La marcha se reanuda a las 06.00 y, como estrategia, la dirigencia indígena decidió que esté dividida en tres bloques: el primero compuesto por las mujeres, el segundo por niños y el último por varones. La próxima meta es la comunidad beniana de La Embocada, a 25 kilómetros de San Borja.
25 kilómetros más allá, en Yucumo, continúa el bloqueo de colonizadores que cuestionan la movilización indígena y que decidieron poner cinco condiciones para levantar la protesta, entre ellas que no exista una consulta sobre el tramo carretero en cuestión y que éste se construya, que los indígenas no se opongan a la explotación hidrocarburífera y el abandono de los asentamientos humanos en tierras fiscales.
PLIEGO. En todos los casos, estas condiciones van en contra del pliego de 16 puntos de los marchistas, quienes anticiparon que continuarán su caminata con destino a La Paz pese al bloqueo. Sus dirigentes se anticiparon en advertir que un eventual enfrentamiento en la ruta será responsabilidad del Gobierno. Ante el incremento de la tensión en Yucumo, un contingente de policías partió ayer rumbo a esa zona.
«Seguimos con el bloqueo, porque pedimos diálogo entre el Gobierno y los hermanos indígenas», declaró en el lugar el dirigente de los colonizadores, Adrián Lovera.
Dirigentes indígenas y colonizadores se reunieron ayer en La Embocada en busca de un acuerdo de no agresión para evitar enfrentamientos entre ambos sectores cuando la marcha pase por el lugar del bloqueo. «Hubo un cuarto intermedio, sin hora, pero nosotros descartamos que haya confrontación», afirmó Lovera.
La presidenta del Comité de Marcha, Jenny Suárez, recordó que la protesta comenzó con 1.500 marchistas y ahora «se sumaron más compañeros; en total somos 2.325. Estamos fortalecidos y unidos para la defensa de nuestros pueblos». Luego prosiguió con su tarea de empacar sus pocas pertenencias para reanudar hoy la columna.
Con una fogata al medio del campamento, los otros marchistas alistaban sus prendas, escuchando de fondo la canción Coraje, que el cantautor boliviano Luis Rico compuso durante la marcha indígena de 1990.
META. Ángela Noé (30), quien continúa llorando por la muerte de su hijo de ocho meses por una infección contraída en la marcha, llenaba dos bolsas. «Es la ropa de mis niños. Seguiremos con la marcha y llegaremos a La Paz con más fortaleza», anunció decidida.
El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Celso Padilla, señaló que la marcha se reanudará en la plaza central de San Borja. «Queremos agradecer el apoyo de este pueblo. Nos ayudaron mucho y como símbolo de agradecimiento saldremos del punto central de San Borja».
El vicepresidente de la subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que la pausa en San Borja sirvió para «recargar pilas» y para dar una oportunidad al diálogo, que al final no prosperó.
El Gobierno, que instaló una comisión ministerial en San Borja desde el 1 de septiembre, expuso durante tres jornadas de diálogo seis alternativas para la construcción de la vía, pero ninguna de ellas fue aceptada por los marchistas.
Ayer, el Gobierno envió otra propuesta escrita, pero los marchistas se negaron a responderla porque exigen un diálogo con el mandatario Evo Morales.
Indígenas denuncian abusos de bloqueadores
El dirigente del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, denunció ayer a la red Erbol que los colonizadores que bloquean la carretera a Yucumo cometen abusos contra los sospechosos de apoyar la marcha indígena que se dirige hasta esa región.
«Aproximadamente unas 10 autoridades de Mama T’allas y Tata Mallkus estaban viniendo a sumarse a la marcha y fueron interceptados (por colonizadores), varios de ellos lograron escapar pero tres fueron retenidos por una hora. En ese paso les registraron sus bultos y les decomisaron pito, coca, maíz, libretas de apuntes, credenciales, resoluciones y tarjetas; no solamente están revisando a los indígenas, sino a todos los que están pasando hacia Trinidad», sostuvo en contacto telefónico con la radioemisora.
El secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores de las Comunidades Interculturales de Yucumo, Adriano Lovera, rechazó las acusaciones de Quispe, pero sí reconoció que sus afiliados están realizando control a los viajeros.
Dirigentes rechazan otra propuesta
El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, denunció ayer que los dirigentes de la VIII Marcha Indígena rechazaron este miércoles recibir una propuesta de preacuerdo diseñada por el Gobierno para buscar una salida al conflicto por la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
«Esta comunicación ha sido enviada al campamento, sin embargo, de manera desconsiderada, ha sido devuelta sin siquiera recepcionarla. Nos dijeron que se ha roto cualquier comunicación con el Gobierno, incluyendo el envío de notas escritas», protestó Romero durante una conferencia de prensa en San Borja, donde ayer permanecían los marchistas.
La propuesta del Ejecutivo que ayer fue rechazada incluye, entre otros temas, la instalación de mesas de diálogo para tratar el pliego de 16 puntos de los indígenas, la presentación de anteproyectos de ley para evitar asentamientos en el TIPNIS y la suspensión de la marcha.
Con el antecedente del rechazo, la autoridad afirmó que la dirigencia del sector indígena «nunca» quiso el diálogo. «No hubo un diálogo sincero, ellos siempre fingieron con el diálogo», protestó.
Al respecto, el dirigente del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, confirmó que la marcha indígena ya no recibirá más comunicaciones del Gobierno. «Por eso continuaremos la marcha», sostuvo.
Romero indicó que la comisión gubernamental encargada del caso se quedará en San Borja para intentar reanudar el diálogo.
Llorenti acusa a la CIDOB de recibir dinero de una ONG
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, develó en rueda de prensa que Adolfo Chávez y otros dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), sin que sepan las bases, recibieron $us 130 mil de la Red Fondo Verde.
«Tenemos más información en sentido de que la CIDOB, presidida por Adolfo Chávez, recibió decenas de miles de dólares de la cooperación, en el marco de la aplicación de la Red Fondo Verde, a través de la cual los países capitalistas o industrializados ofrecen pagar compensaciones económicas por sus agresiones a la naturaleza», explicó a los periodistas.
El ministro Llorenti recordó que la Red Fondo Verde es la política de los países capitalistas para tratar de pagar algún tipo de bono, como compensación por la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
Afirmó que, según un informe, la CIDOB ejecutó $us 130 mil a través de proyectos vinculados a ese tipo de políticas, pero remarcó que no se sabe si las bases están enteradas de la ejecución de esos recursos.
En ese marco, dijo que «están convencidos de que en la marcha, no las bases, sino algunos dirigentes están contaminados con intereses ajenos a los objetivos de sus propias organizaciones, como las ONG y los vínculos» con Estados Unidos.