Nacional

lunes 1 mar 2021 | Actualizado a 12:58

Protestas en Tarija obligan a revisar norma sobre el Prosol

Los campesinos tarijeños bloquearon ayer tres carreteras principales en esa región, en busca de un aumento en la dotación del Prosol de 2.000 a 4.500 bolivianos

Protesta. Uno de los bloqueos campesinos en contra del ex gobernador Mario Cossío.

Por La Razón

/ 16 de agosto de 2011 / 05:00

El bloqueo se inició en la madrugada de ayer, en tres puntos: Chaupiono, en la falda de la Queñua; la Cumbre de Sama, por Tomatitas, y en la carretera del Chaco por El Portillo, informó Elvio Díaz, ejecutivo de la organización campesina.

La protesta se inició hace seis días con una huelga de hambre de 13 dirigentes campesinos en demanda de la aprobación del Reglamento del Prosol, mediante el cual se legaliza un aumento en el monto de distribución por familia campesina, de 2.000 a 4.500 bolivianos.

Ayer se radicalizó la protesta con el bloqueo de las princpales vías camineras. Díaz explicó que la determinación se asumió luego que la Asamblea Departamental postergó la sesión en la que debía tratar la norma.

Sin embargo, ayer desde las 17.00 se reunió ese cuerpo representativo en cuya agenda figuraba como primer punto el análisis del Reglamento del Prosol. Hasta el cierre de esta edición, la Asamblea continuaba con el tratamiento de esa reglamentación, informó la dirigente de las Bartolinas en ese departamento, Bertha Aramayo.

Dijo que la sesión se dilataba debido a que las bancadas «opositoras» hacían observaciones a los mecanismos de «acreditación» de los representantes campesinos que se realiza conforme a los usos y costumbres de las organizaciones campesinas.

Aramayo garantizó que el aumento estaba decidido, pues no había oposición sino a aspectos técnicos.

El dirigente Elvio Díaz explicó antes que el programa Prosol no es un bono, sino un programa de apoyo a las comunidades campesinas, pues si bien se entrega por número de familias, el aporte de la Gobernación se destina a una cuenta a nombre de una comunidad y no a título personal.

Comentó que esos fondos son utilizados en la compra de maquinaria agrícola, en la fortificación de sistemas de riego, entre otros, bajo la supervisión de la Gobernación y de la Ley Safco de control gubernamental.

El Prosol es único en el país y fue aprobado el 2007, mediante ley del Estado, y se paga desde el 2008 a razón de 2.000 bolivianos por cada una de las 45.000 familias campesinas beneficiarias del apoyo.

El diario Nacional de Tarija informó que el programa no rindió los frutos esperados en dos comunidades: Turumayo y Gareca, donde los fondos destinados a vacas lecheras fueron utilizados en terneros y vacas criollas.

Las movilizaciones campesinas tenían el objetivo de elevar el aporte del Prosol de 2.000 a 4.500 bolivianos, hecho que fue aceptado por el gobernador Lino Condori, pero no contaba con la aquiescencia de la Asamblea Departamental, que debía aprobar el reglamento para dar curso a la solicitud campesina.

El programa solidario

El Prosol consta de un aporte en efectivo de 2.000 bolivianos a cada una de las familias campesinas, pero no se paga de manera individual sino colectiva, a nombre de la comunidad, que realiza compras para beneficio colectivo.

Un niño muere por el paro campesino

Un niño de 8 años de la comunidad de Yunchara, municipio de Méndez, murió con un paro cardiorrespiratorio, debido a que los campesinos que bloqueaban la salida de Iscayachi no permitieron pasar a la ambulancia que lo  transportaba al hospital regional San Juan de Dios de la capital tarijeña, informó a Erbol el director del centro médico de esta localidad, Niels Casón.

«Es increíble la intransigencia de los pobladores, porque no podemos creer que un bono valga más que la vida de un niño de 8 años, el cual estaba siendo transferido, con un diagnóstico de peritonitis y sepsis, hasta la sección de pediatría del hospital regional San Juan de Dios», señaló el galeno, quien relató que el niño partió en la ambulancia a las 08.00 de la comunidad de Yunchara y llegó a Iscayachi a las 16.00 .

«Era aproximadamente 400 metros de piedras en el camino (que impidió el paso del vehículo con la rapidez que se requería), mientras los bloqueadores se burlaban desde las laderas del cerro y el niño (finalmente) falleció en el tramo con un paro cardiorrespiratorio a vista de los presentes».

El cuerpo del menor, que estaba acompañado de su madre, fue trasladado a Yunchara.

La movilización campesina se inició a primeras horas de ayer. Se informó que mañana se sumarán a la medida de presión la Federación de Campesinos de Carapari e indígenas de la provincia Gran Chaco, en busca de la aprobación del aumento del monto del Prosol de 2.000 a 4.500 bolivianos por familia campesina.

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Pacto fiscal

Es un imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro.

Por La Razón

/ 1 de marzo de 2021 / 00:36

Como se ha mencionado en varias ocasiones en este mismo espacio, uno de los temas principales en el debate de cara a la elección de las y los gobernadores es el referido al pacto fiscal, imperativo constitucional y legal que no halla cauce desde hace más de un lustro, y que en gran medida determina la posibilidad de avanzar en la senda autonómica, el resto es voluntad política.

Tres candidatos y una candidata a la gobernación de su respectivo departamento se avinieron a responder algunas preguntas relacionadas con su mirada sobre el rumbo que este trámite debe tomar. Sus respuestas, variadas como su perspectiva y su posición en el tablero ideológico, hacen poco énfasis en la necesidad de alcanzar acuerdos, tarea que demanda diálogo y negociación, pero también y sobre todo, profunda vocación autonómica.

Así, los candidatos a gobernador por el gobernante MAS en La Paz y Cochabamba coinciden en la necesidad de coordinar con el nivel central del Estado para asegurar fuentes de ingreso a sus respectivas gobernaciones; el de Cochabamba además asume que los tiempos no están para aventuras en materia de impuestos o empresas públicas y que conviene asegurar el financiamiento de fuentes nacionales.

Más inclinación al modelo autonómico muestran la candidata por Unidad Nacional a la Gobernación de La Paz y el candidato de Creemos al gobierno departamental de Santa Cruz. Ambos coinciden en subrayar el hecho de que más de ocho de cada 10 dólares de los recursos públicos son administrados por el Gobierno nacional, dejando muy poco para la gestión de gobernaciones, gobiernos municipales y universidades.

La candidata paceña señala las profundas inequidades que produce el estado actual de cosas, no solo entre departamentos y con relación al nivel central, sino también entre municipios de un mismo departamento a causa de las diferencias en población. Para también el excandidato a la presidencia, el pacto fiscal debe asignar el 60% de los recursos a los gobiernos subnacionales y solo el 40% al nacional. Estos candidatos tampoco muestran inclinación a desarrollar vocación y capacidades para la generación de ingresos propios.

Es posible que por la dificultad inherente a lograr acuerdos que dejen contenta a la mayoría, o que produzcan descontento entre los menos, la posibilidad de reinstalar un consejo autonómico como el que no logró grandes avances en 2018 sea todavía remota y no esté en agenda de nadie, particularmente por la debilidad estructural que acompañará, siquiera al principio de su mandato, a los nuevos gobernantes subnacionales.

Sin embargo es un tema pendiente desde hace mucho, y urgente, pues solo cuando haya acuerdo en el modo en que los recursos deben ser distribuidos, pero además producidos, será posible vislumbrar el modo en que la autonomía puede hacerse realidad. Mientras tanto, el Gobierno central controla los recursos y gran parte de las decisiones, y los subnacionales tienen a quién culpar de sus defectos.

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Nuevo campo político

El panorama del campo político no parece encaminarse hacia la institucionalización de un sólido sistema de representación política.

Por La Razón

/ 28 de febrero de 2021 / 00:52

Como se sabe, con la realización de las elecciones departamentales, regionales y municipales del próximo domingo concluye un largo e intenso ciclo electoral en el país. Más allá de los resultados de estos comicios y su incidencia en la llamada “división vertical” del poder, será necesario evaluar la reconfiguración del campo político, su rumbo y sus actores relevantes.

Luego de las elecciones generales de octubre del año pasado, que definieron el binomio presidencial y una nueva composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el paisaje político se completará con la elección de gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes, concejales municipales y algunas autoridades regionales. Se habrá establecido así, tras la prórroga de mandatos, la conformación de gobiernos y órganos legislativos en el nivel central del Estado y en las entidades territoriales autónomas.

A reserva del nuevo balance de fuerzas resultante de los comicios subnacionales, bastante similar en tendencia a los años 2010 y 2015 (descenso de votación del MAS respecto a las elecciones presidenciales, victoria opositora en varias gobernaciones y ciudades capitales, tónica de dispersión), la cuestión fundamental tiene que ver con el modo en que se reconfigura el campo político. Parece cambiar el sistema de partidos (hacia una pauta pluralista) y hay señales de crisis de representación política.

En relación al gobernante MAS, autodefinido como “instrumento político”, si bien es hoy la única fuerza política con presencia en todo el territorio nacional y obtuvo una nueva victoria electoral con mayoría absoluta, debe afrontar la fisura entre su dirigencia partidaria, con débil legitimidad, y las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La disputa interna, con previsibles efectos de corto plazo y el reto de renovación de liderazgos, debe resolver también el lugar y futuro de Evo Morales.

En el campo de las oposiciones, en tanto, predomina la debilidad orgánica, la fragmentación y la ausencia de un proyecto de país con respaldo popular. Comunidad Ciudadana, alianza nominal, parece dedicada al activismo en la Asamblea Legislativa. Creemos es una fuerza replegada en lo regional. UN y Demócratas no tienen asambleístas nacionales ni tendrán presencia relevante en las entidades autónomas. Y los otros partidos: PAN-Bol, MTS, PDC, MNR, FPV y ADN, deambulan entre lo testimonial y la marginalidad.

Cierto que hay una centena de organizaciones de alcance departamental o local, algunas de las cuales obtendrán cargos de gobierno y de representación, pero salvo excepciones son únicamente siglas con candidato que se activan en elecciones. El panorama del campo político en Bolivia, pues, no parece encaminarse hacia la institucionalización de un sólido sistema de representación política. Las señales más bien son de crisis. La calidad de la democracia tiene aquí una decisiva asignatura pendiente.

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Denuncias y justicia

Las formas importan mucho, así el país y su democracia saldrán ganando al margen del color político que gobierne en el momento.

Por La Razón

/ 27 de febrero de 2021 / 01:10

En los últimos días salieron a la luz numerosas denuncias y cuestionamientos a funcionarios del anterior gobierno. Entendiendo que hay necesidad de esclarecimientos y eventualmente de procesos jurisdiccionales sobre estas cuestiones, éstos deberían ser realizados siempre con seriedad, respetando los derechos de las personas y sobre todo de manera que estén y parezcan alejados de intereses partidarios.

En los primeros días del gobierno del presidente Arce, la opinión pública observó con aprobación las declaraciones de las nuevas autoridades que afirmaron que el Gobierno no iba a intervenir indebidamente en las investigaciones y decisiones de la Justicia sobre casos en los que estarían involucrados políticos o exfuncionarios públicos.

Esa decisión positiva venía después de un año en el que altos funcionarios del régimen transitorio promovieron y ejecutaron acciones vociferantes, desmedidas y en muchos casos ilegales de persecución y estigmatización de personas que habían pertenecido al gobierno del MAS o que, según ellos, estaban vinculados a esa fuerza política. Este fenómeno fue ampliamente documentado y censurado por respetadas instituciones externas de defensa de los derechos humanos.

Obviamente, la necesaria toma de distancia y respeto escrupuloso de los procedimientos por parte del Poder Ejecutivo en este tipo de casos no significa que se deba desentender de las irregularidades o delitos que podrían haberse producido en la gestión de las instituciones estatales.

Sin duda se debe investigar lo que corresponde si existen indicios de irregularidades o delitos, informar a las instancias competentes y promover acciones administrativas o judiciales en el marco del debido proceso y el respeto de los derechos de los involucrados. Eso incluye, entre otras cosas, tener cuidado en adelantar conclusiones o utilizarlas con ligereza para manchar públicamente el honor de las personas, sin que previamente haya investigaciones sólidas y con posibilidad de los acusados para descargar sus responsabilidades.

Como suele pasar, los excesos al final dañan las mejores intenciones, pues en medio de cuestionamientos de todo calibre y calidad se va instalando la duda en la opinión pública. Al final, todo puede parecer igual, un instrumento más de la lucha política, permitiendo que los grandes delitos y violaciones de derechos humanos se camuflen en ese barullo y tengan oportunidad de ser relativizados o hasta justificados.

El país necesita aclarar y reflexionar colectivamente sobre lo que sucedió el año pasado, esa es la única garantía de que los abusos estatales a ciudadanos por sus ideas políticas no se repitan en el futuro. Y eso pasa por redoblar la prudencia, profesionalidad y respeto de los derechos de todas y todos, desde el actual Estado, cuando se hacen denuncias o investigan situaciones irregulares en la administración pública. Las formas importan y mucho, así el país y su democracia saldrán ganando al margen del color político que gobierne en el momento.

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73 indicadores

Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales ha sido fuente de tensión.

Por La Razón

/ 26 de febrero de 2021 / 01:17

El Ministro de Gobierno anunció que trabaja en la reestructuración de la Policía Boliviana; el trabajo a desarrollar, explicó, está señalado en un documento de “73 indicadores” presentado en diciembre pasado por el presidente Arce. No es el primer titular de esa cartera en hacer tal anuncio; al parecer la verde olivo es una de las instituciones más reacias al cambio.

Fue en nuestro programa Piedra, papel y tinta, que se transmite vía Internet, donde la autoridad a cargo de la seguridad interna del país afirmó que en la Policía hay tanto cosas buenas como malas. También aseguró que no todo el cuerpo policial se amotinó en noviembre de 2019, sino solo “un grupo” que se hizo “servil al golpe de Estado”. Asimismo, anunció que el Viceministerio de Descolonización presentó 26 demandas contra sendos policías que quitaron la wiphala de sus uniformes.

No es difícil imaginar que, como ha sucedido antes, esos grupos que estuvieron dispuestos a dañar la imagen de toda la institución en 2019 no tendrán reparo en buscar formas de impedir la anunciada reestructuración y cabe preguntarse cuán firme es la voluntad política de verdaderamente transformar esa institución, tarea que seguramente tendrá un costo enorme, no solamente en dinero.

Se ha señalado numerosas veces, en este y en otros espacios de opinión, que síntoma de la corrupción estructural en la Policía eran las denuncias de cobros irregulares, y altamente onerosos para padres y madres de jóvenes aspirantes a la condición de Oficial de Policía, que se conocían año tras año. Si necesitaba corromperse, incluso antes de iniciar su carrera, quien aspiraba a ser un servidor dedicado a combatir el crimen, es poco probable que luego tuviese incentivos para la corrección y la ética.

No solo eso. Las enormes diferencias de ingreso entre oficiales y suboficiales también ha sido fuente de tensión en varias ocasiones; y varias veces se denunció que parte de los sobornos que algunos policías suelen aceptar, alegando que su paupérrimo ingreso les obliga a esos extremos, termina en manos de los jefes en el Comando. No se recuerdan investigaciones y sanciones, como tampoco fehacientes desmentidos.

Tal vez por eso el ministro reconoció en la entrevista que hay “demandas históricas” de los policías que hasta ahora no han sido resueltas, irónicamente pese a que fueron varios los ministros de Gobierno que dijeron preocuparse por la tropa. Resolver esas demandas, tal vez, puede ser un inicio en la recomposición moral de una institución que, desafortunadamente, a muchos les conviene que sea venal.

Será bueno dar a conocer los 73 indicadores de mejora en la Policía Boliviana para hacer seguimiento a las acciones que encare el ministro a cargo de la tarea, pero sobre todo para que la población sepa qué debe cambiar y cómo. Así tal vez sea posible involucrar a la sociedad en la tarea y tal vez darle algo de esperanza en que es posible ese cambio.   

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Cinco años de 21F

Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP.

Por La Razón

/ 24 de febrero de 2021 / 00:42

Más allá de la disputa política y de la degradación de la deliberación pública (en especial en las redes sociales), el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 (21F) marca un hito democrático en el país. Es también un punto de inflexión en el gobierno del expresidente Morales. Y se sigue agitando como bandera de las oposiciones, aunque con escaso potencial movilizador.

Cuando en el segundo semestre de 2015, en medio del referéndum sobre estatutos autonómicos departamentales, el gobierno del expresidente Morales tomó la decisión de impulsar una consulta para la reforma constitucional, estaba reponiendo en primer plano el debate sobre la reelección. El asunto había sido crítico en el proceso constituyente y fue uno de los puntos álgidos en la negociación política (año 2008) que viabilizó el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado.

Así, la pretensión del gobierno del MAS-IPSP de ampliar la posibilidad de reelección de su binomio presidencial (bajo el eufemismo de “derecho a la repostulación”) generó un escenario de disputa cuyas consecuencias, en ese momento, eran imprevisibles. Convocado por ley, el referéndum constitucional para la reforma del artículo 169 de la CPE se realizó el 21 de febrero de 2016. Por escaso margen, tras una bien sincronizada guerra sucia, ganó la opción NO, de rechazo a la reforma. Fue una decisión democrática.

De acuerdo con la normativa vigente, el resultado de un referéndum es vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desconociendo ese principio, el oficialismo recurrió a un atajo constitucional para habilitar la candidatura del binomio Morales- García Linera en los comicios generales. Ello se expresó, 21 meses después de la consulta, en una polémica sentencia constitucional, aprobada en noviembre de 2017, días antes de las malogradas elecciones judiciales. El 21F se convirtió entonces en bandera opositora.

Lo que sigue es conocido. Al amparo de la sentencia constitucional, que también es vinculante y de cumplimiento obligatorio, el MAS-IPSP confirmó su binomio en las primarias presidenciales de enero de 2019, previa habilitación del TSE. Y se encaminó el proceso electoral de ese año. La oposición, por su parte, junto con sus operadores mediáticos, tejió la narrativa del “fraude”. Esa narrativa desconoció por anticipado el resultado de los comicios. La bandera devino en movilización con salida inconstitucional.

Transcurridos cinco años del referéndum, más allá de la reciclada disputa política, el 21F marca un hito de decisión democrática en el país, que también fue punto de inflexión en la legitimidad del prolongado gobierno del expresidente Morales. Hoy es una suerte de añoranza de la oposición, que viene de una nueva derrota electoral a favor del MAS-IPSP. Y lo más importante: reafirma de manera inequívoca la necesidad de renovación de liderazgos y la tradición de alternancia bajo reglas democráticas.

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