La comisión de los fiscales Marco Rodríguez, Milene Alba y Aldo Ortiz informó que se decidió enviar notas al fiscal general, Mario Uribe, y a la Coordinadora Nacional de Persecución de Delitos de Corrupción, con la finalidad de evitar que los policías que realizan las pesquisas en torno al caso Unipol sean separados.
“Estamos remitiendo el informe pormenorizado de todo lo acontecido, incluido las recusaciones que se han interpuesto contra el juez cautelar (Rolando Chaca)”, dijo el fiscal Rodríguez, tras explicar que la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi) apartó al mayor Juan Carlos Basualdo del caso, en apego a la Ley 101, sobre el Régimen Disciplinario de la Policía.
Esta norma faculta a los fiscales policiales a proceder a la suspensión temporal de los funcionarios que sean sometidos a investigación disciplinaria.
La separación de Basualdo se debería a que cursa una queja de los padres de los 54 cadetes expulsados, que hace referencia a presiones para “incriminar” a algún jefe policial con el cuestionario que les realizaba. Cuando se dio la denuncia inicial, se habló de alumnos que pagaron $us 5.000 para ingresar a la Anapol.
Para la Fiscalía, este extremo repercute de forma negativa en las diligencias, toda vez que Basualdo tenía pleno conocimiento de las actividades y el desarrollo de la investigación. “Designar un nuevo investigador es partir de cero”, manifestó Rodríguez.
En ese marco, dijo que el informe incluye a otros dos investigadores a los que se pretendería suspender “de manera arbitraria”. Ortiz, a su turno, calificó este hecho como una forma de “amedrentar” a los investigadores. Por ello ahora se busca cuidar de todos los involucrados en el caso.