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martes 5 jul 2022 | Actualizado a 09:06

Oposición apela a sus militantes para pagar cruzada del voto nulo

Voto. El MAS descarta planes para contrarrestar la campaña de sus detractores

Por La Razón

/ 2 de agosto de 2011 / 05:00

El diputado de Unidad Nacional (UN) Jaime Navarro informó que para ese fin las autoridades electas de su partido, en la Asamblea Legislativa, en las asambleas legislativas departamentales y en los concejos municipales, donarán el 3% de su salario. «Esto para demostrar a la población que el proceso de selección de candidatos para el Órgano Judicial fue manejado a antojo del MAS. Estos aportes nos permiten encarar campañas y desafíos que tenemos rumbo al 16 de octubre».

Dijo, además, que su líder, Samuel Doria Medina, será el dirigente que más aportará para la campaña.

En esa línea, el diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic explicó que la campaña que inició el partido de Juan del Granado es pagada con «recursos propios». «Somos un partido que se sostiene con el aporte de nuestros militantes. En ese sentido, esta forma de explicar a la población que el MAS quiere copar el Órgano Judicial se desarrolla con nuestros aportes», dijo el asambleísta.

Consultado sobre el tema, el legislador negó que los recursos para la campaña provengan de las arcas de la Alcaldía de La Paz, presidida por Luis Revilla, dirigente del MSM.

El MSM lanzó el 25 de julio la campaña por el «no» en la papeleta de sufragio de las elecciones judiciales. Del Granado explicó que esa decisión de su partido pretende anular el voto y constituirlo en un plebiscito contra el proceso electoral en cuestión. Cinco días antes que el MSM, UN anunció su cruzada por el «voto rechazo» en las elecciones judiciales.

Tanto Del Granado como Doria Medina iniciaron la campaña por el voto nulo en La Paz y luego continuaron su periplo en Santa Cruz y otras ciudades del país. Ayer circularon en periódicos del país varios mensajes del MSM alusivos al «no».

Por separado, dirigentes opositores al MAS consideraron que este partido, que dirige el Gobierno, cuenta con recursos públicos para evitar el nulo y apuntalar los comicios. 

La senadora Gabriela Montaño (MAS) negó la acusación y criticó las campañas que realiza la oposición.  «Niego que recursos de cooperación internacional, ya sea de Venezuela o de cualquier otro país, sean utilizados para campañas. El MAS no hará campañas, como manda la Constitución».

En tanto, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Edwin Tupa, reprochó que los militantes de partidos opositores destinen dinero a campañas «conspirativas» contra la elección del 16 de octubre. «Existe un marco legal que prohíbe la realización de campañas y, por lo tanto, el MAS no realizará ningún tipo de campaña».

Convergencia Nacional (CN) anunció que no realizará aportes para financiar las campañas. «No tenemos el dinero, pero quizá recurramos a la población para que nos ayude a realizar actos contra este proceso», aseguró su diputada Norma Piérola.

El 16 de octubre, los bolivianos elegirán 56 autoridades de una lista de 118 candidatos preseleccionados.

Ubicación en la papeleta

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) realizará hoy el sorteo de ubicación de los candidatos a autoridades judiciales en la papeleta de sufragio. «Los 118 candidatos fueron invitados al evento», informó el vocal electoral Ramiro Paredes.

Sandóval preside la Suprema de Justicia

A raíz de la renuncia del magistrado Jorge von Borries, la decana de la Corte Suprema de Justicia, Beatriz Sandóval, asumió ayer la presidencia del Tribunal tras la reanudación de las actividades judiciales después de la vacación judicial.

Von Borries renunció al cargo para habilitarse como candidato a las próximas elecciones de magistrados judiciales.
Sandóval, que asume el cargo por segunda vez, dijo a los medios que uno de sus principales objetivos será lograr un proceso de «transición» lo más eficiente posible al nuevo Órgano Judicial, que resultará del inédito proceso electoral del 16 de octubre.   

La magistrada señaló que la Corte Suprema ha quedado conformada por ocho ministros, que hacen el número mínimo para resolver causas en Sala Plena, aunque sostuvo que el trabajo presentará dificultades debido a que, además de resolverse los casos, debe dar inicio el proceso de traspaso al nuevo Órgano Judicial. 

Cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia renunciaron a sus cargos antes del término establecido por ley para quedar habilitados a las elecciones judiciales, pero solamente Von Borries y Ana María Forest fueron confirmados para los comicios.

Ramiro Guerrero y José Baptista fueron excluidos del proceso.  

Nuevos inscritos rebasan expectativas

El número de nuevos electores inscritos al Padrón Biométrico sobrepasó las expectativas del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En vez de los 300.000 ciudadanos que se preveía registrar, 364.390 personas acudieron a los centros de empadronamiento. 

El vocal del TSE Ramiro Paredes aclaró que aún falta el cómputo de inscritos del área rural. «La cifra corresponde hasta el día viernes (29 de julio). Estimamos que este número aumentará de seguro, ya que no llegaron todos los datos del área rural».

La vicepresidenta del TSE, Vilma Velasco, declaró que la información del área rural llegará al TSE en formato CD. «Hay un arduo trabajo de información en el área rural por parte de los funcionarios del ente electoral».

El ente electoral dispuso, desde el 3 hasta el 27 de julio, 893 máquinas de empadronamiento en todo el país. Velasco afirmó que 1.100 personas trabajaron en el proceso de registro. El TSE realizará esta semana la depuración de nombres con doble registro. Los inhabilitados tendrán 10 días para corroborar sus datos y podrán ser registrados nuevamente.

Luego del procedimiento de depuración, el ente electoral procederá con el sorteo de jurados electorales que harán la vigilancia de la votación.  Velasco informó que el actual sistema de empadronamiento cuenta con un programa que impide el doble registro. «Automáticamente depura al ciudadano que se registró dos veces», indicó.

El 16 de octubre los bolivianos acudirán a los centros de votación para elegir a 56 de los 118 candidatos a autoridades judiciales seleccionados por la Asamblea Legislativa. Una vez posesionados, los elegidos regirán el nuevo Órgano Judicial.

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Poner límites

La Paz está en alerta desde hace semanas y pide reiteradamente una nueva cartografía.

Por La Razón

/ 4 de julio de 2022 / 00:09

Con cada día que pasa, el Censo Nacional de Población y Vivienda se aproxima más, y los problemas que hasta hace unas semanas eran amenazas comienzan a materializarse. Esto es previsible, pues de los resultados del conteo de habitantes y sus condiciones de vida depende la distribución política y económica del país, y es mucho lo que está en juego para los gobiernos subnacionales.

Uno de tantos conflictos que ya es parte del debate público, incluso si en los hechos no está en manos del Instituto Nacional de Estadística (INE) resolver, es el de límites entre jurisdicciones municipales; la cartografía que se elabora con miras a distribuir el recurso humano que levantará los datos de todas las viviendas y hogares es en muchos casos la única evidencia material de cómo se separan municipios que son concomitantes.

El departamento de La Paz es uno de los que tiene más problemas de límites sin resolver. El problema remite no solo a la ambición de controlar más territorio por el valor comercial de los terrenos o por la cantidad de personas, base de distribución de los ingresos mediante coparticipación tributaria, sino en una deuda pendiente del proceso de municipalización en la década de 1990, en el inicio de la Participación Popular.

Parte del esfuerzo por construir una nueva institucionalidad estatal, el primer paso para tener gobiernos locales autónomos (prácticamente solo en el papel hasta la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009) pasaba por delimitar mediante ley cada uno de los recién creados municipios. El intento no prosperó en parte debido a la imposibilidad de lograr acuerdos entre los nuevos municipios.

El ejemplo más notable es el conflicto entre el municipio sede de gobierno, La Paz, y su vecino Palca, que reclama para su jurisdicción casi todo el Macrodistrito Sur; es decir, casi un tercio de la mancha urbana paceña. El Gobierno Municipal de La Paz está en alerta desde hace semanas y pide reiteradamente una nueva cartografía, pues teme perder cientos de manzanos con la consiguiente disminución de población y territorio en el conteo censal.

En la Gobernación de La Paz, la Unidad de Límites Políticos y Administrativos Municipales tiene noticia de todos los conflictos, así como de los procedimientos necesarios para resolverlos, que en el papel son razonables y hasta expeditos, pero en la realidad ya se han demostrado inviables; súmese la falta de voluntad política evidente desde hace al menos dos décadas para encontrar consenso o imponer una solución legal.

Es poco probable que los conflictos por límites se resuelvan en los próximos meses, y el resultado de esta indefinición servirá, en el mejor de los casos, para que las oposiciones pongan en cuestión todo o partes del Censo. El problema, sin embargo, quedará irresuelto y los conflictos se repetirán una y otra vez. Es, pues, deseable que la preocupación por delimitar el municipio sea más estratégica y menos motivada por la sola urgencia de recaudar más.

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Juicios recargados

No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla.

Por La Razón

/ 3 de julio de 2022 / 01:25

La decisión del Ministerio Público de retomar el caso Golpe de Estado I, por otros delitos penales, ha ampliado las indagaciones más allá de la expresidenta Áñez y los altos mandos militares y policiales. Ahora se plantea investigar la participación de quienes trazaron y operaron el llamado “Plan B” de autoproclamación presidencial. El hecho aviva la tensión política en el país.

Luego de casi un año de proceso en la Justicia Ordinaria en el caso Golpe de Estado II, que concluyó con una sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Áñez —juzgada en su condición de senadora en noviembre de 2019—, la Fiscalía reactivó el caso Golpe de Estado I, que estaba en suspenso. A diferencia del juicio por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, esta vez la denuncia tiene que ver con delitos más graves como terrorismo y conspiración.

¿Qué implica avanzar en el caso Golpe I? La primera consecuencia es ampliar el rango de personas convocadas a declarar, sea como denunciados, sea como testigos. Así, de forma inmediata se activaron las declaraciones de quienes participaron en las reuniones de la Universidad Católica, entre el 10 y 12 de noviembre de 2019, cuyo resultado fue la autoproclamación inconstitucional de Áñez. Entre ellos están actores políticos como Mesa, Quiroga y Doria Medina, además de otros operadores de segunda línea.

Una gran interrogante en torno a este proceso, que la oposición califica como persecución política por un “falso golpe”, es hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo. ¿Los ahora convocados a declarar como testigos serán luego imputados? ¿Qué implicaría ello para la disputa y la polarización en el país? ¿Y para el pluralismo político, toda vez que casi todos los líderes opositores estarían enjuiciados? Es una decisión crítica en un escenario que mantiene abiertas las heridas de 2019.

En este contexto de juicios recargados, otra cuestión relevante tiene que ver con el curso que seguirán los juicios contra Áñez por supuestos delitos en el ejercicio de sus funciones como presidenta. Aquí el camino señalado por la Constitución y la ley es inequívoco y no admite “interpretaciones”: juicio de responsabilidades autorizado por la Asamblea Legislativa. Claro que hay voces oficialistas que quieren un nuevo juicio ordinario, esta vez por las masacres de Sacaba y Senkata. Sería insostenible.

La nota de color en este ambiente sombrío de procesos penales la dio el excandidato de Comunidad Ciudadana, dos veces derrotado en las urnas, al anunciar un juicio contra el expresidente Morales por “incumplimiento de deberes y dejar vacante el cargo” con su renuncia. No deja de ser paradójico toda vez que Mesa exigió dicha renuncia y salió a festejarla. Lo más dramático es que estos juicios de ida y vuelta se producen ante un sistema de administración de justicia en situación de crisis terminal.

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Impulso exportador

Estos buenos resultados tienen mucho que ver con el buen momento de precios que se está viviendo a escala global.

Por La Razón

/ 2 de julio de 2022 / 01:59

El buen momento de las exportaciones bolivianas se está confirmando y posiblemente este año se superará el nivel logrado en 2014. Este es un resultado alentador porque contribuye al crecimiento y a la estabilidad macroeconómica del país. Sin embargo, sería deseable que esta coyuntura sea la base para una estrategia renovada de revitalización del comercio exterior en el mediano y largo plazo.

Aunque el Gobierno hace mucho énfasis en la demanda interna como principal motor del crecimiento, el buen desempeño exportador es también un factor muy importante de la dinámica económica del país. Por otra parte, un superávit en la balanza comercial refuerza la disponibilidad de divisas y por tanto el mantenimiento de la estabilidad en la política cambiaria.

En ese sentido, es una buena noticia que las exportaciones nacionales acumuladas hasta mayo lograrán un nuevo récord, llegando a $us 5.715 millones, el valor más alto desde 2014. Ese buen desempeño permitió además tener un superávit comercial positivo de $us 1.082 millones hasta esa fecha. Si no hay cambios bruscos en el escenario internacional en estos meses, es esperable que esta gestión sea una de las más favorables en este ámbito de los últimos años.

Hay novedades en la composición de esas exportaciones: la mayor parte corresponde a la industria manufacturera, la minería y los hidrocarburos. Al parecer, hay una dinámica interesante sobre todo en las industrias y sectores relacionados con la producción agrícola y minera, que están superando la venta de gas que era desde hace varios años el rubro más importante.

Ciertamente, estos buenos resultados tienen mucho que ver con el buen momento de precios que se está viviendo a escala global, pero es además una gran oportunidad para consolidar mercados y fortalecer líneas renovadas de producción destinada a la exportación. Sería, por tanto, deseable que se aproveche la coyuntura para un relanzamiento y renovación de la política y acciones de apoyo a los sectores dedicados a esas actividades.

Junto con el esfuerzo para impulsar el nivel de producción de gas y de reposición de las reservas de ese recurso, se perfila, por ejemplo, en el horizonte la necesidad de trabajar con mayor ímpetu en el desarrollo de nuevas inversiones y operaciones en el sector minero, que parece que tendrá buenas perspectivas de mercados y precios en los próximos años.

De igual modo, los incentivos a las exportaciones no tradicionales de alimentos, productos agropecuarios y manufactureros tendrían que reforzarse. Eso pasa por acciones concretas de simplificación administrativa, acompañamiento en la búsqueda de mercados, generación de información y facilidades para los productores de todos los tamaños y un acompañamiento solidario desde el Estado.

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Contraloría en suspenso

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina.

Por La Razón

/ 1 de julio de 2022 / 01:14

Ayer ha terminado oficialmente el mandato del Contralor General del Estado, posesionado el 1 de julio de 2006. Hasta ayer era poco claro el procedimiento necesario para evitar la acefalía en la institución encargada de la función de control en el Estado y es poco probable que se logren acuerdos rápidos para resolver este vacío jurídico, así como para reemplazar al Contralor saliente.

No hay aquí ninguna novedad: oficialismo y oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) han tomado posiciones desde el inicio de la gestión y no muestran intención alguna de moverlas. El resultado: un permanente empantanamiento en casi todas las tareas propias de este órgano del Estado y un creciente descrédito de las organizaciones políticas y sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores.

Luego del ostensible fracaso en la designación de la persona que debe dirigir la Defensoría del Pueblo (en parte por falta de capacidad de negociación, en parte por deliberada intención de restar legitimidad a esa institución), la bancada oficialista, y mayoritaria, aprobó hace más de una semana, sin mayor debate, el reglamento para la elección de titular para la Contraloría. Previsiblemente, la oposición ha condenado el procedimiento.

El reglamento establece que las y los postulantes pueden presentar sus documentos desde el pasado viernes hasta el 8 de julio y que la última fase del proceso de selección culminará el 20 de agosto; luego, días después, la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas, responsable de la calificación de las y los postulantes, entregará un informe señalando a las tres personas mejor calificadas, y el pleno de la Asamblea deberá elegir a la autoridad por dos tercios de votos.

En entrevista con LA RAZÓN, el Contralor saliente remarcó, por una parte, que en aplicación de lo dispuesto por la Constitución, no le corresponde quedarse ni un día más luego de terminado su mandato, a diferencia de lo establecido para el Defensor del Pueblo u otras autoridades, que deben permanecer hasta la designación del sucesor. Por otra, garantizó la independencia de la Contraloría afirmando que la estructura de la institución impide la injerencia externa e interna en los casos que se investigan.

No queda claro, sin embargo, cómo se evita la acefalía o cómo se designa a una autoridad interina y mucho menos qué pasará con los casos que están siendo auditados: si no hay quién ponga la firma en los informes, ¿qué pasará con las conclusiones y recomendaciones?

Es posible imaginar que la oposición aprovechará este estado de cosas para reafirmar su crítica a la gestión gubernamental a tiempo de hacerla inviable, mientras que el oficialismo ensayará sus habituales estrategias retóricas, que inflaman ánimos, pero no resuelven conflictos. Mientras tanto, la institucionalidad del Estado seguirá viéndose afectada por la incapacidad de unos y otros para hacer política constructiva, imprescindible para mejorar y transformar el Estado y el país entero.

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Jair y Jeanine II

Al igual que en enero, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez ‘apenas una vez’

Por La Razón

/ 29 de junio de 2022 / 02:47

La declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ofreciendo asilo a la expresidenta Jeanine Áñez, sentenciada a 10 años de prisión, generó previsible polémica en el país. La Cancillería boliviana lo acusó de “injerencia en asuntos internos”. Ya en enero de este año el derechista Bolsonaro hizo ruido cuando reveló que se había reunido con Áñez, quien negó dicho encuentro.

Refiriéndose “al tema de las relaciones internacionales”, Bolsonaro comentó en una entrevista televisiva que está dispuesto a hacer lo posible para que Áñez, a quien definió como “una mujer presa injustamente”, vaya a Brasil. “Estamos listos para recibir el asilo de ella”, afirmó. Su oferta se hizo extensiva a los excomandantes de las Fuerzas Armadas (Kaliman) y de la Policía (Calderón), también condenados en rebeldía a 10 años de cárcel. Bolsonaro mencionó que uno de ellos podría estar en su país.

Al igual que en enero de este año, Bolsonaro reiteró su afirmación de que estuvo con Áñez “apenas una vez”. De haberse producido dicha reunión, implicó un viaje no autorizado de la expresidenta a Brasil. No se sabe cuándo, dónde ni en qué condiciones y con qué agenda se habría producido el supuesto encuentro, enfáticamente negado por Áñez. Lo cierto es que ni la Cancillería brasileña ni su legación diplomática en Bolivia negaron o aclararon nada respecto a la reunión revelada por Bolsonaro.

Como sea, la oferta de asilo del mandatario brasileño generó veloces y duras respuestas en el país. La posición oficial del Estado boliviano fue expresada por el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien además de lamentar las “desafortunadas declaraciones” de Bolsonaro, las calificó como “injerencia en asuntos internos”. Otras voces del oficialismo recordaron la participación de Brasil en las reuniones para la autoproclamación de Áñez y el inmediato reconocimiento de su gobierno.

La intervención de Bolsonaro respecto a una decisión que atañe al sistema de administración de justicia en Bolivia alimenta la polémica sobre el juicio ordinario contra la exsenadora opositora, que sigue su curso en las instancias previstas de apelación. En todo caso, la sentencia contra Áñez y los posibles juicios de responsabilidades en agenda, cuya autorización está en manos de la Asamblea Legislativa, son procesos y penas que deben realizarse en el país. No corresponde, pues, ningún “asilo”.

Las afirmaciones del Presidente brasileño se producen en el contexto de su campaña electoral por la reelección. No es casual que haya concluido reclamando que el expresidente y también candidato Lula da Silva no haya dicho nada respecto al asunto (de Áñez). Es una gran paradoja toda vez que Bolsonaro fue electo presidente en 2018 tras la inhabilitación de Lula ( favorito para ganar los comicios) debido al montaje de varios procesos penales que se fueron cayendo como el peor ejemplo de lawfare.

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