Nacional

jueves 25 feb 2021 | Actualizado a 15:19

La mayoría oficialista da luz verde al reglamento para elecciones judiciales

Reclamo. La oposición dice que no se atendieron sus sugerencias

Plenaria. Legisladores levantan la mano en señal de aprobación de uno de los artículos de la norma.

Por La Razón

/ 6 de mayo de 2011 / 05:00

El vicepresidente Álvaro García reinstaló la sesión plenaria pasadas las 16.30, sin contar con un reglamento de consenso porque Convergencia Nacional (CN) y Unidad Nacional (UN) abandonaron la Comisión de Concertación que se formó y empezó a trabajar en acuerdos desde el miércoles.

La mañana de ayer, el senador de CN Bernard Gutiérrez informó de la decisión de abandonar la comisión bajo el argumento de que el oficialismo no cedería en temas centrales como garantizar el derecho a la información sobre los candidatos judiciales.

Paralelamente, un grupo de diputados de la mayor fuerza política opositora desconocía el trabajo de sus correligionarios en la instancia de concertación, que no consiguió llegar al 100 por ciento de consenso.  Con este precedente se reinstaló la sesión plenaria.

García, sin embargo, destacó el trabajo que se hizo y abrió el debate al tratamiento del reglamento, pese a la resistencia de la oposición, que reclamaba mayores niveles de consenso político.

La aprobación del primer artículo, que refiere procedimientos y plazos para el proceso de preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional, demoró al menos cinco horas.

Gutiérrez reclamó por la libertad de expresión y opinión de los aspirantes, discriminación contra abogados que patrocinen casos  de narcotráfico o separatismo y por el derecho de la población a conocer a los postulantes.

«Lo que el Movimiento Al Socialismo está haciendo es generar todas las condiciones para tomar el Órgano Judicial», denunció insistentemente Gutiérrez, mientras el senador masista Eugenio Rojas respondía que en el pasado se elegía a los ministros y magistrados entre cuatro paredes.

El punto sobre la meritocracia, entre otros, centró un acalorado debate. Mientras la oposición insistía en que se debería otorgar mayor preponderancia al currículum académico de los postulantes, el Vicepresidente respondía que el «tener un título no es sinónimo de capacidad».

El Movimiento Sin Miedo (MSM), a través del diputado Fabián Yaksic, insistió en modificar la Ley del Régimen Electoral para garantizar el derecho a la información ciudadana. Parte del artículo 82 de la ley sanciona la divulgación de información diferente a la que difunda el Tribunal Supremo Electoral sobre los candidatos.

En el reglamento se estableció que el proceso de evaluación de méritos y entrevistas a los aspirantes será en audiencias públicas, de tal manera que puedan ser difundidos en vivo por el canal 7 y otros medios de comunicación.

También se acordó ampliar de  cinco a siete días el plazo para las impugnaciones a los postulantes. Los bolivianos deberán elegir, mediante voto, a 56 autoridades judiciales, entre titulares y suplentes, de 125 candidatos. El Tribunal Electoral fijó para octubre las elecciones judiciales, que requerirán de un presupuesto de 120 millones de bolivianos.

Hasta pasadas las 3.30 se aprobaron 16 de los 21 artículos del documento que reglamenta la convocatoria, habilitación, evaluación y preselección de postulantes a las judiciales. García valoró el trabajo desarrollado y la apertura a los cambios, aunque la oposición no comparte ese criterio.

Puntos de la norma

Participación
Las comisiones encargadas del proceso se pueden dividir en grupos de trabajo y los legisladores podrán adscribirse a este trabajo.
Medios
Medios que deseen pueden publicar la convocatoria, la lista de habilitados y, por única vez, difundirán las audiencias públicas. Adicionalmente, la Asamblea difundirá la convocatoria en los diferentes departamentos.
Filiación
No deben haber sido dirigentes o candidatos de organizaciones políticas, cinco años antes de la fecha de elección. Tampoco deben tener militancia hasta un año antes de su postulación.
Plazos
Se amplía de 20 a 28 días la presentación de postulaciones, se reduce de 7 a 5 días el período de verificación de requisitos, se amplía de 5 a 7 días el plazo para las impugnaciones y se reduce de 15 a 12 días el tiempo para las entrevistas a postulantes.
Méritos
Están habilitados los abogados de oficio que defiendan a separatistas y narcos, pero no los patrocinadores. 
Impugnaciones
Cualquier ciudadano podrá presentar una impugnación. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la inhabilitación.
Preguntas
Podrán participar de la elaboración de las preguntas para las entrevistas, especialistas jurídicos.
Votación
Se votará por separado para cada institución. Se votará cuantas veces sea necesario hasta lograr 2/3 de voto.

El Defensor ve afectados derechos

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó ayer al vicepresidente Álvaro García que se violan los derechos humanos de los candidatos a cargos judiciales al prohibirles emitir opinión. El artículo 82 de la Ley del Régimen Electoral prohíbe a los postulantes manifestar opinión. La vulneración de este mandato se sanciona con la inhabilitación.

En una misiva enviada a García, destacó que la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan el derecho a la libertad de expresión, al igual que pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Villena también hizo conocer siete observaciones al reglamento para la preselección de autoridades judiciales. Planteó ampliar de tres a cinco días el período para responder a las impugnaciones, y el número de medios de comunicación que difundan la convocatoria a los cargos judiciales.

También consideró que no es suficiente la autoidentificación indígena para garantizar el criterio de plurinacionalidad y sugirió extender las postulaciones por parte de la sociedad civil y de los pueblos indígenas para cargos en el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental.

En la carta, refiere que se debe priorizar la meritocracia y que el requisito de hablar un idioma originario sea reconocido a partir de un certificado que avale un conocimiento básico. Añade que entre los requisitos para el Tribunal Constitucional, se establezca la experiencia como autoridad indígena.

Dentro de las modificaciones hechas al reglamento está el priorizar la meritocracia y permitir a los medios difundir parte del proceso de preselección.

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Cinco años de 21F

Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP.

Por La Razón

/ 24 de febrero de 2021 / 00:42

Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.

Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.

De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.

Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.

Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.

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Las pequeñas cosas

No se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra.

Por La Razón

/ 22 de febrero de 2021 / 01:40

Los tiempos de campaña proselitista son por defecto el campo de la hipérbole, de las promesas grandilocuentes, de las emociones epidérmicas, pero también de la polarización y las posiciones mutuamente excluyentes. Se espera que tras conocerse los resultados de cualquier elección esos comportamientos amainen, pero en Bolivia hay políticos que han hecho de ellos su práctica cotidiana.

Se trata, casi sin excepción, de asuntos menudos, pero de gran importancia para alguna opinión pública que aplaude las ideas que le son afines y denuesta con creciente virulencia las ajenas. Así, es posible mantener activa una base de apoyo, que casi a diario tiene nuevos motivos para el malestar y la irritación; los discursos inflamados y los comentarios publicados en redes sociales virtuales son el mejor combustible para la indignación que en tiempos de crisis puede convertirse en movilización.

Los ejemplos son abundantes, pero basta con señalar los más recientes: un candidato a la Gobernación, de origen indígena campesino, llamó “sardina” al pescado enlatado y recibió una andanada de críticas por su supuesta incapacidad de hablar bien el español; de poco sirvieron los comentarios que explicaban la lexicalidad y otras operaciones lingüísticas comunes para referirse a una cosa nombrando otra similar, el tema sirvió para que una parte de la sociedad descalifique al candidato con argumentos de claro trasfondo racista.

Días después, el Gobierno aprobó un Decreto Supremo instruyendo el uso de una nueva identidad visual (una figura con forma de cruz andina en cuyo interior se distribuyen tramas de tejidos indígenas de todo el país; mal llamado “logotipo”, pues en los hechos se trata de un emblema), pero el jefe del partido político de oposición creyendo que se trata del cambio del escudo de armas del país inició una cruzada en redes sociales para “defender” el símbolo patrio.

En ambos casos se observa el funcionamiento de lo que la teoría llama mecanismos de la posverdad, pues no se trata únicamente de comentarios que desinforman, sino que se añade una actitud que ignora los argumentos en contra, repite la falsedad y, finalmente, da paso a la agresión (verbal, casi siempre) contra quienes argumentan en sentido contrario. El esquema se repite con otros temas que hoy son fuente de conflicto entre el Gobierno y algunos grupos.

Es, pues, el tiempo de las cosas pequeñas, pero no en el sentido del sano recogimiento que algunas filosofías recomiendan en tiempos inciertos, sino un flujo constante de alertas por cosas intrascendentes (cuando no de asuntos de interés privado) que ocupan el debate en el espacio público, velando el interés por las cosas verdaderamente importantes, que quedan en manos de unos pocos, cuyas decisiones, probablemente, serán fuente de nuevos conflictos. Así, el propósito de afectar la gobernabilidad en el corto plazo, y las reacciones políticas que provoca, se convierte en un permanente obstáculo para la mejora del Estado, sus instituciones y sus normas.

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7M: recta final

Es lamentable la ausencia de un sistema de resultados preliminares.

Por La Razón

/ 20 de febrero de 2021 / 23:24

En apenas dos semanas, las y los bolivianos acudiremos nuevamente a las urnas. Esta vez, para elegir a las autoridades y representantes de los niveles departamental, regional y municipal. Con estos comicios se cierra un largo y difícil ciclo político-electoral en el país. En medio del agotamiento, la disputa y la pandemia, las elecciones del 7 de marzo ingresan a su recta final.

Despejada la incertidumbre sobre la realización de las elecciones subnacionales 2021 en un contexto de emergencia sanitaria, el próximo domingo 7 de marzo votaremos en Bolivia para elegir gobernadores y asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales y en algunos casos otras autoridades y representantes regionales. Hay más de un centenar de organizaciones políticas en competencia (en especial agrupaciones ciudadanas locales). Con esta votación se define la llamada “división vertical” del poder.

En la recta final del proceso, solo quedan algunas actividades de orden administrativo y logístico por parte del organismo electoral, entre ellas la publicación de las listas de candidaturas habilitadas. El próximo domingo se cumple el plazo para la difusión de encuestas de intención de voto. Y el miércoles 3 de marzo concluye la fase prevista tanto para la campaña electoral en espacios públicos como para la difusión de propaganda en medios de comunicación. Así, solo quedará esperar la jornada de votación.

¿Cuál es el balance de estos comicios? El proceso se inició, como es tradición, con la disputa por las candidaturas. Como las organizaciones políticas, en general, carecen de mecanismos de democracia interna para seleccionar candidatos, se imponen las presiones, el faccionalismo, las cúpulas, el “dedazo”. Así, las listas de candidaturas devienen en marginamientos, renuncias e incluso divisiones. En el MASIPSP hubo importantes disidencias y la oposición, otra vez, fracasó en sus intentos de unidad.

Las elecciones subnacionales, que se realizarán en pandemia con probados protocolos de bioseguridad, trajeron alguna renovación de liderazgos, pero también mucho reciclaje y movimiento de candidatos. Como en anteriores comicios, hubo escasez de debates y primaron más los nombres que los programas de gobierno. Se apostó por las impugnaciones. Y las esmirriadas encuestas fueron objeto favorito de crítica. Así, en general, pese a su relevancia, estamos ante un proceso con sensación de fatiga y poco entusiasmo.

Pronto pues estaremos de regreso en las urnas luego de varios años sucesivos de sufragio. Se espera una importante participación, aunque menor que en los comicios de 2020. La certeza a favor es confiar en una jornada electoral pacífica y ordenada. Es lamentable la ausencia de un sistema de resultados preliminares. Y el reiterado anhelo es que todos los actores políticos reconozcan el resultado de la votación sin cantar “fraude”. Recta final de los comicios 2021. Que haya voto informado y la ciudadanía decida.

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Financiamiento controvertido

Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas.

Por La Razón

/ 20 de febrero de 2021 / 02:45

Fue un grave error del anterior gobierno suponer que la gestión de una operación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se podía realizar sin un amplio debate público y sin un mínimo consenso político previo. Ese traspié debería, al menos, dejarnos la enseñanza de que es necesaria una discusión transparente y oportuna sobre las opciones de financiamiento externo disponibles para el país.

En abril de 2020, el gobierno de Jeanine Áñez gestionó un financiamiento de $us 346,7 millones del FMI, en el marco de la aplicación de un Instrumento de Financiamiento Rápido que esa entidad habilitó en medio de la crisis provocada por la pandemia.

El trámite de esta operación fue controversial y opaco desde sus inicios. El MAS, entonces en la oposición, aunque con mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, manifestó sus observaciones y la rechazó argumentando que incluía disposiciones contrarias al marco constitucional y que no había seguido la vía regular para su aprobación. También se criticó la manera poco transparente en que habría sido presentada a los legisladores. No está demás decir que dada la historia del FMI en Bolivia y en la región, era bastante ingenuo, sino totalmente imprudente, pensar que tal decisión iba a pasar sin discusión o conflicto.

Lo cierto es que nunca quedaron claras, para la opinión pública, la naturaleza y condiciones de tal préstamo, ni, menos aún, cuál era el procedimiento que se debía utilizar para que sea asumido como un compromiso de Estado. Las autoridades del gobierno transitorio afirmaban que no estaba asociado a ningún condicionamiento y que no precisaba de autorización parlamentaria, como suele ser la norma en contratos de este tipo. Pero, sus explicaciones fueron imprecisas.

Como muchas situaciones que sucedieron el año pasado, la cuestión terminó por empantanarse por el conflicto político y la notable inestabilidad y desorden del propio gobierno. Lo que quedó fue una sensación de opacidad que profundizó la deslegitimación política de la medida. Su desenlace bastante previsible, después del triunfo del MAS en las elecciones, ha sido la devolución de esos recursos con costos para el país.

Seguramente la controversia sobre este préstamo continuará, pero el episodio nos está ya dejando, al menos, un par de enseñanzas valiosas. En primer lugar, la necesidad de clarificar y transparentar, desde el Gobierno, el panorama y las necesidades reales que tiene el país de financiamientos externos, las opciones disponibles para su resolución y sus costos e implicaciones. Y finalmente, el carácter ineludiblemente político que tendrán siempre esas decisiones. Hay que entender que no basta con argumentos tecnocráticos para resolver este tipo de problemas, se precisa igualmente de un sólido manejo político y comunicacional para que sean viables.

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Un decreto polémico

Es evidente que cientos de personas fueron perseguidas y encarceladas solo por sus ideas.

Por La Razón

/ 19 de febrero de 2021 / 00:19

La semana pasada el debate político giró en torno al Decreto 4461, que otorga indulto, aparentemente, a miles de personas que sufrieron persecución política durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, así como otras que padecen retardación de justicia y prisión indebida. Para la oposición en la Asamblea Legislativa se trata de una norma de uso político, para favorecer a masistas.

En diciembre de 2020, la elaboración del ya señalado decreto fue un compromiso adoptado por representantes legislativos del MAS con las víctimas de la violencia ejercida entre noviembre de 2019 y octubre de 2020 por el gobierno transitorio; entonces el Gobierno se comprometió a trabajar en un decreto de amnistía con base en las listas de procesados e investigados por esos hechos. Finalmente, el viernes 12, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por mayoría el Decreto Presidencial 4461 de “Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos”.

Al respecto, la jefa de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado afirmó que el decreto era “más político que humanitario”, en referencia a la declaración del presidente de esa Cámara, quien afirmó que entre los más de mil beneficiados por el indulto figura el expresidente Evo Morales. La parlamentaria aseveró que “el Gobierno se está pasando de la raya al favorecer a personas que han cometido delitos en noviembre de 2019, como la quema de buses municipales, disparos a mineros o la quema de viviendas de personas ajenas al MAS”.

Por su parte, el Ministro de Justicia, en entrevista con La Razón Radio explicó que hay diferencia entre el indulto y la amnistía, y que corresponderá a un juez determinar si procede o no; también afirmó que hay diversos recursos disponibles para evitar que un verdadero delincuente se beneficie de la amnistía. Mientras tanto, es evidente que cientos de personas fueron perseguidas y encarceladas solo por sus ideas, en aplicación de la “cacería” que anunció el Ministro de Gobierno del régimen transitorio.

En el camino, una vez más el Ministerio Público queda como el responsable de la retardación de justicia, cuando no como la instancia que impide el acceso a esta. Su oficiosa participación en los arrestos e imputaciones con tipos penales forzados durante el gobierno transitorio melló aún más la imagen que esta institución de defensa de la sociedad ya tenía por lo poco confiable de su actuación en muchos casos.

Queda, asimismo, la evidencia de la depauperación del oficio político, en el que las reacciones epidérmicas, cuando no viscerales, de las y los representantes parlamentarios se repiten una y otra vez en el debate legislativo, inspiradas ora por la impotencia, ora por la prepotencia; dando muestra, además, con ese comportamiento que hay organizaciones políticas que hicieron de la sospecha, el prejuicio y la desinformación los instrumentos de su gestión política.

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