Fernando Aragón, fiscal de materia de anticorrupción de Chuquisaca, informó este viernes que el Ministerio Público investiga a un funcionario público del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que alteró un auto supremo de una de las salas especializadas de ese tribunal.

La autoridad señaló que el magistrado Olvis Egüez, de la Sala Penal, denunció el hecho en razón que se emitió un auto supremo que declaró “fundado” el recurso de casación, sin embargo, a la hora de firmar la resolución en físico, este señalaba “infundado”. 

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“En ese entendido, nos hemos constituido en el Tribunal Supremo de Justica a efectos de realizar el registro del lugar del hecho. No existen funcionarios aprehendidos, solamente se ha realizado el secuestro de ciertos equipos, en este caso computados e impresoras, los cuales se los va a realizar los análisis correspondientes”.

Aragón dijo que la denuncia fue admitida por los delitos de uso indebido de influencias y falsedad ideológica. “Estamos en etapa preliminar y lo que vamos a hacer colectar las pruebas correspondientes a efectos de emitir una resolución conclusiva ya sea con una imputación formal o un rechazo”.

Tras el fracaso del diálogo entre las tres fuerzas políticas del legislativo para reencaminar el proceso de preselección para las elecciones judiciales, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió este viernes al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a sesión y evitar la «crisis judicial».

“Es deber constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizar un proceso democrático para la elección de autoridades judiciales. De manera urgente, el Presidente del Legislativo debe convocar a sesión para evitar la crisis judicial y no subordinar su legitimidad ante interpretaciones erróneas”, escribió Callisaya desde su cuenta de X.

Las elecciones judiciales están paralizadas desde el 16 de abril, tras la presentación de una acción popular en razón a la vulneración de los derechos de mujeres de los pueblos indígena originario campesino de Pando. El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Pando falló a favor de la acción popular y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la inaplicabilidad de la Ley 1549 de la judiciales.

En un intento de reencaminar la preselección, el Vicepresidente se reunió el jueves con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, los jefes de bancada de Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, pero este encuentro fue calificado como “un fracaso” y entre todos se acusaron de «falta de voluntad política».  

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Los asambleístas de oposición y del MAS evista lamentaron que no se pueda salir de esta crisis institucional, esto debido a que no se quiere llamar a una sesión de senadores y diputados y tratar el problema de la justicia, de los “autoprorrogados” y de los créditos.

Desde la facción arcista se sugirió esperar el pronunciamiento del TCP para la preselección, medida que causó rechazo, esto en razón de que consideran que toda acción de los magistrados “autoprorrogados” son nulas de pleno derecho.

El Vicepresidente también exhortó al TCP dar “certeza” sobre estas elecciones y emita el fallo que “resuelva la revisión de la Resolución 004/2024 de 30 de abril de 2024, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro de la Acción Popular, que determinó la inaplicabilidad de la Ley 1549 y dejó sin efecto la convocatoria de preselección”.

El presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jáuregui, informó el jueves que el TCP ya sorteó el tratamiento del caso, por lo que se espera que se pueda resolver y remediar aquella decisión considerada “inapropiada” por un Tribunal de Garantías.

“Son alrededor de nueve mil causas que están pendientes de sorteo y análisis producto de los memoriales que se han presentado, (pero) a la fecha ya se ha sorteado. Esperamos que en el transcurso de los siguientes días ya se pueda resolver y se pueda remediar aquella decisión que consideramos inapropiada”, dijo Jáuregui.

Román Loayza, uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este viernes que, en caso de una eventual proscripción de ese partido, la facción arcista de esa organización política puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 con la sigla del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

“Por ejemplo, nosotros somos de IPSP, el instrumento político que como florero ha manejado (Evo) Morales; con eso podemos unificar a todos los bolivianos y hacer un proyecto con el que podemos entrar a la arena política (en) 2025”, dijo el dirigente en Sucre, citado en una nota de Correo del Sur.

MAS

Las declaraciones de Loayza ocurren a nueve días de conocerse la primera amonestación al MAS de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber incumplido la disposición relativa a la renovación de su dirección nacional.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, las organizaciones registradas ante el Órgano Electoral pueden acumular hasta dos infracciones de ese tipo; una tercera implicaría la pérdida de su personería jurídica.

“Sería mejor si se anula (la sigla)”, agregó Loayza y acusó al jefe nacional del MAS, Evo Morales, de “sabotear” a ese partido y velar por interés personales.

Elecciones

“Evo tiene que cambiar de actitud, tomar conciencia y respetar la democracia, eso no respeta, por eso hay que unificar al país y coordinar para llegar a las elecciones 2025 con nuevos elementos o con Lucho y David si es que ellos responden a los bolivianos”, remarcó.

Si bien la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaró en emergencia por la amonestación y anunció una “lucha legal” para revertirla, el bloque arcista está a la espera de la decisión de la Sala Plena respecto del congreso celebrado a principios de mes en El Alto.

Sobre el tema, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) debe remitir este viernes su informe de supervisión al cónclave.

Tras el fracaso de la reunión en la Asamblea Legislativa, en la que se debían lograr consensos para avanzar en las elecciones judiciales, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, aseguró que hay una coalición en la oposición que le da la espalda a las judiciales.

“La oposición, lamentablemente, ha dado una vez más muestras de que solo les interesa las judiciales para un discurso político, porque ayer, una vez más, le han dado la espalda a la elección judicial”, criticó la mañana del viernes en entrevista con BTV.

Reunión

El jueves, David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocó a una reunión entre las tres fuerzas políticas, los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, y los presidentes de las comisiones mixtas. El objetivo era reencaminar el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

Sin embargo, en la reunión no se llegó a ningún acuerdo y la oposición y el ala evista del MAS la calificaron de “fracaso”.

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De acuerdo con Mercado, en la reunión del jueves, Choquehuanca pidió a la oposición respaldar el pedido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que agilice la revisión del fallo de la Sala Constitucional de Pando que paralizó todo el proceso. Sin embargo, en criterio del legislador, la respuesta de la oposición fue ‘darle la espalda a las judiciales’.

‘Coalición’

El jefe de bancada del MAS denunció que existe una coalición que ‘sistemáticamente’ se opone a cualquier idea de sacar adelante las judiciales.

“Esa nefasta coalición, alianza, que hay entre Chapare, Chonchocoro y Zona Sur no nos escucharon el 11 de marzo cuando alertamos que, antes de abrir los sobres, la cantidad de mujeres y autodefinidos como indígenas eran muy poco (sic)”, afirmó.

El Chapare es en referencia al ala evista de su partido que responde al expresidente Evo Morales. Chonchocoro a Creemos, alianza de Luis Fernando Camacho, detenido en este penal desde 2022. Y zona Sur, de la ciudad de La Paz, en referencia a la alianza Comunidad Ciudadana (CC), de Carlos Mesa.

Preselección detenida

El proceso de preselección de candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial se detuvo cuando la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia dejó inaplicable la Ley 1549 y todo el proceso avanzado, el pasado 30 de abril.

Justamente, Mercado propuso ampliar los plazos, en marzo, para que más mujeres e identificados como indígenas pudieran postularse. Sin embargo, su propuesta no fue sustentada.

La Sala de Pando concluyó que la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, no consideraba los derechos de las mujeres indígena originario campesinas, por lo que debe emitirse una nueva ley.

Revisión del TCP

“Tiene que revocar la resolución de la Sala Constitucional de Pando (…), en esas condiciones las elecciones tienen que llevarse a cabo este año y por supuesto el tiempo muerto tiene que ser repuesto (…), no tenemos que volver a foja cero, no tenemos que sacar una nueva ley”, sugirió Mercado, en relación a una respuesta positiva del TCP.

De acuerdo con el diputado, de 9.000 casos en espera, el TCP priorizará la revisión del fallo. Consideró que ésa es la prueba de la urgencia con la que el oficialismo actúa para viabilizar las judiciales.

“Tenemos la firme voluntad de que este año se lleven las elecciones. Lamentamos que algunas salas constitucionales se han excedido en sus funciones. Lamentamos que la oposición le dé la espalda a las elecciones (…), pero nosotros vamos a hacer todo lo posible”, insistió.

Pese a las palabras del legislador, las elecciones judiciales y su realización se encuentra en vilo. Existe la posibilidad de que coincidan en calendario electoral con las elecciones primarias. En ese caso, no se realizarían las judiciales este año, debido a que no se pueden realizar dos procesos electorales en simultáneo.

Aldo Morales, fiscal departamental de Oruro, informó que, en los últimos seis meses, al menos 10 policías están privados de libertad en el penal de San Pedro por su presunta vinculación con delitos relacionados a la Ley 1008.

“En los últimos seis meses, desde noviembre del año 2023, hasta la fecha, tenemos una decena de policías que están siendo investigados con delitos relacionados a la ley 1008. Están detenidos en el penal de San Pedro”, dijo la autoridad judicial a la red Uno.

Explicó que la mayoría de los efectivos implicados en esos casos tiene “rango bajo”, es decir, suboficiales. La Fiscalía, agregó, solicitó las fotocopias de las investigaciones para conocer si los investigados fueron dados de baja.

Policías

Morales consideró que Oruro “se ha convertido en una ciudad de paso” en el transporte de droga. Indicó que, diariamente, al menos una o dos personas son detenidas por transportar ese tipo de sustancias controladas, ya sea en vehículos particulares o, en algunos casos, oficiales.

“Se ha podido verificar mucho de esa droga, un 50% es producción nacional, existe droga que ingresa de Perú y su destino sería Chile”, explicó el fiscal.

El dato cobró relevancia en los últimos días con la aprehensión de un jefe policial que llevaba al menos 57 kilos de cocaína camuflados en los compartimentos de su vehículo. Sometido a una audiencia de medidas cautelares, el uniformado deberá cumplir detención preventiva de 30 días, informó el comandante de la Policía Boliviana, general Álvaro Álvarez. Además, el investigado será sometido a un proceso disciplinario.

Hace menos de dos semanas, otro jefe policial quedó aprehendido en Santa Cruz, también investigado por llevar sustancias controladas en su motorizado.