Nacional

Thursday 29 Sep 2022 | Actualizado a 05:02 AM

Comisión trata hoy impugnación a Albarracín, Gironda y Tórrez

Revisión. Otros 13 casos especiales están en carpeta. El informe final se entrega hoy

Por La Razón

/ 28 de junio de 2011 / 05:00

La presidenta de la Comisión Mixta de Justicia, la masista Sandra Soriano, explicó que además de los tres casos, están en carpeta 12 impugnaciones «especiales» que se resolverán hoy, para luego dar paso a la evaluación de los postulantes habilitados.

«Revisaremos todos los documentos y emitiremos nuestro informe (sobre las impugnaciones especiales)», explicó la senadora.

Albarracín fue defensor del Pueblo entre el 2003 y el 2008. La ley del Defensor del Pueblo, en su artículo noveno señala: «El Defensor del Pueblo no podrá postular a cargos electivos durante los cinco años posteriores al cese de sus funciones».

El diputado opositor Franz Choque insistió en que el caso del exDefensor será resuelto hoy, una vez que se revise en detalle la Ley del Defensor del Pueblo.

Otro de los denominados casos especiales es el del exasesor del presidente Morales, Eusebio Gironda. Éste fue impugnado por la opositora Unidad Nacional (UN) el viernes último, bajo el argumento de que en su calidad de ministro de Estado (1992-1993) participó de la enajenación de bienes del Estado.

La también diputada opositora Norma Piérola presentó en la tarde de ayer un video en el que aparece el presidente de la Corte de Distrito de Santa Cruz, William Tórrez, junto al presidente de la brigada parlamentaria cruceña, el masista Mauro Peña, y otros dirigentes del oficialismo.

Piérola afirmó que ello debe ser causal de impugnación de la candidatura de Tórrez, quien, junto a Albarracín y Gironda postulan a un cargo para el Tribunal Supremo de Justicia. Peña afirmó que la reunión fue de trabajo.

Soriano, por su parte, explicó que un video no puede ser considerado como una prueba para inhabilitar a un postulante, aunque dijo que el material se enviará al Tribunal Supremo Electoral.

La Comisión Mixta de Justicia  debe informar sobre las impugnaciones a postulantes al Tribunal Supremo y al Consejo de la Magistratura, mientras que la Comisión Mixta de Constitución  debe resolver las observaciones a postulantes al Tribunal Constitucional y al Agroambiental. Se presentaron 164 impugnaciones para un total de 351 postulantes.

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Cultura urbana

El denominador común en estos casos, y seguro muchos otros que no llegan a los medios, es la falta de información.

Por La Razón

/ 29 de septiembre de 2022 / 00:45

Días atrás, en vísperas de la efeméride de Cochabamba, el Gobierno nacional inauguró parcialmente el servicio del Tren Metropolitano que une el Cercado con los municipios circundantes. Dos semanas después se suspendió el funcionamiento de una de las líneas debido al hurto de un cable y el martes se denunció un nuevo “atentado” por un grafiti en uno de los vagones.

El Tren Metropolitano inició sus operaciones el martes 13 de septiembre y fue el propio Presidente del Estado, junto al Ministro de Obras Públicas, el encargado de entregar la obra, que demandará, hasta su finalización, todavía pendiente, una inversión de más de Bs 3.112,1 millones; pero dos semanas después se denunció el robo de al menos 50 metros de cable de cobre de alimentación de la corriente de la Línea Roja, obligando a paralizar sus operaciones.

Sin embargo, los reportes periodísticos y no pocas publicaciones de las y los usuarios en redes sociales digitales dieron cuenta, por un lado, de la ausencia de medidas de seguridad en el recorrido de los tres ramales del tren, así como insuficiente coordinación con otras instituciones llamadas a facilitar la seguridad en la ferrovía tanto como en los cruces con calles y avenidas.

Por el otro lado, también se destacó la falta de previsión en la empresa administradora del servicio de transporte masivo para informar al público usuario de asuntos tan elementales como el precio del pasaje y otros, así como para educar a la ciudadanía sobre los muchos aspectos que tienen que ver con la seguridad de las operaciones. Se han visto imágenes de comerciantes apostados al costado de la vía y hasta de un conductor de minibús de transporte de pasajeros pretendiendo transitar por encima de las rieles.

El denominador común en todos estos casos, y seguramente muchos otros que no llegan a los medios de comunicación, es la falta de información. Es bien sabido que la seguridad de las operaciones de servicios de transporte masivo de pasajeros implica cuidar numerosos detalles, comenzando por señalización adecuada en las estaciones y otros puntos de contacto con las y los usuarios, y terminando en una larga lista de elementos a ser instalados a lo largo del recorrido. Son tareas todavía inconclusas.

Estas medidas, que debieran ser elementales, necesitan el acompañamiento de campañas de sensibilización y educación de la ciudadanía, como se hizo, por ejemplo, en La Paz antes de iniciarse las operaciones de La PazBUS y de Mi Teleférico, explícitamente orientadas a crear una “cultura” entre las y los usuarios de dichos servicios.

De nada sirve, pues, culpar a la falta de educación vial o de cultura urbana entre la población cuando esas carencias, perfectamente previsibles, no han sido tomadas en cuenta por quienes administran la empresa responsable del servicio. Urge, pues, un trabajo más serio y responsable en éste y otros asuntos, a menos que se prefiera el riesgo de hacer fracasar la operación o, peor, causar accidentes que pueden incluso ser fatales.

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‘Habemus’ Defensor

Si bien el procedimiento fue legal, hay cuestionamientos de legitimidad.

Por La Razón

/ 25 de septiembre de 2022 / 02:18

Luego de cinco intentos fallidos, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió finalmente con dos tercios de votos al nuevo Defensor del Pueblo. Aprovechando el desbande opositor por licencias, la bancada mayoritaria del MASIPSP cambió el orden del día y zanjó la designación bloqueada desde mayo. Si bien el procedimiento fue legal, hay cuestionamientos de legitimidad.

La Constitución Política del Estado y la normativa vigente establecen con claridad el procedimiento para la designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo: concurso público, calificación de capacidad profesional y méritos, selección de postulantes y elección por al menos dos tercios de asambleístas presentes. Todos esos pasos se siguieron formalmente en la designación del nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro. Lamentablemente, la elección se produjo sin acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El proceso empezó de manera auspiciosa el 15 de marzo de este año con la aprobación por consenso del Reglamento y convocatoria para la designación del Defensor del Pueblo. En el plazo previsto, se presentaron 198 postulantes. Luego de las fases de verificación de requisitos, impugnación, evaluación de méritos y entrevista y evaluación oral, la Comisión Mixta elaboró el informe respectivo con la lista de siete postulantes seleccionados. El consenso se rompió y la oposición decidió no suscribir el informe.

En la fase final correspondiente a la designación en el pleno de la Asamblea, se realizaron cinco sesiones de votación (cuatro en mayo y una última en septiembre). En ninguna de ellas hubo la mayoría de dos tercios requerida. El MAS-IPSP partió dividido, pero al final cerró filas por el postulante Pedro Callisaya, que obtuvo la mejor calificación; Comunidad Ciudadana votó por su propia postulante, Evelin Cossío; y Creemos optó por el voto blanco en demanda de una nueva convocatoria. Se impuso así el veto opositor.

Cuando todo hacía prever que continuaría sine die el interinato de la defensora Nadia Cruz, pese a estar en curso una acción de cumplimiento para que la Asamblea cumpla su mandato, una disciplinada bancada del MAS-IPSP cambió el orden del día de una sesión convocada con más de 24 horas de anticipación y habilitó la designación. Lo hizo con apego al procedimiento del Reglamento de Diputados. 32 asambleístas de la oposición, nada menos, estuvieron ausentes de la sesión por festejo y otros motivos.

De ese modo, luego de un accidentado recorrido de más de seis meses, finalmente el país cuenta con un nuevo Defensor del Pueblo titular, designado por la Asamblea. La mala noticia es que la falta de acuerdo político implica el cuestionamiento por parte de la oposición a la legitimidad de origen de la nueva autoridad. Ello va en desmedro de la institucionalidad. Habrá que acompañar y vigilar el desempeño del defensor Callisaya en la defensa de los derechos humanos, que debe ser autónomo e independiente.

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Un foro global

Arce llevó una lista de 14 temas para proponer a sus pares y a las y los diplomáticos que trabajan en la sede de la ONU.

Por La Razón

/ 22 de septiembre de 2022 / 00:45

Como todos los años, la tercera semana de septiembre tiene lugar en Nueva York el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este año no solo no fue la excepción, sino también fue la primera reunión presencial después de dos años de pandemia. El Presidente boliviano asistió a la cita.

El mandatario boliviano llevó una lista de 14 temas para proponer a sus pares y a las y los diplomáticos que trabajan en la sede de la ONU, todos ellos enmarcados en el multilateralismo, que fue el tema número 14 en la lista. Pero al margen de la propuesta del Presidente, hubo tres temas que merecieron mayor atención que otros: acceso de Bolivia al mar, fracaso de la guerra al narcotráfico y soberanía sobre los recursos naturales.

En el primer asunto, el mandatario boliviano, en consonancia con su propuesta de “fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países sin litoral”, recordó el más que centenario diferendo con Chile pidiendo que “más temprano que tarde, el diálogo y la diplomacia” puedan reparar las injusticias de la guerra con Chile, que respondió a intereses capitalistas y arrebató a Bolivia su salida al mar y que mientras tal cosa ocurra, se aplique al país la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar.

Otro asunto abordado por el Presidente, casi en tono de denuncia, ha sido la soberanía sobre los recursos naturales, particularmente el litio, del cual Bolivia tiene las mayores reservas en el mundo, “y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad”, dijo, añadiendo que las reservas bolivianas de litio no deben seguir el camino de otros recursos naturales que, en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, “solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos”.

Finalmente, al igual que otros colegas suyos, particularmente el colombiano Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de “cambiar el enfoque” en la guerra contra las drogas, pues “la guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en otros países del norte”, añadiendo que hay que apostar por un enfoque social y menos militarizado.

Otros temas también fueron abordados por el mandatario dentro y fuera del foro multilateral, incluyendo el estado de las relaciones entre Bolivia y EEUU, que no mejorarán en el corto plazo. El presidente Arce mostró, pues, un perfil enérgico, poco habitual en sus apariciones públicas dentro del país, y probablemente haya dejado una imagen positiva de sí, pues los retos y desafíos del presente y el futuro exigen de las y mandatarios claridad y firmeza.

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Aprestos cívicos

La respuesta usual del Gobierno nacional ha sido ignorar las demandas y ultimátums de los cívicos.

Por La Razón

/ 18 de septiembre de 2022 / 00:19

Un grupo de personas que se atribuye la representación cívica decidió desestabilizar el país en octubre si el gobierno del presidente Arce no atiende sus exigencias. Van a la cola del cabildo departamental anunciado para fin de mes por las entidades cruceñas controladas por el gobernador Camacho. La bandera visible es el Censo 2023, pero ya van agregando nuevas demandas.

Reunidos en la ciudad de Trinidad, una parte, y por Zoom, la otra, los integrantes del autodenominado Consejo Cívico Nacional resolvieron que desde el 17 de octubre próximo iniciarán el bloqueo de carreteras, fronteras e instituciones públicas a nivel nacional. Nada menos. Las medidas de presión arrancarán el 3 de octubre, según cronogramas definidos por la dirigencia cívica en cada departamento. De partida, apoyan las determinaciones del Comité Cívico cruceño y su convocatoria a cabildo.

¿Cuáles son las demandas de la dirigencia cívica que, excepto en Santa Cruz, no fueron concertadas con nadie en los departamentos? La primera es la exigencia de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el 28 de junio de 2023. Esta fecha, por supuesto, es una consigna, pues no responde a consideraciones técnicas. Tampoco toma en cuenta las consultas realizadas por el Ministerio de Planificación con gobernadores, alcaldes y rectores del país, que en gran mayoría apoyan el Censo 2024.

Pero hay una segunda demanda, planteada de manera genérica: “que el Gobierno autoritario del MAS pare la persecución política”. La premisa es que los dirigentes cívicos, políticos y sociales que no comulgan con el oficialismo están siendo perseguidos y encarcelados. La resolución del Consejo Cívico no menciona ningún caso específico de “persecución política”, pero enfatiza su denuncia y rechazo a la “actitud represora y clasista” (sic) del Gobierno central. No hay novedad en el discurso cívico.

Así pues, en tanto no se derogue el Decreto Supremo 4760 (que establece la realización del Censo como máximo entre mayo y junio de 2024) y no “pare la persecución política”, nos espera un mes de octubre con aprestos de desestabilización (Camacho habló incluso de “desobediencia civil”). Habrá que ver si la sociedad, las organizaciones y las instituciones apoyan y en su caso acompañan estas determinaciones unilaterales de dirigentes cívicos (varios de ellos autonombrados y poco representativos).

Hasta ahora, la respuesta usual del Gobierno nacional ha sido ignorar las demandas y ultimátums de los cívicos. No parece que en este caso vaya a ser diferente. Está cerrada, pues, la posibilidad del diálogo para buscar acuerdos. Se encaminan, en consecuencia, las pulsetas de demostración de fuerza y un probable nuevo escenario de conflicto, en especial en Santa Cruz. Como la bandera del Censo no basta, lo más seguro es que se agreguen otras exigencias. Veamos qué sale del cabildo del 30 de septiembre.

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Odio y política

La sociedad entera está llamada a reflexionar sobre el camino que conduce al odio y el crimen.

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2022 / 00:35

El intento de magnicidio con la Vicepresidenta de Argentina, días atrás, ha hecho evidente un fenómeno que si bien es recurrente en la historia de la humanidad se ha convertido en algo cada vez más común en la práctica política contemporánea: sembrar y estimular el odio por quien es, parece o piensa diferente, no con el objetivo de confrontar ideas, sino de eliminarle.

América Latina tiene abundante memoria de los excesos y crímenes que inspira el odio: la larga noche de las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX es la más atroz evidencia de hasta dónde puede conducir el aborrecimiento y la enemistad por el otro diferente. Quienes creyeron superados esos sentimientos hoy deben revisar sus ideas, pues día a día hay personas, líderes políticos y sociales y, lo que es peor, periodistas, estimulando este tipo de emociones.

También, quienes esperaban ríos de tinta analizando, reflexionando o, cuando menos, condenando el frustrado intento de asesinato de una de las líderes más importantes de la Argentina de hoy tienen que haber quedado azorados por un enorme silencio en gran parte de la clase política de ese país, particularmente en la oposición y el conjunto de organizaciones identificadas con la ideología de derecha. De ahí que la periodista argentina Nancy Pazos, con gran valentía, señaló que el suceso y sus efectos “obliga a replantear el rol de los políticos, los factores de poder, los medios y los periodistas. Hasta ahora todos señalan enfrente y con el dedo. Pero nadie se hace responsable”.

Ecos de la “grieta” que divide a la sociedad argentina se escuchan en Bolivia, como cuando el periodista de un diario de Santa Cruz de la Sierra expresa en su cuenta de Twitter su decepción por que el atentado hubiese fallado. O, trasladando la actitud a conflictos nacionales, el director de un diario también cruceño afirma que la migración hacia ese departamento es de “collas” que “odian a Santa Cruz”. Si personas como éstas tienen a su cargo producir contenidos periodísticos no debe extrañar tal tendencia a la polarización que ha motivado la calificación de algunos medios como “cloacas”.

Lo que a inicios de siglo se celebraba como “autocomunicación de masas” y paulatino retroceso de las mediaciones tradicionales, hoy se revela, en el primer caso, como un ecosistema donde circulan mensajes sin más filtro que la programación algorítmica y donde los discursos de odio florecen. En el segundo, a la par que es evidente el retroceso de los medios tradicionales (o su transformación en digitales), se percibe la depauperación del discurso periodístico, al extremo que en no pocos casos se confunde la comunicación periodística con comunicación política, es decir al servicio de una parcialidad.

La sociedad entera está llamada a reflexionar sobre el camino que conduce al odio y el crimen, pero fundamentalmente las y los políticos y periodistas deben reconocer su parte de culpa en este estado de cosas preocupante.

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