Este juicio, que por primera vez en Bolivia se entabla en contra de exautoridades de un régimen democrático, el de Gonzalo Sánchez de Lozada, y en el que se juzga a la cúpula de las Fuerzas Armadas del 2003, terminó con la fase de los alegatos finales ayer después de dos meses.
En ese lapso, el Tribunal escuchó los testimonios de casi una veintena de víctimas y a los siete militares acusados.
En la tarde de ayer, el último exjefe militar acusado en utilizar su derecho a la última palabra, fue el almirante Luis Alberto Aranda Granados. Durante dos horas y 15 minutos, Aranda explicó la participación de la Fuerza Naval en los hechos de septiembre y octubre.
Testimonio. Aranda aseguró que bajo su mando, la tropa, no provocó ningún herido entre las miles de personas que se manifestaban en La Paz y El Alto, y menos algún muerto.
«Las Fuerzas Armadas somos inocentes de toda la acusación, las FFAA no somos criminales, no somos asesinos, no somos organizaciones tipo mafia siciliana, no somos como se nos dijo psicópatas, somos el pueblo con armas», dijo Aranda durante su exposición frente a sus juzgadores.
Una vez terminados los alegatos de Aranda, el presidente del Tribunal de Sentencia, Ángel Irusta, dio por concluida la fase de debates y anunció que el Tribunal comenzará inmediatamente a sesionar a puertas cerradas, para luego emitir su veredicto final.
Previamente se produjo una reunión improvisada en el mismo salón de debates entre todos los abogados de las partes, el Ministerio Público y los ministros. Para evitar fugas, Irusta informó que los acusados deben asistir «todos los días, absolutamente todos los días, aun si llegamos a sábado o domingo, deberán estar presentes de 09.00 a 12.00 y de 14.30 a 18.00 en esta sala».
Perspectiva. Al término de la audiencia, el fiscal general Mario Uribe dijo que concluyó uno de los procesos históricos en Bolivia y luego aseguró que el Ministerio Público produjo pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de los acusados, por lo que señaló que espera una sentencia condenatoria.
En la misma línea, el abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, afirmó que una vez que se conozca la sentencia en este proceso, «continuaremos persiguiendo a Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y los otros exministros para que sean procesados y cumplan su sentencia en Bolivia».
El representante de las víctimas, Juan Patricio Quispe, aseguró que ellos permanecerán en una vigilia pacífica ante el edificio de la Suprema, hasta que se conozca la sentencia, y anunció la presencia de más dirigentes sociales de El Alto y La Paz que llegarán a Sucre para escuchar el dictamen.
Entretanto, el abogado del general Juan Véliz Herrera, Germán Quiroz, pidió al Tribunal que analice cada una de las pruebas de descargo presentadas para que emitan su veredicto con base en esa documentación.
Defensa. Manifestó que tiene la esperanza de que el Tribunal resolverá la absolución de su defendido, «porque el Ministerio Público y la acusación fiscal no han demostrado la figura de masacre sangrienta. En septiembre y octubre del 2003 no ha habido una masacre sangrienta, lo que hubo fue un enfrentamiento entre los movimientos sociales y las fuerzas del orden, que ha derivado en la huida del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada», acotó el letrado.
Los dos ministros y cuatro conjueces se replegaron la tarde de ayer a sesionar para debatir el contenido de la sentencia. Según fuentes consultadas por La Razón, el Tribunal podría tomarse al menos tres días o, incluso, trabajarían durante el fin de semana para redactar la parte resolutiva de la sentencia.
Audiencia final, sólo por la Tv
La sentencia en el juicio de responsabilidades por el caso Octubre genera expectativa en el exterior. Cadenas internacionales como CNN y BBC pidieron acreditación para transmitir la lectura del dictamen, sin embargo, el trabajo de los medios estará restringido porque no podrán ingresar al salón de audiencias.
La presidenta de la Corte Suprema, Beatriz Sandóval, confirmó que varios medios de comunicación nacionales e internacionales se acreditaron para asistir al juicio, y anunció que se están habilitando varias salas desde donde los periodistas podrán cubrir la información.
Cuando se le consultó si la prensa ingresará al salón en el que se leerá el veredicto, Sandóval dijo que esa decisión le corresponde al Tribunal y no a su autoridad. La preocupación de los medios fue expresada por el dirigente nacional de trabajadores de la prensa, Ramiro Echazú, quien lamentó que no se den las comodidades del caso para desarrollar el trabajo periodístico.
Desde el inicio del juicio, el 18 de mayo del 2009, los camarógrafos y fotógrafos no han tenido permiso para ingresar al salón de debates y las imágenes que se difundieron al país fueron tomadas de un televisor de 32 pulgadas. Similar situación se presentará el día en que se lea la sentencia.
La sala ya ha visto fallos históricos
El salón de audiencias de la Corte Suprema será una vez más testigo de un fallo histórico en la vida de Bolivia. En él se leerá la sentencia contra los acusados por el caso octubre. Hace 16 años, en el mismo recinto, Luis García Meza y Luis Arce Gómez fueron condenados a 30 años de cárcel, pena que cumplen en Chonchocoro.
Este salón que tiene un ancho aproximado de 10 metros y 35 de largo, está equipado con última tecnología. Cada uno de los 12 sillones dispuestos para los ministros de la Corte tiene un micrófono, y hay instaladas dos cámaras de seguridad y tres de video que cubren el recinto.
También hay espacio destinado para los acusados y sus abogados, además de los miembros de la Fiscalía General. Una baranda de madera separa a los abogados y magistrados del público, y sólo hay 44 sillas para las personas que oirán la sentencia.
Desde el 2005, cuando el ambiente fue reacondicionado como sala para juicios penales orales, se dictó sentencias contra el exministro de Salud Tonchi Marinkovic, el exprefecto tarijeño Gustavo Aguirre y el exprefecto paceño Luis Alberto Valle.
El edificio de la Suprema, ubicado frente al parque Simón Bolívar, fue construido entre 1925 y 1945. El presidente Gualberto Villarroel entregó el Palacio de Justicia al presidente de la Corte de ese entonces, Cástulo Chávez. Por entonces, la sala en la que se leerá la sentencia por el caso Octubre, era el salón de honor de la Corte Superior de Chuquisaca y ocupaba la planta baja.