Nacional

viernes 26 nov 2021 | Actualizado a 23:17

División en la CPIB; una parte desconoce a dirigente Vare

Pedro Vare, presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), fue desconocido ayer por 12 de las 23 afiliadas a esa organización, por no apoyar, se dice, a la IX marcha indígena. Vare culpó de su alejamiento a intereses políticos. 

Demandas. Chávez y Bejarano anuncian la plataforma de nueve demandas de la IX marcha indígena.

/ 12 de mayo de 2012 / 06:34

La reunión cabildo de la CPIB decidió revocar de su mandato a Vare y retirarlo de la organización “por traicionar al movimiento indígena prestándose a la estrategia de división, chantaje y amedrentamiento que el Gobierno ejecuta buscando la desaparición de nuestros territorio y la vulneración de nuestros derechos” (Resolución número 3 del Cabildo).

En su lugar fue elegida Nazareth Flores como presidenta de la CPIB. Vare denunció, según la estatal ABI, que intereses políticos buscan desplazarlo del cargo. “El problema es que la política extrema de oposición se está queriendo infiltrar en la organización”, declaró Vare, quien dijo que su expulsión es un mandato del presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, que comanda la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Disensos. El caso de Vare se suma a la expulsión del presidente de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), Elario Uraesa, por firmar un convenio con el Gobierno para la ejecución de proyectos. 

La CPIB también decidió convocar en 90 días a un congreso ordinario para reestructurar su directorio; se declaró en estado de emergencia y se plegará a la IX marcha indígena que el 27 de abril salió de Trinidad hacia La Paz. Asimismo, se decidió respaldar la determinación de la Subcentral Sécure del TIPNIS, del 1 de mayo pasado, de desconocer a Vare por “promover la división y el paralelismo” en esa organización.

Vare acusó de su destitución a sectores de oposición al Gobierno y recalcó que Nazareth Flores apoya la movilización de la Cidob. En abril, la CPIB, liderada por Vare, firmó con el Gobierno un acuerdo para atender las demandas sociales y de desarrollo.  La resolución de la CPIB también rechazó lo que considera la “intromisión” del Gobierno. 

Diálogo pasa por anular la 222

La derogación de la Ley 222 de Consulta Previa en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es la condición para fijar con el Gobierno un diálogo, dijo ayer el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez.

“Queremos manifestar que el inicio del diálogo pasa por la anulación de la Ley 222. Eso abre, como decimos, el candado para los demás puntos”, declaró Chávez a tiempo de presentar la plataforma de demandas de la IX marcha indígena. La plataforma, además de la anulación de la Ley 222, pide cambiar las leyes del Régimen Electoral y del Tribunal Constitucional. En total, son nueve los puntos que incluye la plataforma.

La presidenta del comité de marcha, Bertha Bejarano, anticipó que si bien no existe un plazo para iniciar un encuentro con el Gobierno, espera que “sea lo más antes posible”. La IX marcha arribó ayer a Santa Ana de Moseruna tras caminar 15 kilómetros desde Puerto San Borja. Salió a de madrugada y llegó a las 09.30

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El Comité de la ONU observa que Morales y Áñez sean acusados de sedición y terrorismo

Según el CAT, sedición y terrorismo son tipos penales vagos y abstractos y no se adecuan al principio de la legalidad.

Evo Morales y Jeanine Áñez

/ 26 de noviembre de 2021 / 23:03

El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) llamó la atención que de forma coincidente se haya acusado a los expresidentes Evo Morales y Jeanine Áñez por delitos de terrorismo y sedición, cuando ambas tipificaciones son “ambiguas” y “sin que existieran pruebas contundentes”.

“Llama la atención de que la expresidenta interina Jeanine Áñez sea justamente acusada por los mismos delitos como lo fue su predecesor el presidente (Evo) Morales, a pesar de una definición excesivamente amplia y ambigua, sin que existieran pruebas contundentes de que en ambos casos se hubieran cometido actos susceptibles de ser calificados como terrorismo”, aseveró el jueves en Ginebra, Suiza, el relator del CAT, Chairperson Heller.

Morales fue acusado en 2020 por los delitos de terrorismo, sedición y financiamiento a las actividades terroristas, luego de que el exministro de Gobierno Arturo Murillo develara en noviembre un video-audio en el que el exmandatario supuestamente llama a cercar las ciudades para ahogarlas en desabastecimiento de alimentos.

Como Morales, Áñez también fue acusada por terrorismo, sedición y conspiración en la denuncia denominada Golpe de Estado y que corresponde a los hechos que derivaron a la dimisión del expresidente. Las denuncias contra la expresidenta, ahora en la cárcel, fueron activas cuando asumió la Presidencia Luis Arce. La denuncia la planteó la exdiputada del MAS Lidia Patty.

“Lo que llama mucho la atención es que la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político y de que se ha recurrido a estos cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones”, cuestionó y recordó que tras la crisis de 2019 se recurrió a esas figuras legales.

Según el CAT, sedición y terrorismo son tipos penales vagos y abstractos y no se adecuan al principio de la legalidad.

También calificó de “comportamiento errático y partidista” el accionar de la Policía, que en 2019 se amotinó y agravó la crisis política que hasta ese momento solo tenía como actores de las protestas a los cívicos.

“Incluso el jefe de la Policía (Yuri Calderón) fue el que sugirió al Presidente, en una declaración pública el 10 de noviembre de 2019, a que presentara su renuncia y se presentó una situación similar en las Fuerzas Armadas. Es decir, los hechos revelan una clara manipulación durante las (disputas) políticas”, cuestionó.

El CAT pidió que se informe si se tomaron las medidas específicas para garantizar que la Policía y las Fuerzas Armadas se rijan por “criterios estrictamente profesionales subordinadas al poder civil, lo que contribuirá a garantizar la estabilidad democrática. ¿Se ha pensado en establecer controles internos y externos para supervisar su actuación?”, preguntó

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El CAT sobre crisis de 2019: Hubo racismo, ‘pititas’ financiaron paramilitares y se usó la Biblia

En el análisis del Comité Contra la Tortura (CAT), se estigmatizó a los indígenas por su tez morena y la wiphala fue quemada en “un acta de venganza e incitación al odio”

Protestas en Senkata, El Alto, durante la crisis política y social de noviembre de 2019.

/ 26 de noviembre de 2021 / 20:59

En la sesión del Comité Contra la Tortura (CAT), el relator Chairperson Heller, aseguró que la en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

Dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la CAT expresó en la sesión de Ginebra, Suiza, que en la crisis de 2019, principalmente en los cabildos, se “usó la Biblia y la religión” como justificativo de la “causa divina de su movimiento contra el presidente Evo Morales”, quien dimitió el 10 de noviembre de ese año.

“Los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y antindígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”, rememoró Heller.

Es más, denunció que desde “la propia presidencia interina (de Jeanine Áñez) se expresaron discursos racista y de discriminación en contra de los pueblos indígenas recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.

La protesta cívica liderada por Luis Fernando Camacho, alentada por denuncias de fraude electoral, el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión derivaron en la dimisión de Morales. Camacho llegó hasta Palacio de Gobierno con una biblia en la mano y manejando el discurso de que Dios volvió.

Como resultado de una reunión extralegislativa convocada por la Iglesia Católica y la Unión Europea, representes del movimiento cívico y líderes políticos decidieron que la entonces senadora de oposición Áñez tome el poder. Como lo hizo Camacho, Áñez entró al Palacio de Gobierno con una biblia en la mano.

“Los ataques físicos, amenazas, insultos y malos tratos a mujeres indígenas por grupos organizados acompañados por expresiones de intolerancia relacionado con su etnicidad y filiación política proliferaron”, denunció Heller y recordó que se estigmatizó “a la población indígena, campesina y rural en situación de pobreza y tez morena, que lo identificaban como el MAS”.

“En una muestra de intolerancia cultural y falta de respeto por los símbolos indígenas la wiphala que es una bandera indígena esgrimida como identificación y protesta fue removida de instituciones públicas e incendiada en un acta de venganza e incitación al odio”, denunció respecto a hechos como el que policías arrancaron de sus uniformes este símbolo.

También mencionó a la Resistencia Juvenil Cochala (RCJ) y la calificó como un grupo paraestatal que operó en la crisis de 2019 y de forma posterior. “Estos grupos paramilitares estuvieron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta, y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

El viceministro de Justicia, César Siles, estuvo en presente en la sesión y corroboró que durante y posterior a la crisis de 2019 recrudecieron las acciones de intolerancia, de racismo y discriminación.

“No vamos a permitir impunidad, no vamos a negociar contra quienes han discriminado bajo ningún sentido, político ni legal. Lo que corresponde es impulsar los procesos judiciales que se han iniciado, los procesos judiciales que están en curso, activando algunos que hubieran sido archivados o rechazados conforme a normativa penal, siempre respetando el debido proceso”, respondió ante las observaciones.

Policías fueron procesados por el motín de 2019 y están en curso procesos contra Áñez, exministros y miembros de los entonces mandos militares y policiales por el caso golpe de Estado.

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Fiscalía de La Paz admite denuncia contra Calvo, Del Castillo niega que exista orden de aprehensión

La fiscal Letizia Muñoz informó de la aceptación de una denuncia “contra el dirigente cívico cruceño”, aunque evitó revelar el nombre se conoce que se trata de Calvo

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

/ 26 de noviembre de 2021 / 19:26

La Fiscalía en La Paz admitió una denuncia contra el dirigente cívico cruceño Rómulo Calvo por el paro de nueve días que lideró en contra de la ley abrogada de lucha contra el lavado de dinero, mientras que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, negó hay una orden de aprehensión en contra del cívico como se denunció.

La fiscal Letizia Muñoz informó de la aceptación de una denuncia “contra el dirigente cívico cruceño”, aunque evitó revelar el nombre se conoce que se trata de Calvo y de la denuncia presentada por el abogado Aldo Michel por los delitos de sedición, conspiración y atentado contra la libertad de trabajo durante el paro de nueve días.

Entre el 8 y 16 de noviembre se cumplió el paro en contra de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Calvo tomó control de la extrema medida convocada por parte de los gremiales y el transporte pesado, aunque se centralizó en Santa Cruz y Potosí.
Por el momento no hay ningún actuado contra el líder cívico, aunque sí se publicó en el portal del sistema judicial una citación sin fecha ni hora, explicó Muñoz.

Justamente Jorge Valda, abogado del comité cívico, denunció que esta citación sin hora ni fecha abría la posibilidad de que pueda ser aprehendido en cualquier momento su defendido.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, negó la existencia de una orden de aprehensión y advirtió que el Comité “falta a la verdad”.

“Lamentamos que estén haciendo política con el tema de la justicia y faltando a la verdad, actualmente este señor no cuenta con ninguna orden de aprehensión. Lamentamos que estén faltando a la verdad y este señor debería apersonarse de manera voluntaria para resolver las más de dos decenas de procesos que tiene en la justicia boliviana”, manifestó la autoridad.

Mientras tanto, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz admitió una denuncia contra Calvo.

“Es una denuncia que se ha ingresado la anterior semana, ya se encuentra con un control jurisdiccional, con un fiscal asignado al caso, que tiene la especialidad de conocer esta clase de delitos (…) El responsable de la presente investigación va a determinar las diligencias que correspondan, como también la actividad de poder citar a las personas investigadas”, explicó el fiscal Roger Mariaca a Gigavisión.

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Quelca denuncia a la fiscal que lo investigó e imputó por el caso ‘tráfico de exámenes’

Mary Carrasco, abogada del exministro Adrián Quelca, pidió a las autoridades judiciales hacer un “seguimiento estricto” al proceso “ante tantas irregularidades”.

La abogada Mary Carrasco junto al exministro Quelca durante la conferencia de prensa de este viernes.

Por Mauricio Diaz

/ 26 de noviembre de 2021 / 18:02

El exministro de Educación Adrián Quelca denunció por el delito de prevaricato a la fiscal Jhaneth Feraudi, quien lo imputó por el caso tráfico de cargos.

“El profesor Adrián Quelca ha presentado la denuncia penal en contra de la fiscal Janet Feraudi por el delito de prevaricato de fiscal, por haber emitido una imputación falsa (…) La fiscal lo imputa por el delito de incumplimiento de deberes, (pero) no dice cuál deber no cumplió, pero sobre todas las cosas, respecto al tipo penal de incumplimiento de deberes, ha sido derogado”, informó la abogada de la exautoridad Mary Carrasco.

Además, la abogada afirmó que en el proceso de investigación contra su defendido se presentaron “una serie de irregularidades: desde falsificación de pruebas hasta mutilación de información”, incluso –explicó- su defendido se presentó a las audiencias convocadas por la Fiscalía “sin ser notificado y (tras) enterarse por los medios de comunicación”.

Pidió a las autoridades judiciales se haga un “seguimiento estricto” a este proceso “ante tantas irregularidades”.

En julio, la viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama, formalizó una denuncia penal contra Quelca y el exdirector de Educación Superior Técnica Tecnológica Lingüística y Artística Agustín Tarifa, por tráfico de influencias, direccionar y manipular el proceso de institucionalización de cargos directivos del sistema educativo.

El 12 de noviembre, Quelca renunció al cargo de ministro de Educación después de que el Ministerio Público lo imputara por el delito de incumplimiento de deberes.

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¿Qué dijo exactamente el CAT sobre el DS 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo?

Los tipos penales terrorismo y sedición “resultan vagos y abstractos y no se adecúan al principio de la legalidad”, dijo Chairperson Heller.

Chairperson Heller. Foto: Captura.

/ 26 de noviembre de 2021 / 17:41

Durante una sesión realizada el jueves en Ginebra, Suiza, el relator del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), Chairperson Heller, habló de la crisis de 2019 en Bolivia.

Y sus declaraciones, principalmente sobre el polémico Decreto Supremo 4078 y las acusaciones por sedición y terrorismo, generaron una serie de interpretaciones entre los actores políticos y algunos medios de comunicación.

A continuación le presentamos la transcripción de lo que realmente dijo el Relator:

HECHOS DE VIOLENCIA

En el periodo, entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre de 2019, tuvieron lugar manifestaciones, actos de violencia y graves violaciones de los derechos humanos en el marco de la crisis política que (se originó) de la celebración de la controvertida elección presidencial, la renuncia y el exilio de Evo Morales, y la formación de un gobierno interino de Jeanine Áñez.

El 15 de noviembre de 2019, Áñez dictó un decreto supremo, 4078, que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal. En ese periodo se registraron violaciones del derecho a la vida y de la seguridad de las personas.

La Defensoría del Pueblo reportó unas 36 muertes en las manifestaciones, la mayoría por parte de las fuerzas del orden, principalmente en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto.

Fue evidente el uso excesivo de la fuerza y la utilización de letales armas de fuego para dispersar a los manifestantes y al menos 21 víctimas eran partidarias del MAS, partido del Gobierno.

Se agradecerá informar sobre las investigaciones en curso sobre estos hechos y, de ser el caso, las sanciones aplicadas a los responsables de las fuerzas del orden.

¿Se ha contemplado la creación de una comisión independiente que investigue todas las denuncias de tortura relacionadas con las elecciones de 2019?

Destacamos obviamente la labor realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por un acuerdo entre el Gobierno y la CIDH para investigar los hechos ocurridos a lo largo de ese periodo.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, más de 1.500 personas fueron privadas de su libertad el 11 de noviembre, siendo liberadas la mayoría sin levantarse cargos.

Y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos documentó el caso de 28 personas arrestadas en El Alto, que fueron sometidas a torturas y otras formas de malos tratos, incluyendo amenazas de muerte, electrocuciones, asfixias con bolsas de plástico, golpes con culatas de armas, privación de alimentos y agua, abusos sexuales y simulaciones de ejecuciones.

Se agradecerá proporcionar datos estadísticos actualizados sobre el número de denuncias de tortura, malos tratos, incluyendo la violencia sexual y el uso excesivo de la fuerza que llevaron incluso a la muerte de manifestantes. 

Y se agradecerá informar sobre investigaciones realizadas y los procesos judiciales de las personas implicadas incluyendo sanciones penales o disciplinarias impuestas, precisar si en el caso de militares se excluye la jurisdicción militar.

También se agradecerá informar si se han realizado avances para el establecimiento para el funcionamiento del registro oficial de detenciones para incluir todos los casos de privación de libertad, identidad del detenido, tiempo y circunstancias del arresto, la causa de la detención y el lugar de la custodia.  

(En) la actuación de las fuerzas del orden llama la atención su comportamiento errático y partidista de la Policía, en el periodo más violento, que permitieron justamente actos de grupos contrarios al gobierno de Evo Morales. Incluso el jefe de la Policía fue el que sugirió al Presidente, en una declaración pública el 10 de noviembre de 2019, a que presentara su renuncia y se presentó una situación similar en las Fuerzas Armadas. Es decir, los hechos revelan una clara manipulación durante las (disputas) políticas.

Se agradecerá informar si se han tomado medidas específicas para garantizar que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas se rijan por criterios estrictamente profesionales subordinadas al poder civil, lo que contribuirá a garantizar la estabilidad democrática. ¿Se ha pensado en establecer controles internos y externos para supervisar su actuación?

SEDICIÓN Y TERRORISMO

En el contexto de polarización y confrontación política desde 2019, se ha recurrido a las acusaciones de delitos de sedición y terrorismo de funcionarios gubernamentales, presuntamente cometidos antes y después de la renuncia del expresidente Evo Morales.

Lo que llama mucho la atención es que la persecución judicial ha sido tendenciosa con un carácter político y de que se ha recurrido a estos cargos de sedición, terrorismo y violaciones de sus obligaciones.

El artículo 135 del Código Penal define la conducta de subvertir el orden constitucional como crimen de terrorismo. El artículo 123 concibe la figura de trastornar o turbar de cualquier modo el orden público como sedición. Estos tipos penales resultan vagos y abstractos y no se adecuan al principio de la legalidad.

La instrumentalización política del sistema de justicia vulneró su independencia. La injerencia política se tradujo en procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas en detenciones arbitrarias de líderes políticos.

Llama la atención que los mismos cargos, de terrorismo y de sedición, hayan sido levantados en contra de la expresidenta interina Jeanine Áñez una vez que asumió el actual gobierno electo del presidente (Luis) Arce en octubre de 2020.

…y sí, como dije, llama la atención de que la expresidenta interina Jeanine Áñez sea justamente acusada por los mismos delitos que como lo fue su predecesor el presidente (Evo) Morales, a pesar de una definición excesivamente amplia y ambigua, sin que existieran pruebas contundentes de que en ambos casos se hubieran cometido actos susceptibles de ser calificados como terrorismo.

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