— Ud. es conocedor de las realidades políticas del continente, ¿qué paralelos se pueden establecer con Bolivia?
— Un paralelo sería con Ecuador. Ambos redactaron nuevas constituciones entre 2008 y 2009, que apuntan a un cambio en el paradigma de Estado, hacia el Estado Plurinacional. Es una idea vigente en Suiza y en países de África, pero aquí causa polémica al combinar el concepto liberal de nación cívica con la existencia de naciones étnico-culturales. El debate existe en la ONU, pero nunca fue consagrado en una Constitución sudamericana.
Otra semejanza es que sus gobiernos llegan al poder tras grandes movilizaciones, quizás más fuertes en Bolivia. Son gobiernos que nacen de movilizaciones a favor del cambio y que tienen rasgos radicales: apuntan a un Estado Plurinacional y consagran otros modos de desarrollo. Por primera vez en las constituciones modernas, usan términos indígenas para declarar sus propósitos, conceptos como Pachamama.
Como procesos de izquierda, ambos entran en el continuo de gobiernos similares en el continente. Otros fueron bloqueados, como en Honduras. Fue una época de gobiernos progresistas aunque cada uno está pasando por sus crisis particulares.
Después hay un montón de diferencias. Aquí en Bolivia, la movilización indígena es muy organizada, y ha llevado a un indígena a la presidencia. Aquí hay una legitimidad histórica que no tiene paralelo en ningún otro país. Esto caracteriza a Bolivia.
— En el desarrollo de un proceso de gobierno, ¿el componente indígena causa tensiones? ¿Es una ventaja o una desventaja?
— En un proceso político no podemos pensar en términos de ventaja o desventaja sino, en la estructura misma del proceso. Hasta ahora el componente indígena ha sido muy fuerte y es de esperar que siga siendo importante.
No podemos pensar que los indígenas fueron cruciales para traer al presidente Evo Morales al Gobierno y ahora son un obstáculo al desarrollo. Eso no es coherente desde un punto de vista político porque las ideas de los indígenas eran bien conocidas, el pacto de unidad que sigue vigente.
Con todas sus debilidades, este marco de unidad es notable a nivel mundial. Yo trabajo en varios continentes y puedo decir eso.
— No es coherente ver al componente indígena como un obstáculo al desarrollo, ¿eso está ocurriendo en el país?
— Hay polarización por la idea de que hay un marco de desarrollo estatal con el que los indígenas no están de acuerdo, y que se manifiesta en el tema del TIPNIS. Pero ésa es la punta de la pirámide.
Si miramos las demandas de los indígenas, no están centradas en el TIPNIS. Las organizaciones se dieron cuenta de que luego vienen otros proyectos extractivistas y de integración que no consideran lo que está en la Constitución, incluso elementos consagrados internacionalmente, como el derecho a la consulta.
El que no se haya hecho una consulta a los indígenas sobre la ruta, es anticonstitucional. No hay una manera dulce de decirlo. Sobre todo con tierras indígenas, nada puede afectarlas sin consulta previa. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un proyecto puede afectar de manera decisiva a los pueblos indígenas, más que consulta, se busca consentimiento. Hay polarización, pero hay espacio para las soluciones.
Hay necesidad de generar riqueza, este Gobierno lo dice y está en la Constitución: generar riqueza para distribuirla mejor. Pero también dice que no se puede producir riqueza a cualquier precio. Hay que respetar la Madre Tierra, el Vivir Bien, las autonomías indígenas y sus cosmovisiones.
Hay que respetar el hecho de que la economía es plural y que existe tanto la economía capitalista privada, como la economía cooperativa, asociativa, comunal, y todas están protegidas. La genialidad de esta Constitución es su apego a la compatibilidad de esas diferentes formas.
Es una Constitución de transición, no se pasa de un capitalismo dependiente, oligárquico y extractivista, a un modelo de desarrollo que unos podrían llamar Socialismo del Siglo XXI, pero que otros dicen que será simplemente otra manera de hacer capitalismo con un rostro más humano después de la crisis financiera de 2008.
En Europa el rostro humano del capitalismo se está derrumbando. Pero la idea es compatibilizar la generación de riqueza, no se trata de impedir que los hidrocarburos sean explotados.
Se debe buscar que la producción no afecte de una manera definitiva a los indígenas, que los beneficios sean distribuidos también entre ellos de maneras concretas, y que ellos puedan decidir su posición sobre los proyectos.
— ¿El Gobierno tiene que modificar sus proyectos o los indígenas tienen que pensar en el país como un todo?
— Es una cuestión realmente fuerte. Se dice que los indígenas están replegados en sus demandas y no miran al interés nacional. Pero no es tan así. En (la cumbre de) Tiquipaya se dijo que las luchas indígenas no son sólo buenas para ellos, sino para el mundo. Lo que suceda con el TIPNIS y con la oposición indígena a proyectos en otros países es bueno para el mundo, debido a la crisis ambiental en la que hemos entrado.
Si los indígenas formulan sus demandas de manera defensiva, no es porque están mirando sólo su interés, porque no se puede decir que sus intereses sean válidos sólo para esas comunidades.
Y el Gobierno también asume la polarización, sin dar cuenta de sus diferencias internas. Yo trabajo con el Gobierno y veo que hay sensibilidades distintas. Hay gente que piensa que es posible compatibilizar la generación de riqueza con el respeto a la Madre Tierra.
Es necesario, para responder a su pregunta, que las dos partes cedan en alguna medida. No será bueno para el país si una parte gana todo y la otra pierde todo.
Van a tener que negociar y ceder. En este momento se está buscando la manera de negociar. Está claro que Bolivia está a punto de ser un modelo universal. Desde aquí uno no se da cuenta de la importancia de este asunto.
Bolivia puede ser el primer experimento internacional de conciliación entre las posibilidades y formas de desarrollo para mejorar la vida de las personas, con el respeto por la naturaleza, los indígenas, y la diversidad cultural y económica que hay en el mundo. Se habla de esto en India, y el debate es el mismo. La postura productivista de una fase del capitalismo global, que piensa que la inversión más segura es la compra de tierra, a cualquier precio. Brasil acaba de comprar millones de hectáreas en Mozambique. Se trata de acaparar tierra, land grabbing, según el concepto con el que esto se nombra en la ONU.
Es una nueva forma de capitalismo. Yo estoy tratando de analizarla porque trae, de nuevo, un componente de ocupación. Lo que caracterizaba al colonialismo era dominar mediante la ocupación, al contrario del imperialismo que no ocupa. Estos intereses desplazan a los campesinos.
Entonces, lo que veo, es que hay que ceder recíprocamente, y hay soluciones. Estamos a punto de tener una solución honrosa para las dos partes que es otro trazo para la carretera.
— ¿Y cuál es la dificultad para alcanzar un acuerdo de ese tipo?
— El viejo Estado entra en escena. El Estado Plurinacional aún es un proyecto. Lo que existe es un Estado colonial que demoniza a los indígenas. Un gobierno dirigido por un indígena, demoniza a los indígenas diciendo que son manipulados por ONG. No sería fácil decirlo ante un movimiento minero u obrero, pero es porque detrás está la filosofía colonial de que el indígena debe ser tutelado.
No digo que las ONG no sean un problema. Pueden promover el bienestar allí donde los Estados no lo materializan, pero también pueden ser un instrumento que interfiere en la soberanía y los objetivos políticos de un país. No se puede generalizar, pero por ejemplo, en algunos países de África, se ha reglamentado la actividad de las ONG.
El problema es cuando imponen sus propias agendas. Incluso si las decisiones son de los propios indígenas y son apoyados económicamente por una ONG, no veo un problema. En donde veo un problema es en que estamos en un período de ‘contrainsurgencia’ del Gobierno estadounidense en el continente.
La intervención regional adopta varias facetas
De Souza asegura no tener dudas. En Sudamérica, la década del 2000 permitió crecer a los gobiernos progresistas en parte porque «el imperio norteamericano estaba distraído en Oriente Medio», pero al final de ese periodo, regresó. «Lo hizo de dos maneras. Con el golpe en Honduras y con las siete bases militares en Colombia, que fueron una respuesta al cierre de la base de Manta, en Ecuador».
Desde entonces, manifiesta, la interferencia en el continente entró en una tercera fase, «en términos recientes, es decir, después de la Revolución cubana».
Explica que en los ‘60, adoptó la forma de Alianza para el Progreso, que era apoyo al desarrollo de los Estados «amigos». Siguió el periodo de las dictaduras, y finalmente, ya en democracia, la intervención es «local». «USAID y sus subsidiarias invierten mucho en provincias de los diferentes países para proyectos de desarrollo local. Tiene un lado benéfico, pero también promueve la hostilidad hacia los gobiernos progresistas».
Para EEUU es imperdonable que haya gobiernos progresistas de izquierda con una retórica antiimperialista, aunque tengan una práctica diferente, asegura. Incluso al Brasil gobernado por Lula, lo miraban con distancia, por su aspiración a potencia regional. Un ejemplo de esa voluntad subimperial brasileña sería la ruta por el TIPNIS que «es parte de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa).