Nacional

martes 18 ene 2022 | Actualizado a 04:08

En el caso Octubre piden un fallo rápido

Las víctimas demandan que las audiencias sean de lunes a domingo

Por La Razón

/ 28 de junio de 2011 / 05:00

El abogado de las víctimas de septiembre y octubre del 2003, Rogelio Mayta, solicitó a las autoridades judiciales que llevan adelante el juicio de responsabilidades por este caso, que trabajen de lunes a domingo con la intención de dictar sentencia en el proceso antes del 11 de julio.

Mayta explicó que una campaña de recolección de firmas permitió que el Tribunal decida realizar el juicio de lunes a viernes, cuando las audiencias se llevaban a cabo sólo de lunes a miércoles.

«Ahora tenemos una solicitud adicional, como nos faltan tan pocos días, hemos pedido al tribunal —está todavía pendiente la decisión— que se trabaje incluso sábados y domingos, porque queremos concluir el proceso antes de que empiece la vacación judicial en la Corte Suprema, que sería el 11 de julio», señaló.

El proceso en sí está prácticamente concluido. La etapa de pruebas se cerró hace unas semanas y se entró en la fase en que las partes deben emitir  sus conclusiones para que el Tribunal de Juicio quede habilitado para emitir su sentencia.

«Nos restan pocos días, pero la defensa de los acusados, en particular de Juan Véliz, se ha encargado de dilatar este proceso», sostuvo. Véliz fue comandante del Ejército en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y uno de los operadores mayores de la represión el 2003. Hoy es el único detenido.

De ser positiva la respuesta al pedido, se lograría sentencia para los siete acusados hasta el 11 de julio, indicó.

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Educación en 2022

La pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles.

Por La Razón

/ 17 de enero de 2022 / 01:54

El Ministerio de Educación ha publicado en los primeros días de enero su Resolución número 1, en la que se establecen los lineamientos para el año escolar que debe comenzar el primer lunes de febrero. Este año la Resolución incluye en su primera parte disposiciones sobre la presencialidad (o no) de las clases en los sistemas de educación regular, pero pueden ser problemáticas.

Es un hecho que la pandemia por el COVID-19 no terminará pronto, y sus oleadas son tan imprevisibles como temibles, según se está evidenciando desde hace unas pocas semanas con cifras diarias de contagios que no han hecho más que crecer hasta romper todos los récords desde marzo de 2020. De ahí que es probable que la principal preocupación de madres y padres de niñas, niños y adolescentes con respecto al retorno a clases tenga que ver con las modalidades que serán puestas en práctica.

La referida Resolución Ministerial dedica apenas tres de 127 artículos (sin contar las disposiciones finales y las transitorias) a las instrucciones sobre cómo proceder en función de la pandemia y las restricciones a las que obliga. Así, el Artículo 4 señala la obligación constitucional que tienen los gobiernos municipales “de adecuar y dotar la infraestructura, mobiliario, equipamiento y material de bioseguridad” a las escuelas y colegios públicos, así como describir las tres modalidades que podrán ejecutarse: presencial, semipresencial y a distancia.

El Artículo 5 señala los criterios para decidir cuándo y cómo adoptar una u otra modalidad educativa delegando a la autoridad educativa departamental y a las y los directores de escuelas tal decisión “en coordinación con la comunidad educativa”. Finalmente el Artículo 6 indica la obligatoriedad de aplicar los protocolos de bioseguridad en las unidades educativas adecuándolos al contexto.

Lo que a simple vista parece una cuestión de sentido común respecto al modo de afrontar las dificultades que impone la pandemia en el ámbito educativo, y la seguridad de las y los educandos y sus maestras y maestros, pronto se demostrará tan complicado como lo ha sido, por ejemplo, la obligatoriedad de portar el carnet de vacunación: gran parte de la población puede no estar preparada para tomar decisiones colectivas que verdaderamente sean beneficiosas para la comunidad, y las autoridades del sector, especialmente en las unidades educativas no tienen por qué estar mejor preparadas para la tarea.

No se trata simplemente de decidir si abrir o no las aulas, pues en gran parte del país, incluyendo las ciudades capitales, las condiciones para la educación a distancia son paupérrimas, así como los resultados logrados, mas el peligro de contagios y dolor en las familias es una posibilidad que no debe ser descartada. Tiene, pues, que poner más atención al derecho a la educación el Estado, y no presumir que una o un director de escuela podrá tomar decisiones junto con la comunidad de padres y madres, habitualmente más preocupadas de sus problemas personales y familiares que del bienestar de la comunidad a la que pertenecen.

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Juicio por el caso Golpe II

Habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico.

Por La Razón

/ 16 de enero de 2022 / 01:45

Según información oficial, pronto se iniciará el juicio oral en el denominado caso Golpe II. La principal acusada es la exsenadora Jeanine Áñez. Se la acusa por su autoproclamación como presidenta del Estado en noviembre de 2019 por fuera del marco constitucional. La acompañan en el proceso los altos mandos militares y policiales de aquel momento, algunos de ellos hoy prófugos.

El juicio oral contra Áñez, procesada no como expresidenta provisoria sino en su condición de exsenadora, llega diez meses después de su detención preventiva. Los fiscales se tomaron su tiempo para hacer una imputación formal. Llama la atención que el anuncio formal del juicio no haya provenido del Órgano Judicial o del Ministerio Público, sino del Ministerio de Gobierno. Como sea, el hecho ya reavivó el debate entre el oficialismo, que habla de hacer justicia, y la oposición, que alega persecución política.

Un primer aspecto a considerar es que el anunciado juicio oral tiene que ver con el caso Golpe II, cuyo trámite investigativo es posterior obviamente al caso Golpe I. Es necesario e importante que las instancias responsables expliquen con claridad y transparencia a la ciudadanía por qué hay dos procesos por el mismo hecho (supuesto golpe de Estado tras el derrocamiento del expresidente Morales), en qué se diferencian (seguramente en sus tipos penales) y por qué el II precede al I, y no al revés.

Un segundo aspecto que debe dilucidarse de manera inequívoca, en beneficio del debido proceso, son las razones por las cuales la señora Jeanine Áñez está siendo enjuiciada por la vía ordinaria, como exsenadora, de manera diferente al juicio de responsabilidades que le correspondería como expresidenta del Estado (por delitos cometidos en el ejercicio de su mandato, como las masacres de Sacaba y Senkata, en especial). Pareciera estar claro que una vía (ordinaria) no excluye a la otra (de privilegio).

En cuanto al proceso oral que se iniciará pronto y que seguramente, más allá del ámbito judicial, concentrará la atención del debate político y de los medios de comunicación, se espera que el trámite se lleve adelante con estricto apego a las normas y procedimientos, más allá de las previsibles presiones políticas, de actores sociales y de operadores mediáticos y en redes sociales digitales. Es deplorable por ello la acción de la propia Áñez, que difundió imágenes de los jueces que la “sentenciarán”.

En el actual contexto de polarización es previsible que habrá intensa disputa política en torno a este juicio, vinculado a un hecho (golpe de Estado) en sí mismo polémico. Peor aún si hay alta desconfianza en los administradores de justicia, tradicionalmente inclinados a favor de los gobiernos de turno. Así, resulta fundamental reiterar las premisas indiscutibles que enseña la experiencia histórica: verdad, reparación, justicia y no repetición. Es la condición para reencontrarnos como sociedad.

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Discusiones inútiles

La población requiere sobre todo información y pedagogía para entender esta fase de la pandemia.

Por La Razón

/ 15 de enero de 2022 / 00:24

La pandemia es un tema que debería motivar la unidad de todos los bolivianos y la voluntad de un esfuerzo generoso para agregar recursos de todas las administraciones públicas sin importar el signo político de sus autoridades. Lamentablemente, ya empiezan a aparecer polémicas inútiles sobre esta cuestión inspiradas más en la polarización y confrontación partidaria que en solucionar problemas.

Mientras el país y sus habitantes enfrentan una cuarta ola de la pandemia con un muy fuerte ritmo de contagios, aunque con una mortalidad bastante atenuada, el debate público acerca de estos problemas está empezando a degradarse.

Aparecieron grupos anti-vacunas que recurren a argumentos falsos y mistificaciones peligrosas para la salud pública, a los que se agregan dirigentes sociales y algunos políticos deseosos de pescar en río revuelto. Interesados más en reforzar sus pequeños espacios de poder e influencia a costa de un gobierno que vacila con demasiada frecuencia.

Vivimos en el país un clima social poco transparente sazonado, además, por deplorables cruces verbales entre autoridades y líderes políticos de un lado y del otro sobre las responsabilidades reales o imaginarias en esta emergencia, magnificadas por algunos medios y redes sociales que siguen, como ya es una costumbre, privilegiando el sensacionalismo y la estigmatización del adversario.

En un momento en que la población requiere sobre todo información y pedagogía para entender las implicaciones de esta nueva fase de la pandemia, sin exageraciones ni falsedades, estos personajes insisten en dar señales de una increíble incapacidad para entender los reclamos de la gente y el fastidio de la mayoría con las confrontaciones improductivas. Al final, el magullado no será el adversario político, sino todo el sistema.

La dificultad del Gobierno para ordenar su comunicación en general es evidente, sobre todo tomando en cuenta que es el mayor interesado en que el ánimo ciudadano sea más bien de concordia y de comprensión de los esfuerzos del Estado para acompañar a la sociedad en este trance. Más aún, cuando hay señales que indican que la opción por la masificación de las vacunas y un mejor equipamiento de los centros de salud no es equivocada y está permitiendo que los rigores de la cuarta ola se atenúen bastante.

Tampoco parece ser tiempo de meter más leña al conflicto considerando que hay grupos que desean generar desorden con la excusa del carnet sanitario, tema que debería motivar el mayor de los consensos entre autoridades de todos los signos ideológicos si éstas son responsables con la salud pública de sus administrados y electores.

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El costo de la carne

Necesitará el Gobierno mucha claridad a la hora de crear las condiciones.

Por La Razón

/ 14 de enero de 2022 / 00:23

En los últimos años, se ha evidenciado que uno de los sectores productivos con mayor potencial exportador es el de la ganadería. La creciente demanda de China por alimentos producidos en todo el mundo ha significado para el sector una oportunidad que ha sido aprovechada y que ahora es parte del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Pero viene con un costo grande.

Según se evidencia en el PDES 2021-2025, la expectativa del Gobierno es tan grande como la de los ganaderos. En el eje 3 del plan, “Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones y desarrollo turístico”, se propone como una de las metas “diversificar la productividad agropecuaria para el abastecimiento del mercado interno y la industrialización con sustitución de importaciones, con miras a la exportación con valor agregado”.

Lograr este último propósito en el sector ganadero implicará incrementar de 10,1 millones de cabezas de ganado contabilizadas en 2020 a 18,3 millones en 2025, un incremento de 81%; incrementar la producción de carne bovina, de 276,4 millones de toneladas (t) a 338,4 millones de t; implementar una industria procesadora de carne; y pasar de las 14.000 t de carne procesada a 30.000 t, un incremento de 114%.

Sin embargo, el éxito de esta proyección implicará, al margen de las utilidades económicas para el Estado y los ganaderos capaces de responder a la demanda, un enorme costo ambiental, pues habrá que habilitar nuevas tierras para los nuevos hatos de ganado, lo cual probablemente exigirá cambio de uso de suelos y los consiguientes desmontes con quemas que muy a menudo se convierten en incendios descontrolados.

Así lo ha advertido la Fundación Solón, cuyo director, exdiplomático boliviano y actor de peso en las consultas que condujeron a incorporar en la Declaración de Río+20 la noción de “armonía con la naturaleza” que Bolivia enarbola en la ONU, teme que la presión sobre la tierra sea incontrolable y que “estaremos en niveles de incendios muy grandes y de deforestación muy grandes”.

El temor del especialista es justificado considerando lo sucedido en 2019, cuando se autorizó la habilitación de nuevas tierras para la industria agropecuaria en el oriente del país. Señala también que más del 80% de los incendios registrados en los últimos años se han producido en tierras tituladas que pertenecen a la agroindustria, “lo que está mostrando que las quemas están más asociadas a grandes propiedades ganaderas”.

Así, además de los previsibles impactos ambientales tanto en el hábitat de grupos humanos y de animales como en la calidad del aire en todo el país, cabe la posibilidad de que se produzca crítica social y protestas, muy a menudo patrocinadas por los mismos beneficiarios de las quemas, como ya ha sucedido. Necesitará el Gobierno mucha claridad a la hora de crear las condiciones para el desarrollo ganadero a fin de evitar los costos ambientales y políticos que podrían producirse.

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Cambios en el gabinete

Inciden confianza y competencia técnica, así como la disponibilidad, las presiones políticas, los equilibrios y las necesidades de gestión.

Por La Razón

/ 12 de enero de 2022 / 01:54

El próximo 22 de enero, en la conmemoración del Día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce brindará un mensaje en la Casa Grande del Pueblo. Debido a la pandemia por el COVID-19, esta vez no habrá ningún acto masivo. Como sea, el centro de atención estará en el posible cambio de ministros, que hoy es objeto de especulación y de pugnas internas en el oficialismo.

Entre las atribuciones presidenciales establecidas en la Constitución, una muy importante es la designación de ministros que componen su gabinete. Claro que se trata de una formalidad. El Presidente ciertamente tiene la decisión final, pero en el proceso de designación de ministros de Estado intervienen un conjunto de variables, actores e intereses. Inciden la confianza y la competencia técnica, así como la disponibilidad, las presiones políticas, los equilibrios y las necesidades de gestión.

En el período de la democracia pactada con neoliberalismo (1985-2005), las coaliciones de gobierno se formaban negociando cargos entre los socios políticos. Así, una práctica común, muchas veces grosera, fue el cuoteo partidario de ministros y, en general, de todos los puestos en la estructura del Ejecutivo y anexos. En el período de gobierno del MAS como partido predominante, la presión por los cargos proviene no de otros partidos, sino de sectores sociales. Hay también disputas internas.

Con menos vínculo orgánico que su antecesor con los movimientos sociales y gremios que forman parte del instrumento político, el presidente Arce inició su gobierno con un gabinete que combina su círculo de confianza en el área económica, algunos personajes del masismo en carteras políticas y varios ministros de bajo perfil. En 14 meses de gestión, salvo muy pocos cambios puntuales (dos de ellos por denuncias de corrupción), Arce mantuvo su gabinete. Se espera que este 22 de enero haya cambios.

Más allá de las evaluaciones que suelen hacer las organizaciones sociales y de los mensajes enviados por el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, la pregunta en torno al gabinete es por qué el Presidente debería mantener o cambiar ministros. Se esperaría en principio que la designación de nuevos ministros responda a criterios técnicos y objetivos de gestión. Claro que también cuentan la experiencia y el perfil político, que pueden ser valiosos para enfrentar situaciones de crisis y escenarios de conflicto.

¿Habrá cambio de ministros? ¿Cuántos? ¿Cuáles? Existe mucha especulación al respecto. Mientras en el oficialismo hay diferentes señales y silencios, la oposición anticipa, por enésima vez, “guerra interna del MAS” (sic) con aires de división. Lo sabremos pronto, cuando el presidente Arce tome decisiones no solo sobre su gabinete, sino en especial respecto al rumbo del país en un año decisivo para la reactivación económica, la reforma judicial, la crisis sanitaria, la calidad educativa y, por favor, el reencuentro.

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