«En los allanamientos realizados se ha encontrado listados de personas que tendrían alguna relación con el Bingo Bahiti. En ese entendido, hay algunos funcionarios que referirían, de acuerdo al listado, ser miembros de la Cámara de Diputados y otros de la Cámara de Senadores, que están siendo notificados para recibir las declaraciones», informó el fiscal Aldo Ortiz, director funcional de la investigación.
Según dijo, en el marco de la objetividad que corresponde al Ministerio Público, se busca que las personas que aparecen en esas listas «aclaren si han tenido alguna relación tanto comercial, de amistad, con algunos miembros del Bingo Bahiti».
El Fiscal dijo que se están haciendo las notificaciones con las pericias del caso y se están elaborando copias de seguridad de las computadoras secuestradas el pasado 2 de agosto, durante el allanamiento a casas de juego. «De igual manera, se va a hacer una pericia de las tres máquinas que han sido secuestradas», dijo la autoridad.
Entretanto, afirmó que se procede a las citaciones de los funcionarios públicos, para que se apersonen ante la Fiscalía a efecto de prestar su declaración informativa.
«Estamos hablando de un diputado suplente de La Paz, otros (titulares) de Oruro, Cochabamba, de Sucre, de Santa Cruz, Trinidad y de Pando; además de un senador que ya ha sido notificado ayer (miércoles)», reveló, aunque no adelantó nombres de los que serán convocados a partir de la próxima semana.
Precisó que 15 diputados, entre titulares y suplentes, y un senador deben aclarar esta situación. La agencia ANF mencionó a dos de ellos, el senador Róger Pinto y el diputado Andrés Gallardo, ambos de Convergencia Nacional (CN).
Denuncia. El Ministerio Público procedió el martes 2 de agosto al allanamiento de las salas del Bingo Bahiti en Santa Cruz y se incautó de máquinas de juego y computadoras con fines investigativos. Los procedimientos se llevaron a cabo en medio de un enfrentamiento entre trabajadores que defendían su fuente laboral y policías que utilizaron gases lacrimógenos para poder dispersarlos.
Ese mismo día se registró otra movilización en La Paz, donde cerca de 50 trabajadores de la compañía se declararon en estado de emergencia por temor a perder su empleo, además que expresaron su rechazo a la decisión de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) de intervenir la mencionada casa de juegos.
Las investigaciones giran en torno a tres equipos de computación (CPU) y similar número de máquinas secuestradas en cinco locales de juegos, que fueron intervenidos el 13 de julio. Sobre la documentación que alude los nombres de los legisladores, Ortiz adujo que fue encontrada en el domicilio de José María Peñaranda, quien era miembro del directorio de la empresa.
Según la AJ, Bingo Bahiti adeuda al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 60 millones de bolivianos por concepto del 30% del gravamen al juego en el marco de la Ley 060, de Juegos de Lotería y Azar, promulgada del 25 de noviembre del 2010.
Juan Miguel Zambrana, asesor jurídico de Bahiti, negó la denuncia de evasión y aseguró que la compañía paga un canon sobre el juego del 15% del bruto que ingresa.
El 2010, de los 35 millones de dólares que recibió Lotería Nacional por concepto de juegos, 33,6 millones fueron pagados por Bahiti, según Zambrana. Con la nueva ley, Bahiti estaría obligado a aportar el 60% de sus ingresos, según sus abogados.
Conflicto en licencia de operación
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos de Azar (AJ) intervino las salas de Bingo Bahiti el 13 de julio. La empresa no cumplió con el plazo de 120 días que otorga la Ley 006 para consolidar su licencia de funcionamiento. La ley dispone además una nueva forma de distribución de impuestos.