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Saavedra anuncia que se reunirá con el juez Garzón

El director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima, Rubén Saavedra, informó el miércoles que se reunirá con el juez español Baltasar Garzón para hacerle conocer la demanda de Bolivia que presentará ante tribunales internacionales de justicia con miras a lograr un acceso soberano al Pacífico.

Este martes, el presidente, Evo Morales, anunció que el Gobierno quiere que Garzón integre el equipo

de expertos que preparará la demanda contra Chile.

«Hemos tomado contacto con el juez Garzón, un magistrado de gran prestigio internacional. Vamos a reunirnos con él en las siguientes semanas para hacerle conocer los antecedentes históricos de la demanda marítima nacional, indicó Saavedra en un contacto telefónico con Radio Patria Nueva.

Saavedra, quien fue ministro de Defensa Nacional, puntualizó que Garzón «es un jurista que ha marcado historia» en el ámbito del derecho internacional».

 «Su trabajo será importante para que Bolivia cristalice la demanda de lograr una salida al mar, por lo que las conversaciones que sostengamos con este magistrado serán importantes», enfatizó.

Saavedra dijo que a nivel internacional el Gobierno boliviano, a través de sus embajadores, intercambia criterios sobre la posibilidad de realizar mesas redondas o foros fuera del país para socializar la demanda boliviana.

«De esa manera los ciudadanos de otros países podrán conocer a profundidad la historia del litigio que Bolivia sostiene con Chile desde 1879», anotó.

Agregó que la Dirección de Reivindicación Marítima ha elaborado igualmente un plan de contactos con bufetes de abogados de prestigio internacional de distintos países que conocen procesos ante tribunales internacionales.

 «Sabemos que estos profesionales tienen mucha experiencia respecto al derecho internacional, en especial en temas referidos a demandas relacionadas sobre territorios y espacios marítimos», indicó.

Garzón actualmente es asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Fue el magistrado que promovió una orden de arresto contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, y por crímenes contra la Humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la verdad (1990-1991) y en el caso Caravana de la Muerte instruido en Chile por el juez Juan Guzmán Tapia.