La norma, promulgada ayer por el presidente Evo Morales, tiene por objeto reglamentar la aplicación del Artículo 7 de la Ley 2640, del 11 de marzo de 2004, modificada por la Ley 238, de Resarcimiento Excepcional por Violencia Política, y aprueba la lista oficial y definitiva de beneficiarios establecida en la disposición adicional única de la Ley 238.
El decreto, además, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignar un importe de $us 3,6 millones del Tesoro General del Estado (TGE) para cubrir la compensación del 20% comprometido a las víctimas de épocas dictatoriales.
“El decreto debería ser emitido con un listado (de los beneficiarios) y dar un tiempo para hacer la impugnación, primero debía conocerse la lista; ahora no sabemos a quién van a pagar”, dijo a La Razón Julio Llanos, delegado del grupo de víctimas de la dictadura, que lleva una vigilia de 50 días al frente del Ministerio de Justicia, porque sus nombres no aparecen entre los que aplicaron para recibir el beneficio.
Además, Llanos criticó la Ley 422, sancionada por el Senado el lunes, que designa el monto para el resarcimiento y dispone que la compensación mínima será equivalente a 30 días.
“Esa ley era innecesaria, porque la Ley 2640 establece los mecanismos para sacar del Tesoro los $us 3,6 millones, que corresponden al 20% para el resarcimiento. Esa ley no habla nada del 80% que el Gobierno está obligado a conseguir para las demás víctimas, para los no calificados”, dijo.
Adujo que para disponer de ese dinero, “antes se debió publicar la lista de los más de 1.700 beneficiarios con montos individuales, y luego con un decreto tramitar la ley para disponer del dinero correspondiente, pero esta vez han hecho al revés”. Ese paso, además, serviría para identificar a torturadores, funcionarios públicos y también agentes del Ministerio del Interior (Gobierno) de esa época en el listado.
Por ello, el dirigente adelantó que la vigilia instalada el 13 de marzo por la Plataforma de Lucha de las Víctimas de la Violencia Política se mantendrá en El Prado paceño.
La norma prevé resarcir, por única vez, a 1.704 personas que padecieron de torturas, detención, persecución, exilio y otros flagelos en la época de la dictadura, mismas que el Ministerio de Justicia seleccionó de entre 6.221.
Cumplieron 50 jornadas de Vigilia
Reporte
Entre 1964 y 1980, 25 mil personas fueron víctimas de los gobiernos dictatoriales.
Reclamo
Sólo 1.704 cumplieron los requisitos para el beneficio; representantes del resto están en vigilia desde hace 50 días.