La fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, informó que la demanda presentada por el Ministerio de Gobierno el 7 de abril no sólo ampara la última acción de pedido de extractos de llamadas telefónicas que reveló contactos entre líderes de la marcha indígena y Estados Unidos, sino que también puede dar curso a otras acciones similares.
La etapa preparatoria para la presentación de una demanda fiscal es de seis meses; similar plazo tiene la etapa preparatoria de un proceso. Entonces, no se podría cuestionar el hecho de que se use una denuncia hecha en abril para requerir un extracto de llamadas en agosto, como pasó en este caso, justificó la fiscal Yañíquez.
El Ministerio de Gobierno presentó el 7 de abril una denuncia para que la Fiscalía investigue los hechos derivados de una movilización social en el centro paceño. El 18 de agosto, amparado en esa denuncia, requirió al Ministerio Público solicitar el nombre de los titulares y el extracto de las llamadas de dos números de celular.
A partir del reporte de llamadas, el Gobierno estableció que los líderes de la marcha, Pedro Nuni, Rafael Quispe y Roxana Marupa Tórrez, esposa del dirigente Adolfo Chávez, tuvieron contactos telefónicos antes y durante la marcha con un funcionario de la Embajada de Estados Unidos.
Yañíquez informó que la denuncia del 7 de abril también puede ser base legal para solicitar nuevas acciones judiciales similares o enmarcadas en el espíritu de la demanda inicial.
«No se puede, por ejemplo, cuando se investiga una violación, pasar a una estafa, pero si está relacionada como con este caso, sí se puede», respondió la Fiscal de Distrito cuando se le preguntó si la denuncia de abril puede dar paso a nuevas acciones.
«La investigación se amplía de acuerdo al criterio del director funcional de la investigación (fiscal). Puede ampliarse la investigación de acuerdo al camino que vaya tomando», insistió.
POSICIÓN. El fiscal Félix Peralta está encargado del caso. En una entrevista concedida al gubernamental canal 7, justificó el requerimiento del extracto de llamadas que vinculó a indígenas con la legación estadounidense
«Éste es un procedimiento común para determinar si existen amenazas, actos de extorsión, delitos comunes y también de corrupción. Este caso, por su naturaleza compleja, también merecería ser investigado, y de esa manera es que nosotros requerimos esta solicitud (de extractos)», explicó Peralta.
El senador opositor Luis Pedraza afirmó que la acción fiscal no se ajusta a las normas. «Pretenden escudarse en un fiscal que no ha dado la cara».
Posición respecto a llamadas
Abogados
Silvia Salame, del Colegio de Abogados de Bolivia, dijo a La Razón que envió una nota al ministro Sacha Llorenti para expresarle que «es una arbitrariedad la que se cometió al hacer los ‘pinchazos’».
Dirigentes
Dirigentes de la COB, Conamaq, Comcipo y la CSUTCB, entre otros, señalan que no le temen a este tipo de investigaciones. El dirigente cívico Celestino Condori sostuvo que actúan con transparencia y no temen nada.
No identifica a los denunciados
La denuncia que permitió al fiscal Félix Peralta requerir los extractos de llamadas que identificaron a los dirigentes Pedro Nuni, Rafael Quispe y a la esposa de Adolfo Chávez, no especifica quién es el o los denunciados, sin embargo, sí los delitos.
Los denunciantes, en la relación de los hechos, señalan que «por informes de Inteligencia y por medios de comunicación visual y escrita, trabajadores mineros, maestros urbanos y rurales, trabajadores en salud y otros protagonizaron acciones violentas y enfrentamientos con la Policía, haciendo explosionar petardos, cachorros de dinamita, intentaron ingresar a la plaza Murillo y que por reportes de Inteligencia se estarían nuevamente reagrupando para ingresar al centro…».
Por ello, se abre el caso contra los autores por dos delitos: atribuirse los derechos del pueblo (Art. 124) e instigación pública a delinquir (Art. 130 del Código Penal boliviano).
En el marco de la denuncia, de acuerdo con los juristas, se podría requerir extractos de llamadas y realizar otros actos investigativos en contra de otras personas, aunque no se trate del hecho en cuestión