Al menos 18 artículos de seis leyes colisionan con la Constitución y convenios internacionales en materia de derechos humanos, según juristas y políticos. La aplicación o sanción emergente de éstos artículos puede ser revertida por la Corte Interamericana de DDHH.
Los constitucionalistas Carlos Alarcón y Bernardo Wayar coincidieron en que artículos de las leyes del Órgano Judicial, Lucha Contra la Corrupción, Órgano Electoral, Régimen Electoral y Lucha Contra el Racismo chocan contra principios como la libertad de expresión y de información.
La diputada opositora Norma Piérola, informó que denunció ante la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) la inconstitucionalidad de diez artículos contenidos en las leyes del Régimen Electoral, Lucha Contra el Racismo, Lucha Contra la Corrupción y la ley de modificaciones al sistema penal boliviano.
Alarcón dijo que los artículos 24 (numeral 29-30), 27 (numeral 13), 38 (numeral 29) y 82 (I, numeral 6) de la Ley del Órgano Electoral afectan el derecho a la libertad de expresión porque, entre otros aspectos, apuntan a regular y fiscalizar la difusión de mensajes y monitoreo en época electoral.
«El Gobierno ha criminalizado no sólo la vida política, sino que ahora se sanciona a los responsables de los medios de comunicación con la privación de libertad».
La crítica también alcanzó a los artículos 82 (I, incisos a al e), 84 (sanciones a los medios), 115 (inciso d), 122 (uso de medios de comunicación), 136 (sanciones), 238 (inciso k) de la Ley del Régimen Electoral, que tienen relación, por ejemplo, con la prohibición de entrevistas a candidatos judiciales, inhabilitación para difundir propaganda política, difusión de resultados en boca de urna y delitos electorales.
Wayar, entre tanto, refiere que los artículos observados no sólo son inconstitucionales, sino que lesionan derechos ciudadanos comprendidos en los artículos 1, 8, 9, 13 y 23 del Pacto de San José de Costa Rica (1969) que hacen mención a la obligación de los Estados a respetar derechos; las garantías judiciales; principio de legalidad y retroactivadad; libertad de pensamiento y de expresión; y derechos políticos.