La Fiscalía aprehende a la exasesora legal de la Unipol
La comisión de fiscales que indaga el ingreso presuntamente irregular de 54 jóvenes interculturales a la Universidad Policial (Unipol) ordenó ayer la aprehensión de la asesora legal de esta institución, Carla Gisela Ortiz Burgos, quien en las próximas horas comparecerá ante un juez cautelar.
Ortiz Burgos se constituye en la tercera persona en ser aprehendida en este caso, después del exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Marco Ortuño, y del exrector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola, quienes tras ser llevados a audiencia cautelar, actualmente guardan detención domiciliaria, por orden del juez 3º de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca.
En marzo se denunció el ingreso irregular de 54 bachilleres a través de un programa intercultural a la Unipol. La Fiscalía halló que entre estos admitidos, 53 no se consideran indígenas, además se indicó que cada uno habría pagado $us 5.000 para ser cadete.
“Se ha determinado, por parte de los miembros de la comisión de fiscales, la aprehensión de la abogada Carla Gisela Ortiz Burgos, entendiendo que ella tuvo participación en los hechos investigados”, dijo el fiscal Aldo Ortiz, director funcional de las indagaciones. Explicó que se dio curso a esta acción legal en el marco del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Este extremo, conforme a los argumentos del Ministerio Público, se funda en el hecho de que Ortiz Burgos fungía como asesora legal de la Unipol y debería haber observado el incumplimiento de la Resolución Suprema 4908, del 10 de diciembre de 2010, que dictamina que el ingreso de cadetes a ese centro de enseñanza debe ser aprobado por una Comisión de Máxima Instancia (CMI), conformada por los ministros de Gobierno, de Educación, de Salud y de Transparencia (o sus delegados), al igual que el Vicerrector de la Unipol y un representante del Comando General de la Policía.
“Ella (Ortiz Burgos), sin tener las facultades, suscribe de igual manera la Resolución 010/2012, de fecha 9 de febrero (que da lugar al ingreso directo de los bachilleres interculturales), firma las mismas”, sostuvo Ortiz.
Manifestó que esta persona sí tiene una participación en el ingreso irregular de 54 cadetes y se cumpliría el artículo 233 del CPP, en su numeral 1 (existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible), así como la existencia de riesgos procesales que dan lugar a la aprehensión.
A la fecha, los 54 estudiantes fueron expulsados y son alrededor de 20 personas las investigadas por las supuestas irregularidades en el ingreso de los ahora 54 excadetes interculturales, hecho que fue denunciado por el Ministerio de Transparencia porque se halló indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para que ingresen a la Unipol.
Junto a los coroneles Piérola y Ortuño, quienes fueron imputados por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias, figura también como investigado el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban.
La convocatoria para recibir la versión de Santiesteban fue pospuesta para el lunes y obedecería a que las cartas en las que se solicita la incorporación de 38 y 16 bachilleres interculturales, en distintas fechas, son firmadas por el actual Comandante de la Policía. La Fiscalía evidenció que no existe el programa intercultural.
Personas indagadas
Caso
En el caso Unipol investigan a un total de 20 personas, entre jefes policiales y civiles. El martes, el Ministerio Público incluyó a cuatro policías.
Declaración
La declaración del comandante de la Policía Boliviana, general Jorge Santiesteban, fue suspendida en cuatro oportunidades consecutivas.
Santalla niega haber influido en admisión
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, quien declaró en calidad de testigo ante la comisión de fiscales que investiga el caso Unipol, aseguró que su hija ingresó al centro de formación policial de manera legal.
Santalla recibió a la comisión de fiscales en su despacho, dada su investidura. En su declaración, de acuerdo con la comisión, confirmó que su hija se postuló a la Universidad Policial (Unipol). Sin embargo, según refirió el fiscal Ortiz Troche, manifestó que su familiar cumplió con los requisitos exigidos para su admisión.
Tras formalizar los requerimientos, aseguró que le comunicaron que su hija estaba habilitada y que, por eso, se hizo presente en la Unipol y realizó los depósitos de Bs 6.000 para el tema de garantía y Bs 4.000 para los uniformes.
Plan. “De acuerdo con lo que manifiesta, su hija ha cumplido con todos los requisitos, se ha presentado a los exámenes y le han comunicado que ella hubiera aprobado”, refirió Ortiz. Pero considerando que el plan estaba destinado a bachilleres interculturales, se le consultó si también se había tomado en cuenta ese aspecto para admitirla, a lo que “volvió a responder que su hija habría ingresado en función a que hubiera cumplido con todos los requisitos”.
En ese mismo grupo figuran el hijo del vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Quino, y un sobrino del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien ya compareció ante el Ministerio Público el 3 de mayo. Navarro aclaró que no tuvo, “en ningún momento”, alguna conversación con policías para propiciar el ingreso de su familiar.
Ortiz sostiene que hay obstrucción en el caso
La comisión que indaga el caso Unipol, conformada por los fiscales Aldo Ortiz Troche, Marco Rodríguez y Milena Alba, hizo conocer la existencia de un aparente amedrentamiento en contra de los policías asignados a la investigación. Prueba de esa situación, se habría activado un proceso disciplinario en la institución verde olivo contra uno de ellos.
Ortiz Troche dijo a La Razón que llama la atención que a través de una orden del Comando General de la Policía se inicie de manera inmediata la ampliación de una investigación, en el ámbito policial, en contra de uno de los indagadores del caso. “Se estaría tratando de obstruir en cuanto a influir en los investigadores o amedrentarlos de alguna manera”, denunció el fiscal.
Arguyó que cuando se solicitó información a esa instancia, se demoraron mucho los trámites, pero que no pasó lo mismo a la hora de reactivar un proceso disciplinario en contra del mayor de Policía J.C.B. El fiscal Rodríguez afirmó que esta situación no frenará las pesquisas, aunque también mostró su extrañeza por este tipo de acciones que buscarían “influenciar de alguna manera en los investigadores”.
