Nacional

Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 18:54 PM

Gobierno afirma que Chile ‘lucra’ con el enclaustramiento boliviano

El Gobierno denunció ayer que Chile “lucra” con el enclaustramiento boliviano, en medio un reclamo al vecino país por la privatización del puerto de Arica y las alzas tarifarias para la comercialización de carga. Ratificó su pedido de cesión del embarcadero a la administración boliviana.

/ 30 de abril de 2012 / 06:41

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde sostuvo en el programa El Pueblo es Noticia, de los medios estatales, que las medidas adoptadas por el Gobierno chileno en el caso del puerto de Arica, como su privatización, no acompañan el crecimiento económico boliviano alcanzado en los últimos seis años. Según la autoridad, entre el 70 y 80% de la carga que transita por Arica es boliviana. “Déjennos a no-   sotros administrar nuestra carga, ¿por qué no lo quieren hacer?, ¿por qué quieren lucrar con nuestra carga?, ¿lucrar con nuestro enclaustramiento?, ¿por qué han transpasado a una empresa privada?”, cuestionó la autoridad.

Las declaraciones de Alurralde surgen dos días después de que el cónsul de Chile en Bolivia, Jorge Canelas, afirmó que las tarifas portuarias en Arica subieron en un 18% y no en un 7% como expresó el Vicecanciller boliviano el 26 de abril. Alurralde dijo que así se evitó que las tarifas se eleven hasta un 109%, como propuso en 2010 la empresa Terminal Puerto de Arica (TPA) que privatizó el puerto en 2004.

Lo más “indignante” —sostuvo Alurralde— es que Bolivia tiene una deuda de $us 806.988 por el pago de tarifas portuarias en Arica y que su cancelación es retroactiva, por ello, criticó que Chile no haya presentado, en los encuentros bilaterales, un informe técnico que justifique el alza de aranceles.

Chile se comprometió, a través del Tratado de Paz de 1904 que puso fin a la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile de 1879, a permitir el libre tránsito de productos bolivianos por puertos chilenos. Alurralde reclamó ayer para Bolivia la administración del puerto de Arica. La demanda de una administración de ese embarcadero fue manifestada formalmente a las autoridades chilenas en septiembre de 2011.

“No existe razón alguna para que Chile ceda la administración del puerto a Bolivia”, dijo Canelas el viernes y además negó la participación de su gobierno o la Cancillería chilena en la negociación de las nuevas tarifas. Esa tarea, explicó, fue cumplida por la Empresa Portuaria de Arica (EPA) y TPA. Sin embargo, Alurralde criticó esas declaraciones y le recordó al Cónsul de Chile que la empresa privada TPA no participó en los acuerdos suscritos en Chile, sólo EPA y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB).

“EPA es una empresa del Estado. La firma del acuerdo mencionado de marzo (2011) está firmado entre empresas del Estado, no ha habido ninguna participación en este acuerdo, ni compromisos ni firmas de la empresa privada chilena, estimado cónsul Jorge Canelas. Las decisiones se toman de Estado a Estado”, manifestó.

Tarifas. Según el Vicecanciller, el pago de tarifas en el puerto de Arica para los importadores y exportadores bolivianos no supera el 8%. “Se pagará 7,53% de incremento en la categoría más fuerte que es la desconsolidación de contenedores; en despacho de carga general el 4,69%;  en contenedores de 40 pies, el 3,40% y en el 20 pies, 4%; ese es el impacto  que va a tener el usuario final, ellos no van a pagar el 18%”, declaró.

Alurralde afirmó que Chile no puede arbitrariamente incrementar las tarifas en el puerto y dijo que cualquier decisión debe ser trabajada de manera conjunta. “Esta es la principal violación que hace Chile porque, de manera unilateral, asume medidas en temas ambientales, viales, de frontera, aduana, servicios, monopolios y privatización, esa es una violación al Tratado de 1904”.

Canelas afirmó que las declaraciones de Alurralde, sobre las tarifas,  dañan la relación entre países. El Vicecanciller respondió que más daño hace la falta del cumplimiento de acuerdos. “El Cónsul dice ‘nosotros somos soberanos y les damos una tarifa preferencial’, no es cierto, es una obligación escrita”.

Reunión ACE-22

Economía

El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, confirmó ayer que Chile solicitó una reunión con Bolivia para tratar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-22). Sin embargo, criticó que ese país sólo busque dialogar sobre temas de su interés.

Mar: Bolivia denunciará  a Santiago ante la OEA

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde ratificó ayer que en la  42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), a celebrarse del 3 al 5 de junio en la ciudad de Cochabamba, el Gobierno acusará a Chile de incumplir las recomendaciones que el organismo hizo en su momento para solucionar la demanda marítima boliviana.

Alurralde aseveró que no es necesario que la OEA, en su reunión de Cochabamba, emita otra resolución sobre el tema del mar, sino que Chile cumpla con las resoluciones del organismo y que Bolivia exigirá ese acatamiento en la reunión de junio. “La resoluciones de la OEA no prescriben, y las que tenemos de ese organismo han reconocido que Bolivia tiene derecho a una salida soberana al Pacífico”, dijo.

Entre 1979 y 1989, la OEA emitió 11 resoluciones de apoyo a Bolivia y desde 1990 el país presenta informes al organismo sobre la situación de su reclamo. Alurralde aseveró que en Cochabamba se presentará un informe pormenorizado sobre el tema y se plan-   tearán soluciones. “(Las resoluciones) son incumplidas todos los días, desde el momento en que Chile no da a Bolivia una salida soberana al océano Pacífico”, declaró la autoridad durante una conferencia de prensa.

Alurralde lamenta silencio chileno sobre mar

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde lamentó ayer el silencio de Chile sobre una respuesta útil, viable y factible a Bolivia sobre la diferencia marítima, acordado por los mandatarios de ambos países en la Cumbre de las Américas, Cartagena de Indias, Colombia, entre el 14 y 15 de abril. “Lamentablemente no hemos tenido una comunicación oficial”, declaró al programa El Pueblo es Noticia de las estatales Patria Nueva y Canal 7.

El presidente Evo Morales anunció dos días después de terminar la citada Cumbre, en Palacio de Gobierno, que sostuvo una reunión informal con su homólogo chileno, Sebastián Piñera, en la que acordaron que sus cancilleres redacten propuestas sobre la aspiración marítima boliviana.  “Encomendamos a nuestros cancilleres (que) redacten propuestas, esperemos que esas propuestas puedan llegar”, afirmó Morales en esa oportunidad.

Reserva. Alurralde insistió en que la Cancillería boliviana no recibió, hasta ayer, ninguna comunicación oficial de Chile después del encuentro mencionado por Morales que, según un reporte del diario chileno La Tercera, duró “tres minutos”. “Nuevamente nos envuelve este silencio, esta falta de respuesta de Chile en este tema”, advirtió el Vicecanciller.

Bolivia y Chile acordaron en 2006 el tratamiento de una agenda de 13 puntos, la que quedó suspendida desde el 23 de marzo de 2011, por el anuncio del Gobierno boliviano de recurrir a organismos y tribunales internacionales para recuperar una salida soberana al mar. Bolivia perdió su costa marítima de 400 Kms en 1879 tras la Guerra del Pacífico con Chile.

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Lanchipa: Se indaga ‘torturas’ posteriores al operativo del 15 de abril de 2009 en el hotel Las Américas

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Caso hotel Las Américas de 2009.

Por Boris Góngora

/ 25 de abril de 2024 / 17:30

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aclaró este jueves que las investigaciones que se desarrollan en Santa Cruz por el caso Terrorismo, apuntan a supuestos hechos de tortura y vejámenes posteriores al operativo del 15 de abril de 2009.

“Estamos en otro caso, nosotros no estamos hablando de lo sucedido el 15 de abril (de 2009). Nosotros estamos investigando, en este caso, hechos sucedidos posteriormente al 15 de abril. Hechos relacionados a torturas y vejámenes. Hechos que se habrían producido en las personas que han presentado la denuncia”.

El caso Terrorismo se refiere a la intervención de las fuerzas de seguridad contra un supuesto grupo terrorista en el hotel Las Américas, que terminó con tres extranjeros abatidos, entre ellos Eduardo Rózsa, identificado como el líder de esa “célula irregular”.

También cayeron Michael Dwyer (irlandés) y Magyarosi Árpád (húngaro). Tras la intervención, salieron con vida Mario Tadic (boliviano) y Elôt Tóásó (húngaro), quienes ahora anunciaron un juicio contra quienes propiciaron la toma del hotel, entre ellos el expresidente Evo Morales.

Lanchipa reiteró que la causa que se indaga es por “torturas y vejámenes”. “Este caso está siendo adelantado en sus investigaciones a través de una comisión de fiscales que se ha conformado, luego de la reapertura del proceso”.

Lea más: Caso Terrorismo: ‘Eduardo Rósza no llegó solo a Bolivia, lo trajeron’

La directora de la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida, Elizabeth Viveros, señaló el miércoles 15 de abril que se continúa con las pesquisas en el caso de Tadic y Tóásó, por lo que se determinó conformar una comisión para continuar con todos los actos investigativos para el esclarecimiento del hecho.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz lleva adelante el caso activado a denuncia del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), vinculado a los hechos suscitados tras el operativo llevado adelante en el hotel Las Américas.

Desde sus redes sociales, el 13 de abril, Tóásó comunicó que la Justicia abrió el proceso “de violaciones de derechos humanos, como ser: ejecuciones extrajudiciales en el hotel Las Américas, tortura a los sobrevivientes y otros delitos de violaciones de derechos humanos durante el proceso del caso Hotel La Américas” (sic).

Agregó que el caso radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz, a cargo de la fiscal Marioly Torrez.

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La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

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Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

Puede interesarle: Romero asegura que se defenderá como ‘guerrero’ ante un mandamiento de aprehensión

Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

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Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

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El Decreto 5143 busca modernizar la ley de 1887 que rige Derechos Reales

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco

/ 25 de abril de 2024 / 12:59

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

Lea también: Nueva plataforma de Derechos Reales funcionará a partir de octubre

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