La OEA inicia este domingo su 42a. asamblea general en Tiquipaya (centro boliviano), con la seguridad alimentaria como tema central y el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionado de manera abierta por Ecuador, Venezuela, Bolivia y Brasil.

«Vamos a Bolivia. Decidimos participar en la asamblea de la OEA para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree por encima de nuestros estados», indicó el sábado en Quito el presidente Rafael Correa, invitado al evento por su par y aliado político, el anfitrión Evo Morales.

Precisamente Morales inaugura el evento a las 18H00 locales (22H00 GMT), que se extenderá hasta el martes, en un complejo deportivo de una universidad privada.

El gobierno de Quito rechazó que la CIDH otorgara medidas cautelares temporales para suspender la sentencia contra tres directivos y un ex editor del diario El Universo, condenados en febrero pasado a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares en un juicio por injurias instaurado por Correa.

El canciller venezolano Nicolás Maduro dijo de su lado que «vamos a entregar (en la Asamblea) un documento y a exponer sobre la decadencia (…) del sistema interamericano de derechos humanos, sus instituciones y de cómo la Comisión y la Corte (CIDH) están plegadas a los intereses de Estados Unidos».

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció en abril pasado que su país se retiraría de la Comisión, aduciendo que está supeditada a Washington para torpedear a su gobierno.

El jefe de la diplomacia brasileña, Antonio Patriota, dijo también el sábado que el propósito de Brasil, en coordinación con otros países, «es de introducir reformas que garanticen la legitimidad del trabajo de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos».

Brasil observó en 2011 un pedido de la CIDH que pedía detener la construcción de la hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonía, tras emitir medidas cautelares a favor de los indígenas que se verían afectados con el megaproyecto.

Bolivia también anticipó sus críticas a la labor, no sólo de la CIDH, sino a la de la misma Organización de Estados Americanos, conformada por 34 países y estados.

La Paz «ha planteado cuestionamientos a la OEA (y) también a la Comisión. La OEA debe readecuar su funcionamiento, su política, reorientar toda la posición, en este momento alejada de los países latinoamericanos», dijo a la AFP la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.

Ante la ola de críticas, la posición de Washington fue clara en la víspera de la asamblea en Tiquipaya.

«Queremos todos nosotros fortalecer el sistema de derechos humanos en la región, fortalecer las instituciones y preservar la independencia y autonomía de la Comisión y de la Corte», sostuvo la secretaria de Estado adjunta norteamericana para la región, Roberta Jacobson, jefa de la delegación que llegará a Bolivia en lugar de la secretaria de Estado, Hillary Clinton.

El tema de seguridad alimentaria, en las declaraciones previas, no acaparó tanto interés en el lujoso hotel donde se albergan las delegaciones en Tiquipaya, de unos 90.000 habitantes y vecina de Cochabamba.

Sin embargo, también se estima que otros temas surgirán en la cita, como la demanda de soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas frente a Gran Bretaña, y el reclamo boliviano a Chile por una salida soberana al océano Pacífico.

Entre tanto, en Tiquipaya, los comercios están cerrados, en función a una ordenanza del municipio local para facilitar la cita de cancilleres y rige la ley seca desde el sábado. Asimismo, la policía y el Ejército patrullan la pequeña población para brindar seguridad a las autoridades participantes.