La información la proporcionó el titular del ente electoral, Wilfredo Ovando, quien informó que en estos días la Sala Plena del TSE estudiará las seis denuncias pendientes.
«Tenemos 11 demandas de inhabilitación y resolvimos cinco casos, que fueron rechazados», afirmó Ovando, quien adelantó que los seis casos pendientes serían rechazados «porque no acumulan pruebas». La vocal electoral Dina Chuquimia informó que las denuncias tienen como común denominador el que los candidatos acusados habrían hecho campaña electoral a su favor.
En el Órgano Electoral existen denuncias contra candidatos instaladas por partidos políticos. Por ejemplo, Unidad Nacional (UN), el 9 de agosto, denunció a Wilber Choque Cruz, candidato al Consejo de la Magistratura, por haber sido inscrito en la Asamblea Legislativa con datos de un tercero y habilitado con sus datos originales.
Otra denuncia fue instalada por UN contra el candidato al Tribunal Constitucional, Vladimir Gutiérrez Pérez, por no haber renunciado a su cargo de Director de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Fancesa) hasta antes del 15 de julio, 90 días antes de las elecciones judiciales, como indica la norma.
Una tercera denuncia es contra el candidato al Tribunal Supremo de Justicia por La Paz, Ángel Aruquipa Chui, quien fue denunciado el 25 de agosto por el ciudadano José Montecinos Alfaro, quien dice que el postulante favoreció con su fallo a los militares implicados en los hechos de octubre del 2003 y por ser nombrado juez Séptimo de Instrucción en lo Penal del gobierno militar de Celso Torrelio Villa.
Norma. El artículo 39 del Reglamento de Propaganda del ente electoral establece que «las demandas de inhabilitación por incumpliendo de requisitos o existencia de causales de ilegibilidad serán interpuestas con pruebas documentales hasta 15 días antes de la elección y que por hechos sobrevinientes hasta tres días antes».
Esta normativa prevé que las causales de inhabilitación, entre otras, son la realización de campañas, solicitar el voto y elogiar las cualidades de su postulación. La diputada Elizabeth Reyes (UN) lamentó que el TSE haya rechazado las denuncias contra los candidatos Choque Cruz y Gutiérrez Pérez. «Nos llama la atención cómo se protege a este tipo de postulantes», cuestionó.
Ovando explicó, en otro tema, que la presentación pública de candidatos a autoridades judiciales culminó ayer con «conclusiones satisfactorias. Ahora la gente podrá conocer las características del proceso eleccionario y los méritos de los postulantes».
El 16 de octubre se elegirán a 56 autoridades judiciales de 116 candidatos que siguen en carrera.
La Campaña ‘puerta por puerta’
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, anunció que entregará las cartillas de información del proceso eleccionario del 16 de octubre «puerta por puerta». La autoridad pidió a la población atender a los capacitadores.
TSE alerta a la población sobre la venta de papeletas erróneas
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, alertó a la población no comprar papeletas de sufragio que no tengan publicado el logo de la entidad estatal en el borde superior derecho de este material electoral.
«Las papeletas de votación de enseñanza tienen que ser autorizadas por el Tribunal Supremo; cualquier empresa o persona que publique la papeleta debe contar con el visto bueno», remarcó Ovando. La autoridad electoral anunció que el TSE no autorizó a ninguna empresa la publicación de papeletas. «Si existen papeletas erróneas se hará una investigación», dijo.
Aclaró que el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) investigará qué empresas o personas venden las papeletas a la población. En caso de presentarse anomalías, dijo, se procederá al decomiso del material. «Esperaremos el informe del Sifde para ver qué acciones se pueden tomar», detalló Ovando.
En las calles de La Paz, grupos de personas venden las papeletas de sufragio —con el tamaño real (56×90 centímetros)— a dos bolivianos la unidad. Este material tiene las fotografías erróneas de algunos candidatos a autoridades judiciales.