Nacional

jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 02:16

Oposición apela a sus militantes para pagar cruzada del voto nulo

Voto. El MAS descarta planes para contrarrestar la campaña de sus detractores

Por La Razón

/ 2 de agosto de 2011 / 05:00

El diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro informó que para ese fin las autoridades electas de su partido, en la Asamblea Legislativa, en las asambleas legislativas departamentales y en los concejos municipales, donarán el 3% de su salario. «Esto para demostrar a la población que el proceso de selección de candidatos para el Órgano Judicial fue manejado a antojo del MAS. Estos aportes nos permiten encarar campañas y desafíos que tenemos rumbo al 16 de octubre».

Dijo, además, que su líder, Samuel Doria Medina, será el dirigente que más aportará para la campaña.

En esa línea, el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic explicó que la campaña que inició el partido de Juan del Granado es pagada con «recursos propios». «Somos un partido que se sostiene con el aporte de nuestros militantes. En ese sentido, esta forma de explicar a la población que el MAS quiere copar el Órgano Judicial se desarrolla con nuestros aportes», dijo el asambleísta.

Consultado sobre el tema, el legislador negó que los recursos para la campaña provengan de las arcas de la Alcaldía de La Paz, presidida por Luis Revilla, dirigente del MSM.

El MSM lanzó el 25 de julio la campaña por el «no» en la papeleta de sufragio de las elecciones judiciales. Del Granado explicó que esa decisión de su partido pretende anular el voto y constituirlo en un plebiscito contra el proceso electoral en cuestión. Cinco días antes que el MSM, UN anunció su cruzada por el «voto rechazo» en las elecciones judiciales.

Tanto Del Granado como Doria Medina iniciaron la campaña por el voto nulo en La Paz y luego continuaron su periplo en Santa Cruz y otras ciudades del país. Ayer circularon en periódicos del país varios mensajes del MSM alusivos al «no».

Por separado, dirigentes opositores al MAS consideraron que este partido, que dirige el Gobierno, cuenta con recursos públicos para evitar el nulo y apuntalar los comicios. 

La senadora Gabriela Montaño (MAS) negó la acusación y criticó las campañas que realiza la oposición.  «Niego que recursos de cooperación internacional, ya sea de Venezuela o de cualquier otro país, sean utilizados para campañas. El MAS no hará campañas, como manda la Constitución».

En tanto, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Edwin Tupa, reprochó que los militantes de partidos opositores destinen dinero a campañas «conspirativas» contra la elección del 16 de octubre. «Existe un marco legal que prohíbe la realización de campañas y, por lo tanto, el MAS no realizará ningún tipo de campaña».

Convergencia Nacional (CN) anunció que no realizará aportes para financiar las campañas. «No tenemos el dinero, pero quizá recurramos a la población para que nos ayude a realizar actos contra este proceso», aseguró su diputada Norma Piérola.

El 16 de octubre, los bolivianos elegirán 56 autoridades de una lista de 118 candidatos preseleccionados.

Ubicación en la papeleta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará hoy el sorteo de ubicación de los candidatos a autoridades judiciales en la papeleta de sufragio. «Los 118 candidatos fueron invitados al evento», informó el vocal electoral Ramiro Paredes.

Sandóval preside la Suprema de Justicia

A raíz de la renuncia del magistrado Jorge von Borries, la decana de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandóval, asumió ayer la presidencia del Tribunal tras la reanudación de las actividades judiciales después de la vacación judicial.

Von Borries renunció al cargo para habilitarse como candidato a las próximas elecciones de magistrados judiciales.
Sandóval, que asume el cargo por segunda vez, dijo a los medios que uno de sus principales objetivos será lograr un proceso de «transición» lo más eficiente posible al nuevo Órgano Judicial, que resultará del inédito proceso electoral del 16 de octubre.   

La magistrada señaló que la Corte Suprema ha quedado conformada por ocho ministros, que hacen el número mínimo para resolver causas en Sala Plena, aunque sostuvo que el trabajo presentará dificultades debido a que, además de resolverse los casos, debe dar inicio el proceso de traspaso al nuevo Órgano Judicial. 

Cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia renunciaron a sus cargos antes del término establecido por ley para quedar habilitados a las elecciones judiciales, pero solamente Von Borries y Ana María Forest fueron confirmados para los comicios.

Ramiro Guerrero y José Baptista fueron excluidos del proceso.  

Nuevos inscritos rebasan expectativas

El número de nuevos electores inscritos al Padrón Biométrico sobrepasó las expectativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En vez de los 300.000 ciudadanos que se preveía registrar, 364.390 personas acudieron a los centros de empadronamiento. 

El vocal del TSE Ramiro Paredes aclaró que aún falta el cómputo de inscritos del área rural. «La cifra corresponde hasta el día viernes (29 de julio). Estimamos que este número aumentará de seguro, ya que no llegaron todos los datos del área rural».

La vicepresidenta del TSE, Vilma Velasco, declaró que la información del área rural llegará al TSE en formato CD. «Hay un arduo trabajo de información en el área rural por parte de los funcionarios del ente electoral».

El ente electoral dispuso, desde el 3 hasta el 27 de julio, 893 máquinas de empadronamiento en todo el país. Velasco afirmó que 1.100 personas trabajaron en el proceso de registro. El TSE realizará esta semana la depuración de nombres con doble registro. Los inhabilitados tendrán 10 días para corroborar sus datos y podrán ser registrados nuevamente.

Luego del procedimiento de depuración, el ente electoral procederá con el sorteo de jurados electorales que harán la vigilancia de la votación.  Velasco informó que el actual sistema de empadronamiento cuenta con un programa que impide el doble registro. «Automáticamente depura al ciudadano que se registró dos veces», indicó.

El 16 de octubre los bolivianos acudirán a los centros de votación para elegir a 56 de los 118 candidatos a autoridades judiciales seleccionados por la Asamblea Legislativa. Una vez posesionados, los elegidos regirán el nuevo Órgano Judicial.

Temas Relacionados

Comparte y opina:

Un año después

Las y los bolivianos debemos reafirmar que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles.

Por La Razón

/ 20 de octubre de 2021 / 02:11

Hace un año, contra todo pronóstico, el binomio presidencial del MAS-IPSP ganó las elecciones generales con mayoría absoluta de votos. El contundente resultado (55%, 26 puntos más que el segundo) impidió que prosperara nuevamente la narrativa del “fraude”. Luego de un oscuro régimen provisorio, se retomó así la conformación del gobierno con la legitimidad de las urnas.

Los comicios de octubre de 2020 fueron la salida pacífica y democrática a la crisis políticoinstitucional de fines de 2019, producida tras las fallidas elecciones de ese año y el posterior derrocamiento del expresidente Morales. Convocados originalmente para mayo y postergados tres veces, se realizaron en un contexto de crisis múltiple, polarización y pandemia. Una vez más, la alta participación ciudadana en una jornada electoral sin incidentes demostró la fortaleza de los votos para elegir y decidir.

Para el MAS-IPSP, la victoria de Luis Arce y David Choquehuanca (que por primera vez desde 2005 sustituyó al binomio ganador Morales/ García Linera) tiene un sentido no solo electoral, sino en especial de recuperación de la democracia. La premisa es que, en noviembre de 2019, con la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, se produjo una ruptura del orden constitucional y democrático. Por supuesto la oposición asegura más bien que en 2019 cayó el régimen autoritario y prorrogativo de Evo.

Más allá de la persistente disputa de narrativas sobre la crisis de octubre y noviembre de 2019, lo cierto es que la democracia boliviana y su renovada institucionalidad electoral permitieron concurrir libremente a las urnas hace un año y decidir mediante el voto (no las botas, no el quiebre, no las masacres) la conformación de los órganos Ejecutivo y Legislativo. Claro que no faltaron grupos antidemocráticos que pretendieron desconocer la voluntad ciudadana con el pedido de “junta militar”.

Hace poco, Bolivia celebró 39 años desde que, en octubre de 1982, con el gobierno de la Unidad Democrática y Popular, transitamos a la democracia. Durante este período hubo coyunturas críticas, que derivaron en salidas políticas como el acortamiento de mandato del presidente Siles Zuazo (1985), las sucesiones constitucionales tras las renuncias de Sánchez de Lozada (2003) y Carlos Mesa (2005), y la mencionada autoproclamación, declarada inconstitucional por el TCP, de Jeanine Áñez (2019).

Un año después de los comicios generales de 2020, las y los bolivianos debemos reafirmar sin condiciones que las urnas son la fuente de legitimidad de las autoridades y representantes en todos los niveles territoriales del Estado. Esa legitimidad de origen no necesariamente garantiza la legitimidad de ejercicio. Es importante asumir que la elección democrática es una condición necesaria, pero no suficiente: también hay que gobernar democráticamente, con deliberación pública y amplia participación ciudadana.

Comparte y opina:

18 años de impunidad

Lo que ha quedado pendiente ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia.

Por La Razón

/ 18 de octubre de 2021 / 00:19

Ayer se han recordado 18 años del día en que Gonzalo Sánchez de Lozada y los pocos ministros que se mantenían en su gabinete presentaron sus renuncias y huyeron del país. La precipitada huida y renuncia llegaron precedidas de seis semanas de movilizaciones populares que dejaron al menos 58 personas muertas y 400 heridas. El expresidente huido todavía no ha afrontado a la Justicia.

La sucesión de hechos que condujo a la renuncia del entonces presidente y su círculo más cercano puede rastrearse hasta inicios de septiembre de ese año, cuando coincidieron diversas movilizaciones y protestas locales, entre ellas el bloqueo de caminos en el altiplano por los campesinos que portaban un pliego de demandas de 72 puntos; la población alteña que rechazó los nuevos formularios catastrales; y las protestas conducidas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra de la venta de gas natural a EEUU y su exportación por un puerto chileno.

Un frustrado operativo para rescatar a un grupo de turistas varados en Sorata a causa de los bloqueos de caminos, que terminó con cinco muertos, fue la primera gota que derramó el vaso, ya lleno desde febrero de ese año, cuando una anterior movilización popular en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno había provocado sangrientos enfrentamientos, primero entre militares y policías y luego contra la población movilizada, que había comenzado a causar estragos en oficinas públicas y comercios del centro de La Paz.

Ya para octubre la situación del gobierno era desesperada y el entonces Presidente, apoyado por organismos multilaterales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que no renunciaría. Los intentos militares por poner un alto a las protestas fueron infructuosos y dejaron más personas muertas y heridas; pero el domingo 12 fue el más sangriento de todos, cuando el intento de llevar gasolina hasta la ciudad de La Paz en un convoy militar provocó la masacre de 26 personas.

Cinco días después, el viernes 17, presionado por una opinión pública crecientemente adversa, nuevas movilizaciones de sectores populares y una huelga de hambre protagonizada por la clase media, que en la víspera se había convertido en multitudinaria manifestación en contra del gobierno, Sánchez de Lozada huyó rumbo a EEUU dejando una carta de renuncia que fue transmitida por fax al Congreso Nacional.

En esa ocasión no hubo ruptura del orden constitucional, pues el entonces vicepresidente asumió el mando solo después de que el pleno de Congreso hubo aceptado la renuncia del mandatario huido; no solo hubo quórum reglamentario en el Congreso, tampoco un militar “acomodó” la banda presidencial al sucesor y se contemplaron todas las formalidades para el traspaso de mando. Lo que ha quedado pendiente, a causa de un deficiente manejo del aparato judicial desde entonces, ha sido la posibilidad de juzgar al expresidente en Bolivia, donde se cometieron los crímenes que hasta hoy se le imputan.

Comparte y opina:

Fin del caso Fraude

Es fundamental que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia.

Por La Razón

/ 17 de octubre de 2021 / 00:10

Con la decisión del Ministerio Público de “ratificar el sobreseimiento” de los exvocales del TSE, concluyó formal y definitivamente el caso Fraude, iniciado en noviembre de 2019 con la detención arbitraria de todas las autoridades electorales del país. Se cierra así este oscuro capítulo, aunque seguirá persistiendo en la narrativa de quienes fueron derrotados en esos comicios.

El 10 de noviembre de 2019, horas después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, difundiera de manera prematura los “hallazgos preliminares” del “análisis de integridad” sobre las elecciones de ese año, la Fiscalía General dispuso la aprehensión de todos los vocales del TSE y de los nueve tribunales electorales departamentales. En algunos casos, violando sus derechos, se los exhibió enmanillados, como trofeo. Así arrancó el caso Fraude, dos días antes de la autoproclamación de Áñez.

Con presunción de culpabilidad, sin debido proceso, las autoridades del organismo electoral, que administraron los comicios generales de octubre de 2019 (luego declarados “sin efecto legal”), fueron acusadas por supuestos delitos electorales. El juicio penal por “fraude” derivó en declaraciones de los aprehendidos, nuevas detenciones, inspecciones de reconstrucción, audiencias y otros actos procesales. Durante un año los fiscales actuaron bajo presión y amenaza del exministro Murillo y la Procuraduría.

Transcurridos casi dos años, el caso Fraude se cierra con la “ratificación del requerimiento conclusivo de sobreseimiento”. Se dispuso así la conclusión del proceso respecto a los imputados, la cesación de medidas cautelares y la cancelación de sus antecedentes penales. En este tiempo, la parte acusadora (incluyendo al dos veces derrotado candidato presidencial, Carlos Diego Mesa) no pudo aportar suficientes “elementos probatorios para sustentar la acusación”. Gritar “fraude monumental” no basta.

De manera paralela, el actual Procurador, bajo el eslogan “Acta x Acta. Democracia y Verdad”, realizó el anunciado recuento público de actas de las elecciones 2019. La previsible conclusión, para su tribuna, es que “no hubo fraude”. Demás está decir que esta acción, que no tiene ningún efecto legal dado el principio de preclusión, se inscribe en la prolongada disputa política sobre la crisis de 2019. Es claro que difícilmente modificará la percepción de quienes sostienen la narrativa del “fraude”.

A estas alturas, dado el desenlace de los hechos (elecciones 2019 sin efecto legal, régimen provisorio, elecciones 2020 con Gobierno electo), es fundamental como país, más allá de la polarización y sus creencias, que tengamos la voluntad y la madurez para reconstruir nuestros lazos sociales de convivencia. Los procesos políticos pasan, la sociedad queda. Ello no implica, por supuesto, renunciar a la imprescindible exigencia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Veamos cómo se cierra el caso Golpe.

Comparte y opina:

Nueva ola, vacunas y responsabilidad

Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad.

Por La Razón

/ 16 de octubre de 2021 / 01:37

Aunque sus efectos más graves se han reducido coyunturalmente, la pandemia del COVID-19 sigue siendo una amenaza para la salud pública. Se sigue precisando una acción planificada y coherente de las autoridades gubernamentales de todos los niveles. Llaman la atención los nuevos problemas que están surgiendo en la vacunación y el creciente relajamiento de restricciones sin coordinación.

Después de una tercera ola de contagios en la que se tuvo que lamentar un aumento de la mortalidad y nuevamente fuertes presiones sobre la capacidad de atención de los servicios de salud, hemos experimentado casi dos meses de reducción sostenida de la incidencia de la enfermedad.

Esa tendencia coincidió con una aceleración del ritmo de vacunación que permitió superar el 50% de cobertura entre la población mayor de 18 años y un rápido retorno a la normalidad en casi todas las actividades económicas e inclusive de entretenimiento. Es comprensible la salida de muchas personas a las calles y espacios colectivos después de tantos meses de restricciones.

Sin embargo, esos logros no deberían llevar a la conclusión equivocada de que la pandemia ha sido superada. Persiste el riesgo de la aparición de una nueva oleada de contagios con variaciones más contagiosas de la enfermedad. Aunque los especialistas indican que gracias a la vacunación es posible que la mortalidad de esos nuevos eventos sea más reducida, aún hay peligro para muchas personas, sobre todo en condición de vulnerabilidad.

Se esperaría, por tanto, que las autoridades sanitarias de todos los niveles no bajen la guardia, innovando en las estrategias de vacunación para aumentar rápido su cobertura, preparando a sus servicios y personal de salud para enfrentar una eventual cuarta ola, e implementando campañas sostenidas de información para seguir incentivando las prácticas de protección como el uso de barbijos, limpieza básica y algún grado de distanciamiento social.

Son francamente inquietantes las informaciones que indican que en algunos departamentos habría lotes de vacunas que podrían vencer si no son utilizadas oportunamente o el anuncio de la autorización de grandes eventos con concentraciones masivas de personas sin previamente haber discutido con especialistas los riesgos de tales decisiones.

Frente a estos indicios de desorden, no basta que el Gobierno central se lamente y denuncie, lo cual está bien, pero también debería empezar a plantear soluciones concretas. Las autoridades del Gobierno central, departamental y municipal tienen todas responsabilidades compartidas en estas cuestiones.

Comparte y opina:

Mala hora del turismo

Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector.

Por La Razón

/ 15 de octubre de 2021 / 00:58

En los últimos tres lustros y poco más, Bolivia ha hecho ingentes esfuerzos por despertar y desarrollar su vocación como atractivo turístico. Desde el emblemático Salar de Uyuni hasta los destinos gastronómicos han sido promocionados dentro y fuera del país, pero la pandemia del COVID- 19 le ha dado un golpe fatal al sector, que hoy lucha por recuperarse y merece apoyo público.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el flujo de turistas extranjeros a Bolivia se redujo de casi 1,24 millones de personas llegadas al país por vía aérea y terrestre en 2019 a poco más de 323.000 en 2020, una reducción equivalente al 74% del total. Aunque se dice que “mal de muchos, consuelo de tontos”, se sabe que el sector tuvo una caída similar en varios países de la región y el mundo: Argentina (-73,4%), Perú (-74%), Brasil (-68,5%), Chile (-67,5%), Estados Unidos (-73,1%) y España (-76,1%).

Expresado en términos financieros, el informe del INE revela que el dinero gastado por las personas extranjeras en Bolivia durante 2019 suma $us 837 millones; en 2020 ese gasto sumó apenas $us 191 millones. Es previsible que tomará un buen número de años llegar a las cifras de 2019, sobre todo considerando el profundo impacto que tuvo el año de pandemia, agravado por la situación política del país, en las empresas operadoras de turismo y de servicios asociados.

Los presidentes de la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur), la Asociación Boliviana de Agencias de Viaje y Turismo (Abavyt), la Cámara Boliviana de Hotelería y la presidenta de la Cámara Hotelera de La Paz coinciden en calificar a 2020 como “año negro” para el sector, al mostrar que no solo se redujo el flujo de visitantes extranjeros, sino que también prácticamente se paralizó el movimiento de turistas nacionales. En La Paz, por ejemplo, la infraestructura hotelera fue ocupada apenas al 3% de su capacidad.

Los ya nombrados representantes de los sectores de turismo y hotelería reclaman al Gobierno mayor atención y, sobre todo, acciones concretas para el sector, que tiene un alto potencial para impulsar la reactivación económica del país; entre ellas están eliminar la cuarentena de 10 días de ingreso a Bolivia, aceptar los pasaportes bioseguros que indican que los turistas se encuentran completamente vacunados, promoción constante en naciones emisoras de turismo a Sudamérica y a Bolivia, además de gestiones para obtener el certificado Safe travel del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por su nombre en inglés) para certificar a Bolivia y sus atractivos como destinos bioseguros.

Las señaladas son apenas algunas de las iniciativas propuestas; una indagación más profunda entre quienes se dedican a las actividades turísticas permitirá identificar muchas más ideas. Lo siguiente será desplegar voluntad política y, sobre todo, disponer recursos para reactivar el sector, para así, ojalá, volver siquiera al punto en el que estaba antes de noviembre de 2019.

Comparte y opina: