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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 11:55 AM

Ciro Farfán niega que exista una red de clonación de placas y contradice a Llorenti

Caso. El Comandante de la Policía negó ser dueño del vehículo con placa clonada

Por La Razón

/ 17 de mayo de 2011 / 05:00

«Niego rotundamente, ni una organización de clonadores, ni organizaciones criminales, ni mucho menos, eso es parte de especulaciones y desprestigio contra mi institución que lo voy a refutar en todo momento», declaró Farfán a la red ATB cuando se le preguntó si en la Policía hay una red de clonadores de placas de automóviles.

Luego de que el 5 de mayo fuera descubierto un caso de clonación de la matrícula de una camioneta en el que aparece implicado el cabo y ex estafeta de Farfán, Germán Loza Solano, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó que ésta «es la punta del ovillo de una red no solamente de clonación, sino de utilización de vehículos robados y de contrabando en la que está involucrado personal de Diprove».

Propiedad. Al referirse a las declaraciones de Llorenti, Farfán afirmó: «Se puede presumir muchas cosas, pero hay que comprobar. En este caso particular, este tema no se da propiamente porque se ha presentado este caso (de la camioneta). Cuando (yo) estaba como jefe de la Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos), ya estábamos en proceso de investigación del tema (de clonación)».

El Comandante de la Policía también negó ser el propietario de la referida camioneta con placas clonadas. «Algunos han atribuido que la camioneta era mía, debo desmentir categóricamente. Esa camioneta no es ni será mi camioneta.

No tengo necesidad de acudir a ilícitos para tener comodidades. Me adecúo a mis ingresos económicos. Por lo tanto, lo que yo tengo está debidamente registrado donde debe estar», declaró a varios medios de comunicación.

El último viernes, la fiscal que investiga este caso, Rosario Durán, afirmó que no se descarta que la camioneta con placas clonadas sea de propiedad de Farfán. El vehículo en cuestión —marca Dodge con matrícula 2288-UUL— fue hallado el jueves 5 cerca de la FELCC de La Paz, cuando el dueño de un automóvil similar se percató de que tenía incluso la misma placa y estaba dentro la credencial del cabo Germán Loza.

Además, el jueves 12, el Ministro de Gobierno afirmó que el cabo Loza era el estafeta de Farfán. La autoridad policial aludida, horas antes, había dicho que el cabo cuestionado llegó a ser su chofer «de manera casual».

Investigación. Pasaron 11 días y la investigación no avanzó. Incluso el ministro Llorenti lamentó el último jueves que ni siquiera haya sido citado a declarar el cabo Loza, el único implicado en este caso.

Además, el fin de semana se denunció que la camioneta, que estaba en custodia de la Diprove, sufrió el cambio del número de su chasis y de las llaves de contacto. Todo esto se había logrado porque se había violado el precinto de seguridad que se le había pegado tras su captura.

Farfán indicó que aún se investiga quién es el propietario de la camioneta con placa clonada y aseguró que no habrá ningún tipo de «protección o encubrimiento» para el responsable.

La autoridad policial se molestó cuando un periodista le consultó si es que era cierto que el vehículo le había sido obsequiado por un jefe policial y exigió que se le diga quién hizo esa afirmación. Posteriormente negó ese hecho.

El abogado del cabo Loza, Luis Paredes, aseguró el viernes 13 que todo este caso se constituía en un «complot» en contra de su defendido, ya que Loza estaba trabajando cuando se halló la camioneta con placa clonada. Agregó que el cabo había perdido su credencial.

Ante las denuncias presentadas en este caso, la Policía se sumó a la querella presentada por el Ministerio de Gobierno contra Loza. «Nosotros hemos presentado una adhesión de denuncia contra el mal policía que ha hecho este ilícito y, de esta manera, coadyuvar a la labor de los fiscales asignados y pedirles públicamente que haya celeridad de esa investigación y se pueda dar con el dueño de la camioneta», declaró el general Farfán.

La autoridad policial reiteró que el cabo Loza es uno de los tantos policías que trabajó bajo su dependencia, luego de que se cuestionara su relación estrecha con el efectivo policial que resultó implicado en este caso.

Comandante eligió a Loza por eficiente

El comandante de la Policía, general Ciro Farfán, reveló ayer que conoció al cabo Germán Loza Solano en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, y que después de trabajar por más de cinco años con él, se lo llevó como estafeta por su efectividad.

«El policía comprometido en este hecho, (Germán) Loza, es un dependiente más, ahora que soy Comandante General. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la UTOP, él estaba como policía de base. Casualmente, luego, en cinco años ingresé a trabajar en Diprove; casualmente (sic) el policía se encontraba ahí después de cinco años, y por la efectividad de su trabajo lo llevé a trabajar conmigo de estafeta», relató Farfán a la red ATB.

Aclaró que Loza estaba encargado de manejar la comunicación con las distintas unidades y hacía el papel de «Recepción». «El cabo de ninguna manera tiene alguna relación ni prioridad ni privilegio con mi persona», aseguró la autoridad.

«Ese policía, por su eficiencia de policía, ha trabajado como estafeta en el Comando General», recalcó en entrevista que concedió a la red Unitel. No obstante, aclaró que en el momento que fue involucrado con la camioneta «clonada» ya no trabajaba ahí. «Ha sido cambiado de destino el 1 de mayo, y vamos a probar esto con el memorándum emitido en su momento», añadió.

Los policías pueden denunciar corrupción

El mensaje que prohibía que los policías hablen públicamente de casos en los que se encuentren implicados sus camaradas fue anulado por el general Ciro Farfán, comandante de la institución, quien ahora les pide denunciar casos de corrupción.

«Debo aclarar que en el mensaje que se ha emitido el 6 de mayo, en ninguna parte del texto se observa que no se deba informar de hechos de corrupción», indicó Farfán, quien añadió que el espíritu de dicho comunicado «rutinario» fue «malinterpretado».

Reconoció que la redacción de una parte del mensaje no fue la adecuada y que sostuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para subsanar el hecho y que el documento quede sin efecto.

Para que no se desvirtúe la intención inicial, se redactó otro documento.  «En la parte fundamental indica que (…) se deberá instruir a todo el personal que conozca hechos de corrupción al interior del organismo o unidad operativa donde se encuentre destinado o fuera de éste, que tiene la ineludible obligación de informar y/o denunciar a las instancias llamadas por ley para su respectiva investigación y remisión a las autoridades competentes», señala.

Noventa días para erradicar ‘el cáncer’ de la corrupción
Luego de posesionar a Ciro Farfán como Comandante de la Policía Boliviana en hall de Palacio de Gobierno el pasado 11 de marzo, el presidente Evo Morales dio un plazo 90 días a la flamante autoridad para que acabe con «el cáncer» de  la corrupción y elimine los volteos (de mercancía y dineros ilícitos), la cobertura (encubrimiento) o el  ‘toco’ (soborno) que practican algunos policías.

El Comandante prometió  una profunda transformación
Al recibir el mandato presidencial, Ciro Farfán lamentó que haya «malos elementos» en su institución, quienes, desconociendo la profesión policial, «no saben dignificarla». El jefe policial prometió entonces que en su gestión aplicaría una «profunda transformación del verde olivo» para «aniquilar» la corrupción. Sólo faltan 23 días para que termine el plazo que le dio el Mandatario.

Investigan presuntos cobros  para no cambiar de destino
El 11 de mayo se denunció que el coronel Mario Aguilera, ex comandante del Batallón de Seguridad Física Privada de la Policía, habría incurrido en actos de corrupción por el presunto cobro de 900 bolivianos a un policía de esa unidad para que no sea destinado a otro distrito. El coronel Carlos Flores, director Departamental de Investigación, informó que el caso está en indagación.

Comunarios detienen a dos policías por extorsión
A principios de mayo, comunarios de la población de Llallagua (Potosí) lograron detener al sargento Ramón Paco, el cabo Edwin Ticona y el chofer del municipio de Chayanta, Carlos Miranda, acusados de extorsionar a ciudadanos que ingresaban desde Chile con motorizados ilegales (chutos). La población exigió sancionar  a los uniformados, quienes fueron dados de baja.

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Cuatro millones

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento

Por La Razón

/ 28 de marzo de 2024 / 07:25

De los debates posteriores al censo, es posible que el que más importe en Santa Cruz sea el del total de habitantes del departamento. Si no bastase con la obligada referencia al ejercicio estadístico de la Gobernación, se ha denunciado migración y hasta “acarreo” de gente, y se exige una “encuesta poscensal” para asegurar la “confiabilidad” de los datos recogidos el 23 de marzo.

Es un hecho que es el departamento con más habitantes del país, con todo lo que ello implica en demandas y necesidades; considérese además que durante muchos años funcionó en la puerta del Concejo Municipal de la capital un cartel informático, llamado “Cambómetro”, que contabilizaba el número de personas que llegaban a la ciudad capital, más el número de nuevos nacimientos; la cifra se actualizaba cada pocos minutos, dando cuenta del crecimiento imparable de la población local.

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A eso súmese la enorme expectativa que existe en el departamento porque la Constitución y las leyes indican que la distribución de escaños legislativos depende del número de habitantes, y ni luego del Censo de 2001 ni del de 2012 se hizo el ajuste necesario. De ahí que desde 2022 la “institucionalidad” cruceña haya levantado el tema como una de sus principales banderas.

Primero fue la instrucción del entonces Gobernador en ejercicio al Instituto Cruceño de Estadística, de realizar un estudio demográfico, tarea desarrollada entre diciembre de 2022 y abril de 2023 y que arrojó un “un estimado del número de habitantes en el departamento de Santa Cruz”; tal estimación fue fruto de “la inferencia estadística”. La cifra anunciada al final del ejercicio fue: 4.000.143 habitantes.

Luego de muchas idas y venidas, en las que el Gobernador cruceño subrayó su falta de interés en dialogar y concertar, se implementó una serie de paros escalonados que terminaron en un paro indefinido que duró 36 días y no logró su cometido, que era forzar la realización del Censo en 2023. Sin embargo, las elites, que terminaron perdiendo casi todo el apoyo popular que habían galvanizado desde 2019, por el costo de la medida de protesta, presentaron como éxito propio la ley que instruyó hacer el Censo en marzo de 2024.

Luego, en vísperas del conteo, oficiosos personajes mediáticos desplegaron una campaña de desinformación para que la gente evitase responder todas las preguntas del Censo. Solo lograron evidenciar oscuros intereses detrás de la campaña. Finalmente, luego de la realización del operativo el sábado 23, fue el Presidente del comité cívico quien reconoció la posibilidad que “por tanta migración, no lleguemos al resultado que arrojó la Gobernación hace unos meses, de los cuatro millones”.

Es, pues, un derrotero bien conocido en el modo de hacer política de las elites cruceñas y que mezcla los legítimos intereses de la población de ese departamento con las ambiciones de quienes operan estos actos y discursos, con resultados que solo abonan a un status quo de confrontación con el gobierno “centralista”. Ojalá esta vez alguna de las partes tenga mejores ideas para salir del conflicto.

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Un censo histórico

Por La Razón

/ 24 de marzo de 2024 / 01:42

Como estaba previsto, ayer se realizó en Bolivia el Censo Nacional de Población y Vivienda 2024. Es un censo histórico que nos permitirá saber, a un año del Bicentenario, cuántos somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esta información es clave para el diseño de diferentes políticas públicas, así como para fines distributivos. Hay que esperar los datos con sensatez.

Según la tradición en el país, más allá de algunos imprevistos y hechos aislados, la jornada del operativo censal fue una nueva demostración de madurez cívica y participación ciudadana. Pese a la postergación de la fecha, que generó conflictividad regional en 2022, el Estado, a través del INE, cumplió con las actividades organizativas y logísticas requeridas para una movilización enorme en el territorio. Contó para ello con el apoyo de la cooperación internacional y de organizaciones de la sociedad civil.

Pero se trató en especial de un día con protagonismo ciudadano. La visita a 5,8 millones de viviendas en el país fue posible por el trabajo de más de 750 mil censistas voluntarios, que desde primeras horas de la mañana se desplegaron en los lugares asignados en el marco de la cartografía actualizada. Y las personas y familias esperaron con expectativa para responder la boleta de 59 preguntas (diez más que en el censo 2012). Así, los intentos marginales por malograr el operativo fueron fallidos.

El censo 2024 es el duodécimo en nuestra historia (el cuarto en democracia) desde el primer recuento poblacional realizado en 1831 en el gobierno de Andrés de Santa Cruz. Entonces el número de personas censadas en Bolivia fue de 1.088.768. Transcurridos 181 años, ese número subió a 10.059.856 en el último censo de 2012. En septiembre se contará con datos preliminares para saber cuántos somos en el presente. Se espera que esta información sea la base para la planificación pública de mediano y largo plazo.

Detrás de los datos estadísticos y lo que revelan en su desagregación con arreglo a diferentes variables, hay historias de vida, condiciones de existencia, flujos migratorios, situaciones personales y familiares, mucha diversidad. Los números no necesariamente expresan esa complejidad de la sociedad boliviana, pero son útiles para el necesario examen respecto a cómo vivimos y cómo nos distribuimos. Esa fotografía de hoy contribuye a trazar el rumbo del futuro. Ojalá sea con más derechos y menos desigualdades.

¿Por qué el censo 2024 es histórico? No solo porque es el recuento con el que llegaremos al Bicentenario de Bolivia, tampoco porque es el operativo más grande de nuestra historia, sino en especial porque se hace en un contexto de incertidumbre. Si esperamos con sensatez los resultados y los gestionamos con base en acuerdos y equilibrios (lejos de la polarización y de los desinformadores profesionales), este censo brindará algunas evidencias relevantes para mirarnos al espejo como país. No es poca cosa.

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Los ‘retos’ de la democracia

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los ‘desafíos’

Por La Razón

/ 21 de marzo de 2024 / 06:26

La presentación, días atrás, del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Bolivia, fruto de una visita “in loco” de un equipo de especialistas en 2023, ha terminado de aclarar el propósito de tal evaluación, que nada tiene que ver con casos particulares, pero sobre todo ha brindado una muy extensa lista de todo lo que falta por hacer.

El documento titulado Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia, publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 20 de enero de 2024, pero presentado el 14 de marzo, arranca señalando que la boliviana es “una sociedad afectada por el fenómeno de la polarización, que agrava la conflictividad social, habilita la escalada de violencia y genera condiciones para violaciones de derechos humanos”.

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En sus 222 páginas, el informe destaca que Bolivia ha experimentado transformaciones significativas desde la adopción de la Constitución de 2009, que ha promovido un amplio reconocimiento de los derechos humanos con énfasis en la perspectiva de género, los pueblos indígenas, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Sin embargo, también señala que la polarización social ha exacerbado la conflictividad y generado desconfianza hacia las instituciones democráticas. La CIDH recuerda que el Estado debe “fortalecer sus esfuerzos para la generación de espacios de consenso y diálogo genuino entre los distintos sectores de la sociedad boliviana”.

Respecto de los derechos reconocidos desde 2009, el informe señala que la implementación de las políticas correspondientes “enfrenta desafíos, incluyendo la debilidad institucional y la persistencia de patrones de discriminación”. También llama “retos” para la democracia y el Estado de derecho la polarización política, el estado de la libertad de expresión, el acceso a la información, y la participación ciudadana; menciona asimismo el deterioro del debate público, alimentado por discursos de liderazgos públicos. Al gremio periodístico no le va bien, pues se observa falta de representatividad en sus instituciones y descalificación mutua entre colegas de profesión.

Pero de todos, el tema más importante en el informe parece ser el referido a la Justicia, señalando en el acápite respectivo la necesidad “crítica” de cambios estructurales para garantizar la independencia judicial, mejorar las condiciones carcelarias, y asegurar el acceso efectivo a la justicia para todos. Entre las recomendaciones, sin embargo, no hay ninguna que no se conozca desde hace ya demasiados años, a pesar de que son urgentes, quizás cada día más.

El informe de la CIDH es una radiografía de los Derechos Humanos en Bolivia, y si bien reconoce avances, son muchos más los “desafíos” identificados. La extensa lista de recomendaciones puede ser un punto de partida para quien pretenda imaginar un proyecto de mejor país.

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El Censo del 23M

Por La Razón

/ 17 de marzo de 2024 / 00:14

Luego de su postergación por más de un año, el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará en Bolivia este sábado 23 de marzo. El último Censo fue el año 2012. El propósito es obtener información detallada para saber cuántos somos y cómo vivimos en todo el territorio nacional. Es un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas. Llegar a este día no fue fácil.

Mediante un Decreto Supremo de mediados de julio de 2021, el Gobierno determinó que el Censo se haría el 22 de noviembre de 2022. Fue declarado “prioridad nacional”. Y la entonces ministra de Planificación señaló que todo estaba asegurado para el efecto. Faltó a la verdad. En julio de 2022, el Consejo Nacional de Autonomías, tras identificar dificultades, planteó la postergación del Censo hasta mayo o junio de 2024. Entonces el presidente Arce anunció un proceso “responsable y con transparencia”.

El aplazamiento del Censo 2022, que se convirtió en Censo 2024, generó rechazo y protesta, en especial en Santa Cruz. La dirigencia cruceña, a la cabeza del gobernador Camacho y el cívico Calvo, impulsó una movilización con la consigna “Censo 2023 Sí o Sí”. Con esa bandera innegociable hubo cabildos, ultimátum al Gobierno y un paro departamental que, con episodios de radicalidad y violencia, duró 36 días. Fue una derrota. El Censo, blindado por Ley, finalmente se reprogramó para este 23 de marzo.

Durante el 2023, con centro en el INE, se avanzó en la preparación del operativo censal. Entra otras cuestiones logísticas y organizativas, fue fundamental la actualización cartográfica, que tenía rezago y ausencias. También ha sido relevante la definición del cuestionario censal, con 59 preguntas distribuidas en siete capítulos. Al respecto hubo algunos debates inútiles en torno al mestizaje y la religión. La última etapa se concentró en el reclutamiento y capacitación de más de 750 mil voluntarios censistas.

Así llegamos, como país, al día del Censo, este sábado. Es el operativo de mayor alcance a nivel nacional. Se espera que, pese a cierta improvisación y desconfianza, se logre el propósito de hacer un recuento completo y confiable de todas las personas, los hogares y las viviendas que se encuentran en Bolivia. A estas alturas no cabe ninguna amenaza de boicot o consignas para distorsionar los datos. Deben primar la transparencia, el trabajo técnico y la participación ciudadana en todo el territorio.

Según lo previsto, los resultados del operativo censal se conocerán en septiembre. Estos datos son la base para la redefinición de políticas públicas, así como para la distribución de recursos, ojalá con un pacto fiscal, y la redistribución de escaños en la Cámara de Diputados. No es algo sencillo toda vez que hay ganadores y perdedores. Lo importante es trazar una ruta de diálogo, acuerdos y equilibrios. El 23M, pues, es un día decisivo para la fotografía que guiará nuestro rumbo en la próxima década.

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Juezas, se busca

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales

Por La Razón

/ 14 de marzo de 2024 / 09:47

Como si no hubiesen sido suficientes los escollos que se produjeron desde hace casi un año, uno nuevo acaba de aparecer en el camino a las elecciones judiciales: la falta de mujeres candidatas a los puestos de magistradas y juezas, lo cual hace peligrar la paridad de género prescrita en la ley. Difícil saber a qué se debe este fenómeno, y más difícil encontrar una salida.

El artículo 76 de la Ley 026, de Régimen Electoral, especifica que la Asamblea Legislativa debe preseleccionar “hasta cuatro (4) postulantes para cada departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres”; también, que “garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres; y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario campesino en cada lista”.

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Asimismo, la Ley 1549, Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, establece que la Comisión Mixta de Constitución elevará un informe a la Asamblea con la lista de un mínimo de 36 y un máximo de 72 postulantes para el TSJ, y similar cantidad para el TCP, garantizando la equidad de género y la representación indígena originaria. También señala que la Comisión Mixta de Justicia Plural debe presentar un informe al pleno del Legislativo con una lista de un mínimo de 14 y un máximo de 28 postulantes para el Tribunal Agroambiental, y un mínimo de 10 y máximo 20 para el Consejo de la Magistratura.

Dependiendo de cuál de las instancias del Judicial se trate, hay mayor o menor déficit de mujeres candidatas: para el Constitucional, hay departamentos donde postularon apenas dos; para el Supremo la situación es similar. En todos los casos, el conteo de candidatas da un promedio de una por cada cuatro varones. “Con esos números realmente sería bien complicado garantizar una participación igualitaria”, reconoció el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, su colega presidente de la Comisión de Justicia Plural dijo que hay la cantidad necesaria de postulantes mujeres para seguir en el proceso de revisión y verificación de requisitos.

Entre las razones que se ensayan para explicar esta ausencia de mujeres interesadas en participar de la votación para autoridades del Judicial se señaló: falta de credibilidad en el proceso electoral debido al manoseo de los últimos meses; temor de las mujeres a los rigores del sistema patriarcal imperante en la sociedad y las instituciones; y temor de algunas a “quemarse” en el proceso. Todas ellas son plausibles, y es posible que hayan otras más.

Es evidente, pues, que hay más obstáculos que voluntad política en el proceso de convocar y realizar las elecciones judiciales. Por ahora es poco claro el modo en que la Asamblea Legislativa saldrá de este impasse, lo cual implica que el Estado sigue en el camino de la desinstitucionalización promovida por los partidos con representación parlamentaria. Tarde o temprano la historia juzgará este amargo tiempo.

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