El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio luz verde a cuatro de 11 demandas de inhabilitación y decidió notificar a cuatro candidatos a autoridades judiciales por realizar una supuesta propaganda electoral a su favor.
El vocal del TSE, Marco Ayala, informó que los candidatos del Consejo de la Magistratura, Juan Orlando Ríos Luna y Magdalena Teodora Alanoca Condori; del Tribunal Agroambiental, Paty Yola Paucara Paco y del Tribunal Constitucional Plurinacional, Blanca Isabel Alarcón Yampasi, fueron notificados por realizar una supuesta campaña electoral.
«Las denuncias alegan que estos candidatos estarían distribuyendo tarjetas personales como forma de campaña electoral. Así, el TSE admite las demandas y se determina notificar a los demandados para que ellos asuman su respuesta», informó Ayala.
Los cuatro aspirantes tienen 24 horas (hasta hoy) para presentar sus pruebas de descargo, caso contrario la Ley del Régimen Electoral establece que serían inhabilitados del proceso electoral.
Al respecto, el vocal electoral Ramiro Paredes confirmó la notificación de los cuatro candidatos y anunció que «el ente electoral analizará sus descargos para proceder o no a la inhabilitación».
El artículo 39 del Reglamento de Propaganda del ente electoral establece que «las demandas de inhabilitación por incumplimiento de requisitos o existencia de causales de inelegibilidad serán interpuestas con prueba documental hasta 15 días antes de la elección y que por hechos sobrevinientes hasta tres días antes». Esta normativa prevé que las causales de inhabilitación, entre otras, son la realización de campañas, solicitar el voto y elogiar las cualidades de su postulación.
El presidente del ente electoral, Wilfredo Ovando, comentó que recibió denuncias contra algunos candidatos, por hacer propaganda ilegal para las elecciones judiciales, pero que estarían enfocadas a perjudicar a un contrario.
Ovando recomendó a los candidatos al Órgano Judicial que se mantengan alejados de toda actividad pública y de conductas que los muestren en campaña a favor o en contra de los postulantes.
El Órgano Electoral decidió excluir siete demandas de inhabilitación instaladas por partidos políticos. Por ejemplo, Unidad Nacional (UN), el 9 de agosto, denunció a Wilber Choque Cruz, candidato al Consejo de la Magistratura, por haber sido inscrito en la Asamblea Legislativa con datos de un tercero y habilitado con sus datos originales.
Otra denuncia fue instalada por UN contra el candidato al Tribunal Constitucional, Vladimir Gutiérrez Pérez, por no haber renunciado a su cargo de Director de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Fancesa) hasta antes del 15 de julio, 90 días antes de las elecciones judiciales, como indica la norma.