La información sobre las resoluciones del último ampliado del sector, realizado en Santa Cruz la semana pasada, las dio ayer Albino García, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), al declarar que la marcha “no es genuina”.
“Uno de sus planteamientos atenta contra nuestros intereses, la reversión de todos los contratos mineros. No podemos apoyarlos cuando sus propósitos contravienen nuestra actividad”, apuntó.
El documento final del ampliado minero de la semana pasada, sostiene que la marcha se ha “desnaturalizado” por el financiamiento de “poderosos grupos del oriente” y de partidos de derecha.
El punto 4 de la plataforma de lucha de la movilización indígena, presentada hace una semana al Gobierno, no menciona específicamente a cooperativas mineras, pero sí a la “participación directa de las naciones y pueblos indígenas originarios en los beneficios y ganancias que reportan las actividades y proyectos extractivos: minería e hidrocarburos”.
Fencomin protesta ante esa demanda de la IX marcha por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure. “Si tienen que buscar alguna reivindicación debe ser sin afectar los intereses de otros sectores, en ese sentido, nuestro ampliado ha determinado no apoyar este movimiento y más al contrario rechazar rotundamente sus planteamientos”, puntualizó García a este medio.
El ejecutivo de las 558 cooperativas mineras, que agrupa la Fencomin, adelantó que si persiste la posición de los indígenas, tomarán otras medidas. “Si no modifican sus planteamientos, estamos obligados a impedir la llegada”, indicó el dirigente.
Coyuntura. La movilización de indígenas del oriente, que se oponen a que la ruta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos pase por el TIPNIS, ha recibido garantías de circulación de parte del Gobierno. García aseguró que la columna de casi 300 indígenas no es legítima. “No es genuina ni reivindicativa. Hay intromisión de partidos políticos, de quienes quieren aprovechar la coyuntura”. “Debe ser genuina, sin apoyo de otros sectores”, agregó el dirigente.
El documento de demandas de la IX marcha puede afectar, entre otros, al contrato minero de exploración y explotación del cerro Mallku Khota, en Potosí. Lo mismo puede ocurrir con el proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro, en el departamento de La Paz.
“Así como la paralización de toda actividad extractivista en los territorios indígenas originarios donde existan conflictos socioambientales”, señala el cuarto punto del pliego presentado al Gobierno y que ahora ha sido rechazado por los cooperativistas mineros, que anuncian reuniones internas esta semana.
Plantean reclamo a la COB
La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) concluyó su ampliado nacional en Santa Cruz de la Sierra el 15 de mayo, con un pronunciamiento en contra de la movilización indígena y con un reclamo para que la Central Obrera de Bolivia (COB) no participe en la marcha y revierta su declaración de apoyo. La FSTMB se manifiesta en sentido de que la COB no debe enviar representantes a acompañar a los caminantes indígenas, al entender que la IX marcha “atenta con sus planteamientos contra el aparato productivo del país, que solventa la salud, la educación, los salarios, la infraestructura y el desarrollo de todos los bolivianos”.
El punto 1 de la declaración minera propone, además, “rechazar los planteamientos que afectan al aparato productivo en general y particularmente al sector minero en sus fases de explotación e industrialización”.
La marcha indígena demanda la “participación directa de las naciones y pueblos indígenas originarios en los beneficios y ganancias que reportan las actividades y proyectos extractivos: minería e hidrocarburos”.