Nacional

Tuesday 27 Sep 2022 | Actualizado a 03:09 AM

Comcipo tilda de fracaso jornada de diálogo

Según ANF, Condori le pidió a Evo un cambio radical en su gabinete

Por La Razón

/ 17 de agosto de 2011 / 05:00

La primera jornada de diálogo entre el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y un ministro de Estado, de los tres que visitarán la región hasta el jueves, dejó descontenta a la dirigencia cívica.

«Los escucharemos y, posteriormente, vamos a evaluar todo. Pero ayer, la visita del ministro de Minería, José Pimentel, ha sido un fracaso, porque no trajo ni un documento para mostrarnos. Las organizaciones se han sentido molestas porque hace un año que no hay respuestas», dijo a La Razón el presidente de la entidad, Celestino Condori.

«Lo que hacen los ministros es dilatar y dilatar los problemas sociales, por lo que le pido al Mandatario considerar una crisis de gabinete; las autoridades, en vez de solucionar los problemas, crean problemas», añadió molesto el dirigente, según la agencia Fides.

El diálogo entre el Gobierno y Comcipo se abrió paso el lunes tras una masiva marcha de protesta de la ciudadanía de ese departamento, que reclama atención a su pliego de demandas de seis puntos, planteado el 2010.

La región exige soluciones al diferendo limítrofe entre Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro), una fábrica de cemento, la conclusión de los estudios para preservar el Cerro Rico, la construcción de un aeropuerto internacional, la puesta en marcha del complejo polimetalúrgico de Karachipampa y proyectos viales.

Respecto a  Karachipampa, el Gobierno informó que sus instalaciones están casi completas y solo faltan algunos detalles para iniciar la etapa de pruebas, que podrían darse a fin de año, para comenzar operaciones el 2012 .

Hoy se tiene prevista una reunión con la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, que informará lo avanzado para instalar una fábrica de cemento. Mañana es el turno del ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, que cerrará la ronda.

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‘Habemus’ Defensor

Si bien el procedimiento fue legal, hay cuestionamientos de legitimidad.

Por La Razón

/ 25 de septiembre de 2022 / 02:18

Luego de cinco intentos fallidos, la Asamblea Legislativa Plurinacional eligió finalmente con dos tercios de votos al nuevo Defensor del Pueblo. Aprovechando el desbande opositor por licencias, la bancada mayoritaria del MASIPSP cambió el orden del día y zanjó la designación bloqueada desde mayo. Si bien el procedimiento fue legal, hay cuestionamientos de legitimidad.

La Constitución Política del Estado y la normativa vigente establecen con claridad el procedimiento para la designación de la Defensora o el Defensor del Pueblo: concurso público, calificación de capacidad profesional y méritos, selección de postulantes y elección por al menos dos tercios de asambleístas presentes. Todos esos pasos se siguieron formalmente en la designación del nuevo Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro. Lamentablemente, la elección se produjo sin acuerdo entre el oficialismo y la oposición.

El proceso empezó de manera auspiciosa el 15 de marzo de este año con la aprobación por consenso del Reglamento y convocatoria para la designación del Defensor del Pueblo. En el plazo previsto, se presentaron 198 postulantes. Luego de las fases de verificación de requisitos, impugnación, evaluación de méritos y entrevista y evaluación oral, la Comisión Mixta elaboró el informe respectivo con la lista de siete postulantes seleccionados. El consenso se rompió y la oposición decidió no suscribir el informe.

En la fase final correspondiente a la designación en el pleno de la Asamblea, se realizaron cinco sesiones de votación (cuatro en mayo y una última en septiembre). En ninguna de ellas hubo la mayoría de dos tercios requerida. El MAS-IPSP partió dividido, pero al final cerró filas por el postulante Pedro Callisaya, que obtuvo la mejor calificación; Comunidad Ciudadana votó por su propia postulante, Evelin Cossío; y Creemos optó por el voto blanco en demanda de una nueva convocatoria. Se impuso así el veto opositor.

Cuando todo hacía prever que continuaría sine die el interinato de la defensora Nadia Cruz, pese a estar en curso una acción de cumplimiento para que la Asamblea cumpla su mandato, una disciplinada bancada del MAS-IPSP cambió el orden del día de una sesión convocada con más de 24 horas de anticipación y habilitó la designación. Lo hizo con apego al procedimiento del Reglamento de Diputados. 32 asambleístas de la oposición, nada menos, estuvieron ausentes de la sesión por festejo y otros motivos.

De ese modo, luego de un accidentado recorrido de más de seis meses, finalmente el país cuenta con un nuevo Defensor del Pueblo titular, designado por la Asamblea. La mala noticia es que la falta de acuerdo político implica el cuestionamiento por parte de la oposición a la legitimidad de origen de la nueva autoridad. Ello va en desmedro de la institucionalidad. Habrá que acompañar y vigilar el desempeño del defensor Callisaya en la defensa de los derechos humanos, que debe ser autónomo e independiente.

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Un foro global

Arce llevó una lista de 14 temas para proponer a sus pares y a las y los diplomáticos que trabajan en la sede de la ONU.

Por La Razón

/ 22 de septiembre de 2022 / 00:45

Como todos los años, la tercera semana de septiembre tiene lugar en Nueva York el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en el inicio del periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Este año no solo no fue la excepción, sino también fue la primera reunión presencial después de dos años de pandemia. El Presidente boliviano asistió a la cita.

El mandatario boliviano llevó una lista de 14 temas para proponer a sus pares y a las y los diplomáticos que trabajan en la sede de la ONU, todos ellos enmarcados en el multilateralismo, que fue el tema número 14 en la lista. Pero al margen de la propuesta del Presidente, hubo tres temas que merecieron mayor atención que otros: acceso de Bolivia al mar, fracaso de la guerra al narcotráfico y soberanía sobre los recursos naturales.

En el primer asunto, el mandatario boliviano, en consonancia con su propuesta de “fortalecer los mecanismos internacionales para un trato preferencial para los países sin litoral”, recordó el más que centenario diferendo con Chile pidiendo que “más temprano que tarde, el diálogo y la diplomacia” puedan reparar las injusticias de la guerra con Chile, que respondió a intereses capitalistas y arrebató a Bolivia su salida al mar y que mientras tal cosa ocurra, se aplique al país la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar.

Otro asunto abordado por el Presidente, casi en tono de denuncia, ha sido la soberanía sobre los recursos naturales, particularmente el litio, del cual Bolivia tiene las mayores reservas en el mundo, “y asumimos esto con mucha responsabilidad, especialmente al momento de implementar acciones para su industrialización, garantizando que su utilización sirva para el beneficio de la humanidad”, dijo, añadiendo que las reservas bolivianas de litio no deben seguir el camino de otros recursos naturales que, en las condiciones del colonialismo y el desarrollo capitalista, “solo sirvieron para aumentar la riqueza de unos cuantos y provocar el hambre de los pueblos”.

Finalmente, al igual que otros colegas suyos, particularmente el colombiano Gustavo Petro, se refirió a la necesidad de “cambiar el enfoque” en la guerra contra las drogas, pues “la guerra internacional contra las drogas criminaliza y genera sanciones unilaterales contra países del sur, pero blinda el lavado de activos, facilita el tráfico de drogas y otros delitos conexos en otros países del norte”, añadiendo que hay que apostar por un enfoque social y menos militarizado.

Otros temas también fueron abordados por el mandatario dentro y fuera del foro multilateral, incluyendo el estado de las relaciones entre Bolivia y EEUU, que no mejorarán en el corto plazo. El presidente Arce mostró, pues, un perfil enérgico, poco habitual en sus apariciones públicas dentro del país, y probablemente haya dejado una imagen positiva de sí, pues los retos y desafíos del presente y el futuro exigen de las y mandatarios claridad y firmeza.

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Aprestos cívicos

La respuesta usual del Gobierno nacional ha sido ignorar las demandas y ultimátums de los cívicos.

Por La Razón

/ 18 de septiembre de 2022 / 00:19

Un grupo de personas que se atribuye la representación cívica decidió desestabilizar el país en octubre si el gobierno del presidente Arce no atiende sus exigencias. Van a la cola del cabildo departamental anunciado para fin de mes por las entidades cruceñas controladas por el gobernador Camacho. La bandera visible es el Censo 2023, pero ya van agregando nuevas demandas.

Reunidos en la ciudad de Trinidad, una parte, y por Zoom, la otra, los integrantes del autodenominado Consejo Cívico Nacional resolvieron que desde el 17 de octubre próximo iniciarán el bloqueo de carreteras, fronteras e instituciones públicas a nivel nacional. Nada menos. Las medidas de presión arrancarán el 3 de octubre, según cronogramas definidos por la dirigencia cívica en cada departamento. De partida, apoyan las determinaciones del Comité Cívico cruceño y su convocatoria a cabildo.

¿Cuáles son las demandas de la dirigencia cívica que, excepto en Santa Cruz, no fueron concertadas con nadie en los departamentos? La primera es la exigencia de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda el 28 de junio de 2023. Esta fecha, por supuesto, es una consigna, pues no responde a consideraciones técnicas. Tampoco toma en cuenta las consultas realizadas por el Ministerio de Planificación con gobernadores, alcaldes y rectores del país, que en gran mayoría apoyan el Censo 2024.

Pero hay una segunda demanda, planteada de manera genérica: “que el Gobierno autoritario del MAS pare la persecución política”. La premisa es que los dirigentes cívicos, políticos y sociales que no comulgan con el oficialismo están siendo perseguidos y encarcelados. La resolución del Consejo Cívico no menciona ningún caso específico de “persecución política”, pero enfatiza su denuncia y rechazo a la “actitud represora y clasista” (sic) del Gobierno central. No hay novedad en el discurso cívico.

Así pues, en tanto no se derogue el Decreto Supremo 4760 (que establece la realización del Censo como máximo entre mayo y junio de 2024) y no “pare la persecución política”, nos espera un mes de octubre con aprestos de desestabilización (Camacho habló incluso de “desobediencia civil”). Habrá que ver si la sociedad, las organizaciones y las instituciones apoyan y en su caso acompañan estas determinaciones unilaterales de dirigentes cívicos (varios de ellos autonombrados y poco representativos).

Hasta ahora, la respuesta usual del Gobierno nacional ha sido ignorar las demandas y ultimátums de los cívicos. No parece que en este caso vaya a ser diferente. Está cerrada, pues, la posibilidad del diálogo para buscar acuerdos. Se encaminan, en consecuencia, las pulsetas de demostración de fuerza y un probable nuevo escenario de conflicto, en especial en Santa Cruz. Como la bandera del Censo no basta, lo más seguro es que se agreguen otras exigencias. Veamos qué sale del cabildo del 30 de septiembre.

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Odio y política

La sociedad entera está llamada a reflexionar sobre el camino que conduce al odio y el crimen.

Por La Razón

/ 15 de septiembre de 2022 / 00:35

El intento de magnicidio con la Vicepresidenta de Argentina, días atrás, ha hecho evidente un fenómeno que si bien es recurrente en la historia de la humanidad se ha convertido en algo cada vez más común en la práctica política contemporánea: sembrar y estimular el odio por quien es, parece o piensa diferente, no con el objetivo de confrontar ideas, sino de eliminarle.

América Latina tiene abundante memoria de los excesos y crímenes que inspira el odio: la larga noche de las dictaduras en la segunda mitad del siglo XX es la más atroz evidencia de hasta dónde puede conducir el aborrecimiento y la enemistad por el otro diferente. Quienes creyeron superados esos sentimientos hoy deben revisar sus ideas, pues día a día hay personas, líderes políticos y sociales y, lo que es peor, periodistas, estimulando este tipo de emociones.

También, quienes esperaban ríos de tinta analizando, reflexionando o, cuando menos, condenando el frustrado intento de asesinato de una de las líderes más importantes de la Argentina de hoy tienen que haber quedado azorados por un enorme silencio en gran parte de la clase política de ese país, particularmente en la oposición y el conjunto de organizaciones identificadas con la ideología de derecha. De ahí que la periodista argentina Nancy Pazos, con gran valentía, señaló que el suceso y sus efectos “obliga a replantear el rol de los políticos, los factores de poder, los medios y los periodistas. Hasta ahora todos señalan enfrente y con el dedo. Pero nadie se hace responsable”.

Ecos de la “grieta” que divide a la sociedad argentina se escuchan en Bolivia, como cuando el periodista de un diario de Santa Cruz de la Sierra expresa en su cuenta de Twitter su decepción por que el atentado hubiese fallado. O, trasladando la actitud a conflictos nacionales, el director de un diario también cruceño afirma que la migración hacia ese departamento es de “collas” que “odian a Santa Cruz”. Si personas como éstas tienen a su cargo producir contenidos periodísticos no debe extrañar tal tendencia a la polarización que ha motivado la calificación de algunos medios como “cloacas”.

Lo que a inicios de siglo se celebraba como “autocomunicación de masas” y paulatino retroceso de las mediaciones tradicionales, hoy se revela, en el primer caso, como un ecosistema donde circulan mensajes sin más filtro que la programación algorítmica y donde los discursos de odio florecen. En el segundo, a la par que es evidente el retroceso de los medios tradicionales (o su transformación en digitales), se percibe la depauperación del discurso periodístico, al extremo que en no pocos casos se confunde la comunicación periodística con comunicación política, es decir al servicio de una parcialidad.

La sociedad entera está llamada a reflexionar sobre el camino que conduce al odio y el crimen, pero fundamentalmente las y los políticos y periodistas deben reconocer su parte de culpa en este estado de cosas preocupante.

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El fraude de Almagro

Eso es lo que cuestiona hoy el Estado boliviano al exigir la revisión de la auditoría.

Por La Razón

/ 11 de septiembre de 2022 / 00:20

La reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA registró una nueva confrontación verbal acerca de la “auditoría” a las elecciones de 2019 en Bolivia realizada por el equipo del secretario general, Luis Almagro. Ante la reiterada solicitud de abrir y revisar dicha auditoría, Almagro respondió con brusquedad. Está en cuestión su papel en el derrocamiento del expresidente Morales.

A casi tres años de las elecciones generales de octubre del 2019, que después fueron declaradas sin efecto legal por una decisión política, continúa el debate acerca del desempeño del Secretario General de la OEA y los suyos en esa coyuntura crítica boliviana. La injerencia de Almagro se reveló al día siguiente de los comicios, cuando, sin haber resultados oficiales de la votación, la Misión de Observación Electoral de la OEA emitió una inédita declaración política con el pedido de segunda vuelta.

Esa suerte de sentencia previa, que marca el hito más oscuro de las misiones de observación de la OEA, fue ratificada luego en la “auditoría” (en rigor se trató de un endeble estudio muestral) solicitada con ingenuidad por el Gobierno de Morales y rechazada en su momento por la oposición. El grupo de Almagro se encargó de que su verificación ad hoc de las elecciones apuntara a echarlas abajo, como finalmente ocurrió. Eso es lo que cuestiona hoy el Estado boliviano al exigir la revisión de la auditoría.

A través del embajador de Bolivia en la OEA, Héctor Arce, se plantea conformar una comisión de países de la región para hacer un examen técnico de la “auditoría”. Parece razonable. Entre otras cosas, se demanda acceso a información fundamental, como las normas utilizadas en la supuesta auditoría y, en especial, los informes de los auditores. No bastan los documentos preliminar y final publicados luego de pasar por el filtro de los operadores políticos del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral.

La respuesta de Almagro ha sido la negación, el silencio, dar por cerrado el tema y, en su más reciente actuación, el exabrupto. Así es difícil zanjar la cuestión que sin duda continuará en agenda en todas las instancias de la propia OEA, hoy venida a menos por el manejo instrumental de su Secretario General, a quien el oficialismo acusa también por el derrocamiento del expresidente Morales al haber difundido irregularmente un informe preliminar de la auditoría la madrugada del 10 de noviembre.

Como no existe ninguna posibilidad de disipar en el país la disputa de relatos en torno al supuesto “fraude monumental”, sobre el que no se aportó ninguna evidencia en más de un año de investigación en la justicia, no parece mala idea que una instancia internacional de carácter plural (como la comisión de países) investigue y despeje las dudas sobre la “auditoría” de Almagro. Ello es parte de la asignatura pendiente de verdad, justicia, reparación y no repetición en torno a la coyuntura crítica del 2019.

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