El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “absolver” lo antes posible la consulta interpuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en torno al proyecto de ley para las elecciones judiciales.

“Hemos pedido (al TCP) que puedan absolver lo antes posible la consulta previa de constitucionalidad interpuesta por el TSJ, respecto al proyecto de Ley 144, que establece o garantiza la preselección de las autoridades judiciales hacia el año 2024”, dijo en conferencia de prensa en Sucre.

Aprobado el 31 de agosto en la Cámara de Senadores, el proyecto de ley fue remitido a Diputados, donde la Comisión de Constitución decidió, el 6 de septiembre, remitir una consulta sobre su contenido a siete instituciones del Estado; de ellas, tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.

Luego, el 20 del mismo mes, el presidente de TSJ, Ricardo Torres, remitió al TCP la consulta que llegó desde Diputados.

En horas de la mañana se conoció que El TCP admitió dicha consulta.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que se aprobó en la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Judiciales

“Somos respetuosos de la independencia de poderes; pero también hemos pedido que entiendan los problemas que está ocasionando a la Cámara de Diputados y al país en su conjunto”, remarcó Mercado.

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP emitió un fallo el 31 de julio. Fue la respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó este jueves que es “imposible” volver a reunirse con el presidente Luis Arce, debido a que “hay caprichos”.

El dirigente, consultado por La Razón Radio, se refirió al quiebre político entre su líder, Evo Morales, y Arce.

“Para mí, es una cuestión tarde reunirse con Lucho (Arce), después de estas altas traiciones. Anda hablando mal de todo; ya es imposible. Hemos estado buscando como subsanar las diferencias. Hay caprichos; va a ser difícil reunirse”, aseguró.

Arce y la dirigencia del MAS, según contó García, se reunieron por última vez en julio de 2022, en Cochabamba. Entonces, las conversaciones abordaron los cuestionamientos a algunos ministros de su gabinete, la petición de “cambio”.

Contó que, a un año de la gestión de Arce como mandatario “surgió la sospecha” de un “acercamiento con la derecha” y que una muestra de ello fue la supuesta liberación de procesos contra Manfred Reyes Villa, cuando éste era prefecto (ahora llamado gobernador) de Cochabamba.

Por otra parte, según García, los cuestionamientos a cinco ministros del gabinete de Arce surgieron de las mismas organizaciones sociales que conforman al MAS, cuyos dirigentes “sorpresivamente cambiaron de decisión y ya no pedían (el) cambio (de esas autoridades)”.

“Han llegado algunos acuerdos, algunos arreglos”, consideró.

García dijo que esas críticas fueron el factor “determinante” que derivó en el quiebre político entre Arce y Morales, que en más de una ocasión aseguró que “el MAS no está en el Gobierno”.

Sin embargo, la fractura entre el Gobierno y el MAS tiene una fecha clara: el 3 de septiembre de 2022. Entonces, el líder del MAS denunció en un acto público en Cochabamba, un supuesto “plan negro” en su contra.

Consultado García sobre dicho “plan”, apuntó al exministro de Gobierno Hugo Moldiz, de quien incluso dijo que el propiciaba un intento de “desaparición” física de Morales, promover la inhabilitación política del líder del MAS y su implicación con el narcotráfico.

Al respecto, el aludido dijo en Piedra, Papel y Tinta, este mismo jueves, que le causa sonrisa esas denuncias, que García no tiene formación política y que sus comentarios ya son surrealistas.

Pero las acusaciones de Morales fueron creciendo. La última tiene que ver con la supuesta intención del Gobierno “para deshabilitar políticamente” al líder cocalero, por medio de “juicios pagados”.

“Evo Morales siempre va a ser la espina y el clavo en el zapato de Luis Arce”, apuntó García.

Las diferencias entre ambos líderes subieron de tono en los últimos días. Incluso, el jefe del MAS descalificó a su otrora elogiado ministro de Economía. “Creen que Lucho (Luis Arce) es ideólogo de modelo económico; (pero) él, en el gabinete (de ministros), era conocido como ‘cajero’”.

Pero la tarde del miércoles, esa declaración tuvo su respuesta. «Yo no tengo problema que me llamen como quieran; los resultados (de mi gestión) son los que cuentan (…). (En) Bolivia, desde que estuve como ministro de Economía, hemos estado en los mejores sitiales, con los indicadores económicos y sociales», aseguró.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la consulta del Tribunal de Supremo de Justicia (TSJ) sobre la viabilidad constitucional de proyecto de ley de elecciones judiciales.

Un documento citado por el diario Correo del Sur, de Sucre, señala que esa institución resolvió “admitir la consulta sobre la constitucionalidad del artículo 2 de la Disposición Adicional Sexta del proyecto de ley 144/2022-2023, denominado proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”.

Además, determinó “suspender el procedimiento de aprobación” de dicho proyecto, que fue aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de agosto de este año.

Una vez derivada a Diputados, la Comisión de Constitución remitió una consulta a siete instituciones del Estado, de las cuales tres corresponden al Órgano Ejecutivo. Además, la consulta llegó a los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, también al Consejo de la Magistratura.
Sin embargo, el 20 de septiembre, presidente del TSJ, Ricardo Torres, remitió la consulta al TCP.

TCP

La presión por la realización de las elecciones judiciales la puso el mismo TCP, que emitió un fallo el 31 de julio, en respuesta a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado de Creemos Leonardo Ayala, anuló todo el proceso previo.

Creció esta semana luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige al Estado garantizar los comicios en 2023.

Dicho organismo internacional observó que el proceso estuvo marcado “por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”.

Entretanto, el TSE desahució los comicios para este año, pues advirtieron en más de una ocasión que ese órgano requiere de al menos 90 días para organizar los comicios. Ese plazo comienza con la remisión de la lista de los 96 postulantes habilitados para el proceso.

Ahora las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa buscan consensos para tomar decisiones en torno a las judiciales, pues el fallo constitucional dicta que deben ser asumidas con dos tercios de la votación.

El presidente Luis Arce descartó ayer participar del décimo Congreso Ordinario del MAS, a desarrollarse en el Trópico de Cochabamba, debido a que se está prescindiendo de las organizaciones sociales, que son dueñas del instrumento político.  

“Es muy difícil que nosotros podamos asistir a un congreso donde los dueños no van a estar (…) Está claro, ellos están cuestionado un congreso, donde ya no tienen representación y como Gobierno no podemos asistir a un congreso donde se está prescindiendo de las organizaciones sociales”, dijo.

En junio, la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), a la cabeza del expresidente Evo Morales, convocó al congreso nacional a realizarse del 3 al 5 de octubre en la localidad de Lauca Ñ, en el Chapare-Cochabamba, donde se elegirá una nueva directiva.

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Arce

El Mandatario indicó que, en el ampliado del Pacto de Unidad, del lunes, las organizaciones sociales le hicieron conocer su preocupación por el mínimo de representantes que asistirán al encuentro. Esta se redujo a cinco delegados por organización, cuando en 2016 llegaban a 100 por sector.

Según Arce, con datos del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) en 2016, las organizaciones sociales en ese entonces llegaron a 2.870 delegados y ahora con los cinco representantes como máximo llegarán a 130 delegados.

“Quien decide la historia del MAS ya no son las organizaciones sociales, sino que son las departamentales que antes tenían 750 (y) ahora tienen 1.040 representantes”.

Entre otro de los argumentos, el Jefe de Estado mencionó que las organizaciones sociales “están preocupadas” porque se estaría infringiendo los artículos 10 y 13 del estatuto del MAS.

El artículo 10 señala: “Se respeta la trayectoria histórica de las tres organizaciones matrices, a la cabeza de la Dirección Nacional del MAS-IPSP: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia (CSCIOB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’”.

El Jefe de Estado indicó que en el estatuto del MAS está establecido que estas tres organizaciones tienen que estar involucradas en cualquier acontecimiento del instrumento político.

Además, dijo que el artículo 13 también causa preocupación porque señala que “el congreso nacional ordinario se reunirá cada dos años de acuerdo a temario previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”.

Argumentó que el artículo 10 dice cuáles son esas organizaciones sociales y en el artículo13 se incluye a la Dirección Nacional del MAS, las que tienen que convocar en consenso al congreso.

El lunes en el ampliado del Pacto de Unidad, las organizaciones sociales desconocieron el congreso del MAS debido a que ese evento es “ilegítimo, sin consenso y con apetitos personales desconociendo la potestad de decisión de las organizaciones fundadoras”.

FRENTE

El Presidente también aclaró que el Gobierno no está pensado ni manejando un frente amplio, como expresó el exviceministro Freddy Bobaryn.

“Hay diputados, ministros, exviceministros (y) nosotros entendemos que son declaraciones a título personal, pero debo dejar claro que nosotros no hemos pensado ni estamos manejando el frente amplio. Debe ser su conclusión y su análisis, nunca vamos a coartar la posibilidad que puedan expresar sus ideas, así como lo manifiesta”.

(28/09/2023)

Evo Morales anunció su postulación para las elecciones generales de 2025. Lo hizo con el antecedente de porfiar su elección casi 20 años, un referéndum que le dijo “no” a su repostulación y el “golpe de Estado” de 2019, que le impidió terminar su mandato.  

Se trata de la sexta vez que el expresidente (2006-2019) y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se someterá a una votación en caso de consumarse su postulación.

La primera vez que Morales se presentó a una elección presidencial fue el 30 de junio de 2002, cuando participó de ella acompañado en la fórmula del MAS por el ya fallecido Antonio Peredo.

Entonces, el binomio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, ganaron los comicios, bajo resultados “apretados”; pues la diferencia entre las tres primeras fuerzas políticas no era significativa y obligó un acuerdo.

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Sexta elección

Fue diferente en las elecciones del 18 de diciembre de 2005, cuando Álvaro García Linera acompañó a Morales. Entonces, el MAS consiguió el 53,7% de los votos y catapultó directamente a la Presidencia y la Vicepresidencia a ambos candidatos.

Oriundo de Orinoca, Oruro, y con trayectoria sindical en la Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la diputación, Morales recibió la banda y la medalla presidencial de manos de García Linera el 22 de enero de 2006, desde cuando nunca dejó el poder sino hasta el 10 de noviembre de 2019.

Su tarea fue instituir la Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución Política del Estado (CPE). En los comicios constituyentes del 2 de julio de 2006, el MAS consiguió 137 escaños de 255 en total, una mayoría favorable para sus fines.

En medio de ese proceso constituyente, el 6 de diciembre de 2008, Morales y ocho de los nueve prefectos (ahora gobernadores) del país se sometieron a un referendo revocatorio. El líder del MAS recibió el 67,43% de respaldo y fue ratificado en las funciones.

Ese proceso concluyó luego de ser sometido el texto fundamental a una consulta constitucional y ser aprobada por el 61,43% de los bolivianos. La nueva Carta Magna fue puesta en vigencia el 7 de febrero de 2009.

Binomio

Con la nueva Constitución, y el Estado Plurinacional en vez de la vieja república, Morales y García Linera se postularon otra vez. El binomio del MAS se impuso con el 64,2% de los votos.

El 12 de octubre de 2014, los entonces Presidente y Vicepresidente ganaron las elecciones generales con el 61,3% de la votación.

Esa elección fue cuestionada por actores políticos de oposición y parte de la población, pero Morales arguyó que se trataba de la primera repostulación a la luz de la CPE vigente desde febrero de 2009.

Después de una serie de elecciones ganadas, Morales sufrió un alto en el referéndum del 21 de febrero de 2016, que planteaba la modificación del artículo 168 de la CPE, que limita a una primera y única repostulación de los mandatarios. El 51,3% de los bolivianos dijeron “no”, frente a un 48,7% del “sí”. No contento con la negativa, el MAS acudió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para buscar la interpretación legal de la limitación de la repostulación. La sentencia del 28 de noviembre de 2017 habilitó una nueva postulación de Morales — más allá de la Constitución— y dictó “aplicación preferente” del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la repostulación presidencial y consideró inconstitucionales las expresiones “por una sola vez de manera continua” y “de manera continua por una sola vez” de la Ley 026, del Régimen Electoral, del 30 de julio de 2017.

Observaciones

Las críticas y cuestionamientos a la decisión, por parte de la oposición y otros sectores, persistieron.

Así, Morales y García llegaron otra vez a una elección, el 20 de octubre de 2019. Luego de un observado conteo de votos, resultaron ganadores de los comicios (anulados) —según resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE)— con el 47,08% de votación, frente al 36,51% de Carlos Mesa, líder de oposición.

Este último acuñó el “fraude monumental”, que se replicó en los detractores del MAS y causó protestas sociales, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de dimisión presidencial. Morales y García renunciaron el 10 de noviembre en Chimoré, luego de 13 años y más de nueves meses consecutivos en el poder.

Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez se proclamó primero titular del Senado y luego presidenta del Estado.

(28/09/2023)