Dirigente del Sécure rechaza comercio de madera mara
El presidente del Sécure, Emilio Nossa, rechazó ayer denuncias en su contra sobre comercialización de madera del TIPNIS. Contratos de venta a los que accedió La Razón develan que desde 1997 hubo comercio maderero por parte de dirigentes que hoy participan de la IX marcha.
Nossa señaló a este medio que la comercialización de madera en el parque nacional data desde 2006 y que se cumplió con todos los requisitos legales y administrativos solicitados por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) del Beni, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), y los propios corregidores del área protegida.
“Tenemos planes de manejo que han sido aprobados desde 2006 a través de la ejecución de un Plan Operativo Anual (POA). En el Sécure tenemos estos planes de manejo integral que sólo fueron paralizados tras la aprobación de la Ley 180 de Protección del TIPNIS (que declaró al parque intangible”), sostuvo Nossa, quien participa de la IX marcha indígena.
En abril, representantes del Comité Interinstitucional de San Ignacio de Moxos, Beni, denunciaron al presidente de la Subcentral del TIPNIS, Fernando Vargas, por explotar y comercializar madera de esa reserva “durante 23 años”. La integrante del Comité, Mireya Rosell, aseveró que se tienen pruebas contra Vargas. Declaró que existe un contrato de 1997 firmado entre el dirigente indígena y la empresa Cimagro, por la venta de 100 árboles de mara a un costo de $us 140 cada uno. “Ha estado negociando con madera”, sostuvo la cívica Rosell.
En los documentos a los que tuvo acceso La Razón además de figurar el nombre de Vargas, también se cita a Nossa y a los dirigentes indígenas Jouci Fabricano y Roberto Noza, presidente del TIPNIS en 1997, quien no participa en la actual movilización.
Vargas, en un contacto con este medio, aseguró que el contrato en el que figura su nombre es falso, ya que no está la firma de ningún representante de la Compañía Industrial Maderera y Agropecuaria (Cimagro Ltda), entidad que hizo las compras.
Emilio Nossa sostuvo en su defensa que no participó de ninguna compra-venta de madera mara en 1997. Reconoció que sí fue parte de esta actividad desde 2006, pero cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley. Aclaró que el plan de manejo integral benefició a seis comunidades del Sécure. Según Nossa, un 80% de la venta era para la comunidad, un 10% para el Comité de Gestión de la Subcentral del Sécure; y un 10% para organizaciones de mujeres indígenas.
“El 60% del dinero era para comprar ganado, el 40% iba directamente a beneficio de las familias con la aplicación de proyectos de desarrollo”.
Según Nossa, las denuncias en su contra y otros dirigentes del TIPNIS buscan confundir a la población. Acusó al Gobierno de implicar en casos de venta irregular de madera a dirigentes de la movilización. “Estas denuncias son equivocadas, porque este trabajo es legal, ya que cumplimos con todas las normas. Si se quiere investigar, tienen que preguntar al Sernap Beni y a la ABT. Tenemos todas las resoluciones en orden en nuestras oficinas del Sécure y si hay algo que demostrar lo haremos”, manifestó.
Documentos privados
Nossa
El dirigente aparece en un contrato de noviembre de 1997, en el que figura la compra-venta de 200 árboles.
Vargas
El nombre del dirigente de la IX marcha, Fernando Vargas, está en un documento de agosto de 1997. Allí se habla de la venta de 100 árboles mara, a $us 140 cada uno.
Demandan a Leonardo Tamburini por agresión
Rosendo Alpire, presidente de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (Cepesc), informó que el secretario de Educación y Deportes de la organización, Miguel Tapanaché, presentará hoy una demanda por agresión, maltrato y daño psicológico contra Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, CEJIS
Tamburini agredió a Tapanaché, según Alpire, el fin de semana, mientras se realizaba la reunión de nueve regionales de la Cidob en Santa Cruz de la Sierra. Por su parte, Tamburini dijo que se trata de un mal entendido y en ningún momento agredió al dirigente de la Cepesc. “Acudí al lugar en representación de la Coordinadora de Derechos Humanos; el objetivo era entregar una documentación a la dirigencia de la Cepesc”, explicó.
Tamburini, relató Tapanaché, se molestó cuando este dirigente lo conminó a abandonar la reunión de regionales (a la que había entrado minutos antes) a la que no se había invitado a otras entidades. “Me empujó y empezó a insultarme por mi calidad de indígena con palabras irreproducibles. Le pedí que se calmara, pero en respuesta me amenazó diciendo que esto no se va a quedar así y que me arrepentiría de haberlo sacado de la reunión”, contó el dirigente.
Tamburini, por su lado, dijo que “de manera sorpresiva este compañero (Miguel) me sacó a empujones del salón de reuniones; me sorprendió su actitud (…) En ningún momento le agredí ni verbal ni menos físicamente; no tengo nada contra él, tengo una buena relación con los dirigentes”.
Cidob acusó antes a Fabricano por ventas
El exdirigente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia, Cidob, Marcial Fabricano, fue acusado en 2009 por la venta ilegal de madera, por la propia organización indígena de tierras bajas. En fecha 15 de mayo de 2009, en su sitio web, la Cidob señala que Marcial Fabricano, “el año 1990 fue parte del negociado de la venta de madera mara en el Territorio Indígena Multiétnico, TIM, por un valor de 2.000.000 de dólares”.
La Cidob añade, en su página web, al menos otros cuatro casos en los que el exdirigente habría cometido irregularidades. En esa mismo sitio, la Cidob defiende la justicia comunitaria a la que fue sometido días antes (6 mayo de 2009) Marcial Fabricano a raíz de “la venta de árboles mara por varios miles de dólares”, como justificó en su momento (mayo de 2009) el dirigente indígena Ernesto Sánchez. En ese tiempo, Fabricano negó los cargos.
Chávez. En las últimas horas, el presidente de la Cidob, Adolfo Chávez, viajó a Ecuador a fin de denunciar el acoso político del que dice que es objeto por parte del Gobierno nacional. El dirigente presentará su denuncia ante la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).
El fin de semana, en Santa Cruz, se reunieron al menos ocho organizaciones regionales que conforman la Cidob. Allí, se conminó a Chávez a responder por supuestos abusos que habría cometido en contra de las dirigencias regionales indígenas y se abrió la posibilidad de destituirlo de su cargo.