Circulan en redes sociales algunas convocatorias para recolectar firmas a fin de impulsar la revocatoria de mandato del alcalde de la ciudad de La Paz, Iván Arias. Dichas iniciativas, si bien son democráticas, resultan extemporáneas y, por tanto, inútiles. Para que tenga efectos legales, deben cumplir plazos y procedimientos. Los ímpetus revocatorios, cualesquiera sean, deben esperar.

La revocatoria de mandato es un derecho político reconocido en la Constitución Política del Estado. El principio es evidente: como las y los ciudadanos tienen el derecho de elegir mediante el voto a sus gobernantes y representantes, también pueden revocarles el mandato. Así, todas las autoridades, excepto las judiciales, pueden ser cesadas en las urnas. Para ello deben cumplirse una serie de requisitos, entre ellos que haya transcurrido la mitad del periodo para el cual fueron elegidas.

Desde el reconocimiento constitucional de la revocatoria como un mecanismo de la democracia directa, y tras su regulación en la normativa electoral, hemos tenido en el país dos periodos revocatorios para las autoridades electas en los ciclos electorales 2009-2010 y 2014- 2015. En el primer caso, en 2013, hubo 124 iniciativas populares. Ninguna prosperó. En el segundo caso, en 2018, subieron a 245 iniciativas. Solo una llegó a las urnas, en Bolpebra, pero no tuvo validez por falta de votantes.

La revocatoria es el ejemplo de un derecho reconocido en la Constitución, cuyo ejercicio se dificulta y hasta inviabiliza en la normativa. ¿Por qué quedaron en el camino más de 360 iniciativas para revocar el mandato de diferentes gobernantes y representantes? Ocurre en especial porque el requisito de firmas es tan alto y en condiciones tan costosas y exigentes, que no hay forma de lograrlo. Para revocar un alcalde, por ejemplo, se requiere el 30% de firmas del padrón del municipio. Nada menos.

Más allá de los requisitos para impulsar una iniciativa popular de revocatoria en el país, y a reserva del ímpetu y recursos que tengan los promotores, es importante explorar las razones por las cuales se busca revocar el mandato de una autoridad electa. Si bien la legislación no establece causales, confluyen varios motivos e intereses: pérdida de legitimidad, incumplimiento del programa de gobierno, distancia con los representantes, rivalidad política y hasta enconos personales. Hay de todo.

En el caso que nos ocupa, del alcalde Iván Arias, ¿por qué un grupo de ciudadanos, opositores a su gestión, buscan que deje el cargo y se vaya antes de cumplir el mandato? Las razones quedan para el debate. La pregunta es si estas convocatorias, cuando llegue el momento ( fines de 2024) y se hagan conforme a la normativa, tendrán el apoyo suficiente para convertirse en iniciativa ciudadana que llegue a las urnas y revoque por mayoría el mandato. Lo propio cuenta para otras autoridades electas.

El escándalo desatado al saberse que el máximo dirigente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) es estudiante regular de la Universidad desde hace 30 años, que por su cargo administra ingentes cantidades de dinero y que recibía un salario superior a los Bs 21.000, es un golpe demoledor contra la Universidad Boliviana, que hoy comienza su XIII Congreso Nacional.

El longevo dirigente, que el jueves último publicó un video de descargo acompañado de la dirigencia estudiantil nacional, donde afirma que no recibió ningún dinero ilegal y pide postergar el inicio del XIII Congreso Nacional de Universidades (CNU), fue aprehendido el sábado y sometido a medidas cautelares el domingo; de seis denuncias presentadas en los últimos días, el Ministerio Público lo imputó por usurpación de funciones y conducta antieconómica, en ambos casos por evidentes errores administrativos.

Un diputado del MAS reveló que el dirigente, ahora desprovisto de su poder y privilegios, se aplazó en 200 materias y obtuvo una calificación de 0 en otras 100, denunció que hizo numerosos viajes al exterior por los que cobró jugosos viáticos, además de su ya conocido sueldo de más de Bs 21.000, por ser miembro del Presidium del XIII CNU desde fines de 2018, cuando el inicio de este magno evento fue suspendido; el mismo Presidium que le había asignado ese salario se lo retiró hace unos días.

El inicio del Congreso Universitario fue suspendido en 2018 debido a que sus participantes no podían ponerse de acuerdo en asuntos procedimentales y de agenda; es la máxima instancia del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y sus decisiones tienen efecto sobre todas las universidades públicas del país más la Escuela Militar de Ingeniería (EMI) y la Universidad Católica Boliviana (UCB). Entendidos en la materia denunciaron entonces que la institución estaba en crisis, que era incapaz de cumplir el mandato asignado en su creación en 1978 y que estaba usurpando funciones de las propias universidades, como los cursos de posgrado y la investigación científica.

El fracaso de 2018 fue una nueva alerta sobre el estado del sistema universitario, cuya autonomía encubre burocracias insensibles que absorben la mayor parte del jugoso presupuesto, además de millonarias transferencias a los estamentos de dirigencia estudiantil, que no miden consecuencias cuando se trata de retener y reproducir su poder, como se ha visto en El Alto y en Potosí, por citar solo dos últimos casos de conducta criminal en sendas asambleas estudiantiles.

El congreso universitario nacional se iniciará hoy con todo el sistema puesto en cuestión y sumido en el descrédito; las y los participantes tienen el enorme reto de reconducir el modo en que la autonomía universitaria es entendida por sus agentes. Es probable que tal cometido deba pasar por una refundación del CEUB, que a su vez pasa por definir líneas maestras de la nueva universidad pública, que incluyan, además de una cultura de transparencia, claridad sobre la función que debe cumplir en la sociedad.

El fallido proceso para la designación de una Defensora o Defensor del Pueblo demostró la dificultad para lograr una mayoría especial en la Asamblea Legislativa. Dado este deplorable antecedente, parece improbable alcanzar dos tercios de votos para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. Se dejan así sin juzgamiento hechos como las masacres de Sacaba y Senkata.

Por mandato constitucional, la autorización de un juicio de responsabilidades contra un presidente o vicepresidente de Estado, por delitos cometidos en el ejercicio del cargo, requiere la aprobación de dos tercios de las y los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si no se logra esa mayoría en la primera votación, se procede a una segunda votación en el mismo periodo legislativo. Si tampoco hay mayoría, el proceso de juzgamiento queda rechazado y se procede al archivo de obrados.

En las últimas semanas hemos asistido al espectáculo de cuatro votaciones en las que ningún postulante preseleccionado obtuvo los dos tercios requeridos para su designación en la Defensoría del Pueblo. El proceso quedó a medio camino. ¿Pasaría lo mismo en el caso de llevarse a votación la autorización legislativa de un juicio de responsabilidades contra Áñez, expresidenta del régimen provisorio? Debe recordarse que están pendientes al menos cuatro proposiciones acusatorias en su contra.

En los primeros meses de gestión del presidente electo Luis Arce, la mayoría legislativa del MAS-IPSP aceleró la resolución de probables juicios de responsabilidades que estaban pendientes desde hace casi dos décadas. El propósito era allanar el camino para avanzar en un juicio de responsabilidades contra Áñez. Pronto se paralizó el recorrido ante la constatación de que los opositores no viabilizarían la autorización requerida. Era evidente que no habría los dos tercios por el veto de la minoría.

El bloqueo anunciado por Comunidad Ciudadana y Creemos al juzgamiento de Áñez por diferentes hechos, en especial las masacres de Sacaba y Senkata con las cuales se estrenó en la presidencia luego de su autoproclamación, derivó en que el oficialismo recurriera de manera forzada a la vía ordinaria para enjuiciar, y quizás pronto sentenciar, a la exsenadora Áñez. Ahí están los casos Golpe de Estado I y II. Como sea, a la fecha sigue pendiente la decisión sobre un juicio de responsabilidades.

Como parte de su estrategia para bloquear una sentencia en la justicia ordinaria, Áñez solicitó a sus socios políticos en la Asamblea que viabilicen los dos tercios. Tanto Camacho como Mesa aceptaron con condiciones. Pero ahora al MAS-IPSP ya no le interesa esa vía para el juzgamiento de la expresidenta. Significaría no solo reconocer su mandato, aunque tenga origen inconstitucional, sino depender de la minoría. Vista la experiencia de la Defensoría es claro que esos dos tercios están cada vez más lejanos.

Todo el mundo está enfrentando una fuerte presión inflacionaria. En ese contexto, Bolivia ha logrado mantener una notable estabilidad de precios. La tormenta aún no ha amainado y una clara acción gubernamental seguirá siendo necesaria. Se espera que ésta sea eficaz, concertada y pensando también en sus límites y retos de mediano plazo.

Los precios están aumentando en casi todos los países debido al encarecimiento de las materias primas, a las complicaciones logísticas y a los problemas que generó la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. Estados Unidos registró su mayor inflación desde 1982 y la mayoría de los países latinoamericanos acumulan alzas de precios superiores al 3% en el primer cuatrimestre. En varios de esos lugares hay incrementos incluso más fuertes en precios de alimentos y gasolina.

La situación boliviana contrasta positivamente con este difícil panorama. La inflación acumulada entre enero y abril fue de 0,41%, según las autoridades. Dato con eco en las percepciones de la gente. Sin embargo, hay preocupaciones en estas últimas semanas en torno a precios o escasez de algunos productos de primera necesidad que tienen por detrás problemáticas muy complejas. El caso del maíz es el mejor ejemplo.

Las razones de esta excepcionalidad son múltiples. Algunas tienen que ver con especificidades de la estructura económica del país, pero es innegable que están asociadas a políticas que, durante muchos años, combinaron instrumentos ortodoxos, como una política monetaria globalmente prudente, con otros heterodoxos, como son el mantenimiento de un tipo de cambio invariable en relación con el dólar, regulaciones de mercado y controles de precio. En la mayoría de las economías vecinas, el Estado se abstiene de cualquier regulación de precios y deja que éstos se muevan con las tendencias globales.

Los resultados de esta estrategia son positivos, aunque hay un necesario debate sobre sus costos y la sostenibilidad si la situación global se sigue deteriorando. Por lo pronto, se observa mucho esfuerzo por regular el precio y disponibilidad de productos como el maíz y otros insumos claves para la cadena alimenticia básica. Obviamente, ese enfoque no deja satisfechos a productores que podrían ganar más en esta coyuntura alcista.

Por lo pronto, la ruta está definida por el Gobierno, pero no está demás que su ejecución esté acompañada de una apertura y diálogo con los productores de bienes regulados de manera que se entiendan sus preocupaciones, pues no todas obedecen a cálculos cuestionables. Por otra parte, tampoco hay que creer que los controles o la fijación de precios se pueden ejercer sin límites, tienen costos y problemas conexos que no se pueden soslayar. Uno de los más importantes tiene que ver con que no desincentiven la producción en el mediano plazo. Es decir, hay que ser realistas y a la vez cuidadosos en el manejo de estas políticas.

El maíz escasea en Bolivia, dicen al unísono productores agropecuarios y autoridades locales del oriente del país, zona productora del grano; el Gobierno afirma que hay suficiente producción de este alimento y que su escasez solo puede deberse al agio y la especulación. En medio de este debate, atizado por la situación internacional, emerge el deseo de sembrar maíz transgénico.

La falta de maíz es real para los productores y se debe a que la superficie de siembra viene disminuyendo gradualmente por la baja productividad que se obtiene, explican ejecutivos del gremio, como consecuencia del ataque de plagas o de condiciones climáticas adversas, como la sequía o la helada. Para el Gobierno la explicación está en que los productores han preferido sembrar otros granos, especialmente soya, en función de sus intereses comerciales.

Los productores afirman que en condiciones normales el país demanda 1,2 millones de toneladas anuales de maíz, y produce entre 900.000 y un millón de toneladas, pero que por las razones ya nombradas, este año la producción es mucho menor. El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, por su parte, afirmó que este año el país tendrá una oferta total de 1.029.179 toneladas de maíz amarillo duro, con lo cual debería abastecerse y garantizarse la demanda interna.

El Viceministro de Defensa del Consumidor, a su vez, anunció una denuncia penal en contra de cuatro empresas de Santa Cruz por los delitos de agio y especulación de maíz, después de verificar el acopio de grandes cantidades del grano en esa ciudad. Días atrás, el ejecutivo de la Cámara Agropecuaria del Oriente había afirmado que de haber especulación y ocultamiento, éste era atribuible a los intermediarios.

Finalmente, el Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior afirmó que más del 50% del maíz que se cultiva en Santa Cruz es transgénico, y explicó que la urgencia con que se demanda autorización para este tipo de cultivos es legalizarlos. De manera coincidente, el Presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente reconoció que el maíz y la soya que se usan para la producción de carne son genéticamente modificados. Súmese a ello el contrabando del grano desde países vecinos donde los cultivos transgénicos son legales.

Todos los argumentos sobre la producción del maíz apuntan a la necesidad de usar semillas genéticamente modificadas para incrementar la productividad de los decrecientes cultivos del grano. Sin embargo, existen obstáculos legales, aunque en anteriores ocasiones han sido superados, autorizándose en circunstancias específicas cultivos transgénicos; el que se emplea para producir biocombustibles, por ejemplo. Días atrás, el Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario afirmó que el procedimiento para autorizar cultivos transgénicos “nunca ha estado cerrado”.

Son, pues, claras y varias las causas detrás de la escasez de maíz y todas confluyen en el deseo de emplear semillas genéticamente modificadas. El Gobierno parece decidido a combatir esas causas, pero en el camino debe garantizar la seguridad alimentaria del país.