En dos operativos de control de placas realizados en ambas ciudades se verificó la existencia de al menos 10 placas falsificadas en La Paz y 11 en El Alto. Por esta razón, el RUAT quiere incorporar otras medidas de seguridad para fiscalizar los 941.167 vehículos legales y sacar de circulación los motorizados chutos (ilegales).
«La propuesta data de hace muchos más años porque en la mayoría de los países el reemplacamiento se lo hace cada cinco años. Pero siempre hemos chocado con la falta de una norma nacional que no la aprobó el Órgano Legislativo», dijo el presidente del directorio del RUAT, Ronald Cortez.
El funcionario explicó que como la placa es un documento de identidad del vehículo, la renovación, como cualquier cédula personal, debería ser periódica, destinada a impedir las falsificaciones que se dan «en todo el mundo».
Nancy Bolaños, directora ejecutiva del RUAT, afirmó que es necesario el reemplaque de los carros, pues en otros países esta tarea se la realiza cada lustro para mejorar el control y la seguridad, además de renovar las placas desgastadas.
«Podemos adoptar muchas medidas, pero implicará recursos económicos. Se necesita una evaluación seria desde los municipios», dijo la funcionaria pública.
Descontrol. Cortez señaló que en las calles hay vehículos que circulan hasta con fotocopias pegadas en los vidrios, en reemplazo de las placas. Esta situación, agregó, demuestra que se ha perdido el control de un sistema que pudo haberse fiscalizado mejor si hubiese el apoyo de entidades como Tránsito y el Órgano Legislativo con la aprobación de leyes.
En 1997, los vehículos circulaban con placas con mínimas medidas de seguridad. Se llegó a reconocer que miles de motorizados circulaban sin documentación, cada municipio del país tenía su propia forma de elaborar sus placas y hasta se llegaron a importar carros con «pólizas de heladeras», según Cortez.
Esa vez, tras identificar la problemática, se lanzó una campaña de reemplaque y se creó el RUAT. Las alcaldías, que eran parte del directorio, colocaron medidas de seguridad a las nuevas placas como marcas de agua, pintura retrorreflectiva y sticker. «Lo más importante fue tener un sistema informático, que une la base de datos de la Aduana y los gobiernos municipales», explicó Cortez.
Añadió que para mejorar el sistema de seguridad, se estableció el 2006 el uso de la tercera placa, un sticker con mayores medidas de seguridad que la placa metálica. Esa acción reveló que el 20% de los contribuyentes no pudo demostrar el derecho propietario regularizado del auto, a pesar de su importación legal.
La necesidad de mayor control y reemplaque saltó a la mesa de debate tras descubrirse, el 5 de mayo, una placa falsificada en la camioneta del cabo Germán Loza, ex estafeta del ex comandante de la Policía Nacional Ciro Farfán.
El caso ha despertado preocupación en algunas entidades públicas vinculadas a la asignación de placas y registro de vehículos. Farfán fue destituido de su cargo y el Ministerio Público inició una investigación en su contra. Las autoridades policiales anunciaron que investigarán los vínculos en la Dirección Contra el Robo de Vehículos.
Sólo el RUAT da las placas
El Decreto Supremo 27665 establece que ninguna institución o autoridad pública dependiente del Gobierno central, incluyendo a la Policía Boliviana, podrá otorgar placas de circulación, provisionales o cualquier tipo de matrícula o autorización, a vehículos automotores con características técnicas iguales o similares a las establecidas en la Resolución Ministerial 916.
Esta última norma señala al RUAT como entidad única para otorgar placas a carros legalmente importados, a través de los gobiernos municipales que son parte de su directorio junto a la Policía Boliviana. Hay oficinas en los nueve municipios capital del país.
Revisan los registros de carros del Ministerio de Gobierno
Autoridades del Órgano Ejecutivo y de la Alcaldía de La Paz revisan los documentos y las matrículas de los vehículos oficiales con los que cuentan, debido a que en los últimos días se denunciaron irregularidades.
Sólo la semana pasada, tres vehículos que pertenecen a los ministerios de Gobierno, Desarrollo Productivo y Defensa fueron observados.
En el Ministerio de Gobierno se verificó que la placa de un carro oficial fue sacada y puesta a un vehículo confiscado a narcotraficantes. El chofer Édgar Castro es investigado, aunque él negó haber cambiado la matrícula. Ante esa situación, en este despacho se ordenó una auditoría a sus motorizados.
En el caso del Ministerio de Desarrollo Productivo, un conductor sacó el carro donado por un organismo internacional, el mismo que no tenía placa. Luego fue despedido.
En relación con el Ministerio de Defensa, un funcionario fue sorprendido por la Policía al mando de un automóvil con placas hechizas. Se informó que el carro figuraba como robado en Brasil. En ese despacho indicaron que aún está en trámite la dotación de la matrícula, ya que el vehículo, que fue confiscado a narcotraficantes, les fue dotado a través de un decreto.