‘Debemos elegir a personas con valores’
Ruth Rodríguez - La candidata al Tribunal Constitucional considera que se debe acudir a las urnas el 16 de octubre para cambiar la justicia corrupta
— Cuando un conscripto muere dentro de un cuartel, ¿qué ley se aplica, la ordinaria o la militar?
— La ley ordinaria se antepone a la militar, si existe un antecedente de muerte de un conscripto. Se da de baja a los responsables y el caso pasa a la justicia ordinaria para ser investigado y, de ser necesario, sancionado.
— ¿Por qué la gente debe votar en estas elecciones?
— Es un derecho y una obligación el votar para cambiar la justicia que es corrupta, es necesario que los nuevos magistrados sean imparciales.
— ¿Y con una elección se va a cambiar esto?
— Yo siento que hay transparencia en estas elecciones, pero debemos escoger a las personas que tengan valores.
— ¿El cambio de autoridades provocará un cambio total en la justicia?
— Con estas elecciones se tiene que cambiar a los actores, para que tengan una nueva mentalidad y que estén en el marco de la nueva Constitución.
— ¿El Presidente que cumple su segundo mandato puede ser reelecto?
— Yo creo que podría ser reelecto porque la Constitución Política del Estado fue aprobada recién y el Presidente cumplió su primer mandato antes de que sea aprobado, por lo que puede ser reelegido una vez más.
— ¿Las marchas son legales?
— Es constitucional, la marcha es un derecho.
— ¿Y si alguien impide el derecho a la marcha?
— Estaría infringiendo un derecho constitucional.
— ¿Si se presenta una demanda al Tribunal Constitucional fallarían en favor del marchista o de quien bloquea la marcha?
— Se debe ver todos los antecedentes y se debe fallar de manera independiente basándose en la Constitución.
— ¿Cómo se interpreta el artículo 30 de la Constitución (consulta) a la luz del conflicto del TIPNIS?
— Debe haber buena fe de ambas partes y debería hacerse la consulta, pero lo que amerita ahora es dialogar.
Perfil
Nombre: Ruth Rodríguez Maldonado
Nació: 31-10-1958
Profesión: Abogada
Candidata
La postulante trabajó en la comisión jurídica del Centro Diocesano de Pastoral Social de Oruro, fue miembro de la comisión jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro. Desempeñó sus funciones como defensora pública del Ministerio de Justicia y también fue docente de la Universidad Técnica de Oruro.