un mil habitantes.