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miércoles 8 dic 2021 | Actualizado a 20:40

Unos 80 niños caminan con sus padres en la IX marcha

Polémica. Para algunos, aprenden a querer su tierra, pero el Defensor del Pueblo pide no ponerlos en riesgo

/ 28 de mayo de 2012 / 04:11

Unos avanzan a pie y otros en brazos de sus padres, quienes dicen que así aprenden a querer y defender su tierra. El Defensor del Pueblo pide no poner en riesgo a los menores y la coordinadora de ANNI Bolivia, Julia Velasco, insiste en no involucrar a niños en conflictos.

Al menos unos 80 menores, entre niños, niñas y adolescentes, caminan con la IX marcha indígena que salió el 27 de abril de Trinidad, Beni, rumbo a La Paz, pidiendo, entre otras cosas, anular la Ley 222 de Consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

El jueves 24, en pleno descanso, el nacimiento de mellizos “engrosó” la cifra de infantes y llamó la atención sobre su situación, pues han dejado de ir a clases para acompañar a sus padres. La madre de los mellizos, Carolina Moye, dijo que volverá a su comunidad para cuidar de sus “dos regalos”.

“Bajo nuestras costumbres los hijos deben estar con sus padres”, asegura la dirigente indígena Nazareth Flores. La presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), Judith Rivero, sostiene que los padres no pueden dejar a sus hijos en las comunidades. “Sería como dejarlos huérfanos”, afirma.

“Tenemos pena de los niños que marchan, pero los papás dicen que tienen que saber que estamos luchando por un territorio. Sabemos el sufrimiento, pero nuestra cultura nos obliga a estar con nuestros hijos. No podemos privar a la mujeres de sus niños”, agrega Flores.

La coordinadora de la Agencia Nacional de Noticias por los Derechos de la Infancia (ANNI Bolivia), Julia Velasco, insiste en no involucrar a niños en conflictos, porque “si hay violencia (represión) suelen ser las primeras víctimas”. Con respecto a su educación, asegura que debería haber maestros en la marcha. El Artículo 109 del Código del Niño, Niña y Adolescente considera maltrato cuando al menor “se lo utilice o induzca a participar en cualesquier tipo de medidas de hecho como huelgas de hambre, actos violentos y otras que atenten contra su seguridad, integridad física o psicológica”.

PERMISO. Armando Terán Bejarano, de 17 años, hijo de la dirigente  Bertha Bejarano, dejó los estudios por acompañar a su madre, pero recalca que volverá cuando concluya el recorrido. “Me dieron permiso por un mes”, explica con una sonrisa.

Gary Canchi Moye, de 16 y de la Subcentral del Sécure, afirma que pidió permiso en su unidad educativa para la caminata. “Quiero llegar a La Paz, no queremos que destruyan el TIPNIS, por eso marcho”, asegura.

Otros 17 adolescentes, entre mujeres y varones, acompañan a los indígenas que reclaman al Gobierno la no construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Para la diputada indígena Blanca Cartagena, no es raro ver niños en las marchas. “Desde la marcha de 1990, los indígenas se trasladan con su familia. No hay con quién dejarlos y los padres cargan con todo”.

Según los propios marchistas, de los 80 menores, la mitad son niños. El clima causó en ellos resfríos y diarreas. Faltan pañales, afirma la encargada de logística, Matilde Noza.

En la VIII marcha un bebé de ocho meses falleció por infección intestinal y un adolescente de 13 años murió tras caer de una camioneta. En la IX marcha, la diarrea aumenta por la mala alimentación de las madres que amamantan a sus bebés, dice la enfermera Marycruz.

Germán Moze es padre de un bebé de tres meses. Está feliz por estar con él y con sus otros cuatro hijos: “Quiero que sepan que el padre participó de esta marcha”. La dirigente Rivero sostiene que las organizaciones recomiendan a las mujeres no traer a sus hijos, pero que ellas igual los traen.

Mujeres en gestación

Matilde Noza informa que hay unas siete mujeres embarazadas. Pidió ayuda para las mamás, ropa para ellas y leche y pañales para los futuros bebés.

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La Fiscalía presenta acusación formal contra el exdirector de Migración Rivas y pide 8 años de cárcel

El fiscal Gustavo Balderrama informó que Marcel Rivas, como director de Migración emitió 445 alertas migratorias sin respaldo legal. Está acusado de tres delitos

Marcel Rivas, exdirector de Migración. Foto: ABI

/ 8 de diciembre de 2021 / 17:47

La Fiscalía emitió una acusación formal contra el exdirector de Migración Marcel Rivas, por la emisión de 445 alertas migratorias sin respaldo legal. El fiscal Gustavo Balderrama informó que en la acusación se pide una condena de ocho años de cárcel.

Rivas es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes y servicios públicos. La acusación formal abre paso al inicio del juicio oral contra la exautoridad en el gobierno de Jeanine Áñez.

“Ha tenido que emitir estas 445 alertas migratorias sin hacer conocer a las autoridades que correspondan. Estamos pidiendo que al final del juicio oral la sentencia condenatoria sea máxima de ocho años de cárcel”, explicó.

Una alerta migratoria impide al afectado viajar al exterior.

Rivas se encuentra detenido en la cárcel de San Pedro y tiene otra acusación por haber facilitado la salida de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López. Murillo está encarcelado en Estados Unidos por lavado de dinero producto de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.

Mientras que López se encuentra en Brasil.

En 2018, Murillo presentó a Rivas como el infiltrado en filas del MAS, para pedir ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la inhabilitación de las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García. Solo los militantes pueden pedir una inhabilitación.

Rivas negó en todo momento el haber incurrido en una irregularidad.

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Campesinos acusan a Huarachi de prorrogarse en la COB, de pactar con Áñez y de pedir la renuncia de Morales

El dirigente de la CSUTCB, Omar Ramírez, demandó al dirigente cobista Juan Carlos Huarachi convocar a un congreso para elegir a una nueva directiva

Juan Carlos Huarachi. Foto de archivo: APG.

/ 8 de diciembre de 2021 / 17:14

La dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) acusa a al dirigente de la COB, Juan Carlos Huarachi, de prorrogarse en su mandato y le exige que convoque a un congreso para elegir a la nueva dirigencia. Además, le recordaron que en 2019 pidió la renuncia del expresidente Evo Morales y que pactó con el gobierno de Jeanine Áñez.

El dirigente campesino Omar Ramírez aseguró que el mandato de Huarachi concluyó y que ya debió convocar a un congreso, para elegir a la nueva directiva de la Central Obrera Boliviana (COB), parte de la base social del gobierno de Luis Arce.

Mediante resolución del Ministerio de Trabajo, en el gobierno de Áñez, se amplió el mandato de Huarachi.

“El señor Juan Carlos Huarachi ha concluido su gestión, de acuerdo a estatutos. Además, en 2019 ha terminado pidiendo la renuncia del expresidente Morales”, cuestionó Ramírez en una conferencia de prensa.

Ambos sectores, la COB y los campesinos, son parte de la estructura de respaldo del gobierno. Aunque lo negó en reiteradas ocasiones, Huarachi sostuvo antes de la dimisión de Morales: «Si (la renuncia de Evo Morales) es una acción y una medida para que el pueblo se pacifique, compañero Presidente le llamamos a la reflexión que asuma esta responsabilidad, si hay la necesidad de renunciar para pacificar al pueblo boliviano, desde la Central Obrera le decimos para pacificar al país».

Ramírez demandó la convocatoria inmediata de un congreso y acusó al dirigente cobista de haber pactado con Áñez, ahora en la cárcel por los casos Golpe de Estado I y II.

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Un diputado de CC dice que hay ‘doble moral’ en la reforma judicial y que Lima perdió credibilidad

El domingo, el ministro Iván Lima anunció que en marzo de 2022 se realizará una cumbre nacional en la búsqueda de una verdadera reforma judicial.

El diputado Enrique Urquidi en entrevista con La Razón Radio.

/ 8 de diciembre de 2021 / 16:12

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, consideró este miércoles que el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene una actitud de “doble moral” en la anunciada reforma judicial y que el ministro de Justicia, Iván Lima, ya perdió credibilidad en este propósito.

El legislador opositor, inicialmente, recordó que cuando el presidente Luis Arce llegó al Gobierno hace más de un año, el ministro Lima, “con bombos y platillos”, anunció que una de sus prioridades fundamentales iba a ser la reforma integral de la Justicia.

Pero “lamentablemente, hasta el día de hoy, hemos visto no solo ineficiencia, sino una falta de acción por parte del ministro Lima y del Gobierno en esta orientación porque, primero, Lima convocó a un comité de notables de varios juristas de mucho prestigio, entre ellos el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, y ese comité se reunió solo una vez para la foto y meses después el expresidente declaró (…) que no existía voluntad política para una reforma seria e integral”, señaló.

A partir de ese hecho, según el diputado, “Lima que ha claudicado en su tarea de una reforma de la Justicia y prácticamente cerró las puertas a esta urgente” necesidad expresada por la ciudadanía.

“Por lo tanto, a estas alturas, el ministro Lima ha perdido total y absoluta credibilidad respecto a sus intenciones y su genuina voluntad de reformar la Justicia. Creo que el ministro Lima, por sus propias acciones, errores y omisiones, hoy no es una persona creíble”, afirmó Urquidi en una entrevista con La Razón Radio.

También puede leer: El Gobierno anuncia que la cumbre sobre la reforma judicial será en marzo de 2022.

Incluso el asambleísta nacional consideró que esta reforma judicial que Lima anunció, convocando a una cumbre para marzo de 2022, “es parte de una doble moral del MAS”.

“Definitivamente nosotros vemos una doble moral porque mientras, por un lado, se habla de la reforma de la Justicia y se convoca a cumbres, por otro lado, sigue la persecución judicial, siguen las amenazas de Evo Morales de ir incluso a Sucre (…) en una lógica de seguir amenazando y amedrentando al Órgano Judicial”, apuntó.

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Arturo Murillo se declara ‘no culpable’ en su audiencia en Estados Unidos

Para el 18 de enero de 2022 está prevista la lectura de la sentencia de los otros cuatro implicados en el proceso, según el procurador Wilfredo Chávez.

Arturo Murillo. Foto de archivo: La Razón.

/ 8 de diciembre de 2021 / 12:59

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por presunto lavado de dinero y pago de sobornos, se declaró este miércoles “no culpable” en una nueva audiencia realizada para tratar su caso, informó Wilfredo Chávez, procurador general del Estado.  

“Él ha decidido, en consulta con su defensa, declararse no culpable; los antecedentes que se tienen son que habría recibido el documento de cargos en las últimas horas y eso podría haber generado que tenga esta decisión inicial”, dijo.

El funcionario agregó que este tipo de decisiones son personales y también pueden ser revocadas más adelante por la defensa y por el mismo acusado.

Sin embargo, con esta determinación, aunque “no agrava su situación procesal, (…) la sentencia puede ser mucho más desfavorable para él”, advirtió Chávez al recordar que otros cuatro implicados en el proceso ya se declararon culpables.

Entonces, “tenemos la tranquilidad de tener la suficiente evidencia como para que este señor, si va a juicio, sea condenado, porque los otros cuatro coimplicados se han declarado culpables y mantener una tesis de inocencia ante un juzgado, (pese a) tanta evidencia, es muy complejo”, sostuvo.

También puede leer: Los cuatro socios de Murillo se declaran en Estados Unidos culpables de lavado de dinero y pago de sobornos.

Murillo se encuentra detenido en Estados Unidos acusado por presunto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Según investigaciones realizadas en ese país, la compra de gases lacrimógenos, a través de una empresa intermediaria, demandó al Estado Plurinacional $us 5,6 millones y tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Entretanto, el Procurador prevé que la audiencia de juicio con jurados del exministro Murillo, de persistir en su posición, “estaría programada en los siguientes siete a 15 días”.

Mientras se conoce que “el 18 de enero de 2022, a las 16.00, hora de Bolivia, se va a dar lectura a la sentencia de los cuatro coimplicados que se declararon culpables”, agregó.

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Abogado de Áñez: juez no considera nueva evidencia para darle detención domiciliaria

“No hay juez que tenga el valor y la hidalguía” para ejercer el proceso debido, afirma su abogado defensor.

Luis Guillén en una entrevista con La Razón Radio.

Por Iván Bustillos

/ 8 de diciembre de 2021 / 11:29

Luego de que ayer por sexta vez se negó la detención domiciliara a la expresidenta Jeanine Áñez, su abogado Luis Guillén protestó porque ahora el juez no consideró nueva evidencia de que ella no obstaculizará la investigación en su contra, evidencia como la de tener un trabajo y domicilio ciertos.

A punto de cumplir Áñez diez meses de detención en la cárcel, su abogado señaló que dado el paso de tiempo y el cambio de condiciones sociales en el país, las “causales de riesgo procesal” de antes hoy día ya no existen.

La situación en que ella fue aprehendida, o “los elementos que se tenían en el momento en que ella fue aprehendida”, cuando se la detuvo, pasado el tiempo, “que ya es considerable, obviamente desaparecen”; esto es lo que el juez se niega a reconocer, señaló este miércoles Guillén en entrevista con La Razón Radio, programa por streaming de esta casa periodística.

Independientemente de las pruebas que se aportó, de que “ella cuenta con domicilio, con un trabajo, con una familia dentro del país, lo que se constituye en elementos arraigadores naturales, estos elementos no son considerados (por el juez)”, manteniendo la detención en prisión, detalló Guillén sobre el parecer de la defensa de Áñez.

El abogado vio como un hecho paradójico que habiendo pasado considerable tiempo de investigación del caso por parte de los fiscales, ahora se le niegue la detención domiciliaria a la acusada argumentando que ella puede obstaculizar dicha investigación.

Y es “que no hay juez que tenga el valor y la hidalguía para aplicar lo que corresponde en este caso”, deploró el jurista.

Guillén precisó que la audiencia de ayer, en que se le volvió a negar la detención domiciliaria a Áñez, fue por el caso en que se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración. La fiscalía especialmente en la sindicación de “terrorismo” no ha podido demostrar nada, “que haya existido un hecho de terrorismo”, aseveró.

Si bien la fiscalía aquí maneja el argumento de que en octubre de 2019, tras las elecciones del 20, hubo quema de tribunales electorales o el propio amotinamiento policial, el Ministerio Público, dijo, no ha podido demostrar, “no tiene ningún elemento que pueda sustentar que evidencie que esto haya sido organizado” por la acusada.

Además, los hechos de violencia en ese momento fueron espontáneos y el “terrorismo” en lo básico implica una organización criminal, lo que no hubo en 2019, alegó el abogado Guillén.

La defensa de Áñez continuará presentando recursos para que la expresidenta se defienda en libertad condicionada al domicilio, destacó su abogado.

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