La restricción de la circulación de los motorizados antiguos está contemplada en el DS 0890, aprobado por el Ejecutivo el 1 de junio, pero que no se ha difundido. El documento, al que La Razón tuvo acceso, se adelanta a una disposición contemplada en el proyecto de Ley General de Transportes.
«En el plazo de siete (7) años, computable desde el inicio del período de regulación, los Operadores que prestan el Servicio (de transporte público) deberán renovar sus Unidades», establece el artículo 12, parágrafo II, numeral 2 de la norma. «Para la autorización de las Unidades al Servicio del Transporte Público Automotor Intermunicipal y Urbano, se debe considerar que la antigüedad de las Unidades no debe ser mayor a doce (12) años», cita el documento.
El secretario de Hacienda de la Confederación de Choferes de Bolivia, Raúl Alcoba, aseveró que el sector rechaza la medida, porque «afecta» a los afiliados que tienen vehículos con más de 12 años de servicio en el transporte público.
El artículo 237 del proyecto de Ley General de Transportes señala: «La antigüedad de las unidades que prestan servicio de transporte público automotor interdepartamental, interprovincial y urbano no debe ser mayor a 12 años».
El «Gobierno está queriendo relocalizarnos», remarcó Alcoba, porque el «90% de los 160.000 vehículos públicos que hay en el país «tendría que dejar de circular». Los transportistas se reunirán en los próximos días en un ampliado de emergencia.
«Estamos contactándonos con las distintas federaciones (departamentales) para que después del paro» de mañana, en protesta por la legalización de vehículos indocumentados, «nos reunamos en un ampliado de emergencia».
El vicepresidente Álvaro García instó ayer al sector a suspender el paro, porque la aprobación de la Ley de Saneamiento Legal de Vehículos responde, afirmó, a criterios de seguridad ciudadana.
«No hay forma de investigar a esos autos sin registro que se usan para asaltar a la población por las noches. A partir de la nacionalización, será posible realizar la investigación», porque el registro permitirá contar con datos del propietario de cada vehículo, sostuvo.
El decreto establece parámetros para determinar tarifas y la regulación del servicio público intermunicipal y urbano de pasajeros.