«Niego rotundamente, ni una organización de clonadores, ni organizaciones criminales, ni mucho menos, eso es parte de especulaciones y desprestigio contra mi institución que lo voy a refutar en todo momento», declaró Farfán a la red ATB cuando se le preguntó si en la Policía hay una red de clonadores de placas de automóviles.
Luego de que el 5 de mayo fuera descubierto un caso de clonación de la matrícula de una camioneta en el que aparece implicado el cabo y ex estafeta de Farfán, Germán Loza Solano, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, afirmó que ésta «es la punta del ovillo de una red no solamente de clonación, sino de utilización de vehículos robados y de contrabando en la que está involucrado personal de Diprove».
Propiedad. Al referirse a las declaraciones de Llorenti, Farfán afirmó: «Se puede presumir muchas cosas, pero hay que comprobar. En este caso particular, este tema no se da propiamente porque se ha presentado este caso (de la camioneta). Cuando (yo) estaba como jefe de la Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos), ya estábamos en proceso de investigación del tema (de clonación)».
El Comandante de la Policía también negó ser el propietario de la referida camioneta con placas clonadas. «Algunos han atribuido que la camioneta era mía, debo desmentir categóricamente. Esa camioneta no es ni será mi camioneta.
No tengo necesidad de acudir a ilícitos para tener comodidades. Me adecúo a mis ingresos económicos. Por lo tanto, lo que yo tengo está debidamente registrado donde debe estar», declaró a varios medios de comunicación.
El último viernes, la fiscal que investiga este caso, Rosario Durán, afirmó que no se descarta que la camioneta con placas clonadas sea de propiedad de Farfán. El vehículo en cuestión —marca Dodge con matrícula 2288-UUL— fue hallado el jueves 5 cerca de la FELCC de La Paz, cuando el dueño de un automóvil similar se percató de que tenía incluso la misma placa y estaba dentro la credencial del cabo Germán Loza.
Además, el jueves 12, el Ministro de Gobierno afirmó que el cabo Loza era el estafeta de Farfán. La autoridad policial aludida, horas antes, había dicho que el cabo cuestionado llegó a ser su chofer «de manera casual».
Investigación. Pasaron 11 días y la investigación no avanzó. Incluso el ministro Llorenti lamentó el último jueves que ni siquiera haya sido citado a declarar el cabo Loza, el único implicado en este caso.
Además, el fin de semana se denunció que la camioneta, que estaba en custodia de la Diprove, sufrió el cambio del número de su chasis y de las llaves de contacto. Todo esto se había logrado porque se había violado el precinto de seguridad que se le había pegado tras su captura.
Farfán indicó que aún se investiga quién es el propietario de la camioneta con placa clonada y aseguró que no habrá ningún tipo de «protección o encubrimiento» para el responsable.
La autoridad policial se molestó cuando un periodista le consultó si es que era cierto que el vehículo le había sido obsequiado por un jefe policial y exigió que se le diga quién hizo esa afirmación. Posteriormente negó ese hecho.
El abogado del cabo Loza, Luis Paredes, aseguró el viernes 13 que todo este caso se constituía en un «complot» en contra de su defendido, ya que Loza estaba trabajando cuando se halló la camioneta con placa clonada. Agregó que el cabo había perdido su credencial.
Ante las denuncias presentadas en este caso, la Policía se sumó a la querella presentada por el Ministerio de Gobierno contra Loza. «Nosotros hemos presentado una adhesión de denuncia contra el mal policía que ha hecho este ilícito y, de esta manera, coadyuvar a la labor de los fiscales asignados y pedirles públicamente que haya celeridad de esa investigación y se pueda dar con el dueño de la camioneta», declaró el general Farfán.
La autoridad policial reiteró que el cabo Loza es uno de los tantos policías que trabajó bajo su dependencia, luego de que se cuestionara su relación estrecha con el efectivo policial que resultó implicado en este caso.
Comandante eligió a Loza por eficiente
El comandante de la Policía, general Ciro Farfán, reveló ayer que conoció al cabo Germán Loza Solano en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, y que después de trabajar por más de cinco años con él, se lo llevó como estafeta por su efectividad.
«El policía comprometido en este hecho, (Germán) Loza, es un dependiente más, ahora que soy Comandante General. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la UTOP, él estaba como policía de base. Casualmente, luego, en cinco años ingresé a trabajar en Diprove; casualmente (sic) el policía se encontraba ahí después de cinco años, y por la efectividad de su trabajo lo llevé a trabajar conmigo de estafeta», relató Farfán a la red ATB.
Aclaró que Loza estaba encargado de manejar la comunicación con las distintas unidades y hacía el papel de «Recepción». «El cabo de ninguna manera tiene alguna relación ni prioridad ni privilegio con mi persona», aseguró la autoridad.
«Ese policía, por su eficiencia de policía, ha trabajado como estafeta en el Comando General», recalcó en entrevista que concedió a la red Unitel. No obstante, aclaró que en el momento que fue involucrado con la camioneta «clonada» ya no trabajaba ahí. «Ha sido cambiado de destino el 1 de mayo, y vamos a probar esto con el memorándum emitido en su momento», añadió.
Los policías pueden denunciar corrupción
El mensaje que prohibía que los policías hablen públicamente de casos en los que se encuentren implicados sus camaradas fue anulado por el general Ciro Farfán, comandante de la institución, quien ahora les pide denunciar casos de corrupción.
«Debo aclarar que en el mensaje que se ha emitido el 6 de mayo, en ninguna parte del texto se observa que no se deba informar de hechos de corrupción», indicó Farfán, quien añadió que el espíritu de dicho comunicado «rutinario» fue «malinterpretado».
Reconoció que la redacción de una parte del mensaje no fue la adecuada y que sostuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, para subsanar el hecho y que el documento quede sin efecto.
Para que no se desvirtúe la intención inicial, se redactó otro documento. «En la parte fundamental indica que (…) se deberá instruir a todo el personal que conozca hechos de corrupción al interior del organismo o unidad operativa donde se encuentre destinado o fuera de éste, que tiene la ineludible obligación de informar y/o denunciar a las instancias llamadas por ley para su respectiva investigación y remisión a las autoridades competentes», señala.
Noventa días para erradicar ‘el cáncer’ de la corrupción
Luego de posesionar a Ciro Farfán como Comandante de la Policía Boliviana en hall de Palacio de Gobierno el pasado 11 de marzo, el presidente Evo Morales dio un plazo 90 días a la flamante autoridad para que acabe con «el cáncer» de la corrupción y elimine los volteos (de mercancía y dineros ilícitos), la cobertura (encubrimiento) o el ‘toco’ (soborno) que practican algunos policías.
El Comandante prometió una profunda transformación
Al recibir el mandato presidencial, Ciro Farfán lamentó que haya «malos elementos» en su institución, quienes, desconociendo la profesión policial, «no saben dignificarla». El jefe policial prometió entonces que en su gestión aplicaría una «profunda transformación del verde olivo» para «aniquilar» la corrupción. Sólo faltan 23 días para que termine el plazo que le dio el Mandatario.
Investigan presuntos cobros para no cambiar de destino
El 11 de mayo se denunció que el coronel Mario Aguilera, ex comandante del Batallón de Seguridad Física Privada de la Policía, habría incurrido en actos de corrupción por el presunto cobro de 900 bolivianos a un policía de esa unidad para que no sea destinado a otro distrito. El coronel Carlos Flores, director Departamental de Investigación, informó que el caso está en indagación.
Comunarios detienen a dos policías por extorsión
A principios de mayo, comunarios de la población de Llallagua (Potosí) lograron detener al sargento Ramón Paco, el cabo Edwin Ticona y el chofer del municipio de Chayanta, Carlos Miranda, acusados de extorsionar a ciudadanos que ingresaban desde Chile con motorizados ilegales (chutos). La población exigió sancionar a los uniformados, quienes fueron dados de baja.