A dos años de la intervención policial del 7 y 8 de mayo de 2010, en Caranavi, las investigaciones no dan con los responsables de las muertes de Fidel Hernany y David Calizaya. La Fiscalía aún no presenta una imputación y las víctimas afirman que hace ocho meses que el caso está paralizado.
El proceso se encuentra detenido desde el 5 de septiembre de 2011, según explicó el abogado Jorge Quiroz, quien representa a los familiares de los dos jóvenes que perdieron la vida durante el desbloqueo policial de la carretera entre Caranavi y La Paz.
En septiembre pasado se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal, en la que se sustanció un incidente de actividad procesal defectuosa presentado por Andrés Romero, Cristóbal Ramos, Julio Cruz, Roberto Torres y Carlos Saravia, los jefes policiales que participaron en el desbloqueo y que figuraban como imputados por la Fiscalía.
“En esa audiencia se declaró nula la Resolución 01/2011 del Juzgado 9° de Instrucción, es decir, la resolución de imputación en contra de esos oficiales de la Policía”, recordó Quiroz.
Además, en esa cita, el juez Rolando Sarmiento, que presidía la sala, pidió al Ministerio Público emitir una nueva resolución conforme a los datos actualizados, lo que hasta la fecha no se ha podido concretar.
“A la fecha nos encontramos en la etapa preliminar de investigación y en espera de la apertura de sobres (con las pericias del caso) que se ha solicitado al juez cautelar. Esta audiencia fue suspendida en reiteradas oportunidades por el órgano jurisdiccional, por inasistencia de los coimputados”, explicó la fiscal Patricia Santos, de la comisión que lleva el caso.
La representante del Ministerio Público indicó que este acto procesal es determinante para emitir un criterio formal o resolución de imputación, ya que los sobres contienen los peritajes realizados durante la investigación y que han sido remitidos a conocimiento de la actual comisión. Antes el caso estaba en manos del fiscal Carlos Fiorilo, cuya primera imputación fue anulada.
Afirmó que, pese a ello, las investigaciones no se detuvieron, que a la fecha se investiga al menos a diez personas por la muerte de ambos jóvenes.
“En cuanto a plazos procesales, lo que se ha hecho es ampliarlos. Además, la nulidad de la imputación anterior nos ha vuelto a colocar en etapa preliminar de investigación”, argumentó. En ese marco, adujo que se procede a la recepción de declaraciones ampliatorias de los involucrados en este proceso, seguido en contra del exministro de Gobierno Sacha Llorenti y otras autoridades de Gobierno.
Hace aproximadamente un mes, la comisión de fiscales, que también está conformada por Aldo Ortiz, visitó Caranavi para realizar un registro del lugar donde ocurrieron las muertes y obtener información directa de las personas que vivieron los hechos.
La parte querellante, representada por el abogado Quiroz, ha formalizado además su ampliación de querella y como consecuencia, según Santos, se emitieron citaciones para que varias personas presten declaraciones.
Quiroz reveló que en el proceso se busca incluir al exministro Llorenti, al general (r) Óscar Nina (entonces comandante de la Policía) y al general (r) Ciro Farfán, quien en ese entonces tenía grado de coronel y era comandante departamental de la Policía en La Paz. Ellos se sumarían a los cinco coroneles imputados en principio.
La ONU advierte que el proceso no avanza
El Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, presentado en febrero de este año, advierte en uno de sus acápites que las investigaciones en torno a las muertes del 7 y 8 de mayo de 2010, en la localidad de Caranavi, no tienen avance.
“El proceso por las muertes de Fidel Hernany Jiménez y David Calisaya Mamani, ocurridas en mayo de 2010 en Caranavi, en el marco de violentos incidentes entre Policía y manifestantes que bloqueaban una carretera, no registra avances. Se observó que algunos casos atribuidos el año pasado a miembros de la fuerza pública no prosperaron debido a la ineficiencia y lentitud de las investigaciones realizadas por Policía y Fiscalía”, señala el documento.
“Definitivamente, conforme al comportamiento de las autoridades nacionales, no se ha colaborado en el esclarecimiento de este asunto. Lo que se avizora es que este proceso tenga que ser sustanciado en organismos internacionales”, señaló Jorge Quiroz, abogado de Juan Calizaya y Mario Hernany, los padres de los jóvenes fallecidos.
El jurista reveló que este caso ya es de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por “la conducta de la Fiscalía y de las autoridades jurisdiccional, es decir de los jueces y también por la intervención parcializada del Ministerio de Gobierno”.
Desde la Dirección Jurídica de esa cartera de Estado, el abogado Fernando Rivera desvirtuó su participación en el caso 4217/2010, uno de los nueve por Caranavi, del Ministerio Público contra Sacha Llorenti y otros. “El Ministerio de Gobierno no es parte en ese caso”, dijo.
Familiares lamentan abandono de dirigentes
“Seguimos pidiendo justicia”. Ésas fueron las palabras de Juan Calizaya cuando se le consultó sobre su situación a casi dos años de la muerte de su hijo, David Calizaya, en el desbloqueo de la carretera a Caranavi, en mayo de 2010.
“Nadie nos apoya, aquí en Caranavi tampoco nadie dice nada, los dirigentes se han hecho a un lado. Estamos abandonados por el pueblo, los dirigentes, los que han provocado el bloqueo. Después de que nos han obligado a ir al bloqueo, ahora no quieren ser responsables y eso nos duele mucho”, lamentó.
También dijo que junto a Mario Hernany, padre del otro joven fallecido, no preparan ningún acto para recordar los dos años de los hechos.
“Legalmente dije que no voy a participar en nada, no quiero recordar ese día. Justo ese día (7 de mayo) es el cumpleaños de mi hija, al día siguiente (8 de mayo) de mi otra hijita y a la semana es mi cumpleaños, y pasamos con ese dolor”, dijo.
Por ello, refirió que también piensa abandonar Caranavi. Su abogado, Jorge Quiroz, habla incluso de una presión sobre ambas familias para que dejen la localidad, que esto se entiende como una “tortura” que merecería nuevas acciones legales.