Tres observadores brasileños no pudieron participar en la audiencia, el abogado del acusado Gary Prado Salmón fue desalojado, la restricción dejó a los medios de comunicación al margen del evento y, al culminar el día, los abogados defensores anunciaron que procesarán al juez que atiende el caso, Rolando Sarmiento, por prevaricato.
La audiencia se instaló a las 10.00, una hora después de lo previsto, en medio de un fuerte resguardo policial, en un ambiente saturado y protestas por la decisión del juez de restringir el ingreso a las personas. Los 22 implicados se presentaron con abogado y dos custodios y al menos 120 personas participaron de la audiencia.
De inicio, dos personeros de Migración y efectivos policiales desalojaron a los abogados brasileños que llegaron para observar el proceso invitados por sus colegas de Bolivia. «Me han dicho que era una cuestión de una visa especial para participar, yo no conozco este tipo de visa», declaró al salir el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Colegio de Abogados del Brasil, Tércio Albuquerque.
Sarmiento, juez noveno de Instrucción Penal Cautelar, aseguró que no vio a ninguno de los veedores. «No han tenido contacto conmigo ni he tenido la posibilidad de verlos», dijo.
Cerca de las 10.30, Otto Ritter, abogado de Prado Salmón, fue desalojado de la sala por dos policías. «Si su representado no esta aquí, usted no tiene nada que hacer», le dijo Sarmiento, quien rechazó la excusa por motivos de salud que presentó el acusado. «Éste es un abuso de poder», reclamó.
Los gritos al interior del salón y reclamos fueron recurrentes, hasta que, en protesta, los detenidos comenzaron a entonar el Himno Nacional.
A las 11.00 comenzó la resolución de incidentes, excusas y recusaciones. Al llamado de los acusados, cuatro estaban ausentes, por lo que fueron declarados rebeldes. Uno de los declarados «rebelde y contumaz a la ley», Juan Carlos Pereira, se presentó en la audiencia en la tarde, pero Sarmiento dijo que la medida ya había sido dispuesta.
En algo más de seis horas de audiencia el fiscal Marcelo Sosa sustentó la acusación, dijo que tiene pruebas suficientes y reclamó el juicio.
Los abogados de la defensa, además de rebatir los argumentos de Sosa y la parte querellante, presentaron incidentes y excusas. La defensa de Elod Tóazó, Mario Tadic e Ignacio Villa Vargas presentó incidentes por actividad procesal defectuosa, incompetencia en relación a la jurisdicción y territorio, y por violación de derechos constitucionales, mismos que fueron rechazados por inconsistentes.
Anuncian juicio por prevaricato
Advierte un abogado
Luis Orlando Reyes, abogado de David Sejas López y Alberto Melgar, denunció que «este proceso está cocinado» y que las decisiones del juez «están rayando en actos delincuenciales», por lo que anunció un juicio en su contra por prevaricato.
Juez declara rebeldía de 4 acusados
Juan Carlos Santiesteban, Carlos Eduardo Pereira, Gary Prado Salmón y Lucio Áñez Rivera fueron declarados en rebeldía por el juez 9° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Rolando Sarmiento, debido a que no asistieron a la audiencia conclusiva en el caso Rózsa, que se inició ayer en la capital del valle. Los abogados de la defensa refirieron problemas de salud de sus clientes, pero el magistrado rechazó el justificativo.
«Ellos han incumplido la citación, están ausentes, dicen que están en estado delicado de salud pero están trabajando, por lo que se emite la declaratoria de rebeldía a Juan Carlos Santiesteban, Carlos Eduardo Pereira, Gary Prado Salmón y Lucio Áñez Rivera», dijo Sarmiento, quien emitió cuatro órdenes de aprehensión.
La decisión judicial provocó reclamos y protestas en el Salón Rojo de la ex Corte Superior. El abogado de Prado, Otto Ritter, intentó explicar airadamente la razón. «Mi defendido está impedido, está en silla de ruedas, no puede trasladarse, no puede ir a ninguna parte», dijo, acción que provocó su desalojo con resguardo policial.
«No se nos permite explicarle que es nula esta situación, nos retiran, ese es el estado de derecho al que nos someten en un caso armado por el Gobierno y del cual tenemos prueba», dijo Ritter.
Según el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, los convocados tenían la obligación de ir a la audiencia y que presentaron justificativos sin respaldo, por lo que procedió la declaratoria de rebeldía.