Villagómez no logró su libertad, pese a que la demanda en su contra por incumplimiento de deberes fue retirada luego de que su denunciante, Rosmery Gutiérrez, fuera posesionada como asambleísta del pueblo yuracaré-mojeño.
La justicia ordenó el 12 de mayo la detención y encarcelamiento del entonces presidente de la Asamblea. El asambleísta sufrió problemas en el corazón y fue internado en una clínica, desde donde se lo trasladó, el 18 de junio, a la cárcel de Palmasola.
El 19 de mayo, Gutiérrez fue posesionada como asambleísta indígena y un día después presento el desistimiento de la acción penal en contra de Villagómez y cinco asambleístas de Verdes, del gobernador Rubén Costas.
El abogado del asambleísta, Roberto Parada, informó que se presentará un recurso de apelación. «No existe razón para tener encerrado a mi patrocinado, siendo que los cargos ya fueron levantados, además se presentó un domicilio conocido, trabajo y una familia», explicó el jurista.
El asambleísta Alcides Vargas, quien se desempeñaba como vicepresidente de la Asamblea, se declaró en la clandestinidad, luego que fuera citado a declarar.
El encarcelamiento de Villagómez derivó en una crisis en la Asamblea Legislativa, que no reanudó sus actividades desde hace más de 50 días. Los asambleístas de Verdes eligieron y posesionaron a los miembros de una directiva, sin participación del MAS. El partido de Evo Morales impugnó la decisión y advirtió con juicio a los responsables de esa sesión.