En su mensaje mañanero en redes sociales, el expresidente Evo Morales persuadió este viernes a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a no sacrificar su antigüedad al servicio del país, en el marco de la elección de nuevas autoridades judiciales.

“Mi recomendación a los hermanos magistrados es que no sacrifiquen tantos años de servicio al pueblo y su prestigio profesional dejándose utilizar por la angurria de poder del gobierno”, posteó el exmandatario.

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Primero hacen fracasar la elección de magistrados, ahora el gobierno dice que la continuidad de esas autoridades será inconstitucional. Boicotean al Legislativo para que sea el mismo TCP que decida su autoprorroga a cambio de inhabilitarnos.

Mi recomendación a hermanos…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) December 1, 2023

Magistrados

Además, el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) apuntó al gobierno de Luis Arce de “boicotear” al Órgano Legislativo. Todo en torno a la continuidad de magistrados.

“Primero hacen fracasar la elección de magistrados, ahora el gobierno dice que la continuidad de esas autoridades será inconstitucional. Boicotean al Legislativo para que sea el mismo TCP que decida su autoprórroga a cambio de inhabilitarnos”, prosiguió Morales.

También alertó a las autoridades del TCP a tener cuidado en caso de una autoprórroga, tomando como ejemplo la autoproclamación de Jeaninne Áñez.

(01/12/2023)

En la crisis poselectoral de 2019 que terminó con la renuncia del presidente Evo Morales, el entonces Comité pro Santa Cruz y su líder, Luis Fernando Camacho, movieron al menos Bs 7,8 millones, según las investigaciones del caso Golpe de Estado I.

Esos fondos fueron utilizados entre el 5 de septiembre y 30 de noviembre para sueldos de la organización cívica, gastos de oficina, pasajes a La Paz, “pasajes Vivi” y “poleras Tarija”, entre otros ítems, según las pruebas presentadas en el caso por el Ministerio de Gobierno —de la parte querellante— a las que accedió La Razón.

En ese lapso se hicieron 18 transferencias desde la cuenta Camacho en el Banco Ganadero —1051-256626— al Comité pro Santa Cruz. En total, los importes suman Bs 7.862.265.

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Camacho y Comité

De esos fondos, el 27 de octubre fueron dispuesto Bs 76.329,57 para “pasajes”. Coincidentemente, al día siguiente (28), Camacho y su lugarteniente Luis Fernando López arribaron a El Alto, pero fueron impedidos de ingresar a La Paz, como cita el documento.

Ese día, a través de dos llamadas (12.14’40 y 19.25’55) López se comunicó con el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, a través del celular (70057000) del ayudante de órdenes del jefe militar, José Luis Torrico Andrade. Para entonces, el Comité pro Santa Cruz propiciaba una semana de paro en protesta por un presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre.

Semanas después, el 10 de noviembre, López y Kaliman sostuvieron un intenso flujo de llamadas telefónicas y una reunión en el Comando de las Fuerzas Armadas horas antes de la renuncia del presidente Morales.

Si bien días antes el flujo de transferencias no pasaba los Bs 100.000, el 5 de noviembre fueron transferidos desde la cuenta de Camacho Bs 210.879,57.

El depósito coincidió con la llegada a La Paz de Camacho, día desde que instaló su cuartel de operaciones en el hotel Casa Grande, de la zona de Calacoto. Era su tercera es la vencida después de dos intentos fallidos.

Carta

Por “mandato” del cabildo del Cristo Redentor del 4 de noviembre, su propósito era entregarle un borrador de carta de renuncia a Morales para que la firme. El 2 de noviembre, en otro cabildo, Camacho había anunciado el “punto final” del mandatario.

A partir del 5 de noviembre, las transferencias fueron más elevadas: Bs 955.868,25 el 19 de noviembre; 877.418.25 el 20; Bs 759.761,65 y Bs 710.861,65 el 27; y Bs 656.899.97 y Bs 564.799,97 el 30.

Al menos 57 personas fueron hospedadas en ambos hoteles entre el 6 y 29 de noviembre.

De acuerdo con notas de descargo, actas y documentación secuestrada, el Comité pro Santa Cruz y Miguel Ángel Navarro, conocido brazo derecho de Camacho, pagaron cinco facturas por un total de Bs 367.207 entre el 18 y 28 de noviembre, de los cuales Bs 10.419 correspondían al hotel Calacoto. Los registros citan como hospedados en este último hotel a los entonces senadores Óscar Ortiz y Arturo Murillo, quienes después se convirtieron en los ministros del régimen proclamado de Jeanine Áñez.

En la lista de hospedados aparecen López, Jerjes Justiniano, Nadia Beller y Marco Pumari, entonces presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), con quien Camacho coordinó las movilizaciones en La Paz. (También aparecen en la lista Gustavo Pedraza y José Antonio Quiroga).

También están incluidos entre los huéspedes Marco Antonio Serrate y el excoronel de Policía Luis Castro López, contratados para la seguridad de Camacho, y Diego Taboada Suárez, chofer.

Pagos

En las investigaciones, Castro López afirma que entre el 20 y 21 de noviembre, a través de Javier Salqui, dueño de la empresa de seguridad, cobró $us 1.500.

“A mí me pagó Miguel Navarro y Lola Producciones 100.000 bolivianos por los servicios prestados”, afirma, por su parte, Serrate.

“Me pagaban 200 bolivianos por día, me pagó Carlos Ortiz”, dice en su declaración Taboada.

“Al momento de retirarnos del hotel, pregunto por caja sobre la cuenta de mi estadía y éste me dice que ya todo está cancelado y que mi consumo fue de Bs 3.000.  Yo ganaba Bs 5.000”, devela Roger Wilfredo Vargas Barba.

El 4 de enero de 2023, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, develó movimientos de dinero de Camacho —entre el 5 de noviembre y 7 de diciembre de 2019— por Bs 4,5 millones, de los cuales Bs 2,1 millones fueron depositados en su cuenta del Banco Ganadero y Bs 2,4 millones a cuentas particulares.

El padre y la hermana de Camacho, además de Navarro y el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) general Gonzalo Terceros, figuran en la lista de destinatarios de esos fondos.

Se trata de solo “una parte del financiamiento al golpe de Estado”, dijo entonces el ministro.

Camacho es señalado también por cohecho y seducción de tropas en el caso Golpe de Estado I, que investiga hechos precedentes a la renuncia de Morales en 2019.

El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales FAM-Bolivia, Rodrigo Puerta, no cree que el proceso de revocatorio de mandato contra los alcaldes prospere, esto debido a que el propio municipio debe pagar el costo total de este referéndum.

“Yo lo hallo poco probable viendo que el propio municipio (es) el que tiene que pagar el propio revocatorio del alcalde”.

Argumentó que si se compara con el anterior periodo de mandato hubo alrededor de 260 pedidos de revocatorio que abrieron un proceso, pero que al final “no llegó a concretarse ninguno”.

“Creemos que la medida ahora es menor porque son menos los pedidos. Eso no debe inquietar ni a las autoridades, ni a la población porque es parte de la democracia. Estamos seguros que nuestras autoridades municipales que hayan hecho una buena gestión no van a tener ningún problema”, manifestó.

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El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, señaló ayer que se recibió 53 solicitudes de revocatoria de mandato en contra de alcaldes, concejales y asambleístas departamentales.

Entre los alcaldes que fueron apuntados con el revocatorio están Jhonny Fernández, de Santa Cruz; Eva Copa, de El Alto; Adhemar Wilcarani, de Oruro; Christian Cámara, de Trinidad, y Jhonny Llalli, de Potosí.

El lunes, el vocal Vargas detalló que, de acuerdo con el calendario, estas solicitudes se empezaron a activar desde el 6 de noviembre y existe un plazo de 90 días para que los promotores “puedan hacer la recolección de firmas y huellas dactilares. Esto sería hasta el 14 de febrero”.

Agregó que el tribunal competente tiene un plazo de 60 días para verificar la cantidad de firmas y huellas dactilares. “En caso de no cumplirse dichas solicitudes, serán rechazadas”.

“Se tiene hasta el 15 de junio para concluir este proceso de solicitudes de revocatoria de mandato, luego el Tribunal Supremo Electoral, con todos los antecedentes, remite a la Asamblea Legislativa para que se emita la convocatoria. Este tipo de referéndum y revocatoria de mandato se hace en la misma fecha para todos los municipios que cumplan los requisitos”, subrayó.

El Decreto Supremo 5074, promulgado este jueves 30 de noviembre por el presidente Luis Arce Catacora autoriza la compra “directa” de dos helicópteros multipropósito, para atender desastres y emergencias.

“Con la finalidad de atender desastres y/o emergencias, el presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar de manera excepcional al Ministerio de Defensa la compra de dos (2) helicópteros multipropósito” (sic), establece el artículo 1 del decreto supremo.

Sobre los recursos, el decreto autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN) transferir los recursos necesarios para la compra de dos helicópteros multipropósito.

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De acuerdo con el decreto, se da un plazo de 10 días hábiles al Ministerio de Defensa para reglamentar el procedimiento de contratación.

“Los señores ministros de Estado en los Despachos de Defensa; y de Economía y Finanzas Públicas, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo”, indica la disposición transitoria del decreto supremo.

El Gobierno reportó el fin de semana que, en lo que va de esta gestión, principalmente en los últimos cuatro meses, se sofocaron 160 incendios forestales a nivel nacional y se movilizaron 5.555 bomberos forestales del Comando Conjunto de Reacción y Eventos Adversos (CCR-EA).

Los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Beni y Cochabamba fueron los más golpeados por las quemas y los incendios forestales.

“Se han movilizado 56 unidades militares. El Ejército ha movilizado 27 unidades militares, la Fuerza Aérea 19 y la armada boliviana 10. Se han realizado 94 operativos terrestres, aéreos y fluvial y se han utilizados siete helicópteros con sus equipos de Bambi bucket”, señaló el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

La autoridad indicó que para combatir los incendios se utilizó siete helicópteros con sus equipos de Bambi bucket que realizaron 991 operaciones de descarga de agua y se utilizaron 1,2 millones de litros de agua.

En cuatro operativos ejecutados en La Paz, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) afectó al narcotráfico en $us 94.000 con el secuestro de taques de hoja de coca peruana y clorhidrato de cocaína. Además, se incautó un vehículo y se aprehendió a tres personas.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este jueves que los operativos se realizaron del 25 al 29 de este mes.

El primer hecho se registró en la carretera La Paz – Las Peñas, a la altura de la localidad de Pongonpuyo, donde agentes de la FELCN interceptaron un camión negro. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el conductor se dio a la fuga y dejó el vehículo en el lugar.

“Requisada la movilidad, se identificó a una mujer. Se encontró al interior 412 bolsas de yute de la empresa ENACO (Empresa Nacional de la Coca) de Perú”.

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Agregó que con los resultados de este operativa sumado al del 25 de noviembre se secuestraron 14.407 libras de hoja de coca peruana.

“Esa hoja ingresó al territorio por Puerto Acosta. Tenía el destino a la producción de pasta base de cocaína. Se ha afectado al patrimonio de esta organización que se dedica a la importación de coca peruana en un total de 60.042 dólares”, manifestó el viceministro.

La autoridad dijo que con estas acciones se protege a los comerciantes que de manera legal comercializan la hoja de coca en el territorio. Indicó que se redoblará los operativos en las fronteras del país con Perú para identificar la internación de coca peruana.

“Esta hoja de coca no está tratada para consumo humano, es de color café y continente tallos. Nuestros hermanos productores realizan una serie de tratamientos a la hoja de coca en el territorio para el consumo”.

También señaló que en tres operativos de interdicción se logró secuestrar 20 kilos de clorhidrato de cocaína, un vehículo y se aprehendió a tres personas vinculadas a actividades ilícitas del narcotráfico.