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Arce: Renegociar Tratado de 1904 es cumplir la Resolución de 1979

La propuesta de renegociar el Tratado de 1904 no es otra cosa que cumplir con la Resolución de la Asamblea General de la OEA de 1979, señaló el asambleísta Héctor Arce Zaconeta. En Chile, el canciller Alfredo Moreno reiteró que el Tratado es irrevisable.   

/ 7 de junio de 2012 / 06:50

El abogado constitucionalista Arce Zaconeta recuerda que la Resolución de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos de 1979, en lo básico recomienda la negociación entre Bolivia y Chile para dar al país un acceso soberano al océano Pacífico. 

“Esta Resolución está en plena vigencia. Pero, ¿cómo se cumple el  mandato que dice ‘recomendar a los Estados que inicien negociaciones’? Se lo hace renegociando el Tratado de 1904. El Tratado puede y debe ser ampliamente renegociado, justamente para el cumplimiento de la Resolución de la OEA de 1979”, señaló.  Este es el único “camino jurídico correcto”, destacó: “la renegociación de los tratados es totalmente viable”.

De aquí que —dijo— fue por demás oportuno que el presidente Evo Morales recordara en la Asamblea de Cochabamba la experiencia del Canal del Panamá; de cómo en 1903 Estados Unidos y Panamá firmaron un tratado en el que el país centroamericano cedió “a perpetuidad” la zona donde iba a construirse el Canal; y cómo, en 1974, mediante una Declaración Conjunta, ambos países acordaron no sólo abrogar el tratado de 1903, sino también eliminar el concepto de perpetuidad, poner fin a la jurisdicción norteamericana en territorio panameño y, además, devolver a Panamá la Zona del Canal, admitiendo cierta cooperación con EEUU en la administración y defensa de cauce artificial.

Por otro lado, Arce Zaconeta, remarcó que “la vía de renegociación del Tratado no está en nada contrapuesta con la vía de la demanda internacional (contra Chile)”; en el sentido de que “lo correcto es (primero) entrar a un proceso de renegociación para cumplir ese mandato, para que Bolivia tenga un acceso libre y soberano al mar; de no darse esa vía, jurídicamente se abren las compuertas para la posibilidad de una demanda internacional”.

Chile. Luego de asistir a la Asamblea de la OEA, al arribar a su país, el canciller chileno, Alfredo Moreno, descartó que su gobierno se siente a revisar el Tratado de 1904 con su par boliviano. Consultado sobre si hay alguna posibilidad de revisar el documento, Moreno respondió: “No, y ya lo expliqué. Bolivia acudió a la Liga de las Naciones, la antecesora de las Naciones Unidas en 1920, la Liga determinó un tribunal compuesto por tres juristas que determinó por unanimidad que la Liga de las Naciones —en este caso, las Naciones Unidas—, con mayor razón la OEA, nada tiene que ver con los problemas limítrofes en los países”, dijo Moreno al diario chileno La Tercera.

Aunque el diplomático chileno acotó que debe existir un “acuerdo común” para iniciar la revisión del Tratado. “Los tratados sólo pueden ser modificados, en este particular (se refiere al Tratado de 1904), de común acuerdo entre Chile y Bolivia, como corresponde a cualquier tratado limítrofe”, explicó Moreno en la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico.  

El vicecanciller Juan Carlos Alurralde sostuvo que la renegociación del Tratado también es para cumplir la nueva Constitución boliviana.

Tribuno de foro OEA

Elección

El actual presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, fue reelegido por el plenario de la Asamblea de la OEA en Cochabamba, como uno de los seis miembros del Tribunal Administrativo del organismo.

Diciembre de 2013 vence plazo de denuncia

Ante la negativa chilena de renegociar el Tratado de 1904, Bolivia tiene plazo hasta diciembre de 2013 para denunciar ante cortes internacionales el documento que fijó límites entre ambas naciones. Con la estrategia de renegociar el Tratado, expertos dicen que el Gobierno de hecho avala la vigencia del texto.

La novena disposición transitoria de la Constitución establece un “plazo de cuatro años desde la elección del nuevo Órgano Ejecutivo (en 2009), éste denunciará y, en su caso, renegociará los tratados internacionales que sean contrarios a la Constitución”. Evo Morales fue reelecto en diciembre de 2009. Así, como la Constitución dispone cuatro años a partir de esta elección, el país tiene plazo para denunciar el Tratado hasta diciembre de 2013.

Para el experto en derecho internacional Víctor Hugo Chávez, la disposición de la Constitución obliga a renegociar los tratados internacionales hasta el 6 de diciembre de 2013. Desde la fecha, se tienen un año y siete meses como plazo para renegociar o denunciar el Tratado de 1904. Por su parte, el excanciller Armando Loaiza explicó que la renegociación de un tratado debe ser con consentimiento de ambos Estados. “Existen normativas de revisión de tratados”, resaltó.

Tratado fue modificado en cuatro ocasiones

El Tratado de Paz y Amistad de 1904 fue modificado en cuatro ocasiones, destaca un apunte realizado por el Ministerio de Comunicación. “El Gobierno de Chile ante los foros internacionales y particularmente en la Organización de Estados Americanos (OEA), siempre ha sostenido que el Tratado de 1904 estaba vigente y no podía ser revisado. Sin embargo, el Tratado ha sido modificado cuatro veces y siempre a solicitud de Chile”, afirma el comunicado del ministerio.

Suscrito el 20 de octubre de 1904, el Tratado fue modificado por primera vez el 15 de noviembre de ese año, cuando se firmó el Acta Protocolizada para aclarar el artículo 2 del texto, “con la inclusión de territorios que beneficiarían a Chile en su área fronteriza con Argentina, y que anteriormente habían pertenecido a Bolivia”, señala el resumen con base en documentación de la época.

Arbitraje. La segunda vez que el Tratado de Paz y Amistad de 1904 fue revisado fue el 16 de abril de 1907: a solicitud de Chile se sustituyó el artículo 12, cambiando el árbitro en caso de litigio, del Emperador de Alemania a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

El 1 de mayo de 1907, también a pedido de Chile, se llevó a cabo la tercera modificación del Tratado, consistente en el canje territorial “sobre la línea de frontera entre los trechos del cerro Chipapa al volcán Olca, y entre el cerro Patalani y el Alto de Panantalla”.

Finalmente, la cuarta modificación del documento se dio el 27 de mayo de 1908, cuando a petición de Chile, se modificó el tercer artículo del Tratado, referido a las garantías ferroviarias.  Las cuatro modificaciones antes señaladas muestran, concluye el ministerio, “que el Tratado no ha sido ni es intangible”.

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Proyecto incorpora a sindicatos y comunidades al control social

Falta. El Presidente dijo que el control debería alcanzar a los dirigentes sociales

/ 31 de octubre de 2012 / 06:32

Las organizaciones sociales presentaron al mandatario Evo Morales el proyecto de Ley de Participación y Control Social. El texto incorpora a sindicatos, comunidades y actores individuales al nuevo control social. Morales dijo que este proceso debería alcanzar a los dirigentes sociales. El nuevo mecanismo de control social, señala el documento al que La Razón tuvo acceso, está conformado por dos tipos de actores: los colectivos y los individuales.

En el grupo de los actores colectivos están tres tipos de sujetos del control social: los “orgánicos”, que comprenden a los sectores sociales y/o sindicales; los “comunitarios”, que básicamente corresponden a los pueblos indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianas; y los actores “circunstanciales”, que se organizan para un fin determinado y “dejan de existir” una vez cumplida su misión.

El actor individual del control social, dice el proyecto, es “toda persona natural que ejerza su derecho en la participación y control social de manera circunstancial”. En su discurso de recepción de la norma, el presidente Morales lamentó que en el mismo hubiera un “vacío”: el hecho de que el control social sólo llega a las autoridades públicas del país, y no a los dirigentes de las organizaciones sociales.

El gobernante recordó que el control social ciertamente tiene su antecedente en los comités de vigilancia y las organizaciones territoriales de base (OTB) creados por la Ley de Participación Popular. Añadió, sin embargo, que allí ese control social fue sobre todo para “acabar con las organizaciones sociales”. Con esto, resaltó la importancia del nuevo control social propuesto en el actual proyecto de ley.

Recursos. En el ámbito de los recursos para sostener el nuevo mecanismo de control social, el proyecto de ley señala que en todos los presupuestos que se hagan para la gestión pública deberá figurar una parte destinada al ítem “participación y control social”.  Incluso en los convenios de cooperación internacional deberá haber un presupuesto para esa tarea.

Cuando en una nota de La Razón, de ayer, se afirmaba que con la ley se estaba creando “una especie de suprapoder desde el que se fiscalizará” a todas las entidades del Estado, el Ministerio de Transparencia, mediante una nota, insiste en que “el control social no constituye un suprapoder que fiscalice los órganos del Estado e instituciones no estatales, sino que se instituye como un derecho de los bolivianos y bolivianas, tal como lo establece el artículo 26 de la Constitución Política del Estado Plurinacional”.

El proyecto también determina sanciones para las instituciones que brinden un mal servicio a la ciudadanía; cooperativas y empresas privadas están sujetas a la norma. “Si hay instituciones que están trabajando mal, también serán sujetas de un control social; tanto privadas como  cooperativas”, afirmó la ejecutiva de las Bartolinas, Julia Ramos.

Miembros, sin salario

Sin sueldo

Los actores del control social no percibirán remuneración económica. Además, aquellos miembros que reciban sobornos de las entidades fiscalizadas serán sancionados con la expulsión del grupo, dice el proyecto de ley.

Actores del control

Atribuciones

“Denunciar actos irregulares, promover el procesamiento y exigir el cumplimiento de resoluciones en contra de autoridades, servidoras o servidores públicos y de empleados y empleadas de entidades privadas que administren recursos fiscales o presten servicios básicos”. (Artículo 9)

Obligaciones

“Rendir cuentas e informar a sus mandantes, al menos dos veces al año de las acciones y responsabilidades que desarrollen en diferentes temáticas y procedimientos de la gestión pública y competencias del Órgano o entidad en la que estén ejerciendo Participación y Control Social”. (Artículo 10)

Prohibiciones

“No podrán participar y ejercer Control Social en temas de seguridad del Estado sea interna o externa. (…) No podrán acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidencial definidos por Ley”. (Artículo 11)

Vinculante

“La Participación se ejercerá de manera amplia, decisoria y vinculante sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado, siendo el control social complementario y consecuencia de aquella (…) II.    El Control Social coadyuvará y complementará a la fiscalización y/o control fiscal”. (Artículo 24)

Servicios

“Los actores de la Participación y Control Social, y las usuarias y los usuarios ejercerán control social a la calidad de los servicios prestados por empresas públicas o privadas que presten servicios públicos y básicos, que estarán sujetas a la autorización, control y fiscalización del Estado”. (Art. 26)

Privadas y cooperativas, sujetas a control

No sólo las entidades públicas estarán sujetas a fiscalización por parte de las organizaciones sociales, sino también las empresas privadas que utilizan dinero fiscal y las cooperativas que brindan servicios básicos.

Al respecto, el diputado de la opositora Convergencia Nacional (CN) Osney Martínez afirmó que espera que las futuras formas de control social no se conviertan en nuevas maneras de extorsión a las instituciones públicas y privadas. El proyecto de Ley de Participación y Control Social perfila la fiscalización de sectores a todas las empresas mixtas y privadas que presten servicios básicos.

Según la iniciativa, es atribución de los sectores “realizar control social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los niveles del Estado y/o de las entidades privadas que administran recursos fiscales (…) El control social puede acceder a información documentada sobre la calidad de los servicios básicos que prestan las empresas públicas y privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades”.

La ejecutiva de las Bartolinas, Julia Ramos, explicó a este medio que la intención de la norma es mejorar la calidad de vida de la población. “Si existen quejas por malos servicios, ahí el control social puede actuar. Este proyecto llega a todas las entidades públicas y privadas que utilizan dinero fiscal, como también a las cooperativas”, sostuvo la dirigente.

“Los actores de la Participación y Control Social y las usuarias y los usuarios podrán acudir ante las instancias competentes y la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias por incumplimiento de normas y regulaciones que afecten la calidad en la prestación de servicios públicos”, establece el artículo 27 del proyecto. Los sectores sociales podrán denunciar incumplimientos de las instituciones que brindan servicios básicos. En caso de recurrir en faltas, se podrá solicitar a entidades sanciones para la empresa.

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El Gobierno acuerda la consulta con 45 corregidores del TIPNIS

El Gobierno y 45 corregidores del TIPNIS (además de los presidentes de las subcentrales Sécure y Conisur) firmaron ayer un acta de apoyo a la consulta sobre la ruta en el TIPNIS. La dirigencia de la IX marcha ve un intento del Gobierno de “dividir” al movimiento indígena. 

/ 4 de julio de 2012 / 07:30

El acta de poyo a la consulta fue suscrita luego de una reunión de más de cinco horas encabezada por los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Obras Públicas, Vladimir Sánchez; y de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe.

En el encuentro, que se instaló aproximadamente a las 16.45 de ayer en el auditorio del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, participaron 45 corregidores: 18 del Consejo Indígena del Sur (Conisur), 15 de la Subcentral Sécure y 12 de la Subcentral TIPNIS.

Si bien Fernando Vargas, presidente de la Subcentral TIPNIS, estuvo invitado, rechazó asistir a la cita. Dijo que con la reunión el Gobierno sólo intenta dividir el movimiento indígena. Además, afirmó que la movilización que llegó a La Paz tiene su propia plataforma de demandas.

“La plataforma de la marcha es de nueve puntos. Nos sentaremos con la columna de la marcha para definir desde el primer punto hasta el último. No nos vamos a reunir nosotros por separado”, descartó Vargas. Para el presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, la reunión es otra “agresión” del Gobierno al movimiento indígena.

El ministro Quintana añadió que además de los 45 corregidores presentes ayer, existen otros 11 que no llegaron sólo porque hoy se reunirán con el presidente Morales en la comunidad San Antonio del Imose. “Si sumamos 45 más los 11, tenemos 56 corregidores. ¿Cuántos faltan? Siete, que son los que están en la IX marcha y están en contacto con Fernando Vargas”, puntualizó Quintana.  

Acta. Entre los puntos que destaca el acta está el “total acuerdo con la realización de la consulta para que sean las comunidades quienes decidan sobre su desarrollo integral”. Se ha evidenciado, dice el acta, “que en la IX marcha existen personas que no viven en el TIPNIS, que no conocen su realidad”. También se enfatiza que los firmantes son corregidores elegidos democráticamente, y que muchos de ellos no fueron consultados acerca de la intangibilidad del TIPNIS y la Ley 180.

Asimismo, en el acta se decidió conformar una comisión de las tres subcentrales para que realice una “inspección ocular in situ” de la zona núcleo del parque, a fin de determinar su actual condición. Finalmente, los 45 corregimientos se declaran en emergencia para vigilar la consulta.

Una vez que el ministro Romero enfatizó la masiva participación de los corregidores en el encuentro de ayer, el vocero de la IX marcha, Rafael Quispe, señaló que el acuerdo “no puede ser considerado” como el proceso de concertación ordenado por el Tribunal Constitucional. Este proceso en lo básico debe ser de consenso, afirmó, y “así falte sólo Fernando Vargas, deja de ser válido”.

Critican a Fernando Vargas

Denuncia

Los corregidores que pertenecen a la Subcentral del TIPNIS criticaron al dirigente Fernando Vargas, quien participa de la IX marcha indígena. Dijeron que “no lo conocen”. Además, señalaron que “no vive en el TIPNIS y no conoce las demandas de las comunidades”.

Conisur

El líder del Conisur, Gumercindo Pradel, aseguró que radica en el TIPNIS. “Me trataron de todo, Vargas me criticó, yo no tengo intereses personales dentro el TIPNIS como él lo tiene. Vargas nos margina”, denunció Pradel. 

COB pide respeto para el núcleo del TIPNIS

La Central Obrera Boliviana (COB) pidió ayer al Gobierno respetar el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y que éste busque alternativas para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que no sean por el medio del parque. La posición salió de una reunión entre dirigentes del ente matriz de los trabajadores con representantes de la IX marcha indígena.

“La COB no se opone a la construcción de la carretera, pero se tiene que respetar el corazón, el núcleo del TIPNIS”, declaró el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Trujillo, quien el lunes había rechazado un apoyo a las demandas indígenas por plantear la reversión de concesiones mineras. La COB también decidió ratificar su apoyo “solidario” a la IX marcha, acatando así la resolución del 28 de febrero de 2011, tomada en un ampliado de Tarija.

El presidente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, señaló que en la reunión se aclararon divergencias en cuanto a la plataforma de demandas de la IX marcha. “Se ha dicho que no se va a perjudicar a la actividad minera. Eso ha quedado claro y la COB va a respaldar la marcha”, afirmó.

Diálogo. El encuentro, que se produjo en la sede de la COB, duró al menos seis horas. Participaron dirigentes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y del magisterio de La Paz. La dirigente trotskista Vilma Plata aseveró que en la reunión se pidió a la COB cumplir con su rol histórico de luchar a favor de los trabajadores. “Acá se ha ratificado el apoyo a la marcha”.

Trujillo anunció que la COB gestionará abrir el diálogo entre indígenas y Gobierno, al cual se sumaría la FSTMB. “El Gobierno está en la obligación de abrir las puertas del diálogo para poder dar solución a este conflicto que se va agudizando”, afirmó.

La IX marcha llegó a La Paz el 27 de junio tras 62 días de caminata desde Trinidad. Su principal pedido es la anulación de la Ley 222 de Consulta en el TIPNIS que viabilizaría la construcción de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el medio del parque. Trujillo descartó movilizaciones para forzar el diálogo. “Le pedimos al Gobierno públicamente que abra las puertas del diálogo”.

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Gobierno: La carretera se verá ‘sólo con los del TIPNIS’

El Gobierno dice que la mejor forma de solucionar el tema del TIPNIS es cumplir el fallo del Tribunal Constitucional: iniciar la concertación del proceso de consulta en el Parque

/ 28 de junio de 2012 / 07:20

Para el gobierno de Evo Morales, el diálogo con los indígenas de la IX marcha se divide en por lo menos dos grandes temas y, por tanto, dos tipos de representación: por un lado, el tema propiamente del TIPNIS (la construcción de la carretera por el medio del Parque), y, por otro, las cuestiones que pueda plantear “la Cidob (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia) y sus regionales”.    

La intangibilidad o no del TIPNIS (la construcción de la carretera) será definida con los corregidores del Parque, señaló el vicepresidente Álvaro García. “El Tribunal Constitucional ordenó”, dijo, que se “dialogue con la gente del TIPNIS, con sus corregidores, no con las ONG (Organizaciones no Gubernamentales), se haga la consulta y del resultado (se verá) si se mantiene o no la intangibilidad”, señaló ayer García en rueda de prensa.

El Vicepresidente recordó que el martes 26 el Gobierno recibió una carta de los marchistas pidiendo diálogo. Inmediatamente se les respondió planteando una pregunta, dijo: “¿La reunión que proponen es para tratar el tema del TIPNIS o es para tratar el tema de toda la Cidob?, estamos esperando una respuesta”.

Indagado si esto no es condicionar el diálogo, el vicepresidente García alegó que no, que “lo que queremos saber es qué temas vamos a abordar y con quiénes los vamos a abordar. Queremos saber si es un tema del TIPNIS (del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) o es un tema de las regionales (de la Cidob)”.

El Vicepresidente insistió en que el mejor mecanismo de solución al conflicto del TIPNIS es acatar lo que estableció el Tribunal Constitucional: la legalidad (constitucionalidad) de la actual consulta, pero condicionada a su concertación con los indígenas. 

Fallo. La sentencia del Tribunal, emitida el 19 de junio, por un lado, declara constitucional el artículo 1 de la Ley 222, en la parte en la que convoca al proceso consultivo en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS.

Sin embargo, también establece la “constitucionalidad condicionada” para los artículos de la Ley 222 que tienen que ver con el desarrollo o aplicación de la consulta. El carácter condicional de la consulta significa que su contenido y forma deben ser concertados con los indígenas.

Los marchistas ratificaron ayer su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional y en cambio reiteraron su pedido de anulación de la Ley 222. “Esa es la base de nuestras demandas, no estamos en contra de la consulta, pero esa Ley (222) establece una posconsulta”, señaló a radio Panamericana la dirigente de la marcha Bertha Bejarano.

La Ley 222 de Consulta Previa fue promulgada luego de una marcha desde Villa Tunari hasta La Paz que realizó el Consejo Indígena del Sur (Conisur), sector que exige al Gobierno la construcción de la carretera.

Diálogo sin ONG

Carretera

Dirigentes de la Subcentral del Sécure pidieron ayer abrir una mesa de diálogo entre los corregidores del TIPNIS. Piden que la IX marcha haga a un lado a las ONG y a entidades que no son del Parque.

CN pide la derogación de la Ley de Consulta

El senador de Convergencia Nacional (CN) Germán Antelo planteó ayer la derogación de la Ley 222 de Consulta Previa como iniciativa para abrir el diálogo entre autoridades del Gobierno y dirigentes de la IX marcha, que llegó ayer a La Paz.  

“La primera Ley (180) no tiene por qué derogarse, la segunda (222), que obliga una consulta que no es previa, debería derogarse”, planteó Antelo, quien instó a que el conflicto del TIPNIS debería ser resuelto por la vía del diálogo. La Ley 180 establece la prohibición de construir vías en el TIPNIS y la Ley 222 prevé consultar a indígenas el trazo de una carretera. Ambas normas fueron promulgadas ante la presión de marchas indígenas que llegaron a la sede de gobierno. 

Al respecto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz descartó que la Asamblea Legislativa derogue la Ley 222. Dijo que se debe respetar el fallo del Tribunal Constitucional, que dictó de constitucionalidad la norma.  Por su parte, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, alentó el diálogo para resolver el problema del TIPNIS.

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