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Saturday 27 Apr 2024 | Actualizado a 00:11 AM

Sánchez Berzaín desafía a Evo a derogar la amnistía que decretó Mesa el 2003

Octubre. El exministro desafió al Presidente a anular los decretos y someterse a investigación

Por La Razón

/ 2 de septiembre de 2011 / 05:00

«Tengo un emplazamiento para Evo Morales, para el dirigente cocalero violento que complotó y conspiró desde el 6 de agosto del 2002 (…) que derogue los decretos de amnistía, que deje sin efecto esas normas y, de esa manera, él mismo y todos sus cómplices puedan ser sometidos a una investigación imparcial internacional, a la que obviamente estamos deseosos de acudir para que esto se pueda juzgar», declaró Sánchez Berzaín en una entrevista vía Skype con Bolivisión, desde Estados Unidos.

Una fuente del Ejecutivo dijo que se decidió no responder a declaraciones que emita Sánchez Berzaín.

El otrora hombre fuerte del gobierno de Sánchez de Lozada hizo referencia al Decreto Supremo Nº 27234, del 31 de octubre del 2003, al margen de otro, que fue emitido por el entonces presidente Carlos Mesa y estableció amnistía para los ciudadanos cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 4 de noviembre del 2003, «en el ámbito de la protesta social, en contra de las decisiones y políticas asumidas por el Gobierno Nacional».

Postura. Para Sánchez Berzaín, el Gobierno de entonces no salió a la calle a provocar a ninguna persona. «Empezaron los bloqueos, las muertes, los secuestros y los hechos de violencia de la mano de Evo Morales, quien (…) se empeñó en derrocar al Gobierno, lo logró y emprendió el camino para llegar a la presidencia, y en ese camino logró dos decretos de amnistía que a él y a todos sus cómplices los pone al margen de cualquier investigación». En ese marco, reiteró su desafío: «Que se deje de proteger en esos decretos (…) no hay más que firmar y derogar esos decretos. Vamos a un tribunal internacional independiente».

Además, criticó la sentencia que se dictó contra dos exministros y  cinco militares, calificando el fallo como «un atentado a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas».

«La ciudadanía tiene que saber que esta sentencia, de la que tanto se está jactando el Gobierno, no es otra cosa que un mecanismo de represión política destinado a encubrir los verdaderos delitos y los verdaderos delincuentes», señaló. Además acusó al Gobierno de manejar el Poder Judicial.

Orden. Indicó que la posición de las Fuerzas Armadas (FFAA) fue simplemente de control y defensiva, y admitió que las órdenes fueron emitidas por el exmandatario. «Quién dio la orden, está respondido en la Constitución Política del Estado: el Capitán General de las Fuerzas Armadas da las órdenes, son órdenes escritas. Todas las órdenes para que los militares actúen en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada están escritas y las tienen», señaló.

Así, aseguró que no hay nada que esté al margen de lo que pueda ser indagado y que, personalmente, está dispuesto a ser investigado y enjuiciado, pero en un tribunal que garantice «independencia, presunción de inocencia, debido proceso y posibilidad de proponer prueba».

Sánchez Berzaín salió de Bolivia para eludir el juicio de responsabilidades que se ventiló en la Suprema y que ya hizo conocer sentencia contra los exministros Erick Reyes Villa, además de cinco exjefes militares. Para hoy está prevista la lectura del fallo.

En vías del proceso de extradición

Las víctimas anuncian que podrían querellarse contra el Estado por no extraditar a Sánchez de Lozada. «Lo que nos corresponde ahora es lograr la repatriación de los prófugos. Puede haber un caso Octubre 2 y Octubre 3, según las personas puedan ser repatriadas», dijo Rogelio Mayta, abogado de
las víctimas.

Llorenti acusó a Morales

En septiembre del 2004 se reveló la Resolución 0091/04 de la Fiscalía de Distrito de La Paz, un documento referido al caso Octubre, en el que aparece el nombre del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, entre quienes presentaron una denuncia por asesinato, genocidio y otros contra Evo Morales y otros.

La resolución pone en manifiesto que los denunciantes intentaron impedir que el Decreto Supremo Nº 27234 (de amnistía) evite acciones judiciales contra Evo Morales, Felipe Quispe Huanca, Alejo Véliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Óscar Olivera, David Vargas y otros actores de las jornadas de octubre del 2003.

El documento está firmado por la fiscal interina de entonces, Audalia Zurita Zelada, época en la que Llorenti era parte de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). El Ministerio Público, a través de la resolución señalada, evidencia la «imposibilidad de individualizar a los imputados».

También recuerda que «considerando sus características y antecedentes en cuanto al móvil que impulsó estas acciones, resulta que los mismos no respondían al deseo de cometer un delito de orden penal, más al contrario, expresaban una protesta social contra el gobierno constituido». Además, señala que «el motivo político fundante de la amnistía es la no criminalización de la protesta social en el específico momento de los sucesos de ‘Octubre Negro’».

Posiciones

Carlos Sánchez B.: ‘Estoy dispuesto a ser enjuiciado’
«Quienes hemos gobernado el país nunca hemos rehuido responsabilidad política; yo estoy dispuesto a ser investigado, dispuesto a ser enjuiciado, pero (que) el tribunal por lo menos le garantice (a los acusados) independencia, presunción de inocencia, debido proceso legal y posibilidad de proponer prueba, no en los tribunales que Evo Morales ha montado para continuar con esta farsa».

Rogelio Mayta: ‘El siguiente paso es la repatriación’
«Se debe construir una estrategia (…) nuestro próximo objetivo es que Carlos Sánchez Berzaín y Gonzalo Sánchez de Lozada sean repatriados y sometidos a la justicia. Ya el Gobierno tiene una obligación definida por la Corte Suprema de Justicia para que pueda consolidar la solicitud de extradición, esto se ha dispuesto hace años y corresponde a nuestras autoridades concretarlo».

Gral. (r) Alvin Anaya: ‘No hay un Alto Mando digno’
«No tenemos un Alto Mando Militar digno, porque si fuera digno ya hubiera representado sobre sus camaradas y decir ‘no corresponde esta sentencia’. (Los del Alto Mando Militar) están muy subordinados al factor político. Ahora, ¿cómo se tendrá que ver la subordinación y constancia? (…) puede ser que se diga ‘yo no voy a cumplir la misión porque puede haber un muerto y voy preso’».

Gral. (r) Manuel Gemio: ‘Tras la orden, no se delibera’
«Después de que se emita la orden —de acuerdo con la profesionalidad castrense— ya no se puede deliberar, ya no se puede representar el no cumplimiento de una orden. Entonces, yo creo que el desempeño del mando de entonces ha sido  muy adecuado, muy correcto y dentro de las normas constitucionales. El empleo del instrumento militar es responsabilidad del que da la orden».

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Un asunto oscuro

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años

Por La Razón

/ 25 de abril de 2024 / 06:59

La todavía incipiente industria del litio en Bolivia no puede salir de las sombras. Al violento arresto del exministro de Minería y exresponsable de la planta en la región de Lípez en Potosí, Luis Alberto Echazú, se ha sumado, ayer, la muerte del exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El tema se ha politizado y, ahora, judicializado, pero del negocio no hay más que promesas.

Los contornos del caso, la actuación presuntamente arbitraria e irregular de la Fiscalía el lunes, según denuncia del abogado de Echazú, así como las declaraciones de jerarcas y portavoces del ala evista del MAS, hacen pensar en intereses políticos ligados a la sorda pelea por el poder en el partido gobernante antes que en aquellos ligados al efectivo despegue de la industria del litio en el país. El intercambio de acusaciones, con y sin fundamento, en nada ayuda a reactivar el proyecto.

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El tono y el contenido de una “carta abierta” firmada por el exgerente de YLB, Juan Carlos Montenegro, otro de los imputados, antes de morir (incluyendo una última línea en la que pide perdón a sus seres queridos por el “dolor” que les causará “esta mi decisión”), hace pensar en que detrás de la acusación hecha el jueves de la semana pasada por la actual gerente del proyecto y el procurador del Estado, además de la sorprendentemente rápida actuación del Ministerio Público, hay mucho más que la búsqueda de justicia o de castigo a la corrupción.

Según la presidenta ejecutiva de YLB, la acusación fue fruto de una investigación técnica realizada a lo largo de dos años, asunto del cual ni ella ni su antecesor habían dicho nada anteriormente. Al ser conducido a celdas policiales, el exministro, ahora en detención domiciliaria, afirmó que “el Gobierno quiere ocultar tres años y medio” de parálisis en el que debería ser el proyecto más importante del Estado Plurinacional en los últimos años.

Coincidiendo con la denuncia de YLB contra exfuncionarios de la institución, el mismo día, el Presidente del Estado acusó a “potencias mundiales” y un “país vecino” de pretender controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación. A la luz de lo sucedido en los últimos años, es evidente que el principal obstáculo está en el Estado y no fuera de las fronteras.

Mientras Chile se abre a las inversiones de riesgo compartido y se propone recuperar el sitial de primer exportador de litio en el mundo en los próximos dos años, y el presidente de Argentina busca entregar las reservas de su país a las transnacionales del sector, Bolivia todavía no ha mostrado cuál es su estrategia de industrialización y comercialización del preciado mineral, al extremo que ni siquiera ha transparentado los acuerdos (no contratos) que tiene con empresas chinas y rusas. Así, es imposible tener optimismo en el futuro del litio.

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Ley ‘antihombres’

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta.

Por La Razón

/ 21 de abril de 2024 / 00:27

La penosa declaración del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en sentido de que la Ley 348 es una ley “antihombres” (sic), puso en agenda la cuestión irresuelta de la violencia contra las mujeres. Rodríguez recibió fuertes críticas, pero también adhesiones. Lo preocupante es que fomenta a grupos antiderechos y pone en riesgo una norma que protege a las mujeres.

 La ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) fue promulgada por el presidente Morales en marzo de 2013. Su objeto es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores. Se trata de una ley avanzada, resultado de muchos años de lucha de las mujeres por sus derechos en una sociedad patriarcal y machista como la boliviana.

En 11 años de vigencia, la Ley 348 permitió el registro de centenas de miles de denuncias de violencia contra mujeres en el país. Según datos del Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, el año pasado hubo casi 52.000 denuncias. Los casos de violencia familiar o doméstica, que son la mayoría, se incrementaron en 193% entre 2013 y 2023. Cada día, en promedio, hay 142 denuncias de violencia contra mujeres, 30 agresiones sexuales, 104 embarazos de niñas y adolescentes. En 2023 se registraron 81 feminicidios.

Los datos son innegables y terribles: la violencia contra las mujeres, lejos de disminuir, persiste e incluso aumenta. Por ello son deplorables afirmaciones tan ligeras como que la Ley 348 es una “ley antihombres” o, peor, que “la violencia no tiene género”. Si bien existen acusaciones falsas contra hombres, e incluso detenciones arbitrarias presumiendo culpabilidad, ello no atenúa ni menos niega la abrumadora evidencia de que las mujeres son las victimas sistemáticas de actos de violencia en todas sus formas.

En su capítulo de derechos fundamentales, la Constitución señala con claridad que “todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica”. Y establece que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género.

Con ese mandato constitucional, la Ley 348 define mecanismos para proteger a las mujeres. Y traza la ruta para la denuncia, persecución y sanción penal de los agresores.

Es evidente que se requiere una reforma normativa y hay valiosas propuestas para el efecto. Pero sobre todo fallan los operadores del sistema judicial. Claro que debe evitarse que haya hombres inocentes en prisión, pero sobre todo que los feminicidas y violentos estén libres. Las polémicas palabras del presidente del Senado tendrían que servir para debatir el tema, mejorar la ley, garantizar en serio para las mujeres una vida libre de violencia y frenar las muy peligrosas campañas antiderechos.

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Un vecino conflictivo

El gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo

Por La Razón

/ 18 de abril de 2024 / 07:06

Días atrás, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó que había decidido reforzar la seguridad en la frontera con Bolivia debido a la supuesta presencia de cientos de militares iraníes en el país. La respuesta de la Cancillería boliviana fue tan rápida como mesurada, en evidente contraste con el tono que está adoptando el gobierno de Javier Milei.

Desde el inicio, la presidencia de Javier Milei ha sido notable no solo por sus políticas internas de shock, sino también por su manejo de las relaciones internacionales, especialmente con países latinoamericanos de gobiernos considerados izquierdistas. Sus controversiales interacciones con líderes regionales han generado un amplio debate sobre las estrategias diplomáticas y sus implicaciones tanto a nivel regional como doméstico.

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Primero, el intercambio de insultos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, provocó una rápida escalada de tensiones que afortunadamente no pasaron a más. Milei respondió a las críticas de López Obrador, quien había tildado a Milei de “facho conservador”, con términos igualmente duros, exacerbando las fricciones bilaterales. Este tipo de diplomacia de confrontación no solo socava las relaciones tradicionalmente cordiales entre Argentina y México, sino que también plantea preguntas sobre la estabilidad regional.

Por otra parte, las relaciones con Colombia se tensaron significativamente después de que Milei llamara al presidente Gustavo Petro «comunista asesino». Esta declaración provocó una pronta respuesta diplomática de Colombia, incluyendo el llamado de su embajador en Buenos Aires, lo cual subraya la seriedad del conflicto y el impacto en las relaciones diplomáticas; por ahora las relaciones entre ambos países están normalizándose y los respectivos embajadores han regresado a sus funciones.

Asimismo, la afirmación de la ministra Bullrich sobre la presunta presencia de militares iraníes en Bolivia añadió más leña al fuego, mostrando una tendencia hacia declaraciones provocativas que pueden tener serias repercusiones diplomáticas y de seguridad. Algo similar había ocurrido poco antes, cuando el presidente Milei afirmó que el gobierno de Chile iba a llevar a ese país a la pobreza por adoptar políticas socialistas. En ambos casos la respuesta fue pronta, mesurada y contundente.

En el frente interno, estas controversias internacionales parecen servir como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas económicos graves que enfrenta Argentina, como la inflación y el estancamiento económico. Al centrarse en conflictos externos, el gobierno de Milei podría estar buscando consolidar su base política mediante el nacionalismo y el anti-izquierdismo, mientras posterga o minimiza la discusión sobre la necesidad de reformas económicas internas profundas.

Es posible que las tácticas de confrontación de Milei tengan un atractivo político inmediato entre ciertos sectores en Argentina que le son afines, pero los riesgos asociados a alienar a países vecinos y potenciales socios comerciales son altos, especialmente en el mediano y largo plazos, cuando el polémico mandatario ya no esté en funciones.

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Los medios en cuestión

Por La Razón

/ 14 de abril de 2024 / 00:20

El reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert (FES-Bolivia), realizado con líderes de todo el país, revela datos delicados respecto a los medios de comunicación y su desempeño. Además de una baja confianza, se percibe a los medios como promotores del conflicto y como actores políticos que informan en función a su agenda e intereses. La evaluación es crítica.

Hubo un tiempo en que los medios de comunicación y periodistas, en general, estaban en la cima de la confianza ciudadana. Junto con la Iglesia Católica, tenían muy alta legitimidad. Hoy es diferente: en la Delphi de la FES, solo el 7% tiene una confianza alta o muy alta en los medios. Para el 39% es regular. Y un mayoritario 54% confía poco o nada. Estos datos debieran preocuparnos. Si bien estamos mejor que otras entidades, la confianza es un bien preciado que los medios debemos recuperar y preservar.

En un contexto en que los medios digitales y las redes sociales tienden a desplazar a los medios de comunicación tradicionales como principal fuente de información, es necesario hacer un examen acerca de nuestro desempeño. ¿Cómo nos evalúan los líderes? Más de dos tercios, nada menos, sostienen que los medios informan en función a su propia agenda e intereses. Si sumamos el 13,5% que nos perciben como manipuladores, el saldo es muy negativo. Solo un marginal 7% cree que los medios informan con veracidad.

La baja confianza en los medios y la percepción de que informan más pensando en ellos mismos que en la sociedad, quizás se explican, entre otros factores, porque varios operadores mediáticos están polarizados y alientan la polarización. Lo vimos como tragedia en la crisis de 2019, cuando algunos medios y periodistas avalaron y hasta justificaron las masacres. Ello se reafirma en la Delphi: 86% de los líderes consultados sostienen que los medios promueven enfrentamientos y conflictos en el país.

Por si fuera poco, en estas percepciones reveladoras de la situación del campo mediático en Bolivia, casi nueve de cada 10 participantes en el estudio de la FES están de acuerdo con la afirmación de que los medios actúan como si fuesen actores políticos. Es tremendo. Para los liderazgos, la esencia de los medios se está perdiendo. En su balance, varios medios y periodistas están más cerca de la acción política que de la labor informativa. Eso, por supuesto, va en desmedro del periodismo.

Los estudios de percepción cualitativa y de opinión pública expresan tendencias generales en momentos determinados. Son útiles para la reflexión y el análisis. Y contribuyen a la autocrítica. Pero hay diferencias. Más allá de las percepciones aquí descritas, es meritorio el trabajo de medios que persisten en el empeño de cuidar y cultivar cada día los derechos a la comunicación e información. Como diario nos situamos en ese camino reafirmando nuestro compromiso con el libre ejercicio del oficio periodístico.

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Un impasse inédito

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales

Por La Razón

/ 11 de abril de 2024 / 06:33

Aunque se afirma que no es la primera vez que ocurre en la historia reciente, lo sucedido en Quito la noche del viernes al sábado, cuando la Policía irrumpió en la Embajada de México ante Ecuador, representa mucho más que un escándalo diplomático y ha puesto al país andino en un impasse del cual será muy difícil salir, mucho más debido a la hasta ahora arrogante posición de su gobierno.

El conflicto diplomático entre México y Ecuador, cuyo antecedente inmediato fue la declaración de persona no grata a la embajadora mexicana, que luego dio paso al secuestro y encarcelamiento del exvicepresidente Jorge Glas, que acababa de recibir el estatus de refugiado político (pese a haber sido condenado por delitos comunes años atrás), ha escalado hasta alcanzar los estrados de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México ha presentado una demanda buscando justicia y el respeto a las normas internacionales.

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La decisión de México de acudir a la CIJ y la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Organización de Estados Americanos (OEA) los días martes y miércoles reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de un marco de acción que respete los principios fundamentales de la diplomacia y el derecho internacional. Estos foros ofrecen una oportunidad invaluable para abordar el conflicto de manera constructiva, poniendo en primer plano la necesidad de soluciones pacíficas y el diálogo basado en el respeto mutuo, razón por la cual la demanda ecuatoriana de revisar los tratados internacionales es poco prudente.

En estas circunstancias, la comunidad internacional, así como los organismos regionales y multilaterales, deben actuar como mediadores para facilitar una resolución que respete las normas internacionales y promueva la estabilidad regional. Según expertos en la materia, la mediación debe enfocarse en la reconciliación y buscar una solución que permita a ambas partes superar el impasse, manteniendo la integridad de los tratados internacionales como guía.

Este conflicto sirve para poner en relieve la importancia de adherirse a los principios del derecho internacional no solo como un fin en sí mismo, sino como un medio para asegurar la paz, la seguridad y el respeto entre las naciones. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para el manejo de futuras disputas diplomáticas y reafirmar el valor de las convenciones internacionales como pilares de las relaciones entre Estados.

El camino hacia la resolución de este conflicto debe estar pavimentado con el respeto a las leyes internacionales y el compromiso con el diálogo y la negociación. Es imperativo que México y Ecuador, con el apoyo de la comunidad internacional y organismos como la OEA, encuentren una salida basada en el entendimiento mutuo y el respeto a los tratados que han guiado las relaciones diplomáticas durante décadas. Este enfoque no solo resolverá el impasse actual de manera justa, sino que también fortalecerá el sistema internacional basado en reglas, crucial para la coexistencia pacífica entre naciones.

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