Así lo hizo conocer el viceministro de Justicia, Marcelo Cox. «Lo primero que debemos garantizar es la continuidad de todo lo que son infraestructuras que se están efectuando para paliar el hacinamiento (en cárceles) y que no sea el primer reflejo de la prisionización en Bolivia», señaló. En Bolivia existen más de 10 mil presos. En San Pedro de La Paz, hay 1.700 reos cuando su capacidad es 300.
Advirtió que el problema se debe, entre otros factores, a la falta de infraestructura, pero que con la apertura de los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional se logrará «redistribuir» los presos, pues éstos contarán con carceletas y no será necesario que un detenido sea enviado a una cárcel de ciudad, según Cox, quien detalló que edifican siete de estos centros.
«En Challapata, Riberalta, Muyupampa, Tupiza, Villamontes, Chulumani, Ivirgarzama se abrirán las carceletas hasta marzo o abril del 2012», dijo. La cooperación de Dinamarca financia los proyectos, en coordinación con la Fiscalía, el Órgano Judicial, municipios y Ministerio de Justicia.
Policías darán seguridad
El traspaso de la administración de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno al de Justicia no será traumático, sino gradual, a partir de enero del 2010, según el viceministro de Justicia, Marcelo Cox. La Policía seguirá a cargo de la vigilancia.
La postura es compartida por Jorge Sueiro, director de Régimen Penitenciario, quien resaltó que, por ejemplo, se mantendrá el resguardo policial en los centros de reclusión. «La labor de la Policía es dar seguridad y en estos centros se requiere. Así se haga cargo cualquier ministerio y la Policía dependa del Ministerio de Gobierno, continuará con la labor como hasta ahora», indicó.