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Santiesteban declara; Gobierno no descarta que sea suspendido

El Gobierno aclaró ayer que aún no tiene una posición final respecto a la actuación del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, en el caso de los 54 excadetes interculturales y condicionó la suspensión de esa autoridad a la investigación de la Fiscalía y a su posible imputación.

/ 3 de mayo de 2012 / 05:44

El lunes, un medio local informó que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, considera que Santiesteban actuó de buena fe en el presunto ingreso irregular de 54 bachilleres interculturales a la Universidad Policial (Unipol).

La autoridad refirió que el Comandante de la Policía se constituyó en su oficina y le dijo que no dio ninguna instrucción directa. De hecho, en el informe oral que ofreció a la Comisión de Seguridad del Estado del Senado, el 20 de abril, el jefe policial ya había dicho que actuó de buena fe. Santiesteban y otros jefes de la entidad del orden son investigados por la admisión presuntamente irregular de 54 cadetes interculturales a la Unipol.

Empero, ayer Pérez explicó que emitió una postura personal. “Debo aclarar que el Gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente en torno a si entiende buena fe o no (en) la actuación del general Santiesteban. Quien vertió ese criterio, de acuerdo a un entendimiento por una explicación verbal que dio el general Santiesteban, es mi persona”, manifestó el viceministro en conferencia de prensa.

Suspensión. Además, refirió que la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, es clara en cuanto a los elementos que podrían determinar la suspensión de Santiesteban.

“La Ley 101 (…) indica que el funcionario policial que sea imputado formalmente y que, producto de esa imputación sea cautelado y (que además) como resultado de la audiencia cautelar, se resuelva la detención preventiva o detención domiciliaria que le impida realizar sus funciones, debe ser suspendido de forma indefinida”, agregó. Por eso, dijo, dependerá del rumbo de la investigación del Ministerio Público la aplicación de la citada suspensión, y no del criterio que pueda tener alguna otra autoridad.

En ese marco, Pérez confirmó que el jefe policial fue convocado a declarar en la Fiscalía en esta jornada, y que dependerá también de este acto procesal el tenor que adopte la querella anunciada por los padres de los 54 cadetes expulsados el viernes de la Unipol. Los familiares tienen la intención de demandar a Santiesteban por incumplimiento de deberes y por dictar resoluciones contrarias a la ley y otros.

La abogada Lourdes Solares, que patrocina a los padres de los excadetes, dijo a La Razón que ya tiene la querella preparada y que ésta podría sufrir modificaciones tras las declaraciones del Comandante de la Policía.

“Para nosotros es prioritario esperar la declaración del general Santiesteban (…) luego analizaremos alguna modificación a nuestra querella por la forma brutal en que fueron expulsados los cadetes. Los padres están indignados”, indicó Solares.

Adicionalmente, reveló que se prepara la presentación de un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y  el inicio de movilizaciones por parte de los familiares de los excadetes, para quienes exigen la reincorporación inmediata a la academia policial. La tarde del viernes, los cadetes interculturales dejaron las instalaciones de la Unipol, tras quedar sin efecto el plan piloto que les permitió el ingreso.

La  Resolución 010/2012 del 9 de febrero y su complementaria del 7 de marzo, que habilitaba a los 54 bachilleres interculturales, quedó sin efecto tras la emisión de la Resolución 144/2012, documento suscrito por Santiesteban el jueves y entregado a los 54 cadetes el día que fueron expulsados.

Coroneles llevados a cautelares

Proceso

El exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Marco Ortuño, y el exrector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola, están con detención domiciliaria. La declaración de Santiesteban ya fue suspendida en dos oportunidades.

Comandante ratifica el retiro de cadetes

El comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, ratificó anoche la resolución que ordena la expulsión de los 54 cadetes interculturales de la Universidad Policial (Unipol), durante una reunión que sostuvo con representantes de los padres de familia de los ahora exestudiantes.

Cinco delegados de los padres de familia, acompañados por dos abogados, se reunieron anoche con Santiesteban. La autoridad les ratificó el retiro de sus hijos de la Unipol, y por ese motivo ellos aseguraron que presentarán un amparo constitucional en favor de los excadetes en el transcurso de esta jornada o mañana.

Durante la cita, otro grupo de padres de familia se apostó frente al Comando de la Policía con pancartas en las manos. Mientras tanto, un contingente de efectivos resguardaba el ingreso a las oficinas policiales.

En horas de la mañana, los padres de los excadetes expresaron su rechazo a la expulsión de sus hijos. “Los padres están indignados y con las fuerzas de llegar a las acciones más drásticas, incluso han manifestado que hasta la muerte”, señaló la abogada Lourdes Solares, quien junto con su colega Ángel Bejarano representan a los familiares de los cadetes que fueron expulsados el viernes de la Unipol.

“La medida de presión se va a instalar en las próximas horas, será un piquete de huelga de entre 10 y 15 padres de familia. El resto estará en son de apoyo”, sostuvo.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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