Entre los argumentos de su renuncia, Soza sostiene que estaría en riesgo su labor profesional y la seguridad de su familia, lo que, según Uribe, no tiene ningún sustento legal. En conferencia de prensa ofrecida ayer en Sucre, explicó que los fiscales están sujetos a diversas presiones psicológicas, como «mensajes de amenazas y llamadas telefónicas, que no merecen tratarse en este caso».
«La referida nota no tiene ninguna base legal, por lo tanto, el suscrito Fiscal General acusó respuesta rechazando la petición (de renuncia) y, en consecuencia, el doctor Marcelo Soza —en su calidad de fiscal de materia y comisionado para la investigación y llevar adelante todo el proceso denominado terrorismo— deberá seguir en la investigación del caso», manifestó Mario Uribe.
Además, recordó que Soza está comisionado exclusivamente al caso y dejó abierta la posibilidad de conformar una comisión de fiscales si el propio Soza lo solicita. Asimismo, reveló que este tema le fue consultado y esperará una respuesta al respecto.
En ese mismo orden, la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, refirió que dadas las amenazas que puso en evidencia, se podría volver a convocar a los otros fiscales que conformaban la comisión encargada de indagar este caso. «Se va a considerar este aspecto, tomando en cuenta las amenazas y el riesgo que estaría corriendo no solamente la vida del fiscal, sino la vida de sus hijos, su esposa y toda su familia. Se puede reconformar otra comisión y se hará conocer en los próximos días».
Yañíquez añadió que Soza le confesó que se siente totalmente presionado; no obstante, reconoció que no adjuntó «ninguna prueba» sobre las citadas amenazas.
Apoyo. Si bien el Fiscal General le ratificó su confianza, también fue duro al señalar que mientras Soza sea funcionario del Ministerio Público y ejerza la labor de fiscal de materia, «está sujeto no a su voluntad, sino a la voluntad de la ley».
También dijo que, si no aceptara el rechazo a su nota, en el Ministerio Público existen procedimientos disciplinarios como el incumplimiento de deberes.
Hasta el miércoles 20, Soza había cumplido con la solicitud del Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal-Cautelar, de individualizar las acusaciones contra los 39 imputados en el caso Rózsa, según hizo notar Fernando Rivera, director jurídico del Ministerio de Gobierno, que es parte querellante en este proceso.
El caso Rózsa se refiere a la presunta actividad terrorista de un grupo liderado por Eduardo Rózsa, con el fin de dividir al país, el que fue desarticulado el 2009 en Santa Cruz.
Califican la medida como Show
Erick Seifert, abogado de Branko Marinkovic, uno de los imputados por el fiscal Marcelo Soza, dijo que con la renuncia se «está buscando el apoyo del Fiscal General» y que es una de las estrategias como parte de un show.
Recalcó que no existe la figura de renuncia a un caso, sino que «un fiscal se excusa o es recusado», situación que también fue señalada por el director jurídico del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivero: «La renuncia no está prevista, corresponde que Soza continúe en el caso».
Juez fija fecha para audiencia y pide custodia de las pruebas
El juez de Instrucción 9no. Cautelar en lo Penal, Rolando Sarmiento, fijó para el 16 de mayo el reinicio de la audiencia conclusiva del caso terrorismo y pidió al fiscal Marcelo Soza la custodia material de las pruebas.
Se emitirá citaciones y edictos para que los imputados asistan a la audiencia en la que se debe sanear el proceso para pasar a la etapa de juicio oral. «Si no hay ningún obstáculo se realizará en esa fecha el reinicio de la audiencia», afirmó la autoridad.
La audiencia que se instaló en la ciudad de Cochabamba se suspendió el 15 de abril por cinco días hábiles para permitir que la Fiscalía individualice las acusaciones contra los 39 imputados. Aunque hasta ayer la información no era oficial, circularon versiones de que la audiencia se reinstalaría en La Paz para respetar la jurisdicción inicial.
Por otro lado, Sarmiento afirmó que pidió al fiscal Soza todas las pruebas del caso que se investiga para asumir la custodia de estos elementos probatorios dentro del proceso legal.
«Mi autoridad también cursó nota al presidente de la Corte de Justicia del Distrito de La Paz (Williams Alave), solicitándole se nos facilite un ambiente apropiado para guardar esas pruebas», explicó el juez, según reportó la red ATB.
Posiciones
Mario Uribe: ‘Está sujeto a la voluntad de la ley’
«Ningún otro argumento puede servir de base para que un fiscal diga que hasta aquí trabajo y no atiendo más un determinado caso, esa decisión no existe en el Ministerio Público, aquí nos tenemos que regir bajo el principio de la legalidad. Está sujeto no a su voluntad, sino a la voluntad de la ley», manifestó el Fiscal General del Estado.
Evo Morales: ‘(Este caso) no responde al Ejecutivo’
«Esa renuncia a su cargo (refiriéndose a la del fiscal Soza), siento que es estrictamente de responsabilidad del Órgano Judicial, no responde al Órgano Ejecutivo y, como cualquier ciudadano, como cualquier boliviano, es nuestro deseo que se esclarezca lo más antes posible no el caso terrorismo, (sino) separatismo», señaló el Presidente.