El Gobierno boliviano conocerá el 10 de enero la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la solicitud de volver a ser parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. La respuesta sería negativa si un tercio de los Estados miembros de esa organización se opone a la readhesión.

Bolivia anunció su alejamiento de la Convención de 1961 el 29 de junio de 2011, cuando también hizo conocer su intención de solicitar su readhesión con una reserva que permita el uso tradicional de la hoja de coca.

La decisión de denunciar a la Convención se dio luego de que el mismo año se rechazó la propuesta de modificar ese mecanismo, eliminando la obligación de abolir el acullico (masticado de coca), además porque la Constitución considera un patrimonio a la hoja en su estado natural.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se opuso a la decisión de Bolivia, con el argumento de que podría influir en el resto de los Estados miembros y que pidan otras reformas a la Convención.

No obstante, el 15 de diciembre de 2011, tras una reunión con una misión de la JIFE, el presidente Evo Morales afirmó que logró apoyo a la denuncia.

“Hemos convencido a algunos de sus miembros y también hay algunos que todavía siento que no entienden, algunos técnicos. Estoy convencido de que tarde o temprano se van a reparar daños históricos al movimiento indígena y a toda una población sobre la hoja de coca”, declaró Morales. La delegación de la JIFE estuvo encabezada por su presidente, Hamid Ghodse.

Oficialmente, Bolivia quedó fuera de la Convención en enero de 2012, cuando también se dio inicio a una campaña para explicar a la comunidad internacional las bondades de la hoja en su estado natural, el uso tradicional y los argumentos para que los países miembros de la Convención analicen la solicitud.

Si un tercio de los 183 países miembros vota en contra de la reserva para el uso tradicional o medicinal de la coca, la readhesión de Bolivia no será aceptada, según explicó Cesar Guedes, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC). El diplomático dijo que el Estado que esté a favor o que no tenga opinión al respecto “no necesita presentar nada (…) se cuentan las posiciones en contra”. A la fecha, según el viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Dionicio Núñez, sólo Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña objetaron ante la Secretaría General de la ONU el pedido de Bolivia de despenalizar el acullico.

Por su parte, el canciller David Choquehuanca, conforme a la declaración de los países no alineados (Irán, 31-8-2012), afirmó en septiembre de 2012 que “la defensa del acullico (…) tiene respaldo de 120 estados”. La palabra final la dará a conocer la ONU, desde su sede en Viena (Austria).

Se pidió excluir el masticado de coca

El masticado de coca (acullico) fue penalizado en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 (art. 49), que fija un plazo de 25 años para eliminar esa práctica, pese a que expresa que respetará la costumbre donde exista suficiente evidencia histórica.

El artículo 49, incisos 1 c) y 2 e) de la Convención, modificada por el Protocolo de 1972 y ratificada en 1986, otorgan a los países signatarios, como Bolivia,   el plazo de 25 años, desde 1986, para anular el acullico.

El inciso e) pone el plazo y Bolivia pretendió que se modifique para que permita de manera indefinida el acullico. El pedido tropezó con el rechazo de Estados Unidos, que formó una coalición para bloquear los esfuerzos de Bolivia de enmendar ese artículo, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

La prohibición de la Convención de 1961 contradice la Carta Magna, que obliga  al Estado a proteger “la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural”.

La Constitución Política del Estado señala que la coca “en su estado natural no es estupefaciente” y reivindica su producción y uso tradicional.

El diputado Héctor Arce (MAS) ratificó que no se postulará a la Presidencia de la Cámara Baja porque ya dirigió esa instancia en dos gestiones. Además, pidió a su bancada retirar cualquier candidatura contraria a esa decisión.

“Me tocó presidir Diputados las gestiones 2010 y 2011 (…) estoy satisfecho con ello y creo que toda renovación es buena e importante”, dijo y reafirmó que no es ni será candidato para dirigir Diputados.

Reveló que se reunió con la bancada del MAS por La Paz, a la que pidió que no se proponga su nombre. En 2010 y 2011 fue electo por consenso de los parlamentarios del MAS. La renovación de la presidencia de la Cámara Baja debe producirse hasta cinco días antes del nuevo periodo legislativo, que empieza el 22 de enero.

El exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez y el juez Wilson Arévalo fueron convocados la  mañana de hoy, junto a Moisés Aguilera, exdirector regional de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), sin embargo, el primero  informó que solicitará la suspensión del acto procesal porque a esa misma hora (11.30) tiene una audiencia en Sucre.

El juez Arévalo, quien conoció el caso de Jacob Ostreicher, negó cualquier vínculo con la red. Él debe presentarse en calidad de testigo, informó el fiscal Ángel Álvarez.

También se menciona a los fiscales Janeth Velarde, Álvaro La Torre, Javier Cordero y Roberto Achá, además de Lumia Acho y Ángelo Céspedes, en tanto que Harry Suaznábar, del distrito de La Paz, fue involucrado de manera extraoficial y no se conoció si será incluido en este proceso.

“Han salido algunos nombres de fiscales y jueces (…) hemos instruido inmediatamente la apertura de procesos por la vía disciplinaria y penal”, manifestó a Panamericana el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien estará hoy en Santa Cruz, coordinando las pesquisas.

Comisión legislativa suma apoyo

El Ministerio de Gobierno respaldó la posibilidad de conformar una comisión parlamentaria que investigue los alcances de la red de extorsión.

En principio fue la diputada Betty Tejada (MAS) quien sugirió la creación de una “Comisión de la Verdad” en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar éste y otros casos que vulneran los derechos ciudadanos. “Con este tipo de extorsiones (…) es necesario iniciar una investigación profunda a todos los entes del Estado que estén involucrados”, dijo a Erbol.  

Ante la iniciativa, el ministro Carlos Romero señaló que “mientras más controles existan sobre este proceso tanto mejor”. Sostuvo que si los legisladores se organizan para este efecto no deberían existir fronteras ideológicas. Los diputados Adrián Oliva (CN) y Fabián Yaksic (MSM) indicaron que esa comisión debería tener facultades de Ministerio Público.

El Ministerio de Gobierno demandó al Tribunal 1° de Sentencia que se mantenga a la ciudad de Tarija como sede del juicio oral del caso Rózsa y que deje sin efecto su decisión, asumida en la audiencia del 1 de noviembre, de llevar el proceso a Trinidad.

Fernando Rivera, representante legal del Ministerio de Gobierno, explicó ayer que la decisión del tribunal que atiende el caso se debe a que entre el 9 y 18 se noviembre se llevará a cabo en Tarija la feria Exposur. Agregó que entre el 20 y 21 siguientes se llevará adelante el censo en el país y estará prohibido el viaje de personas.

El caso Rózsa se refiere a la desarticulación del presunto grupo separatista liderado por Eduardo Rózsa, el mismo que fue desbaratado en un operativo policial en abril de 2009. Allí murieron el húngaro boliviano Eduardo Rózsa Flores, el húngaro-rumano Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Martin Dwyer. Se inició el proceso en contra de 39 personas.

El representante del Ministerio de Gobierno justificó el pedido de ese despacho del Ejecutivo en la decisión que asumió el citado tribunal en radicar la causa en la ciudad de Tarija, en atención a problemas de salud de algunos de los acusados que no pueden trasladarse a la ciudad de La Paz. Rivera indicó que este caso se encuentra en la fase de presentación de incidentes y excepciones, una de las largas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) aprobó el viernes la sentencia N° 680, que ratifica la constitucionalidad de la potestad presidencial de nombrar un vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de cada Tribunal Departamental Electoral (TDE), dispuesta por la Ley del Órgano Electoral (018).

El 1 de marzo de 2011, al menos 11 asambleístas departamentales cruceños presentaron un recurso abstracto de inconstitucionalidad del artículo 33.2 de esa norma, que a la letra dice: “Las Asambleas Departamentales seleccionarán por dos tercios de votos de sus miembros presentes una terna para cada uno de los cuatro cargos electos, garantizando la equidad de género y la plurinacionalidad”.

Según esos legisladores, este artículo viola el artículo 206.V de la Constitución Política del Estado, que determina que cada TDE está compuesto por cinco vocales; que en su interpretación las ternas para las cinco vocalías deberían ser elegidas por la Asamblea Departamental.

“El Tribunal Constitucional ha ratificado la plena constitucionalidad de la Ley del Órgano Electoral, por lo tanto toda la estructura de la institucionalidad electoral en el país ahora es ratificada constitucionalmente”, dijo el diputado Héctor Arce (MAS) en el programa El Pueblo es Noticia, que difunden la red Patria Nueva y el canal estatal.

Lo que corresponde ahora—agregó—, es que la Asamblea de Santa Cruz remita las ternas, como establece la ley, para que la Cámara de Diputados elija a los vocales; si no lo hace, estaría incurriendo en incumplimiento de deberes. Actualmente el TDE de Santa Cruz funciona sólo con la vocal Ida Olender, designada por el presidente Evo Morales.